El mantra autonómico

Las situaciones de crisis sirven para muchas cosas, entre las cuales se encuentra el afloramiento de problemas y debates que permanecían dormidos. Uno de los mantras de esta crisis, en este sentido, consiste en hablar del gasto y de la deuda de las autonomías y de la necesidad de refrenarlo, reformarlo o, añaden los más radicales, incluso terminar con él. Esta última propuesta de Fuera Autonomías revela hasta qué punto el debate está emputecido. En puridad, no habría mejor manera de acabar hundiendo a este país en el pozo maloliente de la pobreza, que acabar con las autonomías y la importante caterva de hogares que viven de ellas de una forma directa, nos guste o no. Pero, en todo caso, el debate en torno a las autonomías está revelando toda una discusión vieja, que no es ni siquiera de cuño español.

España, en este sentido, es parte de un debate histórico que se produce en otros países, por ejemplo Alemania, donde el federalismo más o menos camuflado se ha impuesto por motivos que van más allá de la voluntad de los pueblos. La organización del Estado alemán es una organización claramente buscada para diseñar una nación con un poder descentralizado más acorde con lo que era la Alemania de posguerra: un país con varios dueños. A España le ocurre lo mismo. España es un país que tiene varios dueños, algunos de los cuales viven en Madrid, y otros no. Agustín de Foxá, personaje de notable capacidad irónica, solía decir que Cataluña es la única metrópoli del mundo obsesionada con independizarse de sus colonias. En realidad, no se trata de que Cataluña sea o no sea España; se trata de que Cataluña es una de las dos grandes salas de máquinas de España y, consecuentemente, no hay diseño posible para este barco que no incluya características suficientemente aceptables por su parte.

El (pseudo) federalismo catalán y la extraña mezcla entre soberanismo moderno y foralismo medieval que conforma el nacionalismo vasco condicionan la Historia de España de todo el siglo XX y, consecuentemente, eran una de las principales incógnitas de la ecuación en 1975 cuando, con la muerte del general Franco, se cerró el larguísimo paréntesis que para la cuestión abrió su dictadura. Todos los planes de avance de España desde el Pacto de San Sebastián de 1930 hasta la PlataJunta democrática antifranquista han tenido que hacer un primer trabajo consistente en limar asperezas ideológicas entre socialistas, comunistas, anarquistas, liberales, conservadores y mediopensionistas; y, luego, han tenido que abordar un segundo trabajo, que es coger el momio resultante y hacerlo coherente con las aspiraciones de los nacionalistas.

Durante el franquismo los nacionalismos, en buena parte por las ronchas que tenían en la piel en su difícil relación con la República durante la guerra civil (más difícil cuanto más cercana al comunismo se quiso dicha República) , se extrañaron de la oposición al general, haciendo la guerra por su cuenta. Y así les fue. Para cuando Franco se murió, a los catalanes y vascos en el mundo no los conocía ni Dios. Quien más, quien menos, tenía sus apoyos: los republicanos irredentos, el de México; los socialistas moderados, el de Billy Brandt y Olof Palme; los comunistas, el de sus padres. Pero la cuestión catalana y vasca le importaba un bledo a las cancillerías en las que se coció la salsa constitucional de la Transición. Es más que probable que Henry Kissinger pensara que Guernica era un pescado.

Los nacionalistas, sin embargo, fueron extraordinariamente rápidos y eficientes a la hora de volver a colocarse en primera línea de interés. Las izquierdas exiliadas, de corte más propio de la República, se encontraron rápidamente con la sorpresa de que las izquierdas finiseculares, siguiendo ese proceso por el cual la autodeterminación de los pueblos se había convertido en centro de sus discursos, se habían hecho nacionalistas. Socialistas y comunistas superaron con elegancia esa contradicción interior inherente al hecho de decir, con la comisura izquierda de la boca, que todos los proletarios del mundo son tus hermanos; y decir, con la derecha, que hay que favorecer a la región propia.

Todo esto se acrisoló en la discusión de la Constitución del 78, que es un texto elegante para muchas cosas, pero en materia de autonomías, hay que reconocerlo, está bastante cerca de ser una puta mierda. Vale que un texto constitucional, como norma genérica que es, debe proveer en general. Pero una cosa es diseñar un marco general, y otra no diseñar ningún marco en lo absoluto. Más claro: el problema no está en las autonomías; está en su relación con el Estado central, porque nadie, a día de hoy, puede decir cuáles son los límites de dicha relación.

A la Transición política sólo le preocupaba una cosa de verdad en materia autonómica. Bueno, dos: en primer lugar, que nadie que pudiera exhibir un leve atisbo de voluntad autonómica en su pasado, desde la rebelión de los comuneros hasta la extraña figura de Rafael Casanovas, desde los dibujos de Castelao hasta los discursos de Blas Infante, se quedase sin su autonomía. En segundo lugar, que todo este cachondeo no alcanzase a los ingresos fiscales del Estado.

La única línea roja que se pintó de verdad en la Constitución del 78 fue la línea roja de que, en España, los impuestos los recauda el Estado central, excepción hecha de las comunidades forales, que los recaudan por su cuenta y luego cada año le pagan al Estado por los servicios prestados en la comunidad (es lo que se llama cupo), en un esquema que resulta abracadabrante que sea defendido por políticos que se supone que defienden el concepto de la solidaridad de los que más tienen para con los que menos.

Más allá de esta línea, que es la misma que le preocupaba a Azaña y consiguientemente no dejó traspasar a los catalanes, se permitió todo. Se diseñó, sí, un esquema dual, un esquema de autonomías completas y autonomías de baja intensidad. Son los artículos 143 y 151 de la Constitución, más el 138 que deja uno de ellos, en realidad, sin contenido.

Las autonomías del 143 son las autonomías de medio pelo: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja. Las del 151 son las históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia) más la otra foral (Navarra) más un pequeño grupetto de se entiende, más o menos, que tienen una intensidad autonómica mayor que la media (Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana). Esta clasificación, a mi modo de ver, no tiene ni pies ni cabeza. El independentismo canario, históricamente hablando, es bastante poca cosa; los canarios no han tenido jamás nada ni medio parecido a la rebelión de los Comuneros castellanos. La identidad valenciana, entendida como específica y diferenciada de la española, no se sabe muy bien de dónde sale; Andalucía tiene alguna tradición más, pero escasamente autonomista. Y, sin embargo, es autonomía de baja intensidad Baleares, que no sólo tiene idioma propio (ahora incluso dos, contando el alemán), sino que no siempre ha sido parte integrante en su totalidad de eso que llamamos la nación española.

Se supone que las autonomías del 143 son autonomías que se dedican al fomento de la actividad económica, los servicios sociales y las obras públicas. Las del 151, además, tienen competencias en materia de educación y sanidad y, algunas, seguridad pública. Pero, claro, está el 138, artículo según el cual toda región que tiene más de cinco años de Estatuto, hoy en día todas, tiene ya pedigree regional suficiente para poder asumir la totalidad de las competencias.

Este montajito, como digo difuso y genérico como hay pocos, es el que ha abocado a España a la situación actual, en la que uno de cada dos euros gastados por el actor público es gastado por las autonomías. Y esto ha ocurrido así mientras el Estado central apenas ha adelgazado, con lo que las estructuras se han duplicado. La insoportable levedad de la regulación constitucional de las autonomías, que como fruto del pacto de la Transición, consistente en no provocar ronchas a los nacionalistas a cualquier precio, es tan genérica que en realidad no marca apenas límite alguno para el desarrollo constitucional, es la que ha permitido que una de esas autonomías haya aprobado un Estatuto basado en el principio de que la decisión del Estado de transferirle dinero está mediatizada por una serie de normas que están en dicho Estatuto (con lo que una norma menor pasa a condicionar a la mayor); y los guardianes de la pureza constitucional lleven cuatro años, cuatro, decidiendo si eso está bien o mal escrito. Y no me extraña que no se pongan de acuerdo porque la Constitución, decir, decir, lo que se dice decir, poco dice al respecto.

En este entorno, como consecuencia de todo lo dicho, cada vez habrá que hablar más de las cifras de las autonomías. La que se ha sacado a pasear más en los últimos tiempos es la de la deuda. El asunto de la deuda de las autonomías tiene bastante atractivo porque permite muchas interpretaciones. Hay quien piensa, por ejemplo, que la autonomía que está más endeudada es la que tiene una deuda mayor. Ésta es una visión bastante paleta, con perdón de la palabra. Bajo ese punto de vista, la persona más endeudada de España quizá sea la baronesa Thyssen; lo cual no quiere decir, ni por asomo, que tenga ni la mitad de dificultad para cumplir con sus compromisos que la que tengo yo para pagar mi hipoteca.

Hay quien calcula la deuda de acuerdo con el PIB regional pues el PIB regional, al fin y al cabo, define la capacidad final de pago que cada región tiene. Pero esto también es equívoco porque las competencias asumidas no son las mismas y, consecuentemente, tampoco lo es la estructura de gastos.

Así las cosas, yo me he decidido por un indicador un poco más pedestre, que es el multiplicador de presupuestos. Esto es: poner en relación el nivel de deuda, publicado por el Banco de España, con el gasto presupuestario total. Es una ratio que viene a significar lo siguiente: si una autonomía decidiese dejar de hacer absolutamente todo lo que hace para dedicar la totalidad de sus ingresos a amortizar su deuda, ¿cuánto tardaría?

Lo que me sale es estre fistro.

La Comunidad Valenciana es la comunidad más endeudada de España. Según mis cálculos, tardaría casi un año entero en devolver todo lo que debe, dedicando el gasto actual a pagarla. Baleares supera los 300 días y Cataluña los 250. La CAM está ligeramente por encima de los 200. Y estas cuatro comunidades son las que están por encima de la tasa de las autonomías consideradas en su conjunto.

No he tenido tiempo de buscar la cifra de gasto total de los presupuestos estatales, pero tengo la sensación de que esta ratio no es exageramente superior a la que se obtendría en el caso de la Administración Central, sobre todo si la aislamos de la Seguridad Social.

Y es que, de hecho, la deuda de las Comunidades Autónomas, aunque ya sé que es un mantra actual, no tiene pinta de haber crecido de una forma exponencial. Las CCAA han alcanzado en muy pocos años el 40% del gasto del Estado. Pero su deuda no es, ni de lejos, el 40% de la deuda total de las AAPP. Según las Cuentas Financieras de la Economía Española, es apenas el 16%.

Pero, claro, la cosa tiene truco. Las autonomías (y la Administración Central) han aprovechado el agujero metodológico europeo por el cual el endeudamiento de empresas participadas por la Administración no consolida dentro de la deuda de los entes públicos, para crear una miríada de empresas y empresitas participadas que se han endeudado, deuda que en realidad es deuda pública no contabilizada. Y nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende.