lunes, mayo 14, 2018

Sudáfrica (8: la Comisión de la Verdad)

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Los comienzos de Mandela
Biko
La transición sudafricana, sin embargo, estaba lógicamente llamada a experimentar graves tensiones por su eslabón más obvio: qué hacer con los crímenes del pasado segregacionista. El plan de Mandela era que los crímenes del pasado fuesen investigados por una Comisión de la Verdad; una comisión que, en su pensamiento, no buscaría la compensación de los delitos sino una especie de reconocimiento público de los mismos. Frederik de Klerk, quien era adjunto de Mandela en el gobierno no se olvide, rechazó de plano la idea, por considerar que sería simplemente una caza de brujas blancas y que no se preocuparía de investigar los crímenes del ANC. Además, consideraba que esa comisión de la verdad sería “coser con puntos heridas que ya estaban empezando a cicatrizar”.

En el otro extremo de la tesitura se encontraba el ANC. El partido, como conjunto, consideraba que Mandela se quedaba corto; que la violencia contra los negros en los tiempos del apartheid era una forma de genocidio; y que, por lo tanto, lo que había que hacer era organizar unos juicios de Nuremberg sudafricanos. Por supuesto, igual que los grupos indigenistas estadounidenses y canadienses, desplazaban el debate hacia el terreno económico, propugnando que los blancos asumiesen reparaciones económicas por el ilícito beneficio obtenido durante su dominación sobre la mayoría negra. Los partidarios de una amnistía general existían, pero eran muy pocos.

En esencia, en torno al concepto de la comisión de la verdad, y sin tener en cuenta los grupos que directamente no la querían, había dos interpretaciones diferentes: la de los que esperaban que dicha comisión hiciese justicia, enviando a los tribunales a los culpables de violación de derechos humanos; y los que preferían que se limitase a hacer la labor estricta de su nombre, esto es investigar, establecer y publicar la verdad para así compensar a las víctimas con el reconocimiento. Mandela no era muy partidario de la primera de estas opciones porque sabía que los blancos copaban los tribunales que tendrían, al fin y a la postre, que juzgar los casos; y porque pensaba que los afrikaner podrían llegar incluso a forzar un golpe de Estado.

Así las cosas, en 1995 se creó la TRC, Truth and Reconciliation Commission, un órgano que era fruto del compromiso básicamente. Su labor se limitó a propósito a las grandes violaciones de los derechos humanos, tales como asesinatos, secuestros o tortura, desde la masacre de Sharpeville (1960). De esta manera, una parte fundamental de las acciones tomadas por el apartheid, entre ellas el desplazamiento obligado de 3 millones de personas, quedaban fuera del perímetro de la investigación.

La TRC fue dotada con una unidad de investigación propia y recibió por ley poderes asimilables a los de un juzgado. La norma la instruía para que se fijase en la violencia de los dos lados. No obstante, como no era un tribunal no tenía la capacidad de juzgar ni de condenar. Lo suyo era llegar a conclusiones y publicarlas.

Pero también había una previsión importante. A aquellos testigos que se presentasen ante la TRC y realizasen un testimonio que la comisión considerase sincero y completo, siempre y cuando también concluyese que los actos confesados se habían perpetrado por razones políticas (no venganzas personales y tal), se les garantizaba la amnistía. Así pues, que nadie se equivoque: era una comisión de la verdad, buscaba publicar la verdad en la mayor extensión posible; y para ello estaba dispuesta a dejar libres a los perpetradores de la violencia, siempre y cuando confesasen.

Inicialmente, todo el mundo pensó que la comisión fracasaría. Sus propios integrantes no confiaban demasiado en la respuesta que recibiría la oferta de amnistía. Había muchas víctimas y parientes de las mismas dispuestas a declarar, pero todos ellos andaban muy escasos de pruebas, y la policía blanca, que era la perpetradora de la mayoría de las brutalidades, ya se había preocupado de dejar muy pocas evidencias de quién, cuándo y por qué dio las órdenes. Sin embargo, en buena parte no fue así. En octubre de 1996 obtuvo su primera victoria cuando cinco antiguos miembros de un pelotón de la muerte policial que había operado en Transvaal declararon ante la TRC la comisión de seis asesinatos, a cambio de salir limpios del embroque. Fue un ejemplo que rápidamente siguieron los antiguos miembros de otros grupos represores, en un proceso que se autoalimentó y que acabó obligando a declarar incluso a muchos que no habían pensado en hacerlo.

De hecho, la producción de confesiones fue tan continuada, y tan rica, que a la TRC pronto le fue fácil alcanzar a los escalones de mando más elevados. A lo largo de los testimonios, la Comisión fue consiguiendo documentos que demostraban las instrucciones de exterminación o represión emitidas por el State Security Council, esto es, el cuerpo político superior que controlaba la política policial, en el que estaban representados los principales generales y políticos de cada momento. La TRC incluso llegó a enviarle una citación a Botha, ex primer ministro y presidente él mismo del State Security Council durante doce años; pero el viejo político segregacionista se negó a atenderla.

Quien sí compareció ante la TRC fue De Klerk. A decir verdad, su comparecencia abrió a muchos la ilusión de que, finalmente, se produciría la admisión pública por parte del poder blanco de todas sus culpas. Pero no, no fue así. A De Klerk, para empezar, le importaba mucho sobrevivir como político; ya hemos dicho que era una pieza, una pieza muy importante, del gobierno de Mandela, y pretendía, como pretenden todos los políticos, permanecer en el machito cuanto más, mejor. Y, en segundo lugar, probablemente había leído memorias y libros sobre la Guerra Civil española y, a base de leer párrafos y párrafos sobre el bando republicano, había aprendido una regla: cuando hayas cometido, ordenado, amparado o permitido violencia, échale la culpa a los incontrolados. En efecto, exactamente igual que no hay un solo libro de un político o dirigente republicano durante la guerra civil que admita el papel de los partidos, sindicatos o el gobierno en la organización de las matanzas de la Modelo de Madrid y otras acciones tan edificantes, De Klerk, lo creamos o no, desarrolló ante la TRC la teoría de que la violencia del apartheid había sido perpetrada por fuerzas policiales que, como eran unas cachoburras, se habían pasado de frenada y habían malinterpretado las instrucciones recibidas. A los negros, pues, se los cargaban incontrolados blancos. Eso sí, con placa policial; pero incontrolados.

En mérito, mucho mérito, de la TRC, hay que decir que otros de los citados a declarar fueron... los negros. Los responsables del ANC tuvieron que comparecer, en efecto, para responder por los muchos asesinatos y acciones violentas contra las personas que habían sido cometidos por sus militantes o sus simpatizantes. De hecho, también tuvieron que declarar sobre las atrocidades, muchas, que se cometieron durante la guerra intrarracial contra los Inkhata, que provocó miles de muertos (y de la que muchos cultiparlantes sobre Sudáfrica y el fin del apartheid no saben nada; la mayoría por gañanería, la minoría porque son muy listos). No pocos dirigentes del ANC se defecaron, sobre todo en privado, en la autora de los días de su presidente Mandela, que todo lo observaba desde su atalaya aprovechándose del detalle de que, al haber estado en el maco, no había tenido la ocasión de participar en aquellas acciones. Muchos pensaban (como lo piensa el autor de estas notas) que, de haber estado libre, probablemente lo hubiera hecho.

El ANC, en todo caso, se puso de canto. Thabo Mbeki, la mano derecha de Mandela, declaró ante la comisión que todas las acciones de su organización formaban parte de una guerra justa contra un Estado totalitario. En su opinión, era un error de bulto poner a la misma altura la violencia de quienes defendieron la segregación que la de quienes la combatían. La organización negra, de hecho, definía su violencia como el último recurso utilizado después de que todas las vías sin violencia fuesen cegadas por el Estado segregacionista. Inicialmente, dijo, el ANC había tratado de evitar las víctimas civiles; pero la violencia policial indiscriminada de los ochenta había cambiado las cosas.

Ante estas declaraciones y la pretensión del ANC de quedar au dessus de la melée a la hora de las responsabilidades, el arzobispo Desmond Tutu, presidente de la TRC, amenazó con dimitir. Lo que al religioso negro le cabreó fue la intención del partido en el gobierno de amnistiarse a sí mismo. “Si aquí cada uno se puede perdonar a su gusto, ¿qué sentido tiene esta Comisión?”, declaró.

El ANC regresó a la Comisión en una segunda comparecencia en la que dio bastantes más detalles que en la primera, pero siguió manteniendo silencio sobre muchos de sus asesinatos. Acerca de la guerra con Inkhata, el Congreso negó cualquier tipo de responsabilidad.

La TRC hizo público su informe en 1998; después, por lo tanto, de tres años de trabajos. Concluyó que había sido el gobierno de Botha, al final de los años setenta del siglo pasado, el que había decidido ingresar en el ámbito del crimen de Estado. Según la Comisión, los gobiernos anteriores habían reprimido a los negros, pero sólo el de Botha se había planteado exterminarlos (un matiz muy importante para el delito de genocidio éste de la distinción entre represión y exterminio; un matiz que poca gente domina, la verdad). El informe, en todo caso, extendía eso que llamaba the realm of criminal misconduct hasta los gobiernos de De Klerk. Le acusó de mantener la política de Botha, así como de haberle ocultado a la Comisión informaciones preciosas sobre la actuación de sus estructuras de seguridad y policiales durante su gobierno.

Pero el ANC no se iba de rositas. El informe del arzobispo Tutu y sus gentes acusa al partido de gobierno en Sudáfrica de haber diseñado y llevado a cabo una serie de campañas de acciones violentas que causaron víctimas civiles. De hecho, echando sal en la herida, la TRC recordaba que en toda su campaña terrorista, el ANC había matado a más civiles que miembros de las fuerzas de seguridad. Admitía la Comisión que la intención primera del ANC no había sido matar civiles; pero, al tiempo, afirmaba que quien sufrió la muerte o las lesiones por los atentados del ANC había sido víctima de una gruesa violación de los derechos humanos.

La mayoría de las personas implicadas en el juicio de la Comisión, que conocieron la redacción del informe final algunas semanas antes que la opinión pública, reaccionó malamente. Frederik de Klerk presentó una demanda en el Tribunal Supremo pretendiendo prohibir la publicación de un párrafo que se refería a él en términos muy duros. Pero la reacción de los blancos empalidece (obsérvese el tenue chistecito metaconceptual) delante de la de los negros. El ANC, simplemente, no podía creerse haber sido condenado por violaciones de los derechos humanos. En el ínterin entre el conocimiento del informe y la publicación de éste, solicitó una reunión urgente con la TRC para tratar de influir en la redacción final. Como vieron que el obispo por ahí no iba, jugaron la carta demagógica y comenzaron a acusar públicamente a la TRC de “condenar la lucha contra el apartheid”. Ya se sabe que, cuando ya no te quedan apelaciones posibles para evitar que te fusilen, tu última posibilidad es embozarte en una bandera.

Aquí llegamos al punto más absurdo del proceso de reconciliación sudafricano. Porque tanto la opinión pública interior como la internacional podían entender, tenía su lógica, el gesto del otrora gobernante blanco Frederik de Klerk exigiendo en el Supremo que se le tratase comme il faut en el informe. Pero cuando la gente vio en la televisión a Mbeki entrar en el mismo edificio para tratar de obtener de los jueces la prohibición de publicación para el informe, ya fliparon. Tutu reaccionó concediendo una serie de entrevistas a los medios de comunicación en las que opinaba que a Sudáfrica le quedaban dos telediarios para (volver a) convertirse en una dictadura, y que “no debemos asumir que los oprimidos de ayer se vayan a convertir en los opresores de hoy”.

Cabe dudar, en cualquier caso, de que la TRC finalmente consiguiese los objetivos que perseguía. Efectivamente, consiguió demostrar y publicar la naturaleza planificada y sistemática de la violencia racial en Sudáfrica. Pero eso no sirvió para unir a la sociedad sudafricana. La inmensa mayoría de los blancos (72%, según las encuestas del momento) concibieron la labor de la Comisión como un acto de represión racial, y de hecho las audiencias de las sesiones de la Comisión entre el público blanco fueron siempre ridículas. Los negros, por su parte, quedaron muy descontentos en el caso de ser simpatizantes del ANC; y, en todo caso, les costó olvidar el pequeño detalle de que todas las confesiones se habían conseguido a cambio de inmunidad, así pues aquellos tipos que habían confesado un día haberse cargado a familias enteras ahora estaban sentados en una terracita, esperando su tapa del día.