viernes, mayo 28, 2021

Watergate (1) ... y, al final, alguien escuchó al juez John Sirica

... y, al final, alguien escuchó al juez John Sirica
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El 3 de noviembre de 1969, Richard Nixon sorprendió a propios y extraños. Aquel hombre venía ambicionando la presidencia de los Estados Unidos de mucho tiempo atrás. Había perdido su oportunidad, que terminaría por ser sólo su primera oportunidad, frente al que es, quizás, el mayor peso pesado que nunca se ha subido al ring de la política americana: John Fitzgerald Kennedy. A pesar de ser un neto perdedor, o quizás por eso mismo, Nixon era de esos políticos que, como los feos en las discotecas, saben que la clave, para ellos, es aguantar. Aguantar. Aguantar. Y aguantó hasta que las primeras figuras de la política estadounidense de los sesenta, siempre enfangada por el maloliente vertedero de Vietnam, fueron abandonando (o siendo asesinadas), y le llegó la suerte. El desastre de Tet convenció a Lyndon Johnson de no presentarse a la reelección, y eso colocó al Partido Demócrata en una pelea muy reñida que, probablemente, tenía que haber ganado o Robert Kennedy o Eugene McCarthy, ambos pacifistas. El asesinato de RFK lo cambió todo y dio alas al candidato sustituto de LBJ, Hubert Humphrey. Nixon, frente a frente a un candidato bastante parecido a él, finalmente pudo ganar. Y, unos meses después, sorprendió a todos los que esperaban una presidencia anodina.

Fue el que se conocería, y se conoce, como Silent Majority speech. En este discurso radiado, Nixon, en un acto autorreivindicativo como ser gris y apopular más que impopular que era, se quiso erigir en defensor de la mayoría silenciosa; ésa que no se manifiesta, que no hace ruido; pero que vota, con la mano, con los pies y con la cartera.

El impacto de aquel discurso fue tan brutal que sólo hace falta dar un dato: en una sola noche, la ratio de aprobación social de la implicación americana en la Guerra de Vietnam se incrementó 19 puntos.

La obsesión de Nixon fue siempre demostrarle a los americanos que él sí tomaba decisiones, que a él no le temblaba la mano; que él no era pura tramoya. Nixon vivía obsesionado con la necesidad de measure up con su viejo contrincante, JFK; y como sabía que nunca lo batiría en el terreno de la popularidad y el cariño espontáneo del americano medio, había decidido jugar la carta de la eficiencia en el gobierno. Su orden ejecutiva 11615, que buscaba la estabilización de precios, salarios y alquileres, es, probablemente, uno de los actos de gobierno más decididos y a su manera valientes tomados por un moderno presidente de los Estados Unidos de América: los precios, alquileres, pagos y salarios se estabilizarán durante un periodo de 90 días a contar desde hoy a niveles que no podrán superar los relativos a un volumen sustancial de transacciones reales llevadas a cabo por cada individuo, negocio, firma o entidad de cualquier tipo durante el periodo de 30 días terminado el pasado 14 de agosto de 1971, y referidas a los mismos o parecidos bienes y servicios. Neoliberal hasta las cachas, ¿a que sí?

Ésta fue la marca de la casa Nixon: yo trabajo, yo consigo. Unos pasean en coches descubiertos para seducir viandantes; yo me encierro en mi despacho y trabajo, trabajo, trabajo. Puede que mi sonrisa no te provoque sueños húmedos; pero se supone que no es para eso para lo que me has votado. 

Así, uno a uno, Nixon se fue anotando triunfos: la apertura con China (la famosa diplomacia del ping-pong, rememorada en Forrest Gump); los primeros acuerdos nucleares con la URSS de Breznev; y, por sobre todas las cosas, la apertura de conversaciones en París entre Henry Kissinger y Le Duc To, el representante norvietnamita. Los demócratas, además, optaron por significarse mucho en las elecciones del 72 movilizando a un candidato, George McGovern; un tipo que, al menos en mi opinión, es uno de los políticos estadounidenses más interesantes del último siglo; pero, quizás precisamente por eso, no podía ganar. Nixon lo batió en 49 de 50 Estados. Como suena: le hizo un Ayuso. Ganó la reelección con el 61% de los votos, que se dice pronto.

El 17 de junio de 1972, sin embargo, cuatro personas, alguna de ellas de origen cubano, que fueron tomados por ladrones, fueron pillados cuando estaban entrando subeptriciamente en el cuartel general demócrata de un complejo de oficinas llamado Watergate, en Washington DC. Uno de los cómplices de esta partida, James McCord, había trabajado para la seguridad de Nixon durante su segunda campaña electoral. Con el tiempo, el Washington Post descubrió a otros dos cómplices: E. Howard Hunt y G. Gordon Liddy, uno de la CIA, otro del FBI, que también habían trabajado en la Casa Blanca y para la campaña de Nixon. Sin embargo, estos temas, a pesar de que Bob Woodward y Carl Bernstein rápidamente comenzaron a publicar algunas exclusivas sobre el tema, no parecieron preocupar mucho en la avenida Pensilvania. Ron Ziegler, el portavoz de la Casa Blanca, comentó displicente que no tenía nada que comentar acerca de “un intento de robo de tercera”.

Nixon ordenó en las últimas semanas de 1972 un bombardeo generalizado en Vietnam, pero en enero del año siguiente firmó los Acuerdos de París. Todo le sonreía: en el primer trimestre de aquel año, el PIB estadounidense creció el 8,7%. En uno de esos gestos espontáneos que nunca lo son, un grupo de juristas neoyorkinos voluntarios comenzó a estudiar la factibilidad de un cambio constitucional que le permitiese servir un tercer mandato.

Nixon, sin embargo, no estaba tranquilo. Cabe considerar, a la luz de lo ocurrido, que tenía planes para su segundo mandato; planes que pasaban por estar rodeado tan sólo de los suyos. Harry Robbins Haldeman, normalmente conocido como H. R. Haldeman o Bob Haldeman, su poderoso jefe de gabinete, casi se dislocó la mano a base de firmar ceses de cargos nombrados por el presidente, para sustituirlos por personas más cercanas.

Los cuatro ladrones y Howard Hunt se declararon culpables. Liddy se negó a declarar. El juicio empezó diez días antes del inicio de la nueva presidencia, en el juzgado menor de un juez menor, John J. Sirica. Los fiscales realizaron su exposición el 29 de enero de 1973, comprando la teoría de que los asaltantes habían actuado por su cuenta y que aquello no tenía más padre intelectual que Gordon Liddy. El juzgado tardó hora y media en condenar también a McCord; pero todo parecía quedar ahí. En ese momento, el juez Sirica estaba solo en su demanda de que, tal vez, en el juicio no se había visto todo lo que se tenía que ver, no se había contado todo lo que se tenía que contar. La Prensa, en general, se distanció de los argumentos del magistrado. Aún así, porque en las democracias evolucionadas estas cosas pasan, el 7 de febrero el Senado creó un subcomité especial bajo la presidencia de un senador de Carolina del Sur, Sam Ervin, para que investigase posibles abusos cometidos por Nixon durante la campaña electoral. La elección de Ervin era toda una declaración de intenciones: era, en ese momento, un político sin perfil nacional. La creación del subcomité fue aprobada con 77 votos contra cero. Un comentario típico de los memorialistas de este dato es: ¿habría sido el resultado el mismo de haber sabido los senadores el cimbel que iban a montar?

Las semanas que siguieron fueron muy interesantes. Siempre lo son. Las ocho o nueve primeras semanas de un presidente de los EEUU que acaba de ganar su reelección casi siempre son oro molido; por eso mismo Biden me da tanta penica (porque, la verdad, aunque él diga lo contrario, no me acabo de creer que piense en la reelección). El infrascrito sabe que su carrera política ha llegado a su fin; pero todavía es demasiado pronto como para que las fuerzas económicas y sociales que confían en su sucesor comiencen a presionarlo para que no saque los pies del plato. Como consecuencia, un presidente de los Estados Unidos, en los dos meses y medio tras su reelección, suele ser una persona verdaderamente poderosa, que hace lo que realmente quiere y a la que, centímetro arriba, centímetro abajo, se la suda todo. Nixon aprobó un Presupuesto anual con un nivel de inversiones públicas casi nunca visto y, lo que es más importante, se declaró en rebeldía a la hora de proceder a gastos por 12.000 millones de dólares que ya habían sido aprobados por el  Congreso; o sea, vetó el gasto por vía ejecutiva, no legislativa. Fue entonces cuando Sam Ervin, que tenía una vena de hormiga cabrona que el país iría descubriendo, lo bautizó King Richard.

Más. En marzo, Nixon hizo pública una declaración en la que venía a decir que los jueces americanos eran unos nenazas (soft-headed, les llamó) y prometió nuevas medidas contra el crimen. Luego vetó una ley a favor de los discapacitados. A los demócratas no les sirvió de nada llenar el Capitolio de personas en sillas de ruedas.

El 17 de marzo, sábado, Pat Nixon celebraba su cumpleaños (en realidad, había nacido el 16, pero le gustaba celebrar el día de San Patricio). En la Casa Blanca iba a cantar Merle Haggard, un famoso tonadillero country quien, por cierto, hizo las delicias de la Prensa, pues estaba tocando para un Presidente que decía que había que ponerse serio contra el crimen, cuando resulta que Haggard había sido condenado por robo. La cosa no podía ir mejor; pero ya os he escrito muchas veces que una regla curiosa de la Historia es que cuando mejor te va, suele ser cuando las semillas de tu desgracia se están plantando. En las comparecencias para confirmar al frente del FBI a Louis Patrick Gray, quien ocupaba el puesto desde la muerte de El Aspiradoras, algunos representantes demócratas lo acusaron de haber preparado a algunos de los testigos que habían comparecido ante el Gran Jurado del caso Watergate. En los dimes y diretes que se produjeron, surgió el nombre de un teórico tercera fila del personal de la Casa Blanca, John Dean. De forma totalmente inesperada, el presidente Nixon reclamó un existente pero muy extrañamente utilizado privilegio presidencial para decretar que Dean no declararía ante ninguna comisión de investigación.

El 23 de marzo se fijó la cita para que el juez Sirica leyese la sentencia del auténtico, literal caso Watergate, de afección para los cuatro ladrones, Hunt, Liddy y McCord. Allí todo el mundo esperaba las condenas, blablablá, y a casa. Pero, de repente, Sirica soltó la bomba.

El juez anunció que había recibido una carta de McCord. Y la leyó.

McCord comenzaba justificándose por haber sido impreciso al declarar: “varias personas de mi entorno familiar me han expresado que temían por mi vida si yo hubiera destapado mi conocimiento de los hechos (…) Aunque yo no comparto sus miedos en el mismo grado, sí que creo que se tomarán medidas en represalia contra mí, mi familia y mis amigos. Estas represalias podrían destruir las carreras, la riqueza y la reputación de personas que no tienen nada que ver con esto”. Acto seguido, confesaba que los acusados habían sido presionados para declararse culpables y comerse el marrón.

Terminaba McCord: “Apreciaría mucho la oportunidad de hablar con usted [Sirica] en privado, dado que no puedo confiarme a un agente del FBI (las itálicas son mías), como tampoco puedo confiar en deponer ante un Gran Jurado cuyos fiscales trabajan para el Departamento de Justicia, o en hablar con cualquier otro representante gubernamental”. Imaginaos a un encausado diciéndole al juez de primera instancia: "yo declararé ante usted; pero no quiero delante ni policías, ni fiscales, ni ningún funcionario público". 

Al fin alguien le había hecho caso al juez Sirica.

Sirica, por lo demás, se había despachado a gusto en la sentencia. Le cascó cuarenta años de maco a cada uno de los cuatro cubanos, 35 a Hunt, y 45 a McCord. Eran penas totalmente desproporcionadas, pero da la impresión de que el juez sabía lo que hacía. Ante los atribulados reporteros, explicó que su decisión era provisional; él estaba dispuesto a reducirlas, pero sólo si los acusados dejaban de chantar la mui, o bien delante del nuevo Gran Jurado que se iba a montar, o bien ante alguna comisión parlamentaria. En otras palabras: lo que hacía era conseguir que el marrón fuese muy grande, intragable. De hecho, a Lilly le cascó sólo seis años y ocho meses; sus abogados ya habían dejado claro que nunca, en ninguna circunstancia, hablaría; a ése no hacía falta presionarlo. 

No sé si habrá jueces entre la audiencia (la interacción en Twitter permite estimar que algún profesional del Derecho sí que hay), pero lo cierto es que esta actuación de Sirica, aunque se beneficie de la vitola de estar actuando para "los buenos", por así decirlo, es, o a mí me lo parece, cuestionable. Un juez tiene que dictar la pena proporcionada al crimen que estima se ha probado en el juicio. Nos pongamos como nos pongamos, en el juicio Watergate lo que se demostró es que unos mataos habían decidido entrar en una sede demócrata, en ese momento ni siquiera quedó claro si para robar documentación o unas pelas o poner unos micros (que fue para lo que entraron); sin que se pudiese adverar y probar nada sobre los autores intelectuales del hecho, si es que los tenía. Que en esas circunstancias el juez decida estirar el Código Penal para ponerles unas penas propias de la alta traición porque considera que no han dicho toda la verdad es, repito, cuestionable. Vale que Sirica buscaba una mierda que de hecho se había depuesto en aquel asunto; pero si admitimos que actuar así es lícito, entonces un juez puede cagarle la vida a cualquiera no porque se estime probado que ha cometido un delito, sino porque estime que ha podido cometerlo y se ha callado. Pasamos todos a ser inocentes mientras no se demuestre lo contrario, o el juez considere que se debería haber demostrado lo contrario. 

Esa semana, en la reunión habitual con el grupo parlamentario republicano, por así decirlo, los representantes se le echaron a Nixon a la chepa: ¿qué coño estaba pasando? El más activo, lógicamente, fue el líder de la minoría senatorial, el pensilvano Hugh Scott.

Y Nixon tiró del Catón de todo corrupto. Sin pestañear, sentenció: Hugh, I have nothing to hide.

Ni de Flick, ni de Flock. Un clásico.



Nota: Puesto que en el escándalo Watergate lo menos importante fueron los tipos que entraron en las oficinas a instalar micrófonos, los veremos poco. Por eso, os informo aquí de que Frank Sturgis murió en 1993, Bernard Baker en el 2009, Virgilio González en el 2014 y, finalmente, Eugenio Martínez ha muerto en enero de este año 2021. Ninguno cumplió las enormes penas del juez Sirica. Uno de ellos, Martínez, fue oficialmente perdonado por el presidente Reagan en 1983, lo que lo convirtió en la única persona, aparte del propio Nixon, receptora de perdón presidencial por esta movida.

1 comentario:

  1. Anónimo1:06 a. m.

    No incluiste el abandono del patrón oro y el fin del acuerdo de Bretton Woods. Algunos estiman que fue un parteaguas, un comienzo de un nuevo orden mundial.
    Y el Juez mandando a los ladronzuelos en cana para siempre hasta que hablen me hizo acordar al Juez Moro, de Brasil, poniendo en cárcel al mismo Marcelo Odebrecht, y logrando una delación premiada ´
    Chofer fantasma

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