miércoles, mayo 25, 2011

La «normalidad» del 36: coda

¿Quién mató al teniente de Asalto José Castillo, instructor de las milicias socialistas y jefe de las fuerzas que reprimieron la manifestación final del entierro del alférez De los Reyes? Esta pregunta permanece, 75 años después, sin una respuesta aceptada por todos, lo cual quiere decir que, probablemente, ya no podrá haber una sola explicación. Por mi parte, y que quede claro que es una opinión personal, creo que hay algo que decir sobre quién lo mató, quién lo quiso matar y gracias a quién fue muerto.

¿Quién lo mató? Probablemente, pistoleros tradicionalistas. La acción de Castillo que reclamaba venganza era su disparo contra el joven Llaguno, tradicionalista, en la plaza de Manuel Becerra, el 17 de abril de 1936. Puestos a pensar en un asesinato político, los terroristas de derecha podían haber pensado en otros objetivos más pintones que el propio Castillo. Sin embargo, en el terreno de quién lo quiso matar, es posible que haya que añadir a los falangistas. Ángel Alcázar de Velasco, falangista de primera línea y de primer momento, cuenta en uno de sus libros que estuvo preparado para matar a Castillo, pero que José Antonio dio la contraorden; contraorden que tendría todo el sentido si Primo de Rivera tenía una mínima información sobre los preparativos golpistas, pues no era cuestión de exacerbar los ánimos. Si concluimos, pues, que los asesinos de Castillo tenían que ser personas que tuviesen algo que vengar y, al mismo tiempo, no estuviesen demasiado informados de la ensalada que se estaba montando, es imposible no pensar en los tradicionalistas.

¿Gracias a quién fue muerto? Sin ningún lugar a dudas, a Casares Quiroga. El republicano gallego ofició de ministro del Interior en funciones tras los incidentes del entierro de De los Reyes y, para cuando Castillo fue asesinado, era presidente del Gobierno. Por dos veces, pues, en su mano habría estado retirar a Castillo de la circulación, como es lógico hacer con un miembro de las fuerzas de seguridad mientras se investigan las circunstancias en las cuales ha disparado, casi a quemarropa, sobre un manifestante. Lo que hizo tan singular, y terroristamente apetecible, a Castillo, fue el hecho de que, a pesar de estar implicado en hechos gravísimos que incluso habían provocado muertes, no había sufrido la menor consecuencia, así pues caminaba tranquilamente por la calle, camino de su curro, cuando alguien, váyase a saber quién, se cruzó con él, y se lo apioló.

Horas después, en la noche del 12 al 13 de julio, se producirá otro de los misterios sin resolver de la Historia reciente de España. Hay muchas cosas que se saben. Se sabe que en el cuartel de Pontejos, auténtico hervidero de elementos marxistas de las fuerzas del orden, el personal está más que cabreado por el asesinato de un compañero, el teniente Castillo. Se sabe que un grupo de guardias de Asalto, inexplicablemente liderado por un guardia civil a la expectativa de destino, Fernando Condés, toma una camioneta, la 17, y se marcha del cuartel en dirección al barrio de Salamanca.

En la calle Velázquez buscan a Gil Robles en su casa, pero no lo encuentran porque no está (otros testimonios dicen que la visita fallida a Robles la hace otra camioneta). Entonces siguen unas manzanas más arriba, hasta el chaflán del número 89 donde vive otro diputado de las derechas, José Calvo Sotelo. Entran en su casa de madrugada. Le informan de que debe acompañarlos para ser interrogado en la Dirección General de Seguridad. Calvo Sotelo protesta. Su mujer entra en un ataque de nervios. Los policías realizan una especie de registro en el despacho del diputado, en el curso de la cual se cargan una banderita de España que tenía encima de la mesa. Calvo Sotelo dice que va a llamar a la DGS. Victoriano Cuenca, que es por cierto un civil y no tiene autoridad para hacer algo así, arranca el teléfono para que no pueda hacerlo. La situación es tensa pero, cuando Condés le informa a Sotelo de que es miembro de la Benemérita, el diputado se aviene a ir con él. Sale al balcón y pregunta a los escoltas, que están en el portal, si la camioneta y sus ocupantes son de verdad agentes del orden. Finalmente, y frente a la oposición firme de su mujer, se aviene a ir con ellos. Tranquiliza a su esposa. Le dice que no se preocupe, que la llamará pronto, «a no ser», añade lúgubremente, «que estos señores me maten».

Muy probablemente, Calvo Sotelo sabía que iban a matarlo. Fernando Condés tuvo que identificarse como guardia civil, puesto que iba de paisano; pero Condés no tenía el carné reglamentario, pues había sido rehabilitado días atrás y aún no se lo habían dado. Así pues, toda la identificación que pudo enseñarle a Calvo Sotelo fue una copia del boletín oficial con su nombramiento; por lo tanto, es prácticamente imposible que el diputado del Bloque Nacional no fuese consciente de que Condés era uno de los guardias civiles revolucionarios, apartados del cuerpo por su participación en el golpe revolucionario del 34 y rehabilitados tras la victoria del Frente Popular.

Hay testimonios de que en la camioneta 17, sentado en la fila de asientos de enmedio entre dos policías, Sotelo no paraba de hablar y quejarse del atropello del que estaba siendo objeto; la actitud típica del hombre desesperado. Quizá se imaginó a sí mismo contra la tapia del cementerio, recibiendo una ensalada de tiros. Pero no hay nada de eso. Victoriano Cuenca, que está sentado detrás de él, y cuando la camioneta está aún en la calle Velázquez, le dispara dos tiros en la nuca, mortales de necesidad.

Quizá la camioneta tuvo que pasar un control policial más o menos a la altura de las Escuelas Aguirre. Quizá lo evitó, o quizá los policías del control les dejaron pasar. El caso es que siguieron hasta el cementerio, donde tiraron el cadáver. El tipo que lo recogió dijo que se dio cuenta enseguida de que tenía que ser alguien importante por los zapatos que llevaba.

Pero eso es lo que se sabe. Son más las cosas que no se saben. La principal de ellas: ¿fue la muerte de Calvo Sotelo una muerte organizada?

Hay argumentos para todos los gustos. En primer lugar, porque no era el primer objetivo. En segundo lugar, porque uno de los indicios manejados por algunos historiadores, el extraño cambio de su escolta días antes del atentado, tampoco cuadra del todo. Es cierto que, días antes del asesinato, se cambió la escolta del ministro, ante lo cual él protestó airadamente, y que tras la llegada del franquismo se afirmó que esos escoltas suplentes habían sido conminados a cargarse a Calvo Sotelo o colaborar en su asesinato. Si eso fuese cierto, ¿cómo es posible que uno de esos dos escoltas, Rodolfo Serrano de la Parte, tuviese simpatías por las derechas?

Otros testimonios, como el del guardia de Asalto Aniceto Castro Piñeiro, que fue de la partida, nos dicen que la camioneta 17 partió de Pontejos después de unas y antes que otras; que sus integrantes fueron designados al azar; y que se les entregó una orden escrita. Lo que pasa es que dicho testimonio bien puede ser exculpatorio. Si Castro participó en una acción para cargarse a un diputado, es lógico que, a toro pasado, y puesto que no pocos de los protagonistas de la movida murieron poco tiempo después que Calvo Sotelo, al principio de la guerra, declarase que si estaba allí era por sorteo, y que todo se hizo legal. Además, aún siendo cierto lo que cuenta, aún cabe la posibilidad de que no todos los integrantes de la camioneta estuviesen en el secreto de lo que iban a hacer. Una vez hecho, a los demás les habría sido muy difícil oponerse, o denunciarlos. Pero, de todas formas, es un hecho que en la noche del 12 al 13 de julio, de Pontejos salieron varias camionetas con órdenes para practicar detenciones.

Otro elemento inquietante de la historia es la presencia de Condés. Teniente de la guardia civil, en 1934 decide algo tan increíble como alzarse contra su propio cuerpo, de modo y forma que es el alma del plan para atacar el Parque de Automovilismo del cuerpo en Madrid, donde de hecho estaba destinado. Como el golpe de Estado revolucionario del 34 fue un fracaso total en Madrid, tuvo que esconderse, pero el 16 de octubre, para sorpresa de todos que lo suponían huyendo, se entrega y arrostra las consecuencias de su acción revolucionaria. En febrero de 1935, es condenado por un consejo de guerra a cadena perpetua en el castillo de San Julián, en Cartagena.

El 23 de febrero del 36, tras la victoria del Frente Popular, sale libre por la puerta del castillo tras lo cual, de forma quizá un tanto inexplicable, remueve Roma con Santiago para recuperar su empleo en la Guardia Civil. El 1 de julio fue readmitido, y el 2 ascendido a capitán. Los historiadores de la guardia civil destacan el hecho inusual de que el preceptivo informe del mando, previo a nombramiento y ascenso, fue redactado el mismo día del segundo y que, de hecho, el general Pozas lo revisó cuando la decisión ya había sido tomada y publicada. Había, pues, mucha prisa por volver a vestir a Condés de verde.

No existe ningún trazo, entre el 2 y el 12 de julio, de que Condés ingresase en ningún servicio concreto. Lo cual quiere decir que la noche del 12 es un capitán sin mando que, sin embargo, y con la extraña aquiescencia del oficial que está controlando la salida de las camionetas de Pontejos, teniente Andrés León Lupión, todo el mundo en el vehículo 17 asuma que él es el jefe. Es decir: teóricamente, nos encontramos ante algo tan normal como que un cuerpo policial es convocado para hacer unos servicios rutinarios (detenciones, registros...); pero, sin embargo, uno de estos grupos es colocado bajo el mando de un capitán de otro cuerpo que, además, no tiene destino, es un capitán sin mando. ¿Algún policía o guardia civil entre el público que nos pueda decir si esto es normal?

Más aún: ¿y Cuenca? Victoriano Cuenca, panadero de profesión, se había ganado la vida de guardaespaldas del presidente cubano Machado y, en aquel momento, lo era de Indalecio Prieto. No era ni policía, ni guardia civil, ni leche que le fundara. ¿Quién lo colocó detrás de Calvo Sotelo? ¿Hacia dónde estaban mirando sus compañeros de asiento que le dejaron hacer, no uno, sino dos disparos en su nuca? ¿No nos dice este detalle que, de alguna manera, Cuenca ostentaba algún tipo de autoridad, algún tipo de mando, sobre los agentes? ¿Acaso el hecho de que fuese una de las tres personas que subió a casa del diputado a hacer el registro no abona esta tesis? Pero si es así, ¿qué tipo de autoridad, y quién se la había otorgado?

Se dice que Casares se entrevistó, aquella noche, con destacados policías marxistas, como Condés. Es difícil de creer, teniendo en cuenta que estaba en una recepción diplomática. Sí parece, sin embargo, que Condés estuvo, junto con el también marxista teniente Moreno y José del Rey, guardia de Asalto de la misma cuerda que sobreviviviría a la guerra y acabaría declarando sobre este asunto (y en esos momentos guardaespaldas de Margarita Nelken), en el despacho de Alonso Mallol, director general de Seguridad. Fueron, lógicamente, calentitos con la noticia del asesinato de Castillo, cuyo cadáver, aquella noche, aún estaba caliente. Fue Mallol, probablemente, el que ordenó la redada a la cual salieron las camionetas.

De ser así las cosas, aquí ya hay, como poco, una irregularidad. ¿Por qué un suprajefe policial como el director general de Seguridad tiene que discutir las medidas a tomar con un, una vez más, guardia civil sin destino, un panadero con pistola y un guardia raso? ¿Acaso no es lógico pensar que, lo mismo que recibe a quien no tiene que recibir, le otorgase un mando que no le correspondía?

A la camioneta 17 suben, tras saber por Lupión que están al extraño mando de Condés (que, para colmo, viste de paisano; por eso tuvo que informar a Calvo Sotelo de que era guardia civil): los guardias de Asalto Amalio Martínez Cano, Enrique Robles Rechina, Sergio García, Bienvenido Pérez Rojo, Ismael Bueso Bela, Ricardo Cruz Cousillos, Aniceto Castro Piñeiro y José del Rey Hernández; Victoriano Cuenca, pistolero y guardaespaldas de Indalecio Prieto; y, finalmente, dos militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, Santiago Garcés y Francisco Ordóñez.

Al domicilio de Calvo Sotelo sólo subirán tres integrantes de la partida: Condés, Cuenca y Del Rey. Los tres más significados políticamente, pues, y dos de ellos (Condés y Cuenca) técnicamente carentes de toda autoridad, máxime si han de hacerla ejercer frente a un aforado.

Existen varios testimonios de que, ya en la calle, cuando el diputado sube a la camioneta, Condés duda en hacerlo, ante lo cual Calvo Sotelo protesta, afirmando que si el guardia civil no le acompaña «me tienen ustedes que matar aquí mismo». Como digo, que esto ocurrió es casi incontrovertible, y este detalle abona la teoría de que no hubo premeditación en la acción. Si Condés no quiere ir en la camioneta es porque ha terminado su misión; pero si su misión ha terminado, ésta sólo puede ser detener a Calvo Sotelo, no matarlo.

De vuelta a Pontejos, después de dejar el cuerpo, Condés sube a ver al comandante Ricardo Burillo y le confiesa lo que ha hecho. El jefe del cuartel, quizá tras una primera sorpresa, decide taparlo todo. Ordena que se limpie la sangre de la camioneta, tarea que encomienda a un guardia de máxima confianza, llamado Tomás Pérez. Burillo llama al teniente coronel Sánchez Plaza, jefe de los guardias de Asalto, quien se presenta en Pontejos, convoca una reunión de guardias, y allí mismo, en un gesto bastante repugnante en un mando de las fuerzas de seguridad, decreta la ley del silencio.

Ni Fernando Condés, capitán de madera sin mando en plaza; ni Victoriano Cuenca, pistolero de fortuna al servicio de la revolución, fueron jamás detenidos, ni siquiera un minuto de sus vidas, por la muerte del diputado de la nación José Calvo Sotelo.

Bien pudo ser el asesinato un calentón de Cuenca. A mi modo de ver, es una teoría que viene abonada por la intensa necesidad que inmediatamente siente el pistolero de confesar lo que ha hecho, puesto que se va escopetado a ver a Julián Zugazagoitia y al propio Prieto y confesarles los hechos. Pero también es un hecho que ese calentón fue, si no compartido, sí, cuando menos, aceptado por los demás. Al parecer, siempre según los testimonios disponibles, algún guardia, tras los disparos, expresó su temor por que se supiera lo ocurrido, ante lo que José del Rey espetó, bien claro, que a quien se fuera de la lengua se lo cargarían.

José del Rey, un simple guardia de Asalto, parece tener un papel extrañamente importante en los hechos. Entra en el despacho de Mallol, o sea que está allí cuando recibe las órdenes. Es el guardia de Asalto designado para subir al domicilio de Calvo Sotelo. Y es el elemento de la partida que da el paso al frente de amenazar a los posibles chivatos, una vez realizada la acción. Y es que Del Rey era un simple guardia, pero era, también, un devoto marxista.

Prieto contó, a finales de los cincuenta, que Fernando Condés le confesó que sus órdenes (¿de quién?) eran practicar la detención de Calvo Sotelo, que no sabía que lo iban a matar, y que iba a suicidarse por el deshonor en el que había incurrido, pero que el político socialista le convenció de no hacerlo. Esta versión cuadraría con la pronta muerte de Condés nada más empezar la guerra. Pero no cuadra con otras cosas. Si tan alto concepto del honor tenía, ¿por qué no, simple y llanamente, confesó, aunque sólo fuese por escrito y ante la posteridad? Más claro aún. Supongamos que el asesinato es un calentón de Cuenca, como hemos dicho. Si tan respetuoso era Condés de los acendrados valores de la disciplina castrense y policial, y puesto que parece fuera de toda duda que tenía mando en aquella camioneta, ¿por qué no llega Victoriano Cuenca detenido a Pontejos? ¿Acaso no le habría sido más fácil a Condés, amén de más coherente con su supuesto honor, subir a Cuenca esposado al despacho de Burillo y dejarle a él el marrón de liberarlo si quería?

A las 10 de la mañana del 13 de julio, se produce el hecho histórico de que se celebre, en la España democrática, un consejo de ministros cuyo orden del día es la ocultación de un crimen, para colmo en la persona de una persona a la que, en teoría, no se le puede poner ni una multa de tráfico sin autorización parlamentaria. De aquel consejo de ministros, si al Frente Popular le quedaba una micra de equilibrio democrático, tendrían que haber salido más de una decena de órdenes de detención, el nombramiento de un fiscal y un juez especial, el cese del director general de Seguridad y del ministro de Gobernación, de todos los mandos de Pontejos y hasta de las señoras de la limpieza, el decreto de tres días de luto, y una orden policial estricta imponiendo la tolerancia cero con cualesquiera manifestaciones. Casi ninguna de las medidas aquí descritas fue tomada, sin embargo. La reacción de aquel consejo de ministros fue simple: menudos hijos de puta los asesinos, sí; pero son nuestros hijos de puta. El único, levísimo atenuante que puede aparecer ante la Historia es que las decisiones finales sobre el caso tardaron cuatro horas y media en tomarse, de donde cabe deducir que aún había en aquel gobierno gentes, no sabemos cuáles, con la cabeza razonablemente amueblada.

Finalmente, el Ejecutivo hará pública una nota dedicada, en conjunto, a las muertes de Castillo y Calvo Sotelo, que califica de «hechos de notoria gravedad»; expresión con la que se inicia toda una tendencia de juicio, que llega hasta el día de hoy a través de según qué historiografía, consistente en poner al mismo nivel el asesinato de un teniente de la policía y el de un diputado de la nación. Todos los asesinatos son execrables pero, nos pongamos como nos pongamos, no es lo mismo.

Se anuncia también el nombramiento de dos jueces y la práctica de muchas detenciones; la verdad del asunto es, más bien, que a esas horas del día, medio Madrid sabe ya hasta la marca de gayumbos que llevaban los ocupantes de la camioneta 17, algunos de los cuales, sin embargo, proseguirán limpios de polvo y paja tras esa supuesta ola de detenciones.

El mismo día 13 por la tarde, socialistas, comunistas y dirigentes de la JSU se reúnen y deciden armarse para contrarrestar la reacción esperable, además de pedir al gobierno la ilegalización de los partidos derechistas; propuesta, ésta última, que es, como poco, curiosa. La ETA mata a un general del Ejército de Tierra y, por lo visto, la reacción lógica es... disolver el Ejército de Tierra. Indalecio Prieto, que antes de que el gallo cante tres veces llenará en México páginas y páginas tratando de demostrar que Calimero nunca ha roto un plato y que siempre fue más bueno que las pesetas, preside la comisión que se va a ver al ministro para proponerle estas exigencias intolerables para el momento.

Ese mismo día, por cierto, un grupo de anarquistas asesina en Madrid a un ugetista que había decidido terminar la huelga de la construcción (recordemos que UGT, haciendo uso de su teórico derecho sindical, había aceptado el laudo gubernamental) y se había incorporado a la obra de una carretera.

Garcerán, el pasante de José Antonio y su correo con Mola, le anuncia al general en Pamplona que si en 72 horas no se subleva el ejército, lo hará Falange en Alicante.

El día 14 por la tarde, la masa que vuelve del entierro de Calvo Sotelo choca en Becerra con los guardias de Asalto. Quedan dos muertos en el suelo. En la calle Torrijos, un nuevo enfrentamiento entre izquierdistas y derechistas deja dos muertos más. Entre el 12 y el 14 de julio, pues, mueren en Madrid siete personas, de las cuales uno es diputado y otro miembro de las Fuerzas de Seguridad.

Todo ello, normal que lo flipas.

Las Cortes suspenden sus sesiones dada la crispación existente. Pero el 15 la Comisión Permanente debe reunirse para prorrogar el estado de alarma, que lleva vigente, ojo al dato, desde las elecciones de febrero.

Aquella Comisión Permanente es la última oportunidad, bastante remota ya, todo hay que decirlo, que tiene el Frente Popular de evitar su descarrilamiento en la Historia. El conde de Vallellano, portavoz monárquico, comienza su intervención anunciando la marcha de las derechas, su desafección de la República. Gil Robles continúa con palabras bien evidentes: «la ley de excepción, en manos del Gobierno, se ha convertido en elemento de persecución contra todos aquéllos que no tienen las mismas ideas que el Frente Popular». En un retrato tan rápido como certero y triste, define: «Las sentencias de los Jurados Mixtos no se cumplen; el ministro de la Gobernación puede decir hasta qué punto los gobernadores civiles no le obedecen; los gobernadores civiles pueden decir hasta qué punto los alcaldes no hacen caso de sus indicaciones». En España, se queja, todo Dios hace lo que le sale de los cojones.

Robles asevera: «Cuando habléis de fascismo no olvidéis, señores del Gobierno y de la mayoría, que, en las elecciones del 16 de febrero, los fascistas apenas tuvieron unos cuantos miles de votos en España; y si hoy se hicieran unas elecciones verdaderas, la mayoría sería totalmente arrolladora». Más aún: «cuando la vida de los ciudadanos está a merced del primer pistolero, cuando el gobierno es incapaz de poner fin a este estado de cosas, no pretendais que las gentes crean ni en la legalidad ni en la democracia». «Dentro de poco», terminó la alocución del político cedista, «seréis el Gobierno del Frente Popular del hambre y de la miseria, como ahora lo sois de la vergüenza, del fango y de la sangre».

¿Qué pudo hacer la izquierda en esa situación? Cualquier cosa, menos nada. Si tan cierto es que se habló de una dictadura republicana, aquél de la Comisión Permanente fue el momento de declararla. Aquél fue el momento de dejarle claro al país y al mundo que ya estaba bien. Que con la muerte de un aforado, se había colmado el vaso.

El Frente Popular, lejos de ello, actuó como si aquél fuese otro obstáculo que se puede saltar. Pero se olvidó de dos cosas.

La primera, que el cadáver de Calvo Sotelo era, en realidad, el pico de una pirámide de cadáveres en la que se amontonaban obreros de izquierdas y derechas acribillados, un juez asesinado por los falangistas, miembros de las fuerzas de seguridad muertos a tiros, degollados, derechistas asesinados a hostias, iglesias quemadas, edificios privados asaltados, simples paseantes asesinados.

La segunda, el significado, en sí, de que, en España, se pudiese sacar a un diputado de su casa, detenido sin mostrarle siquiera un papel, ni una triste orden judicial, y matarlo de dos tiros en medio de la calle. Creo que ha sido Stanley Payne quien lo ha definido mejor:

El 13 de julio nadie decidió dar un golpe de Estado contra la República, porque los preparativos se llevaban haciendo de meses atrás. El verdadero significado de la muerte de Calvo Sotelo es que enseñó a los conspiradores que, en realidad, estaban más seguros alzados que respetando el orden constituido. Si algún obstáculo se presentaba ante el general Mola para obtener la aquiescencia de mandos militares indecisos, del carlismo, etc., quedó allanado por la sangre de Calvo Sotelo.



Triste coincidencia. Los días 15 y 16 de julio de 1936, por primera vez en mucho tiempo, nadie muere en España como consecuencia de atentados políticos o sindicales. Como dicen en mi tierra: tarde piaches.



Los hechos están contados.