miércoles, noviembre 24, 2010

Un toque pesimista

En los tiempos de la Transición, en Barcelona, como en otros muchos lugares de España, circulaban los manifiestos como churros. Se hacían manifiestos por todo y para todo, manifiestos que tenían más éxito cuantos más firmantes tenían pero, sobre todo, cuantos más firmantes de los habituales conseguían. En Cataluña, según tienen contado personajes de la época, era habitual que, cuando un contacto que pasaba un manifiesto a la firma, te dijera: «Ya lo han firmado Llach y Lluch». En efecto, cualquier manifiesto que se preciase debía llevar la firma de Lluis Lach y su interminable estaca, y el hoy llorado Ernest Lluch.

La realidad no ha cambiado. Hoy por hoy, en España, un manifiesto, para serlo, tiene que llevar firmas como la de Pedro Almodóvar o Willy (sic) Toledo. De lo contrario, la prensa casi ni se ocupa del asunto. Hace pocos días, un grupo de 100 economistas publicó un manifiesto sobre la reforma del sistema español de pensiones y otro sobre la reforma laboral. Apenas se ha tenido noticia del asunto. Días atrás, asimismo, otro grupo de empresarios y académicos ha publicado lo que denominan la Declaración TransformaEspaña, en la que tratan de tomar posición ante la encrucijada histórica en la que, según el manifiesto, está el país. El espacio dedicado por los medios a estos folios ha sido menos de la mitad del que le habrían dedicado a un manifiesto firmado por Pedro Almodóvar y Willy (sic) Toledo contra la extinción del somormujo petirrojo de los bosques de las islas Vanuatu o sobre el cambio climático. Porque, por lo visto, y para pasmo de escépticos, el riesgo de que dentro de cien años la temperatura de la Tierra haya subido en no sé cuántos grados es más cierto que el riesgo de que nuestro mercado laboral o de pensiones descarrilen a causa de esa entelequia metafísica llamada crisis económica.

Ambos manifiestos, y sobre todo el último de los citados, tienen, sin embargo, y casi diría que independientemente de su contenido, importancia. Porque es verdad que España está, hoy por hoy, en una encrucijada histórica. Fundamentalmente histórico-económica, pero también con otros matices. En esta hora, a mi modo de ver, el país se divide en dos partes bien delimitadas: los que son capaces de ver esto, y los que no lo ven. Y en el tamaño de estas dos mitades es mucho lo que nos estamos jugando.

No hablaré de los manifiestos, que cualquiera puede leerlos y sacar sus consecuencias. Creo que lo que compete a este blog, que lo es de Historia aunque de vez en cuando se marque algún off topic, es señalar algunos aspectos que, a mi modo de ver, se observan en el devenir histórico de España como proyecto, y que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar la hora presente, que es hora comprometida.

Empezando por el principio, el primer problema de España es que su historia muestra y demuestra nuestra escasa capacidad para el consenso. La otra gran crisis económica mundial se produjo en los años treinta. La reacción en países con hondas tradiciones democráticas, y estoy pensando en Reino Unido, fueron los gobiernos de concentración nacional en los que, bajo el liderazgo del partido más votado, existían amplios niveles de colaboración, todo lo crítica que se quiera, en los aspectos nucleares de la crisis. La Historia de España, sin embargo, se caracteriza por el enfrentamiento entre posiciones. Tuvo que llegar una situación tan especial e irrepetible (esperemos) como el final de la larguísima dictadura militar para que España fuese capaz de quebrar esta tendencia en los Pactos de la Moncloa.

Una crisis como la que vivimos demanda soluciones muy dolorosas. Demanda, fundamentalmente, que cosas que hoy el Estado está dando deje de darlas, o deje de darlas en las condiciones de coste objetivo que hoy tienen. Seamos claros. Lo que el futuro ofrece son cosas como el copago por la sanidad, tasas de sustitución de las pensiones más bajas, tipos impositivos al alza, menos subvenciones, menos ayudas. Al contrario de lo que se pensó en un primer momento de la crisis, cuando se iba a refundar el capitalismo y todas aquellas declaraciones tan rimbombantes, el Estado, de esta crisis, no saldrá más gordo, sino todo lo contrario. Y la cosa tiene su lógica, porque lo que nos ha enseñado la crisis es que hay que evitar los riesgos sistémicos; hay que evitar que alguien (un banco, por ejemplo), por ser muy grande, pueda, al caer, arrastrar en su caída a otros muchos. Pero, si hay que evitar los riesgos sistémicos, ¿por qué pensaremos que los Estados no pueden serlo? O sea, ¿qué haría más daño a la economía mundial: el colapso del Banco Santander, o el colapso del Estado chino?

Ningún partido político, en democracia, suele tener el apoyo de más del 45% de la población, y de ese porcentaje no menos de 15 puntos son volátiles, es decir están formados por personas que pueden perfectamente votar a otro. En estas circunstancias, ningún partido político en su sano juicio electoral abordará la implantación de esas soluciones dolorosas; le va su supervivencia en ello.

España es un país escasamente reformista por esta razón. La Historia nos demuestra que las reformas avanzan a tirones, con frenos y marchas atrás constantes, al albur del momento político-electoral. Esto es así porque cada vez que un partido en el gobierno se ha planteado realizar una reforma profunda ni se le ha pasado por la cabeza acordarla con la oposición; ni a la oposición se le ocurre, siquiera por un minuto, tener otra actitud que esperar su momento en el machito para cargársela. La Constitución de la II República es un muy buen ejemplo de este efecto.

Otra consecuencia de esta desunión calculada es que el país muestra cierta torpeza a la hora de enfrentar las verdaderas crisis, normalmente porque las enfrenta con enormes dosis de populismo. A mi modo de ver, la única crisis económica de gran calado que España supo enfrentar bien, aparte aquélla para la cual los Pactos de la Moncloa fueron la purga, fue la derivada de la pérdida de las últimas colonias; y es por esa habilidad que Raimundo Fernández Villaverde tiene su nombre inscrito en una de las principales vías de Madrid. Sin embargo, la crisis del 29 se afrontó de forma desunida y populachera, fiándolo todo a que las importantes reservas de oro del país daban margen para hacer unas cuantas, que se dice en mi tierra, conachadas, lo que generó un paro obrero de la pitri mitri, especialmente en el campo, fenómeno que no es en absoluto ajeno a lo que luego pasó. La crisis del Yon Kippur, asimismo, se enfrentó con altísimas dosis de populismo. Hagan lo que crean conveniente, les decía Franco a sus ministros en el Consejo, pero no suban el precio de la gasolina. Los españoles pagamos carísimo el hecho de que el viejo general no fuese capaz de entender que cuando los costes de algo suben, su precio ha de hacerlo en consecuencia, o la economía se sangra. El petróleo no es como un recluta, no obedece órdenes de mando.

El segundo problema es que nuestro modelo de competitividad está en crisis. Cada país es un modelo de negocio en sí mismo. No estoy hablando de eso de la vocación sectorial, que si la construcción o las energías renovables. Estoy hablando del modelo ecosocial que permite a un país situarse en el entorno internacional como destino atractivo para la inversión. El modelo tradicional español, que duró siglos, era el de una economía fundamentalmente exportadora que basaba buena parte de su riqueza en los réditos obtenidos en sus riquísimas colonias. En el siglo XIX, los proteccionistas catalanes se desgañitaron escribiendo páginas y páginas clamando por la escasa industrialización del país y anunciando que, yendo como iba el mundo, esa falta de industria nacional sería la debacle. Y no se equivocaron.

España tuvo que reinventarse económicamente hablando después de 1898, en un parto lento y dificultoso. Tras la segunda guerra mundial, con el desarrollo económico de Europa, escogió un modelo económico basado en una mano de obra barata que, tras la llegada de los primeros años del PSOE y de la mano del ministro Boyer, se combinó con una radical liberalización de las condiciones para la inversión extranjera. Ese modelo ha aportado notables dividendos desde que en 1986 entramos en la Comunidad Económica Europea, pero se ha acabado. Hoy por hoy, la hora/hombre hispana empalidece en sus costes frente a la hora/hombre letona, y eso sin entrar en el pequeño detalle de que el letón tiende a trabajar más horas. Si vemos las cosas desde un punto de vista global y metemos a China en el bombo, ya podemos ir suicidándonos.

Teóricamente, todo modelo de mano de obra barata se acaba reconvirtiendo, conforme el país se autofinancia con las ganancias, en un modelo distinto basado en la excelencia. Dicho coloquialmente: un productor alemán de teléfonos empieza por instalarse en España porque los trabajadores cobran poco comparativamente con el alemán, pero termina quedándose porque los ingenieros españoles son capaces de diseñar procesos que fabrican teléfonos mucho mejores en mucho menos tiempo.

Y aquí es donde España, en el entorno del último cuarto de siglo, ha fallado. Los últimos 25 años del siglo XX tenían que haber sido los del despegue del sistema educativo español, pero han sido los de su derrumbe. España no ha solucionado ninguna de las deudas históricas de su educación (la más visible de ellas, el dominio de la koiné internacional, hace décadas el francés, hoy el inglés, como segundo idioma) y ha generado otras nuevas. La apuesta educativa española no sólo ha reducido dramáticamente el nivel de exigencia, sino que ha fallado como modelo porque su output son profesionales focalizados (personas que, básicamente, sólo saben de ciencias, o sólo saben de letras, etc.), cuando para cualquier observador avezado le es palmario, desde hace muchos años, que al profesional de éxito se le exige, cada vez más, que sea multidisciplinar. Como ejemplo claro, en el mundo de la empresa de hoy hay cienes de cienes de cienes de cienes de ejecutivos que tienen que estar adecuadamente versados, a la vez, de temas técnicos (por ejemplo, ingenieriles) y jurídicos.

A mi modo de ver, un buen sistema educativo se asemeja a la pieza de un automóvil. El fabricante de un cigüeñal utiliza la competición deportiva, donde esa pieza es sometida a un estrés muy superior al normal de la carretera, para afinar su diseño. Parte de la base, cierta, de que un cigüeñal que es capaz de soportar 10.000 kilómetros en condiciones extremas será capaz de soportar tranquilamente 500.000 kilómetros en condiciones normales. Puesto que los educandos no hacen otra cosa que estudiar (wishful thinking), la escuela se concibe como esa competición donde el cigüeñal es sometido a un estrés específico, que sirve como garantía de que en el mundo laboral seguirá respondiendo.

Éste es, más o menos, el modelo Moyano, que imperó en España durante mucho tiempo, aunque con una prevalencia de las Humanidades que hoy tiene menos justificación, más una serie de medidas relativas al maestro, basadas en principios tan sencillos como que aquél que va a examinar es lógico que se examine antes para demostrar que puede. El actual modelo educativo, en cambio, ha dado la vuelta a la tortilla. Hoy, la escuela es la tranquila vida muelle del coche que se limita a ir y volver del trabajo todos los días; y el mundo laboral es la competición rabiosa. Como consecuencia, lo normal es que, a la segunda o tercera carrera, el cigüeñal se parta en dos.

España tiene que modificar su sistema educativo con absoluta urgencia si quiere poder presentar dentro de diez años un entorno de oferta de capital humano distinto al que ofrece hoy. La crisis es un lago muy profundo. El actual sistema educativo ya no nos puede ayudar a salir del agua, pero el futuro sistema educativo sí nos puede ayudar a secarnos pronto cuando hayamos salido. Si otros se secan antes que nosotros, permaneceremos mojados y cogeremos una (otra) pulmonía.

La reforma educativa no es, además, un asunto sólo de conocimientos. Debería ser, en realidad, la espadaña de otra discusión histórica en la que parecemos no querer entrar a fondo, y es la discusión en torno a los valores que queremos defender. Hace décadas, la cuestión religiosa estaba el centro de este debate; hoy yo creo que no, pero eso no quiere decir que no haya debate.

Cabe preguntarse, por ejemplo, por qué, en España, es delito ser rico. A mi modo de ver, éste es un fenómeno que tiene mucho que ver con la aproximación esencialmente ácrata que ha tenido siempre el pensamiento social de izquierdas en nuestro país, y que nos distingue de casi todos nuestros vecinos, excepción hecha de Italia. El éxito económico, en España, no sólo es algo atacable, sino que es inmoral; y éste es un precepto que sonará bien extraño a cualquier británico, holandés o alemán a quien se lo contemos.

Pero en la reforma educativa encontramos otro problema. ¿Reformar el sistema educativo? Tenga usted en cuenta, señor escribidor, que eso es cosa de las autonomías. Lo cual nos lleva al temita del modelo de Estado.

Otro mal histórico de España, de la España contemporánea, ha sido su excesiva dependencia de las reivindicaciones regionales. Ya Felipe IV se encontró en Barcelona con unas instituciones aragonesas abiertamente hostiles a participar en la financiación de sus acromegálicos gastos bélicos. En el siglo XIX, como es bien sabido, crecieron los particularismos nacionalistas, que acabaron convirtiéndose en el lobby de mayor poder en el país. Terminada la primera guerra mundial, en un momento dulce económicamente hablando pero que paradójicamente colocaba al país a las puertas de una crisis económica tan previsible como grave, un ministro con razonables conocimientos hacendísticos, Santiago Alba, diseñó el que pudo ser el primer sistema fiscal a la empresa realmente moderno. Hasta entonces, el gravamen sobre la actividad económica era fundamentalmente indirecto (el odiado impuesto decimonónico sobre consumos), pero en 1919 ya era bastante evidente que la fiscalidad de la actividad también había de ir hacia el generador del valor añadido, es decir la empresa. Vascos y catalanes, que obviamente estaban llamados a ser los principales paganos de la reforma, le pusieron la proa y la enviaron a dormir el sueño de los justos.

Cuando un grupo de españoles se reunió en 1930 en San Sebastián con la intención, no tanto de diseñar la transición a la República, como de discutir la modernización de España, la mayor parte de su tertulia se consumió en una sola cosa: dar suficientes garantías para las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes, allí presentes. Y qué decir de la Transición política, proceso en el cual dos grandes elementos como son el sistema electoral y la propia organización del Estado son el resultado de la tensión con los nacionalismos.

Hay que repensar la relación entre Estado central y autonomías. Desde las Bases de Manresa y la Ley Paccionada hasta aquí, hemos ensayado un montón de modelos, y casi ninguno ha funcionado (probablemente, el más exitoso es el Fuero navarro; pero tiene el problema de que no es exportable, y ahí está el conflicto con los vascos, conflicto económico me refiero, para demostrarlo). Tampoco ha funcionado el centralismo: nosotros, los españoles, que le dimos una buena patada en su rojo culo al francés, no somos jacobinos. Somos güelfos, y poco más.

Pero es urgente que definamos quién define en España la política económica y, sobre todo, hasta dónde llegan sus prerrogativas derivadas de ello. Porque de nada sirve decir que es el gobierno central el que debe marcar la estrategia, si luego la ejecución por parte de quienes gastan y actúan en la economía es libre. Un ejemplo muy sencillo: si mañana el gobierno español decide que los tiempos no están como para gastar en un Ministerio de Cultura, ¿tiene o no tiene potestad para cerrar las consejerías de Cultura de las comunidades autónomas? Y qué decir de la urgentísima reforma del sistema educativo...

Yo sí creo, en definitiva, que estamos en una encrucijada histórica. Pero, al contrario que los participantes en TransformaEspaña, la verdad es que no soy optimista. Todo lo contrario. España es un país muy creativo y trabajador. Pero tiene también otra característica, y es que tiene una elevadísima propensión a persistir en sus errores. Para que el repensamiento que es necesario se pudiese llevar a cabo, necesitaríamos ser mil veces más autocríticos de lo que somos.

Un ejemplo de lo que digo. La mayoría de nosotros, los españoles, nos descojonamos de la risa con series como The Simpsons, Family Guy o American Dad; las tres son series enormemente críticas con los Estados Unidos, con su sociedad, con su Historia, con su forma de ser; series que no dejan títere con cabeza y en las que aparece hasta el mismísimo Presidente de los Estados Unidos, motejado comúnmente de tonto del culo o cosa parecida. E, insisto, nos parecen cojonudas.

Pero de lo que no nos damos cuenta es de que en España sería imposible realizar una serie así. Imagine el lector lo que pasaría al día siguiente de que en un episodio apareciese Montilla robando carteras en el Metro de Madrid; o Núñez Feijóo dando discursos públicos en gallego y luego viendo en casa películas de Xan das Bolas haciendo de pailán de pueblo y riéndose de él; o Cándido Méndez aprovechando que un mendigo parado está dormido para robarle un jersey. Puede argumentarse que ese tipo de humor ácido existe en España, y se suele poner en ejemplo de Vaya Semanita. Pero no olvidemos que en ese programa los vascos se ríen de los vascos. Los mismos vascos que se descojonan viéndolo pondrían la el grito en el cielo si esos mismos sketch los elaborase, un suponer, la televisión andaluza.

Las personas que no repiten sus errores son aquéllas que tienen capacidad de ser autocríticas y de poner en solfa sus propios presupuestos mentales. Lo que, a mi modo de ver, demuestra la Historia, es que no es, desgraciadamente, nuestro caso.