Libertad de expresión y vergüenza torera

Pocas cosas me gustarían y me motivarían más que saber que este blog lo lee, de vez en cuando, algún profesor de Historia o profesor a secas. Yo nunca he sido maestro y nunca lo seré y, por eso, quizás debiera callarme lo que ahora sé que van a escribir mis dedos porque, de alguna forma, quien no se dedica a algo no debiera dar consejos sobre cómo debe desarrollarse ese oficio.

Pero soy un aficionado a la Historia, aficionado que ha tenido ya la osadía de escribir unas doscientas crónicas sobre el tema, y quizá eso me da algo de fuerza moral para opinar sobre cómo debería enseñarse la Historia, y por enseñar la Historia no me refiero enseñarla a quien quiere hacer de ello su vida profesional (el estudiante universitario) sino quien recibe esa enseñanza dentro de un torbellino de conocimientos, la mayoría de los cuales le parecen inútiles. Me refiero, claro, al estudiante adolescente.

Si yo tuviese que dar clases de Historia a adolescentes les contaría pocas cosas y les haría muchas preguntas. Porque detrás de cada una de las cosas que pasaron suele haber una pregunta, una pregunta muy sencilla: y tú, ¿qué habrías hecho? Contra lo que piensa el distante educando, las cosas que cuenta la Historia le son muy cercanas, porque él mismo podría verse sometido a decisiones de parecido jaez. Luego está esa otra vertiente, que es el juicio de la Historia. Los hechos históricos han de conocerse para ser juzgados; la Historia tiene consecuencias. Nosotros, de hecho, somos esa consecuencia y, como consecuencia que somos, tenemos el derecho, sino el deber, de juzgar los factores que así nos hicieron.

Muy recientemente, el Tribunal Constitucional español ha hecho pública una sentencia en torno a la cuestión de inconstitucionalidad 5152-2000. Recomiendo vivamente a quienes sean profesores que la busquen (está disponible en Internet), que la lean y que, después, la sometan a debate entre sus alumnos. Personalmente considero que, cuando menos a algunos de ellos, les ayudará a entender, al final del ejercicio, lo importante que es conocer la Historia y lo real que es esa frase tan tópica que dice que los pueblos que desconocen su Historia están condenados a repetirla.

El asunto que está en el fondo de la sentencia es, casi diría, menor. Se refiere a la condena del propietario de una librería de Barcelona que en ella vendía diversos libros, folletos y demás en los que, entre otras cosas, se negaba la producción del Holocausto nazi sobre el pueblo judío, en los años en torno a la segunda guerra mundial. Al hilo de este asunto, que ha experimentado el habitual via crucis de sentencias, apelaciones, súplicas y demás escalones procesales, nuestro Tribunal Constitucional dirime que un artículo de nuestro Código Penal es inconstitucional en lo que se refiere a considerar delito la negación del Holocausto.

No niegan nuestros superjueces que es punible expresar juicios degradantes contra diversas razas o etnias o incitar a que sean asesinadas. Sin embargo, considera que la negación de los crímenes contra la Humanidad es una «opinión subjetiva e interesada sobre acontecimientos históricos»; y que, en consecuencia, o así lo entiendo yo, la libertad de expresión nos da a todos derecho a tener una opinión subjetiva e interesada sobre acontecimientos históricos, sin que por ello se nos pueda perseguir.

Aunque a cualquiera que lea este artículo supongo le quedará clara la opinión que me merece la sentencia, eso no debe ser disculpa para que se me nublen los argumentos que existen a favor de una decisión así. Los tribunales, y muy especialmente los constitucionales, son muy reacios a admitir cortapisas a la libertad de expresión. La razón de ello es, en su fondo, la misma que exhiben, por ejemplo, los enemigos de la eutanasia. Se trata de una acción, la limitación de la libertad de expresión, que además de formularla en términos generales, hay, luego, que aplicar. Siempre que admitas que alguien puede limitar la libertad de expresión, debes de tener la certeza de que los hechos sometidos a dicha limitación son indubitables o, dicho de otra forma, que nadie va a poder utilizar esa habilitación para limitar la libertad de expresión en demasía. Por eso pongo el ejemplo de la eutanasia, porque quienes la combaten dicen: el problema no está en permitir que alguien que quiere morir pueda hacerlo; el problema es que, amparado en esa habilitación, pueda algún día llegar alguien que decida que se va a apiolar a unos cuantos miles de ancianos, o de locos, o de retrasados mentales, que le estorban.

Si no he entendido mal la sentencia, en ella se dice además que una cosa es que alguien se dedique a vender panfletos diciendo que hay que matar a los judíos, y otra muy distinta que escriba que nadie los mató durante la segunda guerra mundial, que los campos de concentración no existieron, etc. Es esta segunda una agresión más difusa y, como he escrito antes, se confunde con la pura y simple opinión histórica.

Yo no soy jurista y mi voto no vale más que el de nadie. Pero me gustaría decir que no comparto la sentencia. En mi opinión, este fallo es el fruto de un análisis jurídico por el cual quienes lo realizan pretenden respetar el espíritu y la letra de la norma cuya coherencia dirimen, es decir la Constitución Española. Pero olvidan que la Constitución, con ser la norma más alta de nuestro ordenamiento, no logra tocar el techo, pues por encima de las normas hay algunas otras cosas.

Acertadísimo me parece el voto particular del magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, en el cual le recuerda a sus compañeros algo que éstos supongo saben hasta dormidos: «El artículo 1.1 de la Constitución española declara que tanto la libertad como el pluralismo político son valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico». Dicho de otra forma: por encima de las leyes están los principios y objetivos para los cuales han sido hechas. Una Constitución democrática está hecha, primero que para cualquier cosa, para respetar, enaltecer y proteger la dignidad del ser humano. Obligar a un pueblo masacrado a convivir con negación de la memoria de esa masacre no es ni respetar, ni enaltecer ni proteger su dignidad.

Toda la argumentación del Constitucional se me aparece como un racimo de argumentos sobre la inocuidad de los juicios que niegan el Holocausto, no exentos de buenas intenciones, pero, por encima de todos, de una inocencia que me parece, sinceramente, pasmosa. A pesar de que nuestros magistrados no son tontos y parecen reconocer que se trata de juicios interesados, no dan ni un paso más y, cuando les tocaría concluir que, puesto que no son inocuos, debemos protegernos contra ellos y debemos proteger, muy especialmente a la juventud de su influencia, se frenan.

La sentencia es tan pulcra que a pesar de escribir varias veces la palabra nazi no escribe ni una sola vez la palabra fascismo. El fascismo queda definido, en uno de los puntos del texto, con la harto eufemística expresión «ideologías defensoras de la violencia como método de resolución de conflictos».

No le faltan al Tribunal motivos para pensar. El abogado del Estado, por ejemplo, les apostilla que «no se acierta a comprender por qué estaría justificada la punición del comportamiento consistente en enaltecer al autor de un crimen de genocidio y no, en cambio, la consistente en negar o justificar un crimen de genocidio o en rehabilitar a los regímenes o instituciones que amparan prácticas generadoras de delitos de genocidio». Yo creo que lleva razón. ¿Por qué razón es punible decir «Carlitos ha hecho muy bien cargándose a su mujer, porque las tías son todas unas guarras y hay que darles caña»; pero no lo es decir «no hay un solo hombre que le ponga la mano encima a su mujer; la violencia doméstica es un invento de la Internacional Femenina Judeo-Masónica»? Hay que estar muy ciego, o querer estarlo, para no darse cuenta de que el fondo de la cuestión de ambas frases es exactamente el mismo: denigrar a la mujer, colocarla en situación de ser que puede, debe incluso, ser agredido y dominado. Más aún: nos dice el abogado del Estado, con gran acierto, que profesar ideas tendentes a negar el Holocausto podría llegar a «estimular resortes psicológico-sociales no bien conocidos, y crear una atmósfera social que, como demuestra el desarrollo de los hechos en la Alemania nazi, comienza con la discriminación legal en el acceso a cargos públicos y profesiones, sigue con el estímulo de la emigración de parte de la población, y se extiende e intensifica en todos los campos de la convivencia hasta los extremos de destrucción y exterminio que conoce la Historia».

Si mi abuelo hubiese muerto en un campo de concentración; si mi abuelo, pues, hubiese sido llevado a una situación en la que llegase a pesar menos de una cuarta parte de su peso normal, después de haber sido transportado por Alemania o por Polonia en un vagón de ganado donde no se limpiaban ni los excrementos ni la basura; si mi abuelo hubiese sido obligado a ocupar una fila de personas desnudas, una fila dentro de la cual habría niños, repito, niños de seis, de ocho, de doce años, muchos de los cuales sabrían que iban a morir. Si mi abuelo hubiese sido hacinado dentro de un local cerrado desde cuyo techo comenzase a manar gas insecticida tóxico, y hubiese sido obligado a morir dando boqueadas y tratando de escalar los cuerpos desnudos de sus compañeros, en una carrera imposible y cruel por respirar el último hálito de aire no tóxico. Si mi abuelo hubiese sido obligado a todo eso, digo, un libro en el que se dijese que a las personas como mi abuelo hay que matarlas me heriría; pero un libro en el que se dijera que mi abuelo murió de un ataque de risa mientras cenaba pato a la naranja me heriría en la misma proporción. Y de un sistema democrático que no me facilitase cuando menos la protección jurídica de no tener que leer ni escuchar esas cosas pensaría que es, decididamente, perfectible.

A mi juicio, el Constitucional comete el error de no darse cuenta de que no siempre el mayor culpable de un crimen es quien lo comete realmente y que, en consecuencia, no siempre el peor pecado de inducción se produce por parte de quien ordena claramente una muerte, la pide o la exige. Adolf Hitler, el líder nacionalsocialista alemán, dio muchos mitines antes de llegar al poder. Quizá los señores magistrados deberían repasar esos discursos (claro que les costará encontrarlos, porque hay lugares del mundo donde su edición está prohibida). Si lo hicieran, verían que Hitler tardó mucho tiempo en declamar públicamente que había que ir a por los judíos; en no pocos de sus discursos los denigra, los hace diana de sus invectivas, de sus acusaciones, de su opinión subjetiva sobre la Historia; pero en modo alguno dice que haya que exterminarlos. La pregunta que yo le haría a los redactores de la sentencia es: en consecuencia, ¿podemos considerar que esos discursos son inocentes del delito de provocar un genocidio? ¿Verdaderamente no son un escalón más de una escalera muy larga que lleva a la convicción de que lo mejor que se puede hacer con tu vecino es cortarle las barbas, separarlo de su mujer y de sus hijos, obligarlo a cavar un hoyo y, una vez hecho, a que se meta dentro antes de recibir un tiro en la cabeza? ¿Verdaderamente el único culpable de ese crimen es el soldado que aprieta el gatillo?

De hecho, la parte más repugnante de la actuación antijudía de Hitler, los asesinatos en masa, jamás fue ni anunciada, ni admitida, ni tan siquiera insinuada, en los discursos del Führer; fue necesario que el ejército aliado penetrase en Polonia, Alemania y otros territorios para que pudiese descubrir la tristísima verdad que aquel señor tan valiente le ocultaba a todo el mundo.

Todo eso, sin embargo, fue posible por algo. Fue posible por las decenas, centenares, miles de ocasiones en las cuales el propio Hitler, o Goebbels, o Himmler, o Göring, o cualesquiera otros corifeos de la barbarie, dijeron y repitieron cosas como: los judíos son culpables. Ellos nos roban, ellos conspiran contra nosotros. Alemania no es grande porque los judíos mueven los hilos contra ella. Los judíos te tienen sin trabajo, los judíos son los responsables de que sólo puedas comer chucrut de mierda. Los judíos son los cabrones de esta historia.

Antes de la violencia, antes del asesinato, antes del genocidio, todo lo que hubo fueron «opiniones subjetivas e interesadas sobre acontecimientos históricos». Y qué bien le hubiese ido a la Humanidad si, en ese momento, algún juez le hubiese parado los pies al nacionalsocialismo paranoide.

Como bien recuerda en su voto particular Rodríguez-Zapata, esta actitud de considerar un crimen la trivialización o negación del genocidio nazi no es algo inhabitual. El delito existe en Alemania, Austria, Bélgica, la República Checa, Eslovaquia, Francia, Holanda, Liechtenstein, Lituania, Polonia, Rumania, Suiza y, por supuesto, Israel. Claro que todos estos países, salvo Suiza, comparten de una forma u otra una característica de la que nosotros carecemos: son países que han vivido bajo la bota nazi. Ellos, que lo vivieron, saben de lo que hablan.

En otro voto particular, el magistrado Ramón Rodríguez Arribas se muestra claramente partidario de evitar lo que él denomina «democracia ingenua», definida como aquélla que lleve «el supremo valor de la convivencia hasta el extremo de permitir la actuación impune de quienes pretenden secuestrarla o destruirla». Amén, señor magistrado. Supremo no quiere decir gilipollas.

¿Tiene derecho a la libertad de expresión quien la usa para alimentar un ambiente social que acabe con la libertad? ¿Acaso se insulta y se desprecia más diciendo «te pegué porque me salió de las narices» que diciendo «¡que no, mujer, que no fue así!; te diste con una puerta, ¿no te acuerdas?» Si la democracia es un partido de fútbol, ¿tenemos derecho a echar del campo a quien se obstina a coger la pelota con la mano y jugar al rugby?

¿Libertad de expresión, o respeto hacia las víctimas de la barbarie? Discutir esto se me hace, la verdad, bastante más útil que andar estudiando los montes más altos de la Comunidad Autónoma de turno.