Los reyes católicos y Canarias (los atropellos de palmeros y guanches)

La última vez que escribimos sobre los reyes católicos y los canarios habíamos dejado a los habitantes de la isla de La Gomera encabronados con Fernán Peraza, su gobernador, a causa de algunas putadas que les había hecho, entre ellas intentar engañarlos para venderlos como esclavos en la península. Los enfrentamientos, también hemos dicho, fueron yendo a más con el tiempo y acabaron por estallar en 1488, fecha en la que algunos gomeros se alzaron, se fueron contra Peraza, lo mataron y asediaron a su familia.

Beatriz de Bobadilla, para entonces ya viuda de Peraza, reclamó ayuda del ínclito Pedro de Vera, gobernador de Gran Canaria, quien se presentó en la isla con una compañía de soldados que logró liberar a la familia de Peraza y reinstaurar el orden. A partir de ahí, tanto De Vera como De Bobadilla se colocaron al frente de una represión en la que no faltaron gestos tan edificantes y cristianos como tirar a niños al mar, donde se ahogaron. Los que quedaron se los repartieron como esclavos, de forma que la isla quedó básicamente despoblada. Incluso los soldados participantes en las acciones de pacificación fueron pagados con esclavos. Así las cosas, durante todo el año 1489 los puertos andaluces y del Levante español vieron llegar barcos cargados de gomeros y gomeras que iban a ser vendidos como esclavos.

Y aquí habría terminado la historia de los gomeros rebelados si hubieran sido dominados por, un suponer, ingleses. Pero ya se sabe que Spain is different, aunque los ingleses pretendan que no es así.

El obispo Juan de Frías había fallecido cuatro años antes, y había sido sustituido por fray Miguel López de la Serna. Éste fue el valiente sacerdote que se presentó en la corte de la reina para denunciar el trato que estaban sufriendo unos canarios libres.

Hay que decir que los reyes, inicialmente, respaldaron las ventas de gomeros esclavos. Las primeras producidas, en Ibiza, fueron avaladas por la Corona, que por entonces creía que los vendidos eran herejes no cristianizados que se habían rebelado contra el poder castellano. Sin embargo mosén Çalba, gobernador de Baleares, sí que se negó a la venta, por sospechar que los llevara furtados, y que eran christianos y no dados por de buena guerra. Fue esta resistencia del gobernador la que llevó a Beatriz de Bobadilla, la empresaria de aquel envío, a informar a la Corona, y la que provocó que ésta apoyase la venta. Sin embargo, casi inmediatamente llegó a la Corte el obispo de Rubicón, Miguel López de la Serna, que fue quien les informó de que los vendidos eran cristianos y que, además, en su mayoría eran parientes de los asesinos de Peraza, pero no asesinos ellos mismos.

A partir de ahí, se abre un periodo de investigaciones, idas y venidas que culmina con una real cédula de 27 de agosto de 1490, que da la razón a los gomeros, decreta su libertad y nombra los comisarios para que la lleven a cabo, en la persona del propio De la Serna y del obispo de Málaga, Pedro de Toledo. El obispo de Rubicón, sin embargo, habría de morir el 11 de octubre de dicho año en Trijueque. Fue enterrado en la iglesia alcarreña y durante siglos se conservó una lápida en el lugar de su enterramiento, desaparecida no obstante en la guerra civil tras un bombardeo. Sinceramente, creo que las Canarias en general, y La Gomera en particular, no han hecho todo lo que deberían hacer por rehabilitar y homenajear la figura de su gran defensor. 

En noviembre de aquel mismo año, el escribano de la Corte Gonzalo de Córdoba era añadido a la misión de rehabilitación de los gomeros.

Todos aquellos canarios perdidos estaban concentrados, sobre todo, en cinco lugares: Palos, Jerez, Sevilla, Valencia e Ibiza. Todavía dos años más tarde, Fernando de Aragón sigue expidiendo cédulas para solicitar información acerca de los gomeros vendidos como esclavos.

Isabel la Católica, en todo caso, no se contentó con liberar a los gomeros. También inició un proceso en el Consejo Real contra Pedro de Vera y Beatriz de Bobadilla, a los que exigió una fianza de medio millón de maravedíes cada uno, como fondo de indemnización para los compradores de los esclavos gomeros. Más tarde, Vera fue incluso cesado como gobernador de Gran Canaria. Vera intentó por todos los medios pasarse el resto de la vida atendiendo demandas judiciales y solicitó de los reyes que todo conflicto se rindiese con los fondos de su fianza; a pesar de ello, al parecer no se libró de ser denunciado individualmente por algunos compradores de esclavos. Beatriz de Bobadilla, sin embargo, se hizo la orejas y “no recibió” la comunicación real; algo que era posible en un tiempo en el que no existían ni el burofax, ni los acuses de recibo ni nada de nada. El 30 de abril de 1491 se renovó la demanda, esta vez a través de Francisco Maldonado, sustituto de Pedro de Vera en el gobierno de la Gran Canaria.

Bea terminó por comparecer ante el Consejo Real en septiembre de aquel año. Tras su declaración, hecha en Córdoba, el Consejo se reafirmó en su primera decisión, pero ella le puso mil problemas, además de aportar una gran cantidad de documentos que, según ella, avalaban su derecho de venta de los esclavos. Negaba que los gomeros fuesen cristianos pues, decía, viven desnudos e tienen ocho o diez mugeres. Aducía también la buena señora que los gomeros habían sido sorprendidos realizando viejos ritos y que habían aceptado que si eran sorprendidos de nuevo podrían ser vendidos como esclavos. Con todas estas cosas doña Bea consiguió aplazar la fianza hasta la decisión final del Consejo, que se produjo con fecha 8 de junio de 1492, probablemente negativa de nuevo para los intereses de la esclavista.

Como ocurre siempre en estos casos, hubo algunos canarios que fueron localizados pero no plenamente liberados porque, la verdad, en su vida esclava habían encontrado una nueva existencia. Es el caso de una joven niña gomera, que no fue devuelta a Canarias porque su propietario, Pedro Valls de Mallorca, le comunicó al rey Fernando su intención de dotarla y casarla como si fuera hija suya. Lo mismo hizo Juan Albanell, vecino de Barcelona, con otra gomera que había comprado siendo una niña; motivo por el cual los Albanell de toda la vida de Barcelona han sido, desde entonces, bastante morenitos de tez.

Estas historias, sin embargo, se combinan con otras en las que jóvenes gomeros que eran entregados a señores para que los instruyesen o les diesen un oficio, en realidad eran semiesclavizados o incluso llegaron a venderlos como esclavos, como le ocurrió a un tal Juan, vendido por su empresario, el sevillano Francisco de Espinosa. Por todo ello, los reyes católicos acabaron por nombrar a dos comisarios: Diego de Muros, por entonces ya obispo de Rubicón; y Luis de Castilla, capellán real. Ellos debían investigar todas las circunstancias de la vida de estos gomeros, y proceder a su liberación si fuese necesario.

Vayamos con los guanches y palmeros. Tiempo después de producirse el descubrimiento de América, en la política canaria de los reyes católicos todavía quedaban pendientes dos conquistas: La Palma y Tenerife. Estas conquistas, además, se producirían en condiciones económicas más limitadas, puesto que el Papa Sixto IV, probablemente disgustado por el golpe de mano que había dado la Corona disponiendo por sí misma de los fondos de las limosnas, suspendió la vigencia de la bula y, consiguientemente, secó de financiación la misión de ocupar las Canarias. En esas circunstancias, los reyes tenían que buscar algún incentivo para su capitán, Alonso de Lugo; y éste no podía ser otro que la venta de esclavos.

Por lo tanto, los reyes le concedieron al conquistador derechos sobre las personas que encontrase en La Palma o Tenerife. Como eran ya territorios parcialmente cristianizados, fue necesario delimitar bien dónde podía meter la mano. En Tenerife, los reinos de Adeje, Abona y Güimar se habían confederado con los castellanos ya en tiempos de Pedro de Vera, y Maldonado había unido el reino de Anaga. A ello se unieron dos reinos en La Palma, todos ellos pues declarados de paces, garantizándose con ello la libertad de sus habitantes. Eso sí, los que estuviesen fuera de estas demarcaciones eran considerados cautivos de buena guerra, aunque personalmente se mostrasen proclives a la conversión.

La Palma fue fácilmente ocupada en 1493. Tenerife llevó más tiempo, es decir los tres años que siguieron. A partir de ese momento, los habitantes de las áreas que no eran de paces fueron apresados, sacados de las islas y vendidos como esclavos.

Alonso de Lugo, sin embargo, no habría de pararse en ello.

La adhesión de dos pequeños reinos de la isla de la Palma a los bandos de paces se produjo con la ayuda de una indígena local, Francisca Gazmira. Este pacto permitió precisamente que la ocupación de La Palma fuese tan sencilla. Pero, una vez concluida la operación, Alonso de Lugo hizo ir a Francisca ante los régulos para exigirles la entrega de 25 jóvenes rehenes que deberían ser llevados a la Corte. Por supuesto, aquellos rehenes no eran tales y, nada más llegar a Sevilla, fueron vendidos como esclavos. Como la operación le salió bien, durante su estancia en la Corte, Alonso elaboró informes en los que afirmaba la deslealtad de los palmeros, conminando a los reyes a afirmar su derecho a reducirlos a la esclavitud. Acababa de inventar Alonso de Lugo una categoría que sería pronto muy usada en América: el cautivo de segunda guerra, es decir, la persona inicialmente colaborante que sin embargo acaba por descubrir sus intenciones y rebelándose.

Probablemente conocedor de que el principal peligro que tenía su plan era el testimonio de Francisca Gazmira, optó por realizar una operación contra los gazmiros, un clan de algo más de treinta familias que vivía en las cuevas de Ferrera. Cayó sobre ellos con sus tropas e hizo más de 200 prisioneros, que entregó al sevillano Francisco Espinosa, que los vendió en la península.

En Tenerife la cosa no fue mejor. Situado en una posición comprometida tras ser derrotado en Acentejo, Alonso de Lugo reclamó la protección de los guanches del reino de Güimar, uno de los confederados. Tras haber sido protegidos, los españoles invitaron a algunos guanches a subir a los barcos, de donde ya no salieron sino para ser vendidos como esclavos. Y eran los tipos que les habían defendido en la retirada... A unos cien guanches de Tegueste, que se bajaron de la montaña clamando que querían ser cristianos, los acogieron, bautizaron... y después los embarcaron hacia España, donde fueron vendidos. 

Con todo, lo más escandaloso es el ruin engaño labrado hacia los guanches de Anaga y Adeje.

En 1497 había visitado Tenerife el obispo de Rubicón, Diego de Muros; visita que aprovechó para bautizar personalmente a cientos de guanches. Tiempo después, Alonso de Lugo hizo llamar a los confederados de Anaga, unos doscientos canarios, todos ellos libres y que, además, habían asistido a los castellanos en la conquista de la isla. Fueron cautivos y enviados para la venta como esclavos. Quiso repetir Alonso la celada con los de Adeje, pero éstos se hicieron los longuis, conocedores de la celada anterior. Así las cosas, se preparó a un hombre vestido de ropajes litúrgicos diciendo que era el obispo y, cuando los canarios fueron a verle, los prendieron.

Con ésta y otras mañas, Alonso de Lugo consiguió secuestrar y vender como esclavos a más de mil guanches libres. Una parte de los cuales, por cierto, acabaron propiedad del duque de Medina-Sidonia, quien los tuvo escondidos para hurtarlos de la vista de los corregidores.

Por lo que se refiere a los régulos de aquellos pequeños reinos, Fernando de Anaga fue obligado a trasladarse a Gran Canaria. Su hijo, Enrique de Anaga, fue prendido por Alonso de Lugo y vendido como esclavo, y no recuperó la libertad sino tras las pesquisas de los comisarios regios nombrados para la liberación de palmeros y guanches. El propio rey de Anaga acabó reclamando ante los reyes en 1502, ya que, adujo, en el traslado forzoso a Gran Canaria Alonso de Lugo se había quedado con buena parte de su patrimonio en ganado.

Diego, antiguo régulo de Adeje, reclamó ante los reyes en 1505, quien adujo que Alonso de Lugo le había ocupado toda su hacienda por la fuerza.

A causa de todas estas denuncias, en 1508 Alonso de Lugo fue objeto de lo que entonces se denominaba juicio de residencia. Lope de Sosa, juez especial y adelantado de Canarias, acabó por sentenciar que Alonso debía de pagarle 40.000 maravedíes a los hijos de Diego de Adeje (quien probablemente habría muerto para entonces), más otros 50.000 a un tal Andrés de Güimar, probablemente también descendiente de algún régulo. Otro príncipe, éste de La Palma, que también recibió compensaciones fue Pedro Fernández de La Palma.