Hay un hecho incontrovertible aunque mucha gente no lo sepa, y es que el peor enemigo de un gobernante es otro gobernante. La gente normalmente piensa que la respuesta a la pregunta es: la oposición; pero, la verdad, la oposición, las más de las veces, es tan solo un ente vociferante que se lleva las victorias en alguna prensa y en las redes sociales; y con eso le ha de bastar, porque le falta el elemento esencial de todo político, que es el poder de firmar en los boletines oficiales.
Por esta razón, por mucho que queramos ver lo más de lo más del clinch político en los debates del estado de la nación y otros embroques entre gobernantes y oposición, los verdaderos smackdown entre gentes de la cosa pública no se producen en esas ocasiones señaladas, sino más bien en el día a día de la administración cotidiana. Momentos en los que, usualmente, los diferentes gobernantes se sueltan unas patadas en las canillas cuyo principal pagador, muchas veces, son nuestro bienestar y nuestros derechos. Eso que te cuentan los políticos de que están ahí para servir a la gente es una tramoya china de escaso empaque. Lo que un gobernador quiere es gobernar y, a ser posible, que otros gobernantes no le den por culo.
Esta realidad que, lo digo, es universal, adquiere proporciones ciclópeas en aquellos lugares donde se han desarrollado grandes ciudades. La gran ciudad es un tremendo elemento distorsionador del poder, dado que un gran ayuntamiento no es exactamente lo mismo que un ayuntamiento. El poder local tiene sus límites y está para lo que está, pero cuando se ejercita sobre una colectividad de millones de personas, con una capacidad recaudatoria muy superior a la de algunas regiones e incluso países, ese poder local se convierte en una especie de Alien, un monstruito que quiere ser Godzilla y hacerle sombra a sus hermanos tan sólo teóricamente mayores. Hemos tenido en la Historia reciente un ejemplo bien patente en el pulso que le han echado las grandes ciudades estadounidenses a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump sobre la aceptación de inmigrantes.
A ningún alcalde de gran ciudad le gusta verse como un enorme limpiacacas, responsable del aparcamiento, de las luces de la calle y de la basura. Y lo cierto es que si alguna vez hubiese algún regidor que asumiese esa labor con humildad, probablemente los electores lo echarían a las primeras de cambio; porque el primero que se ha acostumbrado a tener gobernantes locales que solapan sus competencias y se meten donde nadie les ha llamado, y además está encantado; el primero, digo, es el votante. Ésa es la política del siglo XXI: tipos que dan por saco, y gente que llora de placer.
¿Estoy hablando de Madrid? Pues sí. Pero no del Madrid actual. Del Madrid actual ya le tocará hablar a algún ignoto bloguero del 2090, aunque la verdad yo hay veces que me parto pensando en el tipo de historias que contará. En realidad, a mí me es muy fácil completar este discurso pues lo cierto es que esto de que el ayuntamiento de Madrid se crea la polla de Montoya no es nuevo. Y para demostraros que es así hoy os voy a contar aquí una anécdota, o algo más que una anécdota, que ocurrió hace casi 100 años: en 1922.
Estamos en 1922, sí. Madrid es, a nuestros ojos de hoy, una ciudad pequeñita y abarcable, una ciudad de provincias de nivel. Para los españoles de entonces, sin embargo, Madrid ya es una gran urbe difícil de abarcar y que, además, se caracteriza por estar llena de zanjas. Porque sí, ha habido muchos tiempos en Madrid en los que la ciudad ha estado llena de zanjas, y éste que relato es uno de ellos. La mayor parte de aquellas zanjas se refieren a las obras de construcción y ampliación de las líneas del ferrocarril metropolitano, que apenas tiene tres años de existencia.
El Metro de Madrid se ha convertido, en tan corto espacio de tiempo, en el medio de transporte más popular en la ciudad. Nadie puede competir con él en rapidez y los madrileños, la verdad, están encantados con él desde el mismo día de la inauguración. Aquel no tan lejano día en que se abrió por primera vez la línea Sol-Cuatro Caminos, los trenes de la línea sólo sirvieron paradas en la primera y última estación, ante la imposibilidad de gestionar los ríos de gente que se quería subir; y, de hecho, estuvieron funcionando hasta bien entrada la madrugada para poder agotar las colas kilométricas de ciudadanos que esperaban para hacer su viaje. El Metro era un proyecto exitoso, y ya se sabe lo que pasa cuando ocurre una cosa así.
La clase política da dos tipos de políticos: los que ante un proyecto exitoso ven una oportunidad de desarrollo, y los que ven una oportunidad de recaudar. En España, según algunas investigaciones, el último político del primer tipo murió de unas tercianas durante el reinado de Carlos IV. A partir de entonces, todo lo que hemos tenido es políticos que cuando miran una vaca sólo ven las ubres. Álvaro Figueroa Alonso Martínez, marqués de Villabrágima, era en 1922 alcalde de Madrid, y era de éstos.
Don Álvaro, que estaba encantado con el éxito del ferrocarril metropolitano, que incluía a Madrid en la elite de las grandes ciudades mundiales, también apreció inmediatamente, con ese radar que tienen para la pasta los que gestionan la de todos, la posibilidad de sacar tajada. Caviló: al fin y al cabo, el metro es una concesión; utiliza el subsuelo y la vía pública, que es propiedad del Ayuntamiento (así es como razonan los ayuntamientos; en realidad, habemos algunos que pensamos que los ayuntamientos gestionan la vía pública, no son sus dueños. Pero, bueno...) Además, siguió cavilando, cada vez tiene más usuarios y, como digo, no se puede ir a otra parte. Conclusión: ¡gravémoslo con impuestos!
En los inicios de 1922, consecuentemente, el Ayuntamiento comunicó a la compañía explotadora del Metro que debía firmar un convenio con el poder local en el que se fijaban una serie de arbitrios y exacciones a pagar al Ayuntamiento. La junta de accionistas de la Compañía Metropolitana Alfonso XIII se reunió y ratificó las contestaciones que por escrito le había dado el Consejo de Administración al Ayuntamiento. Contestaciones que se pueden resumir en el concepto: pagar, yo pago; pero tú, macho, no mames.
Más en concreto, el Metro se avenía a pagar el canon por construcción que le pedía el alcalde; pero, en lo relativo al canon pagadero por kilómetro de línea, decía, se declaraba dispuesto a pagar únicamente el que ya pagaban los tranvías.
Aquí está la madre del cordero. Villabrágima, haciendo caso de su ADN recaudador y al grito de ¡Los impuestos molan!, había fijado un canon al Metro por ser el Metro que era treinta veces (treinta) más grande que el que pagaban los tranvías de Madrid. A ello había que unir, recordaba la Compañía, que una sentencia del Supremo establecía que las concesiones ferroviarias comportaban la ocupación gratuita de los terrenos de uso público, por lo que no había lugar a la imposición de arbitrio alguno, como pretendía el alcalde.
Hay que recordar, por último, que la ley vigente en materia de haciendas locales establecía claramente que un ayuntamiento no podía imponer exacciones diferentes a concesionarios que explotasen el mismo servicio. Por lo tanto, la diferente imposición sobre Metro y tranvías era, más que probablemente, ilegal. Cosa que, por otra parte, nunca o casi nunca ha parado a un gobernante en pleno furor cobratorio.
Y aquí empieza el vodevil.
Don Álvaro suspendió las obras del Metro. Prohibió que siguiese la construcción de líneas, el trabajo de los obreros, los movimientos de tierra, todo, mientras la compañía no pagase. Así se lo hizo saber los periodistas, a los que recibió en su despacho personalmente para comunicarles la noticia de que sus gónadas superaban en volumen a la de cualquier otro poder en España. La Compañía, por supuesto, reaccionó diciendo que continuaría los trabajos porque pensaba que, ejem, el señor alcalde no era quién para paralizar unas obras.
Para entonces era ministro de Gobernación, o sea de Interior, Vicente Piniés Bayona, un político conservador aragonés. Ya se sabe lo que se dice de los aragoneses: que son tercos como ellos solos. Vicente, oscense perdido, debía ser de ésos, porque cuando se encontró con el pastel se dio cuenta de que, efectivamente, el alcalde estaba excediéndose en sus atribuciones. Que no podía paralizar unas obras porque a él le diese la gana. Que, de hecho, la obligación de la policía, lejos de apoyar sus peripatéticos decretos, era garantizar la libertad de trabajo. Hay que recordar, además, que estamos en 1922, un momento en el que las agitaciones obreras en Barcelona, el llamado pistolerismo, estaba en todo lo gordo. Piniés sabía que si a los obreros se les impedía trabajar se declararían en huelga, y que si eso ocurría ya nadie sabía hasta dónde llegaría la mancha de aceite.
Así pues, envió policías y guardias civiles a las obras, sí; pero no para pararlas, sino para garantizar el derecho al trabajo.
Preguntado por los periodistas, Piniés fue categórico: "Yo no suspendo nada, porque esa cuestión no ha llegado a mí". De hecho, añadió: "ni sé ni me importa todavía quién tiene razón". A él todo lo que le importaba era evitar las alteraciones del orden público, y eso es lo que iba a hacer. De una manera taimada, pues, venía a decir el señor ministro que si el alcalde quería decretar chorradas, por él como si se la machacaba con dos piedras. Pero que si sus ocurrencias eran susceptibles de provocar follón, entonces actuaría.
Y lo hizo. Frente al Museo Antropológico estaban entonces plantadas las obras de lo que hoy es la estación de Metro que se emplaza allí. Había allí cerca de quince guardias de vigilancia al mando de un teniente y un suboficial, amén de ocho números de la Guardia Civil. A las nueve de la noche se presentó allí el teniente de alcalde del distrito, Prudencio Díaz Agero, quien al parecer se dejó en casa el nombre. Se dirigió a las obras y al intentar pasar la valla, el teniente de vigilancia se le cruzó. Díaz informó de que era el teniente de alcalde y estaba allí para suspender las obras. El jefe de los guardias se identificó y le dijo que no podía hacerlo y que él tenía orden de proteger las obras y su realización; o sea, le dijo elegantemente que si era teniente de alcalde como si era la Chelito en tempura. El teniente de alcalde dijo entonces que levantaría acta de lo sucedido y conminó al jefe de los guardias a que la firmase, y éste le contestó que no tenía que firmar nada. Entonces Agero hizo un último intento: soy teniente de alcalde y tengo derecho a inspeccionar unas obras que se producen en la vía pública (una vez más, esa sutil diferencia entre administrar un bien y poseerlo); el policía le contestó fríamente que allí no se haría nada que no ordenasen el Director de Orden Público o el señor ministro de la Gobernación.
El teniente de alcalde, más corrido, que se decía entonces, que una mona, se dirigió al cercano Instituto Ramón y Cajal y allí mismo, desde el propio despacho de don Santiago, llamó al alcalde quien, indignado, anunció: voy para allá.
Álvaro Figueroa era un joven nacido para político. Para empezar, era hijo del conde de Romanones, uno de los grandes poderes fácticos de la clase política de la Restauración. Además, era un ganador acostumbrado a llevarse el triunfo; en puridad, la única derrota importante que había sufrido la había experimentado como jugador de polo, en los Juegos Olímpicos, pues perdió su final contra Inglaterra. Pero su medalla olímpica y su valor de casta lo animaban a llegar adonde fuera necesario. Aunque, la verdad, después de los hechos que vamos a contar aquí, prácticamente desapareció para la Historia.Su canto del cisne fue salir elegido diputado por Guadalajara en las elecciones del 36. Pero para entonces ya sólo era uno de los hijos de Romanones.
En 1922, sin embargo, Álvaro Figueroa decidió que a un teniente de alcalde suyo no le tosía nadie, así pues se dirigió personalmente al lugar de los sucesos. Hizo mandar antes al subjefe de la policía municipal, Manuel Garrido, al mismo lugar, y a las nueve y media llegó él en su coche oficial. Iba acompañado de otro teniente de alcalde, José Fernández Cancela (que, honradamente, no sé si es el mismo JFC al que el actual Ayuntamiento quiere quitar su calle por haber sido de la CEDA durante la República); y de un concejal apellidado Tato Amat, que podría ser Miguel Tato Amat, periodista, aunque no lo puedo asegurar.
El conde de Villabrágima se identificó ante el teniente de los guardias y, acto seguido, intentó traspasar la valla de las obras; gesto que le impidió el policía como había hecho antes con el teniente de alcalde. Figueroa se retiró al automóvil y parecía que todo iba ser un cervantino fuese y no hubo nada, cuando Garrido entró en acción.
La enemiga entre las policías municipales y la policía nacional es legendaria. Yo tengo para mí, y no sé si me equivoco, que los policías y guardias civiles consideran que los pitufos son una especie de policías de baja intensidad, de miembros subalternos de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado; que son, vaya, tipos cuyo sexo y condición se les va en regular el tráfico y dos o tres movidas más. Así pues, son cuerpos que no dan la impresión de tener excelentes relaciones; y, desde luego, aquella noche de marzo de 1922 no las exhibieron.
Manuel Garrido, quien como hemos dicho era el número dos de la policía de Madrid, consideró, y así lo dijo en voz alta, que tenía todo el derecho a traspasar la valla de las obras, y allí que se fue. En ese momento los guardias civiles que estaban dentro salieron para afuera, le arrearon a Garrido tres o cuatro culatazos que le quitaron las ganas de avanzar y, según las crónicas periodísticas, hicieron sonar los cerrojos de sus fusiles. E hicieron algo más; algo histórico. Con sus armas amartilladas, las apuntaron hacia el coche oficial del alcalde; o sea, a él, porque estaba dentro.
Os preguntaréis, tal vez, por qué esa anécdota fue protagonizada por Garrido; esto es, por qué no estaba allí el jefe de la Policía Municipal, que como ya habréis recordado la mayoría, era por entonces Eduardo Martínez Camarero. Este señor que daba la casualidad de exhibir unas iniciales einstenianas debía de ser todo un punto filipino, pues el diario ABC nos informa de que apenas dos años después, 1924, estaba imputado judicialmente y en la trena, sin que os pueda aclarar del todo cuál era su delito. Pero aquella noche, libre como un pájaro y ostentando además el mando sobre el digno cuerpo policial de la villa, se dedicó, siguiendo instrucciones de su alcalde, a revisar las diferentes obras que tenía abiertas el Metro en el eje de la calle de Alcalá. Llegándose EMC a la Gran Vía, intentó pasar una valla, ante lo que los policías de guardia le conminaron a darse la vuelta. Se la dio, sí; pero tan sólo para llegarse hasta el Ministerio de la Guerra, donde también había una zanja (estación de Banco de España) y ser allí testigo de cómo un guardia civil estaba arreándole unas hostias a un pitufo. Fue a defenderlo, momento en el cual un cabo de la Benemérita se le abalanzó, con el sable en alto, declarando que estaba detenido.
Éstos fueron los hechos más sobresalientes. Pero lo cierto es que fueron varios los tajos del Metro en los que durante esa noche la Guardia Civil y la Policía Municipal se intercambiaron saludos y otras lindezas; y en la Puerta del Sol todo acabó con una carga policial en toda regla. Eso si, todos los detenidos estaban libres antes de la medianoche. Villabrágima, por su parte, reunió a la corporación en un encuentro que duró hasta las dos y media de la madrugada, reunión de la que lo más sobresaliente que salió fue un bochornoso (en mi opinión) bando del señor alcalde que cuando uno lo lee no acaba de saber si fue escrito para alzar al pueblo de Madrid como en un 2 de mayo cutre.
Mientras Álvaro de Figueroa soliviantaba a su gobierno municipal, algunos de cuyos miembros volvían del calabozo, Piniés no perdía el tiempo. ¿Dónde estaba el señor ministro de la Gobernación? Pues, en realidad, a muy pocos metros del caserón del Ayuntamiento. estaba en el Teatro Real, donde había una representación de ópera. Y no estaba ahí porque le gustase el bel canto, sino porque le habían dicho que allí estaba el rey. En la Restauración, es importante matizarlo, los concejales eran elegidos por los votantes, pero al alcalde lo nombraba el gobierno. O lo cesaba. Porque el caso es que Piniés se presentó en el teatro con el borrador de un decreto por el cual Álvaro de Figueroa quedaba cesado como alcalde de Madrid, sustituido por José María de Garay, conde del Valle de Suchil. Alfonso XIII, quien por cierto era accionista de la Compañía Metropolitana, así pues era juez y parte, lo firmó sin un pestañeo.
Aquella noche de marzo de 1922 dio para muchas tertulias en tabernas y colmaos madrileños. El alcalde, ya ex alcalde, quedó como la mierda; eso sí, tuvo una postrera venganza, porque le montó una de tres pares de narices al pobre conde del Valle de Suchil el día de su toma de posesión. Los gatos, mientras tanto, desplegaron toda su mala leche hacia su regidor porque, la verdad, aquí en Madrid poner a parir al alcalde es deporte nacional. Se hicieron cienes y cienes de chistes en los que se contraponía la vara (símbolo del poder municipal) con el metro; en 1922, todavía eran muchos los madrileños que podían recordar la imposición del sistema métrico, que había desterrado precisamente la vara como medida; y por eso, ahora, decían cosas como que la vara al alcalde medía "un metro y dos palmos de narices".
Con todo, el chiste más exitoso fue aquél en el que un madrileño preguntaba a otro: ¿tú sabes si el Metro pasa por debajo del Ayuntamiento? Y el otro contestaba: al contrario; le ha pasado por encima.
Que yo sepa, ésta es la única ocasión en la Historia de Madrid en la que un alcalde ha sido encañonado por la fuerza pública en ejercicio de su labor.
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