A los dos redactores de este blog nos pasa lo mismo. No somos historiadores (yo no sé Ina, pero en mi caso, al hecho de no serlo se me une el de que a no pocos de ellos me cuesta tenerles respeto), somos por lo tanto lectores-escritores, leemos, fundamentalmente, acerca de la Historia de España, pero no es ésta nuestra única dedicación. En mi caso, creo que ya he confesado alguna vez mi debilidad hacia los libros de ciencia; ayer por la noche, sin ir más lejos, pasé las horas previas al sueño leyendo un ensayo sobre la ecuación de Shannon.
Pero de ciencia no voy a hablar. Para eso está Omalaled. Otra de las lecturas «extra blog» que realizo es la Histoira, pero del mundo. Sé que a Ina le ocurre lo mismo, es más, él, como persona que es muy viajada, tiene otra visión de muchas cosas más, por así decirlo, global que la mía.
Ambos, Ina y yo mismo, hemos reflexionado alguna vez, por correo electrónico, sobre si a los pacientes lectores de estas notas les molestarían las digresiones. Porque este blog se llama Historias de España y no pretende nada más que contar Historias de España (ya sé que aquí detrás hay una discusión interminable, y es qué es España; pero eso forma parte del juego). Incluso manejamos la posibilidad de crear otro blog hermano, Historias del Mundo, y volcar ahí nuestras lecturas de más allá de los Pirineos. No obstante, lo hemos desechado por razones logísticas. Este blog es gratis para el que lo lee y gratis para el que lo escribe. Y así seguirá siendo, porque ésta es la grandeza de internet. Mi retribución es la constancia, via mensajes, o sino la sospecha, de que alguien ha podido aprender algo que no sabía leyendo esto. Una de las cosas más divertidas que me han pasado desde que empecé este blog es el pequeño paquete de lectores que me ha confesado un triunfo en alguna reunión familiar o de amigos contando la anécdota de Miguel de Molina y los fachas que le petardeaban el espectáculo por ser maricón.
No tenemos, pues, capacidad para mantener dos blogs históricos a la vez.
De momento, he pensado en una solución. Dado que el fin de semana es tiempo de lecturas diferentes, los viernes, sábados o domingos trataré de utilizarlos para colocar estos post slightly off topic. Por eso el de hoy se llama Weekend.
Tomadlo como una licencia del jefe. A los autores nos gusta hablar de muchas cosas de la Historia del mundo.
Hoy le toca a Ina.
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¿Quién fue Alejandro Magno?
By Inasequible Aldesaliento
A Alejandro Magno lo descubrí en la novela El muchacho persa de Mary Renault. En dicha novela, Renault describe a Alejandro como una persona carismática, generosísima, inteligente, osada. Casi más que un conquistador, es un hombre curioso, deseoso de conocer el mundo. Desgraciadamente su condición de rey le obliga a ir acompañado de un ejército de macedonios y a conquistar las tierras que va pisando.
La visión que ofrece Mary Renault no puede ser más idílica y justifica hasta los episodios más controvertidos de la carrera del macedonio. Cuando los tirios le ofrecen sumisión y Alejandro quiere imponerles que le dejen hacer sacrificios de estado en el templo de Melcarte, Reanult no lo ve como una imposición sacrílega a los tirios sino como una manera de poner a prueba la lealtad de su sumisión. La negativa de los tirios a lo solicitado llevaría a un largo asedio que terminaría con la destrucción de la ciudad. El saqueo de la inerme Persépolis lo presenta como el inevitable premio para sus hombres a los que había refrenado para que no saquearan ni Babilonia ni Susa. No obstante, ni tan siquiera Renault puede justificar de una manera coherente el incendio del palacio de Persépolis. El asesinato de Parmenión lo justifica por el hecho de que Alejandro había mandado ajusticiar a su hijo, que al parecer había estado envuelto en una conspiración para asesinarlo. Tanto si era inocente como si no (y Mary Renault se decanta más bien por lo segundo), no resultaba seguro, estando en territorio hostil, dejar a sus espaldas a un general a cuyo hijo acababa de ejecutar y que podía reclamar venganza. Finalmente, el deseo de Alejandro, tras haber derrotado a Poros, de seguir adelante, más allá del Indo, hasta el Ganges y el océano (que él creía que estaba mucho más cercano de lo que de verdad está), Mary Renault lo presenta como el sueño de un visionario que simplemente aspira a alcanzar los confines de la tierra no para conquistarlos, sino por curiosidad.
Después de haber leído a Mary Renault, uno toma la biografía de Alejandro que escribió Roger Caratini y parece que estuviese leyendo la vida de un personaje completamente diferente. Caratini lo presenta como un tirano caprichoso y megalomaníaco con brotes de violencia irracional que fueron haciéndose más frecuentes a medida que sus éxitos le iban alejando de la realidad. Para que no le falte nada, Caratini hasta le atribuye un inmenso edipo hacia su madre, la terrible Olimpia. Eso sí, Caratini le reconoce una serie de virtudes, como la generosidad, el valor personal y la austeridad, que se le han venido reconociendo desde la Antigüedad.
Tal vez, para determinar quién fue Alejandro Magno debamos acudir a la fuente histórica más fidedigna que nos ha llegado: la Anábasis de Alejandro Magno, que Flavio Arriano escribió en el siglo II n.e. Su libro es un libro sobrio, donde se nota que el escritor había tenido experiencia militar. Arriano tuvo acceso a fuentes que no nos han llegado, como el relato de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro. Aunque cuando escribió, ya se había forjado la leyenda de Alejandro Magno, posiblemente el retrato más exacto del conquistador al que tengamos hoy acceso sea el de Arriano.
El retrato que traza Arriano se parece más al de Mary Renault que al de Caratini. Ya en Arriano aparecen los rasgos más amables del carácter de Alejandro, como eran su generosidad, su valor y la camaradería con sus hombres. Eso sí, Arriano insiste más que Mary Renault en dos rasgos sombríos de su personalidad: su excesivo amor por la bebida y los raptos de cólera, que a menudo estaban vinculados a sus grandes borracheras. Fue en uno de esos raptos en los que mató de un lanzazo a Clito, uno de sus compañeros, por una absurda discusión entre borrachos. Leyendo a Arriano, da la impresión de que los ataques de cólera y la impaciencia fueron aumentando con los años en intensidad y frecuencia. Tal vez, si hubiera vivido más, sí que hubiera terminado por parecerse a la imagen del tirano megalomaníaco y un poco psicópata que traza Caratini.
Una última cuestión que habría que plantearse es la del juicio histórico que nos merece Alejandro Magno. Pienso que no puede ser más que negativo.
El Imperio persa había logrado unificar los territorios que iban desde el Indo hasta el Egeo y desde Egipto hasta el Asia Central. Era un imperio muy descentralizado, donde los distintos pueblos gozaban de gran libertad para dirigir sus propios asuntos. Prácticamente sólo se les pedía que aceptaran la presencia de un sátrapa, que aportasen tributos y que contribuyesen con tropas cuando se les pidiese. Era un imperio que había pasado ya su época expansiva y que militarmente era un gigante con pies de barro. Posiblemente, sin Alejandro, su destino final habría sido caer bajo los golpes de algún otro conquistador o fragmentarse cuando Persépolis hubiera sido incapaz de contener las fuerzas centrífugas del imperio.
¿Con qué sustituyó Alejandro a ese imperio benévolo? Con nada. Podemos pensar que fue el efecto del destino, que se lo llevó antes de que hubiera tenido tiempo para dotar a sus conquistas de una estructura política sólida. Pero esa idea, que busca dejar a Alejandro en buen lugar, está equivocada.
Alejandro había visto como su padre Filipo II había sido asesinado inesperadamente mientras preparaba precisamente la campaña militar contra el Imperio persa. Poco antes de su muerte, había visto cómo su amante Hefestión moría joven de un tifus mal curado. Él mismo había estado a punto de morir como consecuencia de un flechazo en el ataque a una ciudad india. Por consiguiente, Alejandro no podía ignorar que la muerte era una realidad que le podía atacar en cualquier momento.
Otros conquistadores posiblemente se habrían detenido tras la conquista de Persépolis, habrían abandonado los territorios orientales del imperio, que además de más abruptos estaban menos desarrollados económicamente, y habrían empezado a levantar el edificio político del imperio. En todo caso, tras el regreso de la India, el movimiento lógico era el de empezar a administrar sus conquistas.
Es cierto que tras su regreso de la India tomó algunas medidas que parecían indicar su deseo de crear un imperio mestizo persa-macedonio. Pero muy pronto la impaciencia le dominó y abandonó el papel de administrador que debía de resultarle bastante aburrido. Exploró el Tigris, se dedicó al ocio, licenció a los veteranos que querían regresar a Macedonia, preparó unos fastuosos funerales para Hefestión (había algo excesivo en Alejandro, cuando amaba, cuando combatía y cuando sufría) y… empezó a preparar una flota para circunnavegar la Península Arábiga.
Siempre es posible especular con lo que hubiera sucedido si Alejandro hubiera muerto anciano y hubiera tenido más tiempo para organizar sus conquistas. La realidad es que no dispuso de ese tiempo y el poco tiempo que le dejó el destino apenas lo empleó en esos menesteres. A su muerte, no dejó un heredero indiscutido ni un sistema de sucesión organizado. El resultado fueron treinta años de guerras entre sus generales y la división del imperio. Posiblemente los pueblos de Oriente Medio y del Asia Central hubieran preferido no haber conocido a Alejandro Magno.
Anécdotas y momentos de nuestro pasado
viernes, noviembre 24, 2006
martes, noviembre 21, 2006
Curiosas ausencias
Navegando que te navegaré, acabé hace unos días en la página oficial del partido Socialista Obrero Español (PSOE), o sea http://www.psoe.es/. Estaba buscando referencias históricas y quedé, cómo no, decepcionado. Nuestros partidos políticos actuales, y me refiero específicamente a aquéllos que tienen una larga historia detrás, están lógicamente muy interesados en poner a disposición del público sus propuestas para la mejora del acceso a la vivienda o su visión de la seguridad ciudadana, hemos éstos de gran importancia presente; pero no parecen tener ninguna pulsión acerca de la importancia pasada.
Nuestros políticos no parecen darse cuenta, o no quieren, de que la imagen del investigador histórico, especialmente el amateur que, como yo, no vive de esto y por lo tanto no tiene mañanas para ir a donde quiera a tomar notas; esa imagen, digo, ha cambiado. Hoy, el investigador histórico ya no es sólo el tipo embutido en legajos o cajas de documentación; también es una persona que, con paciencia y esfuerzo, navega con su ordenador desde su casa, bajándose e imprimiéndose imágenes de documentos para su estudio y cotejo.
En fin, además de esta crítica, que hago extensiva a todas las fuerzas políticas de este país con más de treinta años de historia, que son unas cuantas, así como a fundaciones varias, me gustaría detenerme sobre la visión que el PSOE tiene de sí mismo y de su pasado. Está en el subapartado Historia del apartado Nuestro Partido. Allí, a base de textos breves, se cuenta la Historia del PSOE en sus diversas etapas. A continuación os copio todos los textos hasta la muerte de Franco. Todas las cursivas y negritas que leeréis son mías, y después del texto explicaré por qué.
«El Partido Socialista se fundó clandestinamente en Madrid, el 2 de mayo de 1879, en torno a un núcleo de intelectuales y obreros, fundamentalmente tipógrafos, encabezados por Pablo Iglesias.
El primer programa del nuevo partido político fue aprobado en una asamblea de 40 personas, el 20 de julio de ese mismo año.
El PSOE fue así uno de los primeros partidos socialistas que se fundaron en Europa, como expresión de los afanes e intereses de las nuevas clases trabajadoras nacidas de la revolución industrial.
Desde entonces, ha orientado su labor hacia el logro de los grandes ideales emancipatorios del socialismo, con los cambios lógicos de estrategia que los momentos históricos han impuesto en cada caso, y que libre y democráticamente han decidido el conjunto de los afiliados.
Desde su fundación en 1879, el Partido fue aumentando el número de sus militantes y asentando su base teórica. La necesidad de defender adecuadamente los derechos de los trabajadores impulsó la creación de una organización sindical socialista. Así nació la Unión General de Trabajadores (UGT), cuyo Congreso fundacional se celebró en Barcelona, en 1888.
En las elecciones de 1910, Pablo Iglesias obtuvo un escaño y se convirtió en la primera voz del movimiento obrero español que se pudo oír en el Parlamento.
Esta progresiva implantación del socialismo español fue permitiendo plantear una importante crítica social y una creciente contestación popular a las limitaciones políticas de la Restauración, cuyo sistema permitía que los derechos civiles fueran burlados y que se produjese el reparto de poder entre los partidos liberal y conservador y el turno en el desempeño de las tareas de Gobierno.
La condición no beligerante de España durante la Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, hizo posible un cierto desarrollo económico que permitió amasar importantes fortunas a determinados sectores de la burguesía, mientras que los trabajadores sufrían las consecuencias de una tremenda subida de precios, que disminuía por días la capacidad adquisitiva de sus salarios. El malestar ante esta situación, junto a la creciente demanda de libertades más efectivas planteada por amplios sectores de la población, crearon un ambiente de movilización social a favor de un cambio político, a cuyo frente se pusieron el PSOE y la UGT, encabezando un movimiento huelguístico que conmocionó a la burguesía en agosto de 1917 y que fue duramente reprimido.
Los acontecimientos de la Revolución Rusa de octubre de 1917 y la fundación de la III Internacional por Lenin introdujeron elementos de división en el movimiento obrero internacional. En España, el intento de "dirigismo" de la Internacional Leninista suscitó un vivo debate en el PSOE, que dio lugar a que los partidarios de Lenin en este Partido lo abandonaran para fundar el Partido Comunista de España (PCE).
Tras los siete años de dictadura militar del general Primo de Rivera, la alternativa republicana, apoyada por el PSOE, triunfa en las elecciones del 14 de abril de 1931, dando lugar a la inmediata instauración de la II República, en un clima de entusiasmo popular.
Los candidatos socialistas en coalición con los republicanos obtienen 115 escaños en el Parlamento. Juntos emprenden una decidida política de reformas impulsada por un Gobierno en el que están presentes tres ministros socialistas: Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos.
Esas reformas, especialmente la Reforma Agraria y la Legislación Laboral, son contestadas con una dura oposición por las fuerzas políticas de derechas.
La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) obtendrá un importante apoyo en las elecciones de noviembre de 1933, dando lugar al desplazamiento de las fuerzas progresistas del poder.
El endurecimiento de las posiciones conservadoras y el fuerte impacto popular causado por la represión de la revolución de Asturias, provocaron la unión de las fuerzas progresistas republicanas en un único bloque político: el Frente Popular, que ganó las elecciones de 1936, lo que permitió continuar la política de reformas iniciada en 1931. Sin embargo, estas expectativas se vieron truncadas por el golpe de estado militar que, alentado por la derecha española, sumió al país en una cruenta guerra civil que se prolongó desde 1936 a 1939.
El apoyo del fascismo internacional a Franco, la inhibición de los países democráticos, la mayor disponibilidad de recursos económicos de los sublevados y otros factores, dieron lugar, tras largos y duros combates, a la derrota del Gobierno de la República.
El desenlace de la guerra civil abrió un periodo histórico difícil para la sociedad española, en general, y para los socialistas, en particular.
A pesar de ello, siguieron combatiendo en la clandestinidad o desde el exilio. En 1953, Tomás Centeno, Secretario General de UGT y dirigente del PSOE, moría víctima de la represión en la Dirección General de Seguridad. Dos años después, había en el penal de Burgos más de 1.200 socialistas, llegando a coincidir en las cárceles franquistas un total de seis Comisiones Ejecutivas.
Sin embargo, el PSOE durante el franquismo desarrolló una significativa acción opositora, participando en las huelgas de los años 50 y 60, enfrentándose a la dictadura en condiciones muy duras y sometido a una constante persecución policial.
Ya en los años 70, el PSOE se convierte en una seria amenaza para el declinante régimen franquista, por sus relaciones con las fuerzas democráticas europeas y su imagen de partido socialista democrático dentro de España. En 1974 se celebra en Suresnes (Francia) el 26 Congreso del Partido, que elige a Felipe González Secretario General.
Cuando en 1976 (aún en la clandestinidad), el Partido decide celebrar en Madrid su 27 Congreso, el PSOE está jugando ya un papel fundamental en la vida política española. La legalización del Partido Socialista se produce en febrero de 1977.
Nuestros políticos no parecen darse cuenta, o no quieren, de que la imagen del investigador histórico, especialmente el amateur que, como yo, no vive de esto y por lo tanto no tiene mañanas para ir a donde quiera a tomar notas; esa imagen, digo, ha cambiado. Hoy, el investigador histórico ya no es sólo el tipo embutido en legajos o cajas de documentación; también es una persona que, con paciencia y esfuerzo, navega con su ordenador desde su casa, bajándose e imprimiéndose imágenes de documentos para su estudio y cotejo.
En fin, además de esta crítica, que hago extensiva a todas las fuerzas políticas de este país con más de treinta años de historia, que son unas cuantas, así como a fundaciones varias, me gustaría detenerme sobre la visión que el PSOE tiene de sí mismo y de su pasado. Está en el subapartado Historia del apartado Nuestro Partido. Allí, a base de textos breves, se cuenta la Historia del PSOE en sus diversas etapas. A continuación os copio todos los textos hasta la muerte de Franco. Todas las cursivas y negritas que leeréis son mías, y después del texto explicaré por qué.
«El Partido Socialista se fundó clandestinamente en Madrid, el 2 de mayo de 1879, en torno a un núcleo de intelectuales y obreros, fundamentalmente tipógrafos, encabezados por Pablo Iglesias.
El primer programa del nuevo partido político fue aprobado en una asamblea de 40 personas, el 20 de julio de ese mismo año.
El PSOE fue así uno de los primeros partidos socialistas que se fundaron en Europa, como expresión de los afanes e intereses de las nuevas clases trabajadoras nacidas de la revolución industrial.
Desde entonces, ha orientado su labor hacia el logro de los grandes ideales emancipatorios del socialismo, con los cambios lógicos de estrategia que los momentos históricos han impuesto en cada caso, y que libre y democráticamente han decidido el conjunto de los afiliados.
Desde su fundación en 1879, el Partido fue aumentando el número de sus militantes y asentando su base teórica. La necesidad de defender adecuadamente los derechos de los trabajadores impulsó la creación de una organización sindical socialista. Así nació la Unión General de Trabajadores (UGT), cuyo Congreso fundacional se celebró en Barcelona, en 1888.
En las elecciones de 1910, Pablo Iglesias obtuvo un escaño y se convirtió en la primera voz del movimiento obrero español que se pudo oír en el Parlamento.
Esta progresiva implantación del socialismo español fue permitiendo plantear una importante crítica social y una creciente contestación popular a las limitaciones políticas de la Restauración, cuyo sistema permitía que los derechos civiles fueran burlados y que se produjese el reparto de poder entre los partidos liberal y conservador y el turno en el desempeño de las tareas de Gobierno.
La condición no beligerante de España durante la Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, hizo posible un cierto desarrollo económico que permitió amasar importantes fortunas a determinados sectores de la burguesía, mientras que los trabajadores sufrían las consecuencias de una tremenda subida de precios, que disminuía por días la capacidad adquisitiva de sus salarios. El malestar ante esta situación, junto a la creciente demanda de libertades más efectivas planteada por amplios sectores de la población, crearon un ambiente de movilización social a favor de un cambio político, a cuyo frente se pusieron el PSOE y la UGT, encabezando un movimiento huelguístico que conmocionó a la burguesía en agosto de 1917 y que fue duramente reprimido.
Los acontecimientos de la Revolución Rusa de octubre de 1917 y la fundación de la III Internacional por Lenin introdujeron elementos de división en el movimiento obrero internacional. En España, el intento de "dirigismo" de la Internacional Leninista suscitó un vivo debate en el PSOE, que dio lugar a que los partidarios de Lenin en este Partido lo abandonaran para fundar el Partido Comunista de España (PCE).
Tras los siete años de dictadura militar del general Primo de Rivera, la alternativa republicana, apoyada por el PSOE, triunfa en las elecciones del 14 de abril de 1931, dando lugar a la inmediata instauración de la II República, en un clima de entusiasmo popular.
Los candidatos socialistas en coalición con los republicanos obtienen 115 escaños en el Parlamento. Juntos emprenden una decidida política de reformas impulsada por un Gobierno en el que están presentes tres ministros socialistas: Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos.
Esas reformas, especialmente la Reforma Agraria y la Legislación Laboral, son contestadas con una dura oposición por las fuerzas políticas de derechas.
La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) obtendrá un importante apoyo en las elecciones de noviembre de 1933, dando lugar al desplazamiento de las fuerzas progresistas del poder.
El endurecimiento de las posiciones conservadoras y el fuerte impacto popular causado por la represión de la revolución de Asturias, provocaron la unión de las fuerzas progresistas republicanas en un único bloque político: el Frente Popular, que ganó las elecciones de 1936, lo que permitió continuar la política de reformas iniciada en 1931. Sin embargo, estas expectativas se vieron truncadas por el golpe de estado militar que, alentado por la derecha española, sumió al país en una cruenta guerra civil que se prolongó desde 1936 a 1939.
El apoyo del fascismo internacional a Franco, la inhibición de los países democráticos, la mayor disponibilidad de recursos económicos de los sublevados y otros factores, dieron lugar, tras largos y duros combates, a la derrota del Gobierno de la República.
El desenlace de la guerra civil abrió un periodo histórico difícil para la sociedad española, en general, y para los socialistas, en particular.
A pesar de ello, siguieron combatiendo en la clandestinidad o desde el exilio. En 1953, Tomás Centeno, Secretario General de UGT y dirigente del PSOE, moría víctima de la represión en la Dirección General de Seguridad. Dos años después, había en el penal de Burgos más de 1.200 socialistas, llegando a coincidir en las cárceles franquistas un total de seis Comisiones Ejecutivas.
Sin embargo, el PSOE durante el franquismo desarrolló una significativa acción opositora, participando en las huelgas de los años 50 y 60, enfrentándose a la dictadura en condiciones muy duras y sometido a una constante persecución policial.
Ya en los años 70, el PSOE se convierte en una seria amenaza para el declinante régimen franquista, por sus relaciones con las fuerzas democráticas europeas y su imagen de partido socialista democrático dentro de España. En 1974 se celebra en Suresnes (Francia) el 26 Congreso del Partido, que elige a Felipe González Secretario General.
Cuando en 1976 (aún en la clandestinidad), el Partido decide celebrar en Madrid su 27 Congreso, el PSOE está jugando ya un papel fundamental en la vida política española. La legalización del Partido Socialista se produce en febrero de 1977.
La creación, junto con otros partidos democráticos, de una coordinadora común de oposición y negociación, obliga a abrir un proceso de reforma política que desemboca en las elecciones democráticas de 1977, en las que triunfa la UCD, mientras el PSOE se consolida como el primer partido de la oposición.»
Bien. A raíz de este texto, los personajes fundamentales de la historia del PSOE, de 1879 a 1977, fueron:
- Pablo Iglesias, que lo fundó y luego salió diputado.
- Francisco Largo Caballero, que fue ministro en el primer gobierno de la República.
- Indalecio Prieto, por lo mismo.
- Fernando de los Ríos, por lo mismo.
- Tomás Centeno, por ser víctima de la represión franquista.
- Felipe González, por ser elegido secretario general en 1974.
Esta nómina olvida:
- Que Francisco Largo Caballero, además de ser ministro de Trabajo en el primer gobierno de la República, fue Presidente del Gobierno durante la guerra (lo de que fue Consejero de Estado durante la dictadura de Primo de Rivera puedo entender que el PSOE no tenga demasiadas ganas de ponerlo).
- Que Indalecio Prieto, además de ser ministro de Hacienda en los tiempos de la República, fue ministro durante la guerra encargado de la dirección nada menos que de las operaciones bélicas.
- Que hubo un militante del PSOE llamado Juan Negrín (del que, desde luego, el PSOE abomina como si fuese el Maligno) que presidió el Gobierno de España durante buena parte de la guerra.
- Que hubo otro dirigente del PSOE, llamado Julián Besteiro, que fue presidente del Congreso. También es cierto que impulsó y colaboró activamente en el golpe del coronel Casado contra la República. Pero también es cierto que, al final de la guerra, se quedó en Madrid (y fue el único) a enfrentar su destino, muriendo enfermo en la cárcel. En mi opinión, y con todos mis respetos hacia Tomás Centeno y su familia, si hay que citar a un socialista significado muerto por la represión de Franco, ese alguien es Julián Besteiro.
- Que entre Pablo Iglesias, fundador; y Felipe González, secretario general en Suresnes, el PSOE tuvo unos cuantos dirigentes de partido, notablemente el propio Largo Caballero y, por ejemplo, Rodolfo Llopis, que fue SG durante los años de la clandestinidad.
Más allá, las otras itálicas tienen que ver con cosas como:
- No se dice quién organizó la huelga general de 1917 (Largo Caballero, Besteiro y Saborit).
- Se cita de pasada la Revolución de Asturias (se dice que la CEDA la utilizó para su reacción derechista), con lo que el texto pasa de puntillas sobre dos hechos: primero, que la Revolución de Asturias fue un golpe de Estado revolucionario en toda regla, cuyo principal objetivo era hacerse con los edificios principales del gobierno en Madrid; y dos, que el PSOE fue quien organizó aquella movida.
- De hecho, este resumen, ladinamente, trata de desbastar al PSOE de la República de toda veleidad revolucionaria marxista aseverando que los partidarios de Lenin se fueron todos al PCE; y olvida, supongo que interesadamente, que Largo Caballero, o sea su líder, era llamado el Lenin español (también por, entre otros, las Juventudes Socialistas) y que hay mogollón de fotos de la época de manifestaciones en las que su retrato es paseado junto con el del ruso aquél bajito y con barba de chivo.
- Se dice que el PSOE apoyó la alternativa republicana en 1930. Lo cual es verdad, aunque sólo con la puntita. En un texto algo más sincero que éste, debería reconocerse que Indalecio Prieto estuvo en el Pacto de San Sebastián a título personal y que, de hecho, a Largo no le gustó un pelo que hubiese ido.
- Otra verdad a medias, por no decirlo de otra manera, que contiene el texto es la aseveración de que uno de los factores a favor de Franco en la guerra fue «la mayor disponibilidad de recursos económicos de los sublevados». El bando republicano contaba, como acabamos de ver en un reciente post, con un cash de casi 4.000 millones de pesetas de la época y, es más, en el first strike del golpe de Estado, retuvo casi todas, si no todas, las grandes áreas productivas del país, notablemente el norte industrial, Cataluña y Levante. El 19 de julio de 1936, la mayor parte del PIB español era republicana.
- No se rinde el homenaje justo que merece la oposición interna del PSOE en los años difíciles y, muy especialmente, la muy meritoria labor de Antonio Amat (a quien, esto hay que reconocerlo, sí homenajea, un poquito, el Partido Socialista de Euskadi)
Tienen su miga estos textos. Especialmente, como ya he dicho, la actitud que el PSOE guarda hacia Juan Negrín y hacia los oscuros años de la primera posguerra, cuando en el seno del partido pasaron muchas cosas, pocas de ellas agradables (discutieron por la pasta).
Pero yo, que soy no sé si un romántico o un gilipollas, pienso que los partidos políticos tienen una responsabilidad que va más allá de la que puedan tener otras instituciones más de medio pelo. Es difícilmente creíble en el presente un partido político que es incapaz de asumir su Historia; y yo creo que todos, racionalmente, podemos reconocer, sin problemas, que en cien años de Historia no es que pueda haber, es que tiene que haber momentos oscuros.
sábado, noviembre 18, 2006
Objetivo: salvar a José Antonio
Pasado mañana lunes, 20 de noviembre, se producirá el aniversario de la muerte frente al pelotón de fusilamiento de la cárcel de Alicante, de José Antonio Primo de Rivera. Hoy, este aniversario ha quedado para la celebración de algunos grupúsculos políticos con tan poco apoyo que son extraparlamentarios. Sin embargo, no hace mucho tiempo, ese aniversario era conmemorado por España entera. Porque resulta que ese grupúsculo, la Falange Española, era una especie de partido único que gobernaba el país; aunque es lo más lógico escribir una especie porque el sistema político franquista era un sistema muy sui generis: más que de partido único, era de líder único.
De José Antonio se ha hablado mucho y es, por lo tanto, personaje muy conocido. Era hijo del general Miguel Primo de Rivera, que había sido dictador de España entre 1923 y 1930, y cuya defección fue el principio del fin de la monarquía de Alfonso XIII. Cuentan las crónicas que era un abogado no exento de habilidad como litigante, aunque siempre tuvo un temperamento violento. Salta, nunca mejor dicho, a la escena de la Historia de España durante un acto en Madrid en el que un conferenciante tuvo palabras peyorativas para su padre. José Antonio, desde una fila trasera del público, saltó desde el respaldo del asiento anterior hacia el escenario para darse de hostias con el conferenciante.
Fundó Falange Española, un partido de corte fascista mucho más mussoliniano que hitleriano, que más tarde se fusionaría con las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, de parecida ideología, para formar Falange España y de las JONS. El asesinato del militante Matías Montero fue para él un acicate; cuentan las crónicas que estaba en una cacería cuando recibió la noticia y que, nada más saberla, declaró que sus días de vida cómoda se habían acabado. Yo tengo una foto de José Antonio saliendo del cementerio ese día, y es lo cierto que su rostro lo dice todo.
En tiempos de la República fueron tan comunes los entierros de falangistas muertos violentamente que a José Antonio le pusieron el mote de Simón el Enterrador. Fue parlamentario durante los años de gobiernos de las derechas, aunque sin siquiera acercarse a la posibilidad de gobernar. En febrero de 1936, en las elecciones que ganó el Frente Popular, cometió el error de no pactar con las derechas la inclusión de candidatos de Falange en sus listas. Es bastante chusco pensar que a José Antonio siempre le preocupara que Falange fuese utilizada por otros, porque eso exactamente es lo que hizo Franco con el partido que él había fundado.
La llegada del Frente Popular al gobierno supuso la ilegalización de Falange y la detención de sus dirigentes. Decisión que no puede considerarse en modo alguno ni inmoderada ni antidemocrática. Si consideramos una brutalidad el asesinato por socialistas del diputado José Calvo Sotelo, no podemos olvidar que fueron falangistas joseantonianos los que, algunos meses antes, intentaron hacer lo mismo con un diputado socialista en la calle Goya de Madrid.
José Antonio decía que quería «una España alegre y faldicorta» y algunas otras cosas que suenan bien; pero no cabe duda de que propugnaba, con claridad, un estado fascista. Los 27 puntos programáticos de Falange dejan poco lugar a dudas al respecto. Además de contener algunas de las coletillas propias del franquismo (aquello de «España es una unidad de destino en lo universal» que repetíamos como loros todos los estudiantes de Formación del Espíritu Nacional), los puntos falangistas hablaban sin ambages de un Estado totalitario que, en pura ortodoxia fascista, otorgaba al hombre el derecho a ser libre, pero siempre en el seno de una supraestructura de mayor importancia, la nación. Su gran baza estratégica (punto 9) era la concepción de España como un inmenso sindicato de productores, es decir una especie de Estado sindical (éste, «¡Estado sindical!», era el grito reivindicativo de los falangistas en el primer franquismo) que, a la larga, venía a significar organizar la sociedad como un ejército. Sin embargo, el falangismo tenía indudables ribetes anticapitalistas (véase el punto 10, por ejemplo), que llevaba a algunos de sus miembros más radicales a proponer medidas como la nacionalización de la banca. Se han señalado no pocas veces puntos de anclaje entre falangismo y anarcosindicalismo y hay bastantes testimonios, de hecho, de que parte de la militancia del primero provino del segundo, y aún del marxismo.
Como ya se ha dicho casi todo, a mí me gustaría hoy escribir unas líneas sobre algo que yo creo que se conoce poco, y son los planes y negociaciones que hubo en su día, estallada ya la guerra, para sacar a José Antonio de la cárcel.
José Antonio, por suerte para él, había sido trasladado, en julio de 1936, de la cárcel Modelo de Madrid, donde más que probablemente habría sido masacrado junto con otros correligionarios como Ruiz de Alda, a la de Alicante. Esto permitió que hubiese negociaciones para canjearlo por algún preso republicano de la misma importancia. El candidato fundamental era el hijo del líder socialista Francisco Largo Caballero. Cuando estalló la guerra, este muchacho estaba cumpliendo el servicio militar en la unidad de Transmisiones del Regimiento de El Pardo. El regimiento de El Pardo era claramente golpista, hasta el punto de en su seno se llegó a albergar un plan para asesinar al presidente Manuel Azaña, que tenía allí su residencia. Este plan no se llevó a cabo pero, al estallar la guerra y fracasar el golpe en Madrid, este regimiento se marchó a las cercanas posiciones de Segovia, en poder de los nacionales, y se llevó con él a Largo Caballero hijo. Lo trasladaron a Sevilla, donde Gonzalo Queipo de Llano lo custodiaba.
En septiembre de 1936, el padre de este muchacho, Francisco Largo Caballero, accedió a la presidencia del Gobierno. Su antecesor en el cargo, José Giral, entonces ministro sin cartera encargado, entre otras, de la labor de gestionar los canjes de prisioneros, planteó ante el consejo (formado por socialistas, comunistas, PNV, Izquierda Republicana, Unión Republicana y Esquerra Republicana de Catalunya) el canje Primo de Rivera/Largo Caballero. Pues bien: no sólo todos los grupos políticos se mostraron contrarios al canje, sino que el propio presidente zanjó el tema con una frase lapidaria: «Señores, no me obliguen ustedes a sumir el papel de Guzmán el Bueno».
A pesar de este fracaso palmario, los falangistas no tiraron la toalla. El periodista y escritor falangista Eugenio Montes, gran amigo de José Antonio, tuvo encuentros en París con personas más o menos cercanas con el gobierno del Frente Popular: José Ortega y Gasset, Felipe Sánchez Román y Santiago Alba.
Según escribió Maximiliano García Venero en la biografía por encargo de Manuel Hedilla, que entonces era el Jefe Nacional de Falange, Montes viajó a Burgos desde París para informar al propio Hedilla de que sus gestionen habían tenido éxito, y que Indalecio Prieto, ministro socialista, exigía treinta rehenes y seis millones de pesetas a cambio del líder falangista. Sin embargo, poco tiempo después Prieto, o quienquiera que fuese que hablaba en nombre de Prieto si es que la oferta existió en realidad, se desdijo de ella aduciendo, argumento creíble, que la cárcel de Alicante estaba custodiada por milicianos de la Federación Anarquista Ibérica, y que el Gobierno no tenía autoridad para llegar allí y ordenar que sacasen ni a ese preso ni a ninguno. Esto es, ya digo, más que probablemente cierto, porque los primeros meses de guerra, yo diría que el primer año por lo menos, fueron un lamentable espectáculo de desgobierno en el área republicana, con las bandas y partidos campando por sus respetos. Como muestra, cuando Dolores Ibárruri, La Pasionaria, se dirigía a París algunos meses después, se encontró con la humillante escena de que, a su paso por Barcelona, unos milicianos anarquistas le exigiesen el pasaporte e incluso coqueteasen con la idea de impedirle seguir viaje. Lo cuenta ella misma, indignada, en sus memorias.
La Opción C de Falange fue pasar a la acción. Agustín Aznar, un destacado miembro del partido (sin relación con los Aznar de los que desciende el ex presidente del Gobierno), se fue a visitar a Franco a Cáceres en compañía de otros doce falangistas y después fue a ver a Queipo, quien le dio un millón de pesetas extraídos de la caja del Banco de España de Sevilla. Era septiembre de 1936.
Una vez conseguido el dinero, la partida de falangistas embarcó en la futura patria de Rocío Jurado, Chipiona, en el torpedero alemán Iltis, que les llevó hasta Alicante. A la zona roja, pues.
En Alicante contaban con la ayuda, fundamentalmente, de un alemán, Joaquim von Knobloch, que había sido nombrado cónsul alemán honorario en la ciudad levantina, aunque rechazado por el gobierno republicano por ser miembro del NSDAP (el partido nacionalsocialista de Adolf Hitler).
Agustín Aznar, el falangista de mayor fuste en aquella brigadilla, entró en Alicante con un pasaporte alemán a nombre de August Gaetner, expedido por el consulado alemán en Sevilla. Para desembarcar tuvo que hacerlo de tapadillo, porque el encargado de negocios de la embajada alemana en Madrid, Voelckers, que estaba en Alicante para organizar allí las dependencias consulares, prohibió el desembarco de los españoles desde el torpedero.
Una vez en Alicante, Aznar tomó con contacto con las hermanas Carmen y Matilde Pérez, ambas falangistas e hijas de un práctico del puerto de Alicante que, si hemos de creer el testimonio que ellas mismas dan en el libro de García Venero, pasó, a través de Von Knobloch, información sobre buques llegados al puerto para que fuesen bombardeados por los sublevados.
Entre todos buscaron a un rojo sobornable. Éste resultó ser un tipo al que apodaban El Vaselina (probablemente cenetista). Von Knobloch se le acercó y, haciéndose pasar por periodista, le ofreció 10.000 pesetas por conseguirle una entrevista con Primo de Rivera. Como viese que El Vaselina no le hacía ascos a la historia, se lanzó y le ofreció un millón por liberarlo. El Vaselina contestó lo que los matones de Don Vito Corleone: es difícil, pero se puede intentar.
Entonces, Von Knobloch le dijo que le presentaría a un francés que era quien iba a financiar la operación. El francés era Agustín Aznar.
El Vaselina les dijo que había que darse prisa. Según él, habían llegado de Málaga varias personas con la única intención de matar a José Antonio. De hecho el gobernador de la provincia, el republicano Vázquez Limón, había reforzado la guardia de la cárcel.
A Agustín Aznar intentan detenerlo pocas horas después de aquella entrevista. Se zafa como puede. Entonces se intenta llevarlo al torpedero, pero Voecklers se niega y, más aún, insta a su protocónsul para que el falangista salga de la embajada antes de cuatro horas.
Von Knoblock busca un uniforme de teniente de navío alemán para camuflar a Aznar. El tema es problemático, porque el falangista está gordísimo. Finalmente, con una chaqueta ajustadita y unos pantalones prendidos con imperdibles, Aznar, acompañado por los otros falangistas, embarca en una nave que se hará famosa para la Historia algunos años más tarde: el Graf von Spee.
Von Knoblock fue expulsado de Alicante, ante sus actuaciones claramente pronazis, pero desde Sevilla siguió trabajando para el rescate del líder de Falange.
Entonces, llega el plan D, urdido de la siguiente manera: El consignatario de la naviera Ybarra en Sevilla, Gabriel Ravello, iría a Alicante previamente provisto de algunos millones de pesetas. Una vez llegado su barco, y por costumbre inveterada, los marinos debían presentar sus respetos al gobernador civil, por lo que éste subiría al barco. Una vez en el barco, el práctico del puerto (el falangista Pérez de quien ya hemos hablado, o sea el padre de Carmen y de Matilde) procuraría un encuentro discreto entre Vázquez Limón y Ravello en el que éste trataría de sobornar al gobernador para que salvase a José Antonio.
En el buque cisterna Hansa, y tras una entrevista de Von Knobloch con el propio Franco en el que éste fue informado del plan, llegaron a Alicante el diplomático nazi, Ravello y Pedro Gamero, otro de los falangistas de postín. Llamaron a Voecklers para que subiese al barco a visitarlos, pero éste se negó. Parece que está bastante claro que este Voecklers no quería saber nada con la liberación de José Antonio; lo cual no quiere decir, necesariamente, que fuese prorrepublicano. Ya he dicho que la Falange le hacía mucho más tilín a Mussolini.
Sin embargo, estando ellos en el puerto llegó otro barco alemán, el Deutschland, cuyo mando, el almirante Carls, era mucho más proclive a la cosa. Se mostró dispuesto a ayudar a la conspiración. La operación de subida al barco del gobernador se montó en otro barco alemán, el Sillacs. Pero se presentó Voecklers, y prohibió a Von Knobloch que intentase abordar al gobernador. Los alemanes no volvieron a intentar la liberación.
En paralelo, visto el fracaso, Hedilla y Aznar le plantean a Franco la opción de una toma de comandos. Según García Venero, Franco dio su aprobación (aunque debo decir que no era su estilo, y resulta difícil de creer). El caso es que un centenar de falangistas fue concentrado en Sevilla, entre los cuales, por cierto, se encontraba, siempre según García Venero, el primer español que brilló en la elite de los pesos pesados de boxeo: Paulino Uzcudun. Fue un mes y medio de entrenamiento, pero el comando no llegó a actuar. El plan necesitaba de la complicidad de alguien en zona roja pero, a pesar de ofrecer los falangistas ocho millones y rescatar, junto con José Antonio, al cómplice, no lograron encontrar uno.
Se ha dicho, y yo lo creo, que el empeño republicano por fusilar a José Antonio fue un error. Algunas teorías sostienen, un poco en línea con lo que aquí se ha contado de fuente falangista, que Indalecio Prieto quería que José Antonio acabase en zona nacional, porque consideraba que sus ideas anticapitalistas minarían la retaguardia ideológica de los sublevados y sembrarían la división. No lo sé, pero tiene lógica que alguien, aunque sólo fuese una persona, tuviese en la cúpula republicana la claridad de mente como para darse cuenta de eso. La Falange luchó al lado de Franco con la misma bravura que lo habría hecho de haber estado José Antonio para darle las órdenes. La muerte del Jefe Nacional no minó un ápice la combatividad del bando sublevado y su supervivencia, como poco, habría supuesto un problema para Franco pues, con bastante probabilidad, José Antonio habría puesto muchas dificultades al decreto de unificación que creó la Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
Pero esto ya son juicios históricos, esto es, subjetivos.
De José Antonio se ha hablado mucho y es, por lo tanto, personaje muy conocido. Era hijo del general Miguel Primo de Rivera, que había sido dictador de España entre 1923 y 1930, y cuya defección fue el principio del fin de la monarquía de Alfonso XIII. Cuentan las crónicas que era un abogado no exento de habilidad como litigante, aunque siempre tuvo un temperamento violento. Salta, nunca mejor dicho, a la escena de la Historia de España durante un acto en Madrid en el que un conferenciante tuvo palabras peyorativas para su padre. José Antonio, desde una fila trasera del público, saltó desde el respaldo del asiento anterior hacia el escenario para darse de hostias con el conferenciante.
Fundó Falange Española, un partido de corte fascista mucho más mussoliniano que hitleriano, que más tarde se fusionaría con las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, de parecida ideología, para formar Falange España y de las JONS. El asesinato del militante Matías Montero fue para él un acicate; cuentan las crónicas que estaba en una cacería cuando recibió la noticia y que, nada más saberla, declaró que sus días de vida cómoda se habían acabado. Yo tengo una foto de José Antonio saliendo del cementerio ese día, y es lo cierto que su rostro lo dice todo.
En tiempos de la República fueron tan comunes los entierros de falangistas muertos violentamente que a José Antonio le pusieron el mote de Simón el Enterrador. Fue parlamentario durante los años de gobiernos de las derechas, aunque sin siquiera acercarse a la posibilidad de gobernar. En febrero de 1936, en las elecciones que ganó el Frente Popular, cometió el error de no pactar con las derechas la inclusión de candidatos de Falange en sus listas. Es bastante chusco pensar que a José Antonio siempre le preocupara que Falange fuese utilizada por otros, porque eso exactamente es lo que hizo Franco con el partido que él había fundado.
La llegada del Frente Popular al gobierno supuso la ilegalización de Falange y la detención de sus dirigentes. Decisión que no puede considerarse en modo alguno ni inmoderada ni antidemocrática. Si consideramos una brutalidad el asesinato por socialistas del diputado José Calvo Sotelo, no podemos olvidar que fueron falangistas joseantonianos los que, algunos meses antes, intentaron hacer lo mismo con un diputado socialista en la calle Goya de Madrid.
José Antonio decía que quería «una España alegre y faldicorta» y algunas otras cosas que suenan bien; pero no cabe duda de que propugnaba, con claridad, un estado fascista. Los 27 puntos programáticos de Falange dejan poco lugar a dudas al respecto. Además de contener algunas de las coletillas propias del franquismo (aquello de «España es una unidad de destino en lo universal» que repetíamos como loros todos los estudiantes de Formación del Espíritu Nacional), los puntos falangistas hablaban sin ambages de un Estado totalitario que, en pura ortodoxia fascista, otorgaba al hombre el derecho a ser libre, pero siempre en el seno de una supraestructura de mayor importancia, la nación. Su gran baza estratégica (punto 9) era la concepción de España como un inmenso sindicato de productores, es decir una especie de Estado sindical (éste, «¡Estado sindical!», era el grito reivindicativo de los falangistas en el primer franquismo) que, a la larga, venía a significar organizar la sociedad como un ejército. Sin embargo, el falangismo tenía indudables ribetes anticapitalistas (véase el punto 10, por ejemplo), que llevaba a algunos de sus miembros más radicales a proponer medidas como la nacionalización de la banca. Se han señalado no pocas veces puntos de anclaje entre falangismo y anarcosindicalismo y hay bastantes testimonios, de hecho, de que parte de la militancia del primero provino del segundo, y aún del marxismo.
Como ya se ha dicho casi todo, a mí me gustaría hoy escribir unas líneas sobre algo que yo creo que se conoce poco, y son los planes y negociaciones que hubo en su día, estallada ya la guerra, para sacar a José Antonio de la cárcel.
José Antonio, por suerte para él, había sido trasladado, en julio de 1936, de la cárcel Modelo de Madrid, donde más que probablemente habría sido masacrado junto con otros correligionarios como Ruiz de Alda, a la de Alicante. Esto permitió que hubiese negociaciones para canjearlo por algún preso republicano de la misma importancia. El candidato fundamental era el hijo del líder socialista Francisco Largo Caballero. Cuando estalló la guerra, este muchacho estaba cumpliendo el servicio militar en la unidad de Transmisiones del Regimiento de El Pardo. El regimiento de El Pardo era claramente golpista, hasta el punto de en su seno se llegó a albergar un plan para asesinar al presidente Manuel Azaña, que tenía allí su residencia. Este plan no se llevó a cabo pero, al estallar la guerra y fracasar el golpe en Madrid, este regimiento se marchó a las cercanas posiciones de Segovia, en poder de los nacionales, y se llevó con él a Largo Caballero hijo. Lo trasladaron a Sevilla, donde Gonzalo Queipo de Llano lo custodiaba.
En septiembre de 1936, el padre de este muchacho, Francisco Largo Caballero, accedió a la presidencia del Gobierno. Su antecesor en el cargo, José Giral, entonces ministro sin cartera encargado, entre otras, de la labor de gestionar los canjes de prisioneros, planteó ante el consejo (formado por socialistas, comunistas, PNV, Izquierda Republicana, Unión Republicana y Esquerra Republicana de Catalunya) el canje Primo de Rivera/Largo Caballero. Pues bien: no sólo todos los grupos políticos se mostraron contrarios al canje, sino que el propio presidente zanjó el tema con una frase lapidaria: «Señores, no me obliguen ustedes a sumir el papel de Guzmán el Bueno».
A pesar de este fracaso palmario, los falangistas no tiraron la toalla. El periodista y escritor falangista Eugenio Montes, gran amigo de José Antonio, tuvo encuentros en París con personas más o menos cercanas con el gobierno del Frente Popular: José Ortega y Gasset, Felipe Sánchez Román y Santiago Alba.
Según escribió Maximiliano García Venero en la biografía por encargo de Manuel Hedilla, que entonces era el Jefe Nacional de Falange, Montes viajó a Burgos desde París para informar al propio Hedilla de que sus gestionen habían tenido éxito, y que Indalecio Prieto, ministro socialista, exigía treinta rehenes y seis millones de pesetas a cambio del líder falangista. Sin embargo, poco tiempo después Prieto, o quienquiera que fuese que hablaba en nombre de Prieto si es que la oferta existió en realidad, se desdijo de ella aduciendo, argumento creíble, que la cárcel de Alicante estaba custodiada por milicianos de la Federación Anarquista Ibérica, y que el Gobierno no tenía autoridad para llegar allí y ordenar que sacasen ni a ese preso ni a ninguno. Esto es, ya digo, más que probablemente cierto, porque los primeros meses de guerra, yo diría que el primer año por lo menos, fueron un lamentable espectáculo de desgobierno en el área republicana, con las bandas y partidos campando por sus respetos. Como muestra, cuando Dolores Ibárruri, La Pasionaria, se dirigía a París algunos meses después, se encontró con la humillante escena de que, a su paso por Barcelona, unos milicianos anarquistas le exigiesen el pasaporte e incluso coqueteasen con la idea de impedirle seguir viaje. Lo cuenta ella misma, indignada, en sus memorias.
La Opción C de Falange fue pasar a la acción. Agustín Aznar, un destacado miembro del partido (sin relación con los Aznar de los que desciende el ex presidente del Gobierno), se fue a visitar a Franco a Cáceres en compañía de otros doce falangistas y después fue a ver a Queipo, quien le dio un millón de pesetas extraídos de la caja del Banco de España de Sevilla. Era septiembre de 1936.
Una vez conseguido el dinero, la partida de falangistas embarcó en la futura patria de Rocío Jurado, Chipiona, en el torpedero alemán Iltis, que les llevó hasta Alicante. A la zona roja, pues.
En Alicante contaban con la ayuda, fundamentalmente, de un alemán, Joaquim von Knobloch, que había sido nombrado cónsul alemán honorario en la ciudad levantina, aunque rechazado por el gobierno republicano por ser miembro del NSDAP (el partido nacionalsocialista de Adolf Hitler).
Agustín Aznar, el falangista de mayor fuste en aquella brigadilla, entró en Alicante con un pasaporte alemán a nombre de August Gaetner, expedido por el consulado alemán en Sevilla. Para desembarcar tuvo que hacerlo de tapadillo, porque el encargado de negocios de la embajada alemana en Madrid, Voelckers, que estaba en Alicante para organizar allí las dependencias consulares, prohibió el desembarco de los españoles desde el torpedero.
Una vez en Alicante, Aznar tomó con contacto con las hermanas Carmen y Matilde Pérez, ambas falangistas e hijas de un práctico del puerto de Alicante que, si hemos de creer el testimonio que ellas mismas dan en el libro de García Venero, pasó, a través de Von Knobloch, información sobre buques llegados al puerto para que fuesen bombardeados por los sublevados.
Entre todos buscaron a un rojo sobornable. Éste resultó ser un tipo al que apodaban El Vaselina (probablemente cenetista). Von Knobloch se le acercó y, haciéndose pasar por periodista, le ofreció 10.000 pesetas por conseguirle una entrevista con Primo de Rivera. Como viese que El Vaselina no le hacía ascos a la historia, se lanzó y le ofreció un millón por liberarlo. El Vaselina contestó lo que los matones de Don Vito Corleone: es difícil, pero se puede intentar.
Entonces, Von Knobloch le dijo que le presentaría a un francés que era quien iba a financiar la operación. El francés era Agustín Aznar.
El Vaselina les dijo que había que darse prisa. Según él, habían llegado de Málaga varias personas con la única intención de matar a José Antonio. De hecho el gobernador de la provincia, el republicano Vázquez Limón, había reforzado la guardia de la cárcel.
A Agustín Aznar intentan detenerlo pocas horas después de aquella entrevista. Se zafa como puede. Entonces se intenta llevarlo al torpedero, pero Voecklers se niega y, más aún, insta a su protocónsul para que el falangista salga de la embajada antes de cuatro horas.
Von Knoblock busca un uniforme de teniente de navío alemán para camuflar a Aznar. El tema es problemático, porque el falangista está gordísimo. Finalmente, con una chaqueta ajustadita y unos pantalones prendidos con imperdibles, Aznar, acompañado por los otros falangistas, embarca en una nave que se hará famosa para la Historia algunos años más tarde: el Graf von Spee.
Von Knoblock fue expulsado de Alicante, ante sus actuaciones claramente pronazis, pero desde Sevilla siguió trabajando para el rescate del líder de Falange.
Entonces, llega el plan D, urdido de la siguiente manera: El consignatario de la naviera Ybarra en Sevilla, Gabriel Ravello, iría a Alicante previamente provisto de algunos millones de pesetas. Una vez llegado su barco, y por costumbre inveterada, los marinos debían presentar sus respetos al gobernador civil, por lo que éste subiría al barco. Una vez en el barco, el práctico del puerto (el falangista Pérez de quien ya hemos hablado, o sea el padre de Carmen y de Matilde) procuraría un encuentro discreto entre Vázquez Limón y Ravello en el que éste trataría de sobornar al gobernador para que salvase a José Antonio.
En el buque cisterna Hansa, y tras una entrevista de Von Knobloch con el propio Franco en el que éste fue informado del plan, llegaron a Alicante el diplomático nazi, Ravello y Pedro Gamero, otro de los falangistas de postín. Llamaron a Voecklers para que subiese al barco a visitarlos, pero éste se negó. Parece que está bastante claro que este Voecklers no quería saber nada con la liberación de José Antonio; lo cual no quiere decir, necesariamente, que fuese prorrepublicano. Ya he dicho que la Falange le hacía mucho más tilín a Mussolini.
Sin embargo, estando ellos en el puerto llegó otro barco alemán, el Deutschland, cuyo mando, el almirante Carls, era mucho más proclive a la cosa. Se mostró dispuesto a ayudar a la conspiración. La operación de subida al barco del gobernador se montó en otro barco alemán, el Sillacs. Pero se presentó Voecklers, y prohibió a Von Knobloch que intentase abordar al gobernador. Los alemanes no volvieron a intentar la liberación.
En paralelo, visto el fracaso, Hedilla y Aznar le plantean a Franco la opción de una toma de comandos. Según García Venero, Franco dio su aprobación (aunque debo decir que no era su estilo, y resulta difícil de creer). El caso es que un centenar de falangistas fue concentrado en Sevilla, entre los cuales, por cierto, se encontraba, siempre según García Venero, el primer español que brilló en la elite de los pesos pesados de boxeo: Paulino Uzcudun. Fue un mes y medio de entrenamiento, pero el comando no llegó a actuar. El plan necesitaba de la complicidad de alguien en zona roja pero, a pesar de ofrecer los falangistas ocho millones y rescatar, junto con José Antonio, al cómplice, no lograron encontrar uno.
Se ha dicho, y yo lo creo, que el empeño republicano por fusilar a José Antonio fue un error. Algunas teorías sostienen, un poco en línea con lo que aquí se ha contado de fuente falangista, que Indalecio Prieto quería que José Antonio acabase en zona nacional, porque consideraba que sus ideas anticapitalistas minarían la retaguardia ideológica de los sublevados y sembrarían la división. No lo sé, pero tiene lógica que alguien, aunque sólo fuese una persona, tuviese en la cúpula republicana la claridad de mente como para darse cuenta de eso. La Falange luchó al lado de Franco con la misma bravura que lo habría hecho de haber estado José Antonio para darle las órdenes. La muerte del Jefe Nacional no minó un ápice la combatividad del bando sublevado y su supervivencia, como poco, habría supuesto un problema para Franco pues, con bastante probabilidad, José Antonio habría puesto muchas dificultades al decreto de unificación que creó la Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
Pero esto ya son juicios históricos, esto es, subjetivos.
martes, noviembre 14, 2006
El oro de Moscú
Diciembre de 1956. Estación de tren de Austerlitz, en París. Dos parejas ya maduras toman el tren que une la capital de Francia con Madrid. Bueno, en realidad no. Una de las dos mujeres, probablemente por nervios, tomará un tren con destino a Madrid que no es, sin embargo, aquél en el que las cuatro personas tienen billete. Finalmente podrán reunirse en Burdeos y terminar viaje todos juntos.
Los dos hombres son Mariano Ansó, ex ministro de Justicia del presidente Juan Negrín durante la guerra; y Antonio Melchor de las Heras, abogado del Estado y asesor jurídico del ministerio franquista de Asuntos Exteriores. Ansó lleva, más o menos, veinte años sin poder pisar España. Va a Madrid a entregar algo. Un legado.
El viaje es continuación de una gestión realizada el día 18 de diciembre de ese año, unos días antes pues, por Rómulo Negrín, quien comparece ante Enrique Pérez-Hernández y Moreno, cónsul adjunto de España en París, para hacer entrega de todos los documentos que su padre, Juan Negrín, fallecido algunos días antes en París, atesoraba sobre el oro español entregado en depósito en el Comisariado del Pueblo de Hacienda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El viaje a Madrid viene a completar esta gestión.
Antes de ese día, y también después, los mitos y leyendas en torno al llamado oro de Moscú han sido constantes y, de hecho, a pesar del paso del tiempo es un asunto que aún da bastante que hablar.
Hagamos un poco de historia.
Con el estallido de la guerra, una de las cosas que se rompió fue el Banco de España. Y no sólo por la decisión de la Generalidad de Cataluña, que ya hemos visto, de intervenir sus sedes en la región. Además, entre su cúpula hubo deserciones, sobre todo la del subgobernador, Pedro Pan, que se pasó a la zona nacional. Asimismo, uno de los más reputados miembros de su Servicio de Estudios, Fernández Baños, fue trasladado en diciembre de 1936 a Valencia, desde donde gestionó la salida de España de toda su familia y de él mismo, incorporándose también el Banco de España franquista. Con esto la gestión del Banco, en un momento en el que toda gestión pasó a ser política, no se pudo, en modo alguno, independizar del proceso.
Ya el 13 de septiembre de 1936, Manuel Azaña, presidente de la República; y Juan Negrín, ministro de Hacienda, aparecen como firmantes de un decreto semiclandestino (su facsímil puede consultarse en el libro de Ansó, Yo fui ministro de Negrín, Madrid, Espejo de España, 1976) que autoriza al gobierno, ante el hecho palmario de que las tropas nacionales avanzan hacia Madrid, a trasladar el oro existente en el Banco de España a lugar seguro. Antes incluso de esa fecha, el ministro de Hacienda anterior a Negrín, Enrique Ramos, ya había solicitado autorización al gobierno para que el banco vendiese unos 25 millones de pesetas en oro, aunque en este caso se trataba de defender a la peseta en los mercados internacionales.
Los cálculos más afinados consideran que, en el momento de estallar el conflicto, hay en el Banco de España oro por valor de 5.295 millones de pesetas (para que os hagáis una idea, y apoyándonos en datos que ya he escrito en pasados post, eso viene a ser más o menos el gasto de guerra de Cataluña entre 1936 y 1939, multiplicado por cuatro).
El gobierno de Largo Caballero toma la decisión, que siempre será polémica, de trasladar el oro a Moscú. Y digo que es polémica porque será interminable la discusión sobre si, como defienden quienes apoyaron la medida, Moscú era el único destino posible; o existían otras alternativas. La primera, obviamente, es Suiza. Sin embargo, Suiza presentaba el problema de que el oro debería atravesar físicamente Francia, y Francia había mostrado ya cierta hostilidad hacia el uso exterior de divisas y metales preciosos por parte de la República, así que una incautación siempre era posible; de hecho, el gobierno español tenía de tiempo atrás un oro depositado en Mont de Marsans, también con el objetivo de utilizarlo para defender la peseta, y ahora el gobierno francés se negaba a movilizarlo a petición de sus legítimos dueños (los franceses, siempre tan amigos de decidir por otros). Por su parte, la fría actitud de Reino Unido lo descartaba como objetivo. Moscú presentaba la ventaja de que el viaje era posible, entre Cartagena y Odessa, por un mar relativamente controlado en el que no se produciría la intercepción de mercantes rusos. Algunos críticos con la medida apuntan que se pudo pensar en Nueva York. Ahí queda la duda.
Por cierto, que hubo un voluntario: el gobierno catalán. La Generalidad se ofreció para que Barcelona fuese el destino, entonces seguro, del oro español. Su idea, que yo sepa, no fue nunca considerada ni medio en serio.
Entre julio de 1937 y enero de 1937 comenzó a salir oro de España, aunque no por la vía ni con el destino que se ha hecho famoso. Entre dichas fechas, la República vendió al Banco de Francia (sí, al presunto incautador) 194 toneladas de oro que valdrían, según mis cálculos, unos 1.500 millones de pesetas. Es sólo en una segunda fase que las reservas restantes (sigo con mis cuentas: unos 3.900 millones) fueron trasladadas a Cartagena, donde la mayoría sería embarcada con destino a Rusia. En total, 7.800 cajas por un valor de unos 518 millones de dólares (los mentados 3.900 millones de pesetas).
El traslado a Cartagena fue realizado por carabineros, miembros por lo tanto de un cuerpo de orden público que dependía directamente del propio ministerio de Hacienda. Hay testimonios de que todos eran militantes socialistas. No obstante, algunos puntos del transporte fueron vigilados por una unidad del denominado Quinto Regimiento, al mando de Valentín González, El Campesino, entonces furibundo comunista. Este detalle labró la leyenda de que el traslado del oro fue también controlado por los comunistas, leyenda que parece ser eso mismo más que otra cosa.
El 25 de octubre de 1936, el oro se cargó en cuatro barcos rusos: el Jruso, el Neva, el Kim y el Volgores. En dichos barcos viajaban funcionarios del Banco de España y de la Dirección General del Tesoro, encargados de comprobar el recuento del oro a la llegada a Rusia.
A partir de ahí, todo parece indicar que las cosas dejaron de funcionar.
En primer lugar, el oro fue utilizado, durante toda la guerra, como pago por el material de guerra y auxiliar con que la URSS proveyó a la República. Sin embargo, la calidad de esa ayuda está sometida a duda. En su inicio, los pedidos de armas deberían ser realizados por una institución centralizada, la Comisión de Armamento y Munición, y repartidos en el ejército republicano por una unidad de la misma que se estableció en Albacete, cuyo presidente era Diego Martínez Barrio (presidente de las Cortes, asimismo) y su comisario político el diputado Ángel Pestaña, máximo representante del anarquismo trientista, de carácter más moderado que el de la CNT o la FAI. Esta oficina central de entregas, sin embargo, nunca llegó a funcionar adecuadamente, según testimonio del gobernador civil de Albacete en aquellos tiempos (Justo Martínez Amutio: Chantaje a un pueblo, Madrid, G. del Toro, 1974). Un aspecto todavía no demasiado estudiado es la influencia que tuvo en la eficiencia bélica de la República esta distribución ineficiente de los recursos que llegaban, los cuales, según Amutio, se dedicarían preferentemente a unidades comunistas. El referido memorialista se queja, además, de algo que también refieren otras fuentes, que es la escasa calidad del material vendido por los rusos a alto precio. Incluso, en el colmo de la ineficacia, se queja de entregas de aviones en los que el fuselaje fue desembarcado en Levante y los motores en Bilbao. Gerald Howson, probablemente el estudioso más serio y sólido de la ayuda militar soviética a la República, ha calculado que, sólo mintiendo en el tipo de cambio (usando cambios erróneos peseta-dólar), la URSS le pudo chulear a la República unos 50 millones de dólares. Los rusos, por cierto, exigían el pago previo al envío del material; cosa que no le pasó a Franco, el cual, por ejemplo, en 1944 todavía estaba cerrando pufos con los alemanes. Y eso a pesar de que la garantía del pago (el oro) estaba bajo su custodia.
En paralelo, los funcionarios que hemos dejado en los mercantes camino de Odessa llegaron allí y pronto comprobaron que los rusos eran insultantemente lentos realizando una operación coñazo, pero al fin y al cabo fácil, como es contar 7.800 cajas. A los funcionarios se les había dicho que estarían más o menos un mes fuera de España (habían calculado diez días de curro para el arqueo) y, transcurrido dicho mes, fueron a quejarse al embajador español en Moscú, Marcelino Pascua, pues tenían la sensación de que ni en cuatro meses iban a terminar ( o sea: cuatro meses son como 100 días laborables, que para 7.800 cajas salen a 78 cajas por día; trabajando 10 horas, nos sale que los rusos venían tardando en contar 8 cajas a la hora).
Consecuencia de las protestas: a los dos meses, fueron realojados, cada uno en solitario. Se les colocó un policía de escolta que no les dejaba ni para orinar y se les censuró la correspondencia con sus propios familiares. Algunos de ellos, en realidad, no regresarían a España en toda la guerra.
El 1 de agosto de 1938, según comunicación recibida por Negrín, las reservas de oro estaban ya prácticamente agotadas. Como la República.
El oro de Moscú no fue dilapidado ni tampoco fue, como pretendió la propaganda franquista, utilizado por los republicanos exiliados para vivir como curas en París o en México. Según las cuentas entregadas por Rómulo Negrín y Mariano Ansó, y que han sido estudiadas por el historiador económico Pablo Martín Aceña (El oro de Moscú y el oro de Berlín, Madrid, Taurus), el que fuera presidente del Gobierno republicano durante la guerra se guardó mucho de custodiar los comprobantes que, básicamente, demuestran el uso del oro para la compra de material militar. Que ese material fuese, como dicen testigos como Martínez Amutio, para comprar no el material necesario, sino el que los consejeros soviéticos consideraban necesario; que fuese o no distribuido de una forma equitativa entre las unidades que lo necesitaban; que fuese de buena o mala calidad, ya es otra historia.
No obstante lo dicho, los republicanos en el exilio tienen, a mi entender, un borrón no demasiado aclarado a día de hoy, sobre el cual las cuentas de Negrín, obviamente, no dicen nada. Porque si las operaciones con el oro se hicieron con recibos y libramientos de por medio, las incautaciones no se hicieron así. Durante la guerra ambos bandos procedieron a incautar bienes de sus enemigos, o los que ellos consideraban que lo eran. Franco, por ejemplo, incautó las sedes de los partidos políticos y centrales sindicales. Y la República se hizo con joyas, obras de arte, dinero y otras riquezas cuyo monto no se puede fijar como el del oro de Moscú, porque cuando llegan a tu casa y te quitan un collar de oro a punta de pistola, no sueles pedir recibo. Ni quien te lo quita ofrecértelo.
Este punto de la Historia permanece más bien oscuro. Pero basta por hoy. He redactado esta entrada con un monumental dolor de cabeza, aunque a mí consultar libros me relaja, así pues estos párrafos me han hecho el efecto que a mi mujer le hace la valeriana. Os he utilizado de terapia ;O)
Pero lo de las incautaciones deberá quedar para otro día, otro post.
Los dos hombres son Mariano Ansó, ex ministro de Justicia del presidente Juan Negrín durante la guerra; y Antonio Melchor de las Heras, abogado del Estado y asesor jurídico del ministerio franquista de Asuntos Exteriores. Ansó lleva, más o menos, veinte años sin poder pisar España. Va a Madrid a entregar algo. Un legado.
El viaje es continuación de una gestión realizada el día 18 de diciembre de ese año, unos días antes pues, por Rómulo Negrín, quien comparece ante Enrique Pérez-Hernández y Moreno, cónsul adjunto de España en París, para hacer entrega de todos los documentos que su padre, Juan Negrín, fallecido algunos días antes en París, atesoraba sobre el oro español entregado en depósito en el Comisariado del Pueblo de Hacienda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El viaje a Madrid viene a completar esta gestión.
Antes de ese día, y también después, los mitos y leyendas en torno al llamado oro de Moscú han sido constantes y, de hecho, a pesar del paso del tiempo es un asunto que aún da bastante que hablar.
Hagamos un poco de historia.
Con el estallido de la guerra, una de las cosas que se rompió fue el Banco de España. Y no sólo por la decisión de la Generalidad de Cataluña, que ya hemos visto, de intervenir sus sedes en la región. Además, entre su cúpula hubo deserciones, sobre todo la del subgobernador, Pedro Pan, que se pasó a la zona nacional. Asimismo, uno de los más reputados miembros de su Servicio de Estudios, Fernández Baños, fue trasladado en diciembre de 1936 a Valencia, desde donde gestionó la salida de España de toda su familia y de él mismo, incorporándose también el Banco de España franquista. Con esto la gestión del Banco, en un momento en el que toda gestión pasó a ser política, no se pudo, en modo alguno, independizar del proceso.
Ya el 13 de septiembre de 1936, Manuel Azaña, presidente de la República; y Juan Negrín, ministro de Hacienda, aparecen como firmantes de un decreto semiclandestino (su facsímil puede consultarse en el libro de Ansó, Yo fui ministro de Negrín, Madrid, Espejo de España, 1976) que autoriza al gobierno, ante el hecho palmario de que las tropas nacionales avanzan hacia Madrid, a trasladar el oro existente en el Banco de España a lugar seguro. Antes incluso de esa fecha, el ministro de Hacienda anterior a Negrín, Enrique Ramos, ya había solicitado autorización al gobierno para que el banco vendiese unos 25 millones de pesetas en oro, aunque en este caso se trataba de defender a la peseta en los mercados internacionales.
Los cálculos más afinados consideran que, en el momento de estallar el conflicto, hay en el Banco de España oro por valor de 5.295 millones de pesetas (para que os hagáis una idea, y apoyándonos en datos que ya he escrito en pasados post, eso viene a ser más o menos el gasto de guerra de Cataluña entre 1936 y 1939, multiplicado por cuatro).
El gobierno de Largo Caballero toma la decisión, que siempre será polémica, de trasladar el oro a Moscú. Y digo que es polémica porque será interminable la discusión sobre si, como defienden quienes apoyaron la medida, Moscú era el único destino posible; o existían otras alternativas. La primera, obviamente, es Suiza. Sin embargo, Suiza presentaba el problema de que el oro debería atravesar físicamente Francia, y Francia había mostrado ya cierta hostilidad hacia el uso exterior de divisas y metales preciosos por parte de la República, así que una incautación siempre era posible; de hecho, el gobierno español tenía de tiempo atrás un oro depositado en Mont de Marsans, también con el objetivo de utilizarlo para defender la peseta, y ahora el gobierno francés se negaba a movilizarlo a petición de sus legítimos dueños (los franceses, siempre tan amigos de decidir por otros). Por su parte, la fría actitud de Reino Unido lo descartaba como objetivo. Moscú presentaba la ventaja de que el viaje era posible, entre Cartagena y Odessa, por un mar relativamente controlado en el que no se produciría la intercepción de mercantes rusos. Algunos críticos con la medida apuntan que se pudo pensar en Nueva York. Ahí queda la duda.
Por cierto, que hubo un voluntario: el gobierno catalán. La Generalidad se ofreció para que Barcelona fuese el destino, entonces seguro, del oro español. Su idea, que yo sepa, no fue nunca considerada ni medio en serio.
Entre julio de 1937 y enero de 1937 comenzó a salir oro de España, aunque no por la vía ni con el destino que se ha hecho famoso. Entre dichas fechas, la República vendió al Banco de Francia (sí, al presunto incautador) 194 toneladas de oro que valdrían, según mis cálculos, unos 1.500 millones de pesetas. Es sólo en una segunda fase que las reservas restantes (sigo con mis cuentas: unos 3.900 millones) fueron trasladadas a Cartagena, donde la mayoría sería embarcada con destino a Rusia. En total, 7.800 cajas por un valor de unos 518 millones de dólares (los mentados 3.900 millones de pesetas).
El traslado a Cartagena fue realizado por carabineros, miembros por lo tanto de un cuerpo de orden público que dependía directamente del propio ministerio de Hacienda. Hay testimonios de que todos eran militantes socialistas. No obstante, algunos puntos del transporte fueron vigilados por una unidad del denominado Quinto Regimiento, al mando de Valentín González, El Campesino, entonces furibundo comunista. Este detalle labró la leyenda de que el traslado del oro fue también controlado por los comunistas, leyenda que parece ser eso mismo más que otra cosa.
El 25 de octubre de 1936, el oro se cargó en cuatro barcos rusos: el Jruso, el Neva, el Kim y el Volgores. En dichos barcos viajaban funcionarios del Banco de España y de la Dirección General del Tesoro, encargados de comprobar el recuento del oro a la llegada a Rusia.
A partir de ahí, todo parece indicar que las cosas dejaron de funcionar.
En primer lugar, el oro fue utilizado, durante toda la guerra, como pago por el material de guerra y auxiliar con que la URSS proveyó a la República. Sin embargo, la calidad de esa ayuda está sometida a duda. En su inicio, los pedidos de armas deberían ser realizados por una institución centralizada, la Comisión de Armamento y Munición, y repartidos en el ejército republicano por una unidad de la misma que se estableció en Albacete, cuyo presidente era Diego Martínez Barrio (presidente de las Cortes, asimismo) y su comisario político el diputado Ángel Pestaña, máximo representante del anarquismo trientista, de carácter más moderado que el de la CNT o la FAI. Esta oficina central de entregas, sin embargo, nunca llegó a funcionar adecuadamente, según testimonio del gobernador civil de Albacete en aquellos tiempos (Justo Martínez Amutio: Chantaje a un pueblo, Madrid, G. del Toro, 1974). Un aspecto todavía no demasiado estudiado es la influencia que tuvo en la eficiencia bélica de la República esta distribución ineficiente de los recursos que llegaban, los cuales, según Amutio, se dedicarían preferentemente a unidades comunistas. El referido memorialista se queja, además, de algo que también refieren otras fuentes, que es la escasa calidad del material vendido por los rusos a alto precio. Incluso, en el colmo de la ineficacia, se queja de entregas de aviones en los que el fuselaje fue desembarcado en Levante y los motores en Bilbao. Gerald Howson, probablemente el estudioso más serio y sólido de la ayuda militar soviética a la República, ha calculado que, sólo mintiendo en el tipo de cambio (usando cambios erróneos peseta-dólar), la URSS le pudo chulear a la República unos 50 millones de dólares. Los rusos, por cierto, exigían el pago previo al envío del material; cosa que no le pasó a Franco, el cual, por ejemplo, en 1944 todavía estaba cerrando pufos con los alemanes. Y eso a pesar de que la garantía del pago (el oro) estaba bajo su custodia.
En paralelo, los funcionarios que hemos dejado en los mercantes camino de Odessa llegaron allí y pronto comprobaron que los rusos eran insultantemente lentos realizando una operación coñazo, pero al fin y al cabo fácil, como es contar 7.800 cajas. A los funcionarios se les había dicho que estarían más o menos un mes fuera de España (habían calculado diez días de curro para el arqueo) y, transcurrido dicho mes, fueron a quejarse al embajador español en Moscú, Marcelino Pascua, pues tenían la sensación de que ni en cuatro meses iban a terminar ( o sea: cuatro meses son como 100 días laborables, que para 7.800 cajas salen a 78 cajas por día; trabajando 10 horas, nos sale que los rusos venían tardando en contar 8 cajas a la hora).
Consecuencia de las protestas: a los dos meses, fueron realojados, cada uno en solitario. Se les colocó un policía de escolta que no les dejaba ni para orinar y se les censuró la correspondencia con sus propios familiares. Algunos de ellos, en realidad, no regresarían a España en toda la guerra.
El 1 de agosto de 1938, según comunicación recibida por Negrín, las reservas de oro estaban ya prácticamente agotadas. Como la República.
El oro de Moscú no fue dilapidado ni tampoco fue, como pretendió la propaganda franquista, utilizado por los republicanos exiliados para vivir como curas en París o en México. Según las cuentas entregadas por Rómulo Negrín y Mariano Ansó, y que han sido estudiadas por el historiador económico Pablo Martín Aceña (El oro de Moscú y el oro de Berlín, Madrid, Taurus), el que fuera presidente del Gobierno republicano durante la guerra se guardó mucho de custodiar los comprobantes que, básicamente, demuestran el uso del oro para la compra de material militar. Que ese material fuese, como dicen testigos como Martínez Amutio, para comprar no el material necesario, sino el que los consejeros soviéticos consideraban necesario; que fuese o no distribuido de una forma equitativa entre las unidades que lo necesitaban; que fuese de buena o mala calidad, ya es otra historia.
No obstante lo dicho, los republicanos en el exilio tienen, a mi entender, un borrón no demasiado aclarado a día de hoy, sobre el cual las cuentas de Negrín, obviamente, no dicen nada. Porque si las operaciones con el oro se hicieron con recibos y libramientos de por medio, las incautaciones no se hicieron así. Durante la guerra ambos bandos procedieron a incautar bienes de sus enemigos, o los que ellos consideraban que lo eran. Franco, por ejemplo, incautó las sedes de los partidos políticos y centrales sindicales. Y la República se hizo con joyas, obras de arte, dinero y otras riquezas cuyo monto no se puede fijar como el del oro de Moscú, porque cuando llegan a tu casa y te quitan un collar de oro a punta de pistola, no sueles pedir recibo. Ni quien te lo quita ofrecértelo.
Este punto de la Historia permanece más bien oscuro. Pero basta por hoy. He redactado esta entrada con un monumental dolor de cabeza, aunque a mí consultar libros me relaja, así pues estos párrafos me han hecho el efecto que a mi mujer le hace la valeriana. Os he utilizado de terapia ;O)
Pero lo de las incautaciones deberá quedar para otro día, otro post.
lunes, noviembre 13, 2006
Flabbergasted
Flabbergasted es una de las palabras del inglés que más me gustan. Significa algo así como intensamente sorprendido. Creo que es una especie de onomatopeya moral. Oyes a alguien decir I'm flabbergasted y casi puedes tocar su sorpresa.
Hace una semana, Inasequible me comentó, por correo electrónico, que, a la vista de que no pocos post de este blog registraban comentarios de los lectores, debería colocar un contador de visitas. No le hice mucho caso, aunque algunas horas después me picó la curiosidad y acabé comprobando que colocar un contador es relativamente fácil. Relativamente, porque por el camino no me cargué el blog de puñetero milagro. Debéis comprenderme; yo soy así. Ahora Blogger me informa de que si quiero cambiar a la nueva versión de Blogger y me informa que para ello debo tener una cuenta Google, y a mí todo lo que se me ocurre es preguntar si tener una cuenta Google duele, es hereditario o es compatible con la deglución de grasaspoliinsaturadas.
En fin. Que coloqué el cuentalecturas con bastante escepticismo y ahora, al visitar mis predios interneteros por casualidad, me encuentro con que está a punto de llegar a las 1.000 visitas.
Supongo que tiene truco. O sea, que mi ignorancia tecnológica no me llega como para no saber que en internet hay todo tipo de artrópodos y similares, escarabajos, arañas y demás, que visitan las páginas automáticamente, y supongo que eso pondera en el número de visitas que registra el contador. Pero es que mil visitas en una semana me parece una pasada, aunque sean del tío Google.
Y quería decíroslo, en mi nombre y, estoy seguro, también en el de Ina, mi partner. Estas cosas le impulsan a uno a seguir adelante. Y eso mismo es lo que voy a seguir haciendo.
Nos vemos, pues.
Hace una semana, Inasequible me comentó, por correo electrónico, que, a la vista de que no pocos post de este blog registraban comentarios de los lectores, debería colocar un contador de visitas. No le hice mucho caso, aunque algunas horas después me picó la curiosidad y acabé comprobando que colocar un contador es relativamente fácil. Relativamente, porque por el camino no me cargué el blog de puñetero milagro. Debéis comprenderme; yo soy así. Ahora Blogger me informa de que si quiero cambiar a la nueva versión de Blogger y me informa que para ello debo tener una cuenta Google, y a mí todo lo que se me ocurre es preguntar si tener una cuenta Google duele, es hereditario o es compatible con la deglución de grasaspoliinsaturadas.
En fin. Que coloqué el cuentalecturas con bastante escepticismo y ahora, al visitar mis predios interneteros por casualidad, me encuentro con que está a punto de llegar a las 1.000 visitas.
Supongo que tiene truco. O sea, que mi ignorancia tecnológica no me llega como para no saber que en internet hay todo tipo de artrópodos y similares, escarabajos, arañas y demás, que visitan las páginas automáticamente, y supongo que eso pondera en el número de visitas que registra el contador. Pero es que mil visitas en una semana me parece una pasada, aunque sean del tío Google.
Y quería decíroslo, en mi nombre y, estoy seguro, también en el de Ina, mi partner. Estas cosas le impulsan a uno a seguir adelante. Y eso mismo es lo que voy a seguir haciendo.
Nos vemos, pues.
Un imperio en decadencia
Hoy cambiamos un poco de tercio. Supongo que a los lectores de este blog no se les ha escapado que la marcha que les va a sus autores es la Historia contemporánea de España. Es por esto que damos tanto la brasa con las anécdotas de España en el siglo XX. Bueno, esto es así, tanto en mi caso como el de Inasequible Aldesaliento. Aunque también tiene su lógica, porque obviamente la Historia, cuanto más moderna es, más rebosa de anécdotas. Aunque probablemente fueron muy interesantes, carecemos de anécdotas de los viejos íberos.
Pero ya digo que cambiamos de tercio. Concretamente, al tercio de Flandes, cuando menos en parte. Hoy en día, muchos españoles, cuando queremos referirnos a nuestra intención de comenzar a tener éxitos en un terreno que nos es aún desconocido (por ejemplo, comenzar a exportar mercancías a un determinado mercado) utilizamos para ello la expresión «poner una pica en Flandes». Es dudoso, muy dudoso, que un estadounidense del año 2400 utilice la expresión «izar la bandera en Iraq», a pesar de que tiene el mismo significado. Con esto quiero decir que las guerras de Flandes, y otras tantas cosas que pasaron hace cosa de unos 400 años, fueron de una importancia muy superior a los hechos internacionales que hoy valoramos.
Cada era histórica tiene su gendarme mundial, y hubo un momento en el que dicho gendarme fue España. De los difíciles momentos en que dicho gendarme se quedó sin fuerzas va a este post. Debido a Inasequible con mis apostillas, ya sabéis, en negrita.
Un imperio en bancarrota
By Inasequilble Aldesaliento
Carlo M. Cipolla publicó un volumen titulado La decadencia económica de los imperios (Alianza Universidad, Madrid 1981) en el que defiende que la causa principal de la decadencia de los imperios es la economía. Cipolla afirma que en la vida de los imperios llega un punto de inflexión en el que asumen más compromisos de los que pueden asumir. En lugar de cortar pérdidas y retirarse a posiciones fácilmente defendibles, multiplican los asuntos de “interés vital” y por tanto irrenunciables. Entienden que es una cuestión de vida o muerte, de ser o no ser imperio, el no retroceder. El resultado final es el colapso: no hay recursos para mantener tantos compromisos y al final lo que no se quiso abandonar voluntariamente, se tiene que abandonar por la fuerza.
Los intereses vitales de los imperios son como los tumores malignos: tienden a la metástasis. Por ejemplo, Estados Unidos puede empezar definiendo como intereses vitales e irrenunciables en Oriente Medio, la defensa de Israel y que el petróleo saudí esté en manos amigas. De pronto entiende que la defensa de Israel implica otro interés vital: que no surja una potencia regional en la zona, lo que implica tener estrechamente controlados a los dos países que podrían aspirar a ese papel, Siria e Iraq. Por otra parte, puede entender que no basta con asegurarse los suministros de petróleo saudí, también hay que asegurarse los iraquíes, que son las segundas reservas petrolíferas del planeta. Insensiblemente, donde había dos intereses vitales, han acabado surgiendo cuatro y el escenario está dado para que Estados Unidos entienda como vital, llevar a cabo las siguientes acciones simultáneas: ocupar Iraq, apoyar la invasión israelí del Líbano, limarle las uñas a Siria, mantener estrechamente vigilado al régimen iraní y asegurarse de que el régimen saudí se mantiene y no es reemplazado ni por una democracia popular incontrolable ni por un gobierno islámico. La cuestión clave, que muchos estadistas han descuidado alegremente, es: ¿hay recursos suficientes para tantas tareas?
Esta desproporción entre medios y fines aplicada al Imperio español se ve tristemente en Felipe III y la Pax Hispánica, de Paul C. Allen. El libro relata las vicisitudes de la política exterior de Felipe III, especialmente en lo relativo a los Países Bajos. Felipe III, un hombre que había nacido más para vividor alegre y mundano a lo Jaime de Mora y Aragón que para monarca de un imperio lleno de problemas, heredó de su padre Felipe II más sueños imperiales y cuestiones sin resolver que doblones. Y así nos fue.
De hecho, a pesar de que en los tiempos de Felipe III y de Felipe IV los ancianos nobles del Consejo de Castilla que habían sido funcionarios de Felipe II veían a éste con nostalgia y forjaron de él la imagen del buen gobernante (el Rey Prudente), lo cierto es que fue, en mi opinión, Felipe II y no el III quien labró la bancarrota de España con una política bélica enloquecida. De hecho, Felipe II ya declaró bancarrotas durante su reinado. Lo que es más importante: según algunos historiadores, fue él quien, indirectamente, creó o educó la figura del rentista improductivo (hidalgo) que tanto daño le haría a la capacidad económica de Castilla. La necesidad de financiar sus ejércitos forzó a la monarquía felípica a financiarse, además de con la plata de Indias, mediante la emisión de juros que venían a devenir en rentas seguras para sus tomadores. Por ello, la ocupación del español pudiente dejó de ser crear riqueza para ser vivir de los juros.
Un libro más clásico que el de Allen, pero interesante por abordar el mismo problema ya en los años de Felipe II, es Guerra y decadencia, de I.A.A.A. Thomson.
Si un consejero de Felipe III hubiera tenido que definir cuáles eran los intereses vitales de España en 1600, posiblemente habría enumerado los siguientes: defender el imperio de América; asegurar las rutas marinas entre las Indias y España; derrotar a los rebeldes holandeses y erradicar el protestantismo de esas tierras; contener al Turco en el Mediterráneo; asegurarse de que Francia no levanta cabeza y dar una lección a la protestante Inglaterra. El libro de Allen muestra la discrepancia entre esos objetivos grandiosos y los recursos existentes en el caso de los Países Bajos.
A comienzos del siglo XVII se había llegado a una situación de tablas en los Países Bajos, más por las malas finanzas españolas que por los éxitos militares holandeses. Era un misterio cada año si se podría emprender una campaña militar en la zona. Todo dependía de que llegase a tiempo y bien provista la Flota de Indias y de que, por medio de espías, se supiese si el Turco iba a estar activo o no ese año en el Mediterráneo. Lo ganado en la campaña de un año bueno, podía perderse en el siguiente si la falta de doblones impedía volver a la ofensiva y no había los medios para levantar un nuevo ejército.
Debe entenderse que el ejército de Flandes fue, mayoritariamente, un ejército mercenario. Aunque había muchos españoles en él, también había soldados de otras partes del imperio pero, en cualquier caso, estaba formado por soldados y mandos que peleaban por dinero. A lo largo de la larguísima guerra de Flandes sobran los episodios en los que el ejército sitiador de una ciudad abandona el asedio, por la misma razón por la que en un anuncio actual de la tele le dan a George Clooney con la puerta en las narices: no money, no party.
La impresión es la de un imperio que estaba continuamente viviendo de prestado, desnudando a un santo para vestir a otro, esperando siempre un milagro, sabedor de que el menor contratiempo se podía convertir en catástrofe, porque no había los medios para tapar un nuevo boquete en una nave que se hundía.
El imperio español sobrevivió durante el reinado de Felipe III por una combinación de buenos diplomáticos, que lograron a base de astucia lo que las arcas vacías y los cañones sin pólvora ya no conseguían, una política algo más realista, que tendió más a la paz que a la guerra, y a que el recuerdo de las pasadas glorias españolas aún imponía a sus enemigos. Fue en ese momento cuando España hubiera debido retirarse de algunas de sus posiciones para salvaguardar el resto, pero eso hubiera implicado un grado de sabiduría que muy pocos gobernantes en el mundo han tenido.
Y, muerto Felipe III, llegaría el reinado del cuarto y de su valido, el conde-duque de Olivares. En la monumental biografía que de él ha escrito J. H. Elliot puede seguirse, con meticulosidad, la lenta y definitiva putrefacción de la situación que Ina describe en este post.
Pero ya digo que cambiamos de tercio. Concretamente, al tercio de Flandes, cuando menos en parte. Hoy en día, muchos españoles, cuando queremos referirnos a nuestra intención de comenzar a tener éxitos en un terreno que nos es aún desconocido (por ejemplo, comenzar a exportar mercancías a un determinado mercado) utilizamos para ello la expresión «poner una pica en Flandes». Es dudoso, muy dudoso, que un estadounidense del año 2400 utilice la expresión «izar la bandera en Iraq», a pesar de que tiene el mismo significado. Con esto quiero decir que las guerras de Flandes, y otras tantas cosas que pasaron hace cosa de unos 400 años, fueron de una importancia muy superior a los hechos internacionales que hoy valoramos.
Cada era histórica tiene su gendarme mundial, y hubo un momento en el que dicho gendarme fue España. De los difíciles momentos en que dicho gendarme se quedó sin fuerzas va a este post. Debido a Inasequible con mis apostillas, ya sabéis, en negrita.
Un imperio en bancarrota
By Inasequilble Aldesaliento
Carlo M. Cipolla publicó un volumen titulado La decadencia económica de los imperios (Alianza Universidad, Madrid 1981) en el que defiende que la causa principal de la decadencia de los imperios es la economía. Cipolla afirma que en la vida de los imperios llega un punto de inflexión en el que asumen más compromisos de los que pueden asumir. En lugar de cortar pérdidas y retirarse a posiciones fácilmente defendibles, multiplican los asuntos de “interés vital” y por tanto irrenunciables. Entienden que es una cuestión de vida o muerte, de ser o no ser imperio, el no retroceder. El resultado final es el colapso: no hay recursos para mantener tantos compromisos y al final lo que no se quiso abandonar voluntariamente, se tiene que abandonar por la fuerza.
Los intereses vitales de los imperios son como los tumores malignos: tienden a la metástasis. Por ejemplo, Estados Unidos puede empezar definiendo como intereses vitales e irrenunciables en Oriente Medio, la defensa de Israel y que el petróleo saudí esté en manos amigas. De pronto entiende que la defensa de Israel implica otro interés vital: que no surja una potencia regional en la zona, lo que implica tener estrechamente controlados a los dos países que podrían aspirar a ese papel, Siria e Iraq. Por otra parte, puede entender que no basta con asegurarse los suministros de petróleo saudí, también hay que asegurarse los iraquíes, que son las segundas reservas petrolíferas del planeta. Insensiblemente, donde había dos intereses vitales, han acabado surgiendo cuatro y el escenario está dado para que Estados Unidos entienda como vital, llevar a cabo las siguientes acciones simultáneas: ocupar Iraq, apoyar la invasión israelí del Líbano, limarle las uñas a Siria, mantener estrechamente vigilado al régimen iraní y asegurarse de que el régimen saudí se mantiene y no es reemplazado ni por una democracia popular incontrolable ni por un gobierno islámico. La cuestión clave, que muchos estadistas han descuidado alegremente, es: ¿hay recursos suficientes para tantas tareas?
Esta desproporción entre medios y fines aplicada al Imperio español se ve tristemente en Felipe III y la Pax Hispánica, de Paul C. Allen. El libro relata las vicisitudes de la política exterior de Felipe III, especialmente en lo relativo a los Países Bajos. Felipe III, un hombre que había nacido más para vividor alegre y mundano a lo Jaime de Mora y Aragón que para monarca de un imperio lleno de problemas, heredó de su padre Felipe II más sueños imperiales y cuestiones sin resolver que doblones. Y así nos fue.
De hecho, a pesar de que en los tiempos de Felipe III y de Felipe IV los ancianos nobles del Consejo de Castilla que habían sido funcionarios de Felipe II veían a éste con nostalgia y forjaron de él la imagen del buen gobernante (el Rey Prudente), lo cierto es que fue, en mi opinión, Felipe II y no el III quien labró la bancarrota de España con una política bélica enloquecida. De hecho, Felipe II ya declaró bancarrotas durante su reinado. Lo que es más importante: según algunos historiadores, fue él quien, indirectamente, creó o educó la figura del rentista improductivo (hidalgo) que tanto daño le haría a la capacidad económica de Castilla. La necesidad de financiar sus ejércitos forzó a la monarquía felípica a financiarse, además de con la plata de Indias, mediante la emisión de juros que venían a devenir en rentas seguras para sus tomadores. Por ello, la ocupación del español pudiente dejó de ser crear riqueza para ser vivir de los juros.
Un libro más clásico que el de Allen, pero interesante por abordar el mismo problema ya en los años de Felipe II, es Guerra y decadencia, de I.A.A.A. Thomson.
Si un consejero de Felipe III hubiera tenido que definir cuáles eran los intereses vitales de España en 1600, posiblemente habría enumerado los siguientes: defender el imperio de América; asegurar las rutas marinas entre las Indias y España; derrotar a los rebeldes holandeses y erradicar el protestantismo de esas tierras; contener al Turco en el Mediterráneo; asegurarse de que Francia no levanta cabeza y dar una lección a la protestante Inglaterra. El libro de Allen muestra la discrepancia entre esos objetivos grandiosos y los recursos existentes en el caso de los Países Bajos.
A comienzos del siglo XVII se había llegado a una situación de tablas en los Países Bajos, más por las malas finanzas españolas que por los éxitos militares holandeses. Era un misterio cada año si se podría emprender una campaña militar en la zona. Todo dependía de que llegase a tiempo y bien provista la Flota de Indias y de que, por medio de espías, se supiese si el Turco iba a estar activo o no ese año en el Mediterráneo. Lo ganado en la campaña de un año bueno, podía perderse en el siguiente si la falta de doblones impedía volver a la ofensiva y no había los medios para levantar un nuevo ejército.
Debe entenderse que el ejército de Flandes fue, mayoritariamente, un ejército mercenario. Aunque había muchos españoles en él, también había soldados de otras partes del imperio pero, en cualquier caso, estaba formado por soldados y mandos que peleaban por dinero. A lo largo de la larguísima guerra de Flandes sobran los episodios en los que el ejército sitiador de una ciudad abandona el asedio, por la misma razón por la que en un anuncio actual de la tele le dan a George Clooney con la puerta en las narices: no money, no party.
La impresión es la de un imperio que estaba continuamente viviendo de prestado, desnudando a un santo para vestir a otro, esperando siempre un milagro, sabedor de que el menor contratiempo se podía convertir en catástrofe, porque no había los medios para tapar un nuevo boquete en una nave que se hundía.
El imperio español sobrevivió durante el reinado de Felipe III por una combinación de buenos diplomáticos, que lograron a base de astucia lo que las arcas vacías y los cañones sin pólvora ya no conseguían, una política algo más realista, que tendió más a la paz que a la guerra, y a que el recuerdo de las pasadas glorias españolas aún imponía a sus enemigos. Fue en ese momento cuando España hubiera debido retirarse de algunas de sus posiciones para salvaguardar el resto, pero eso hubiera implicado un grado de sabiduría que muy pocos gobernantes en el mundo han tenido.
Y, muerto Felipe III, llegaría el reinado del cuarto y de su valido, el conde-duque de Olivares. En la monumental biografía que de él ha escrito J. H. Elliot puede seguirse, con meticulosidad, la lenta y definitiva putrefacción de la situación que Ina describe en este post.
jueves, noviembre 09, 2006
Cataluña y la pasta: la guerra
En el pasado post que tuve que cortar para hacer la cena (esta noche hay tortilla de calabacín de La Sirena, así pues no hay riesgo), dejamos a la Generalidad de Cataluña el 18 de julio, tras el golpe de Estado contra la República que en Barcelona, por razones que tienen bastante que ver con la incompetencia militar, fracasó. Esto, sin embargo, no quiere decir, en modo alguno, que la Generalidad obtuviese con ello el control del territorio y del gobierno. De hecho, la guerra supuso para el poder catalán un cambio radical, ya que se pasó de una situación en la que se producía un dominio claro de un partido de corte burgués (Esquerra Republicana de Cataluña) en sucesivos gobiernos en los que compartía banco azul con otros partidos nacionalistas no revolucionarios (salvo, quizá, los socialistas de Comorera); a otra en la que (21 de julio) se designa un denominado Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, auténtico gobierno efectivo, donde hay dos miembros de la FAI (Federación Anarquista Ibérica), tres de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo, anarcosindicalista), tres de la UGT (Unión General de Trabajadores, socialista), uno del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista, marxista ortodoxo, aunque antiestalinista); uno del PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña, comunista), uno de la Unió de Rabassaires, cuatro de Esquerra y Acció Catalana Republicana (republicanos burgueses y catalanistas) y cuatro de la Generalitat. Como puede verse, el mapa político había cambiado radicalmente.
Uno de los problemas bélicos del bando republicano en general (he aquí otro compromiso: hablaremos de la Hacienda española, un tema que tiene morbo porque nos llevaría a hablar del famoso oro de Moscú) fue su escasa capacidad de obtener recursos vía impuestos. Pero de esta escasa capacidad tuvieron la culpa los propios republicanos o, más concretamente, aquéllos de entre ellos que se apuntaban, como los anarquistas, a la filosofía de que la guerra se podía ganar mientras se construía la revolución social al mismo tiempo. En primer lugar, y si nos ceñimos al caso de Cataluña (y no es mal ceñirse, pues Cataluña y Aragón son las dos áreas de España donde este efecto se dejó sentir en mayor medida), ceder a la presión de realizar la revolución marxista fue una imposición, porque si repasamos aquellas ocasiones en las que el pueblo catalán fue llamado, durante la República, a expresar sus querencias políticas, nos queda bien claro que, por mucho que la CNT y el POUM, cada uno a su manera, quisieran la revolución ya, la mayor parte de los catalanes no la quería, ni ya, ni pasado mañana, ni al otro.
Sin embargo, el hecho es que para derrotar a los militares sublevados en Cataluña en general y Barcelona en particular fue necesario armar a los civiles. Manuel D. Benavides, un propagandista socialista (filocomunista, en realidad) escribió en 1946 un libro, Guerra y revolución en Cataluña, cuya lectura os recomiendo a todos, pero muy especialmente a aquéllos que me leáis con los pies y/o el corazón en Cataluña. En dicho libro, entre otras muchas cosas interesantes (algún otro post saldrá de sus páginas), habla de decenas de miles de fusiles que fueron puestos, en los días posteriores al 18 de julio, en manos de las milicias anarquistas, y que nunca volvieron a aparecer. Desde muchos puntos de vista, Lluís Companys, Martí Esteve, Josep Tarradellas y todos los demás miembros de la Generalidad durante la guerra, legítimos representantes del pueblo catalán por mor de las urnas, fueron rehenes. Hasta mayo de 1937, del revolucionarismo ciego de anarquistas y marxistas puros. Desde entonces, de los comunistas, apoyados en el hecho palmario, que todos conocemos, de que el único apoyo de verdad que tenía la República a la hora de hacer la guerra venía de la URSS.
Para ganar la guerra hacía falta dinero. El dinero viene de los impuestos. Pero Cataluña (y, en menor medida, el resto de España) no podía recaudar impuestos porque su Generalidad, de alguna manera, había ilegalizado de facto los hechos imponibles que dichos impuestos gravaban. El 18 de agosto, el Consejo de Economía, que era como el Comité de Milicias y con composición muy parecida, aprobó un plan económico, se dice que debido en gran parte a la pluma de uno de los líderes del POUM, Andreu Nin (que acabaría, por cierto, fusilado por los comunistas en Alcalá de Henares). Se colectivizaron la gran propiedad agraria, las industrias y negocios abandonados, los servicios públicos; se redujeron los arrendamientos (en realidad, en muchos sitios dejaron de pagarse); se dictaminó el control obrero de los depósitos bancarios y compañías de seguros. En otras palabras: contra el parecer de no pocos de los miembros del bando republicano, se impuso la simultaneidad de la guerra y de la revolución. Sin olvidarnos del pequeño detalle de lo difícil que es pagar impuestos cuando sólo te dejan hacer libranzas de tus cuentas corrientes para pagar salarios y no te dejan tener en casa más de 300 pesetas.
Pero ya hemos dicho de qué iban los impuestos de los que la Generalidad tenía que obtener sus recursos. El de derechos reales, por ejemplo, gravaba las transmisiones patrimoniales, y no hay muchas ventas de inmuebles en un entorno revolucionario (lo que hubo fueron requisas). El de la contribución urbana no dejaba de gravar un concepto imposible en un régimen de corte marxista o libertario, como es la plusvalía (un marxista no puede cobrar un impuesto sobre aquello que Marx dice que se le ha alienado al obrero; en todo caso, deberá devolvérselo). Por lo que se refiere al impuesto de utilidades, se basaba en la vida de las empresas, pero éstas pasaron a ser meras distribuidoras del valor añadido que podían generar entre sus trabajadores vía salarios, con lo que desaparecieron beneficios y dividendos.
Por cada 7 euros que se recaudaron de impuestos en Cataluña en 1935, se recaudó uno solo en 1936. Especialmente impresionante fue la evolución del impuesto de derechos reales, que recaudó 19 millones de pesetas en 1935 y algo menos de 600.000 pesetas en 1936. Y esto teniendo en cuenta que medio año había transcurrido en situación de paz. Es cierto que, progresivamente, la Generalidad consiguió recuperar en buena parte la recaudación en tiempos posteriores y, sobre todo, a partir de mayo de 1937, cuando CNT-POUM y socialistas-comunistas se enfrentaron a muerte (y no es una forma de hablar), triunfando las tesis de los segundos. Sin embargo, se estima que dicha recaudación, al fin y a la postre, sólo llegó más o menos para cubrir los gastos presupuestarios de Cataluña (o sea, el trantrán de gasto que habría tenido de no haber guerra), unos 450 millones de pesetas en todo el periodo. Lo cierto es que la Generalidad gastó 1.400 millones más por efecto de la guerra.
Con todo, el aspecto de las finanzas públicas fue, probablemente, el que más libre quedó de la influencia revolucionaria. Esto se lo debe Cataluña al empuje y la inteligencia de un político incansable, que volvería a vivir para ver una Cataluña libre y democrática: Josep Tarradellas. El hombre que, a su regreso a España desde el exilio, pronunciaría la histórica frase ja soc aquí.
Tarradellas fue el consejero de Finanzas del gobierno catalán casi non stop durante toda la guerra. Sus esfuerzos por racionalizar económicamente una situación tan difícil como una guerra fueron muchos, aunque también cometió errores. En todo caso, para la Historia ha quedado con su nombre el que yo creo que es el esfuerzo más encomiable para ordenar, desde el punto de vista fiscal y presupuestario, una administración republicana en guerra. Se trata del llamado (ya digo que con justicia) Plan Tarradellas, publicado en una monumental edición especial del Diari Oficial de la Generalidad el 18 de enero de 1937, días después de que Tarradellas y un grupo de funcionarios a su servicio diseñasen en la localidad de S’Agaró nada menos que 58 decretos y órdenes. Este plan suponía la creación de nuevos impuestos, uno sobre las ventas de cualquier tipo (una especie de IVA, pues); otro sobre las percepciones activas y pasivas de los funcionarios, que fue un tremendo error por su palmario carácter discriminatorio; otro sobre los espectáculos; otro sobre la adquisición de aparatos de radio; amén de la reforma de otros impuestos existentes.
Con el Plan Tarradellas, de hecho, se estima que la Generalidad pasó a ser mucho mejor recaudador de impuestos que la Hacienda de Negrín, o sea la mal llamada de Madrid (deberíamos llamarla de Valencia o, incluso, de Barcelona). Sin embargo, algunos meses antes, en agosto de 1936, ante el agostamiento de recursos que le había provocado a Cataluña la revolución y la caída en picado de los impuestos, Tarradellas había decidido una medida sobre cuya valoración ya no cabe estar tan de acuerdo.
En los primeros meses de la guerra, en efecto, casi nada funciona en la economía catalana. No hay transacciones, no hay plusvalías. El valor añadido, por así decirlo, ha desaparecido como concepto económico real, y eso afecta a los impuestos. Para colmo, el gobierno catalán ha asumido diversas responsabilidades, como el pago de salarios cuando no es posible o la ayuda para pignoraciones y descuentos que son necesarios en la operativa mercantil (incluso la revolucionaria). Así pues, no sólo tiene un problema presupuestario al uso, es decir tener más gastos que ingresos y contabilizar déficit. Lo que tiene es un problema de tesorería: necesita dinero para pagar a las tropas, poner en marcha las industrias de guerra y, por qué no decirlo, sostener económicamente Cataluña, y las arcas están vacías.
En el verano de 1936, un desesperado Tarradellas lanza un amargo SOS al gobierno de Madrid con tres peticiones: una, un crédito a favor de la Generalidad de 50 millones de pesetas para ir tirando en el pago de las tropas y lo que viene siendo el gasto de la guerra; en segundo lugar, un crédito adicional de 30 millones de francos en París para poder comprar en el extranjero materias primas para la industria de guerra, sobre todo acero; y, en tercer lugar, autorización a la Generalidad para adquirir divisas por valor de 100 millones de pesetas, también sobre todo para adquirir materias primas.
El 22 de agosto, mientras la Generalidad está esperando una respuesta de Madrid que no llegará, llega a sus oídos que lo que ha hecho el gobierno central es remitir un telegrama al delegado de Hacienda en Barcelona ordenándole que transfiriese al Banco de España el saldo de pesetas oro y pesetas plata que obra en dicha delegación. Aunque en dicha delegación se vende esta orden como una medida contra el atesoramiento por particulares (?) y se asevera que no comportará el traslado de recursos fuera de Cataluña, el día 27 de agosto Tarradellas, bastante mosqueado, agarra el canasto de las chufas e impulsa un decreto por el cual la Generalidad tomaba el control directo de las delegaciones de Hacienda y las sucursales del Banco de España en Cataluña (Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Reus y Tortosa).
Mi impresión personal es que ya existían diferencias y resquemores entre Madrid y Barcelona, pero este movimiento terminó por enervarlas. A la luz de la Historia, resulta difícil defender la medida. De los pocos o muchos recursos bélicos con los que la República pudo hacerse para intentar resistir lo embates del ejército franquista, reforzado por italianos y alemanes, la mayor parte la puso en juego el gobierno de Madrid, a través sobre todo del uso, más o menos hábil, del famoso oro de Moscú. Parece obvio que la orden de repatriar el dinero de la delegación de Hacienda (porque en eso tenía razón la Generalidad: les estaban intentando tangar con aquello del atesoramiento) tenía como objetivo acrecentar con esos recursos las remesas con las que se pagó el material bélico de la República.
Lo cierto es que una guerra es una situación especial. Tan sostenible como la idea de que era racional que los revolucionarios aparcasen la revolución hasta ganar la guerra era, también, la idea de que Cataluña debería haber aparcado sus deseos autonomistas hasta ganar el conflicto. La falta de sintonía entre quienes estaban en verdad dirigiendo el esfuerzo bélico de la República y quienes dirigían el esfuerzo bélico catalán no fue de ninguna ayuda para dicho bando.
No obstante lo dicho, también es cierto que las culpas no se pueden cargar solo en las espaldas de la Generalidad. De lo referido queda claro que la actitud del gobierno Giral no fue precisamente limpia con los catalanes. Madrid llegó incluso a bloquear en alguna de sus embajadas transferencias de divisas que había hecho la Generalidad para poder comprar materias primas (así, 36.000 libras en París, que fueron desbloqueadas en septiembre). Aunque la Historia-ficción realmente no sirve para nada, cabe preguntarse qué habría pasado si Cataluña se hubiese colapsado, cuando menos económicamente, a finales del 36. Esto no pareció importarle demasiado al gobierno de Madrid. Hablamos, pues, de torpezas entrelazadas.
Julián Zugazagoitia, que fuera ministro de la República durante la guerra, escribió en París un libro, Guerra y vicisitudes de los españoles, poco tiempo antes de ser trasladado a España, donde Franco lo fusiló. En los últimos estertores de la guerra en Cataluña, tras la reunión del Parlamento en Figueras, describe con amargura la huída hacia la frontera francesa de ambos gobiernos, el de España y el de Cataluña, poco menos que por separado. Esta desconexión me parece a mí que fue crítica para la causa republicana. Cataluña consiguió racionalizar su sistema económico y, sobre todo, presupuestario, en condiciones mucho más duras que el resto de España; así pues, Madrid habría podido aprender de ella. En la guerra, sin embargo, sólo puede haber un jefe. Porque allí donde hay dos jefes no hay una guerra, sino dos. Ésta es una lección, quizá, que el gobierno catalán, o tal vez quienes lo tenían secuestrado, no aprendió suficientemente, ni suficientemente deprisa.
Uno de los problemas bélicos del bando republicano en general (he aquí otro compromiso: hablaremos de la Hacienda española, un tema que tiene morbo porque nos llevaría a hablar del famoso oro de Moscú) fue su escasa capacidad de obtener recursos vía impuestos. Pero de esta escasa capacidad tuvieron la culpa los propios republicanos o, más concretamente, aquéllos de entre ellos que se apuntaban, como los anarquistas, a la filosofía de que la guerra se podía ganar mientras se construía la revolución social al mismo tiempo. En primer lugar, y si nos ceñimos al caso de Cataluña (y no es mal ceñirse, pues Cataluña y Aragón son las dos áreas de España donde este efecto se dejó sentir en mayor medida), ceder a la presión de realizar la revolución marxista fue una imposición, porque si repasamos aquellas ocasiones en las que el pueblo catalán fue llamado, durante la República, a expresar sus querencias políticas, nos queda bien claro que, por mucho que la CNT y el POUM, cada uno a su manera, quisieran la revolución ya, la mayor parte de los catalanes no la quería, ni ya, ni pasado mañana, ni al otro.
Sin embargo, el hecho es que para derrotar a los militares sublevados en Cataluña en general y Barcelona en particular fue necesario armar a los civiles. Manuel D. Benavides, un propagandista socialista (filocomunista, en realidad) escribió en 1946 un libro, Guerra y revolución en Cataluña, cuya lectura os recomiendo a todos, pero muy especialmente a aquéllos que me leáis con los pies y/o el corazón en Cataluña. En dicho libro, entre otras muchas cosas interesantes (algún otro post saldrá de sus páginas), habla de decenas de miles de fusiles que fueron puestos, en los días posteriores al 18 de julio, en manos de las milicias anarquistas, y que nunca volvieron a aparecer. Desde muchos puntos de vista, Lluís Companys, Martí Esteve, Josep Tarradellas y todos los demás miembros de la Generalidad durante la guerra, legítimos representantes del pueblo catalán por mor de las urnas, fueron rehenes. Hasta mayo de 1937, del revolucionarismo ciego de anarquistas y marxistas puros. Desde entonces, de los comunistas, apoyados en el hecho palmario, que todos conocemos, de que el único apoyo de verdad que tenía la República a la hora de hacer la guerra venía de la URSS.
Para ganar la guerra hacía falta dinero. El dinero viene de los impuestos. Pero Cataluña (y, en menor medida, el resto de España) no podía recaudar impuestos porque su Generalidad, de alguna manera, había ilegalizado de facto los hechos imponibles que dichos impuestos gravaban. El 18 de agosto, el Consejo de Economía, que era como el Comité de Milicias y con composición muy parecida, aprobó un plan económico, se dice que debido en gran parte a la pluma de uno de los líderes del POUM, Andreu Nin (que acabaría, por cierto, fusilado por los comunistas en Alcalá de Henares). Se colectivizaron la gran propiedad agraria, las industrias y negocios abandonados, los servicios públicos; se redujeron los arrendamientos (en realidad, en muchos sitios dejaron de pagarse); se dictaminó el control obrero de los depósitos bancarios y compañías de seguros. En otras palabras: contra el parecer de no pocos de los miembros del bando republicano, se impuso la simultaneidad de la guerra y de la revolución. Sin olvidarnos del pequeño detalle de lo difícil que es pagar impuestos cuando sólo te dejan hacer libranzas de tus cuentas corrientes para pagar salarios y no te dejan tener en casa más de 300 pesetas.
Pero ya hemos dicho de qué iban los impuestos de los que la Generalidad tenía que obtener sus recursos. El de derechos reales, por ejemplo, gravaba las transmisiones patrimoniales, y no hay muchas ventas de inmuebles en un entorno revolucionario (lo que hubo fueron requisas). El de la contribución urbana no dejaba de gravar un concepto imposible en un régimen de corte marxista o libertario, como es la plusvalía (un marxista no puede cobrar un impuesto sobre aquello que Marx dice que se le ha alienado al obrero; en todo caso, deberá devolvérselo). Por lo que se refiere al impuesto de utilidades, se basaba en la vida de las empresas, pero éstas pasaron a ser meras distribuidoras del valor añadido que podían generar entre sus trabajadores vía salarios, con lo que desaparecieron beneficios y dividendos.
Por cada 7 euros que se recaudaron de impuestos en Cataluña en 1935, se recaudó uno solo en 1936. Especialmente impresionante fue la evolución del impuesto de derechos reales, que recaudó 19 millones de pesetas en 1935 y algo menos de 600.000 pesetas en 1936. Y esto teniendo en cuenta que medio año había transcurrido en situación de paz. Es cierto que, progresivamente, la Generalidad consiguió recuperar en buena parte la recaudación en tiempos posteriores y, sobre todo, a partir de mayo de 1937, cuando CNT-POUM y socialistas-comunistas se enfrentaron a muerte (y no es una forma de hablar), triunfando las tesis de los segundos. Sin embargo, se estima que dicha recaudación, al fin y a la postre, sólo llegó más o menos para cubrir los gastos presupuestarios de Cataluña (o sea, el trantrán de gasto que habría tenido de no haber guerra), unos 450 millones de pesetas en todo el periodo. Lo cierto es que la Generalidad gastó 1.400 millones más por efecto de la guerra.
Con todo, el aspecto de las finanzas públicas fue, probablemente, el que más libre quedó de la influencia revolucionaria. Esto se lo debe Cataluña al empuje y la inteligencia de un político incansable, que volvería a vivir para ver una Cataluña libre y democrática: Josep Tarradellas. El hombre que, a su regreso a España desde el exilio, pronunciaría la histórica frase ja soc aquí.
Tarradellas fue el consejero de Finanzas del gobierno catalán casi non stop durante toda la guerra. Sus esfuerzos por racionalizar económicamente una situación tan difícil como una guerra fueron muchos, aunque también cometió errores. En todo caso, para la Historia ha quedado con su nombre el que yo creo que es el esfuerzo más encomiable para ordenar, desde el punto de vista fiscal y presupuestario, una administración republicana en guerra. Se trata del llamado (ya digo que con justicia) Plan Tarradellas, publicado en una monumental edición especial del Diari Oficial de la Generalidad el 18 de enero de 1937, días después de que Tarradellas y un grupo de funcionarios a su servicio diseñasen en la localidad de S’Agaró nada menos que 58 decretos y órdenes. Este plan suponía la creación de nuevos impuestos, uno sobre las ventas de cualquier tipo (una especie de IVA, pues); otro sobre las percepciones activas y pasivas de los funcionarios, que fue un tremendo error por su palmario carácter discriminatorio; otro sobre los espectáculos; otro sobre la adquisición de aparatos de radio; amén de la reforma de otros impuestos existentes.
Con el Plan Tarradellas, de hecho, se estima que la Generalidad pasó a ser mucho mejor recaudador de impuestos que la Hacienda de Negrín, o sea la mal llamada de Madrid (deberíamos llamarla de Valencia o, incluso, de Barcelona). Sin embargo, algunos meses antes, en agosto de 1936, ante el agostamiento de recursos que le había provocado a Cataluña la revolución y la caída en picado de los impuestos, Tarradellas había decidido una medida sobre cuya valoración ya no cabe estar tan de acuerdo.
En los primeros meses de la guerra, en efecto, casi nada funciona en la economía catalana. No hay transacciones, no hay plusvalías. El valor añadido, por así decirlo, ha desaparecido como concepto económico real, y eso afecta a los impuestos. Para colmo, el gobierno catalán ha asumido diversas responsabilidades, como el pago de salarios cuando no es posible o la ayuda para pignoraciones y descuentos que son necesarios en la operativa mercantil (incluso la revolucionaria). Así pues, no sólo tiene un problema presupuestario al uso, es decir tener más gastos que ingresos y contabilizar déficit. Lo que tiene es un problema de tesorería: necesita dinero para pagar a las tropas, poner en marcha las industrias de guerra y, por qué no decirlo, sostener económicamente Cataluña, y las arcas están vacías.
En el verano de 1936, un desesperado Tarradellas lanza un amargo SOS al gobierno de Madrid con tres peticiones: una, un crédito a favor de la Generalidad de 50 millones de pesetas para ir tirando en el pago de las tropas y lo que viene siendo el gasto de la guerra; en segundo lugar, un crédito adicional de 30 millones de francos en París para poder comprar en el extranjero materias primas para la industria de guerra, sobre todo acero; y, en tercer lugar, autorización a la Generalidad para adquirir divisas por valor de 100 millones de pesetas, también sobre todo para adquirir materias primas.
El 22 de agosto, mientras la Generalidad está esperando una respuesta de Madrid que no llegará, llega a sus oídos que lo que ha hecho el gobierno central es remitir un telegrama al delegado de Hacienda en Barcelona ordenándole que transfiriese al Banco de España el saldo de pesetas oro y pesetas plata que obra en dicha delegación. Aunque en dicha delegación se vende esta orden como una medida contra el atesoramiento por particulares (?) y se asevera que no comportará el traslado de recursos fuera de Cataluña, el día 27 de agosto Tarradellas, bastante mosqueado, agarra el canasto de las chufas e impulsa un decreto por el cual la Generalidad tomaba el control directo de las delegaciones de Hacienda y las sucursales del Banco de España en Cataluña (Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Reus y Tortosa).
Mi impresión personal es que ya existían diferencias y resquemores entre Madrid y Barcelona, pero este movimiento terminó por enervarlas. A la luz de la Historia, resulta difícil defender la medida. De los pocos o muchos recursos bélicos con los que la República pudo hacerse para intentar resistir lo embates del ejército franquista, reforzado por italianos y alemanes, la mayor parte la puso en juego el gobierno de Madrid, a través sobre todo del uso, más o menos hábil, del famoso oro de Moscú. Parece obvio que la orden de repatriar el dinero de la delegación de Hacienda (porque en eso tenía razón la Generalidad: les estaban intentando tangar con aquello del atesoramiento) tenía como objetivo acrecentar con esos recursos las remesas con las que se pagó el material bélico de la República.
Lo cierto es que una guerra es una situación especial. Tan sostenible como la idea de que era racional que los revolucionarios aparcasen la revolución hasta ganar la guerra era, también, la idea de que Cataluña debería haber aparcado sus deseos autonomistas hasta ganar el conflicto. La falta de sintonía entre quienes estaban en verdad dirigiendo el esfuerzo bélico de la República y quienes dirigían el esfuerzo bélico catalán no fue de ninguna ayuda para dicho bando.
No obstante lo dicho, también es cierto que las culpas no se pueden cargar solo en las espaldas de la Generalidad. De lo referido queda claro que la actitud del gobierno Giral no fue precisamente limpia con los catalanes. Madrid llegó incluso a bloquear en alguna de sus embajadas transferencias de divisas que había hecho la Generalidad para poder comprar materias primas (así, 36.000 libras en París, que fueron desbloqueadas en septiembre). Aunque la Historia-ficción realmente no sirve para nada, cabe preguntarse qué habría pasado si Cataluña se hubiese colapsado, cuando menos económicamente, a finales del 36. Esto no pareció importarle demasiado al gobierno de Madrid. Hablamos, pues, de torpezas entrelazadas.
Julián Zugazagoitia, que fuera ministro de la República durante la guerra, escribió en París un libro, Guerra y vicisitudes de los españoles, poco tiempo antes de ser trasladado a España, donde Franco lo fusiló. En los últimos estertores de la guerra en Cataluña, tras la reunión del Parlamento en Figueras, describe con amargura la huída hacia la frontera francesa de ambos gobiernos, el de España y el de Cataluña, poco menos que por separado. Esta desconexión me parece a mí que fue crítica para la causa republicana. Cataluña consiguió racionalizar su sistema económico y, sobre todo, presupuestario, en condiciones mucho más duras que el resto de España; así pues, Madrid habría podido aprender de ella. En la guerra, sin embargo, sólo puede haber un jefe. Porque allí donde hay dos jefes no hay una guerra, sino dos. Ésta es una lección, quizá, que el gobierno catalán, o tal vez quienes lo tenían secuestrado, no aprendió suficientemente, ni suficientemente deprisa.
lunes, noviembre 06, 2006
Comerciantes
«La buena tela, en el arca se vende». Hay mucha gente que piensa de verdad que este viejo refrán se refiere a la tendencia de muchas madres antiguas a mantener a sus jóvenes vírgenes en casa, aisladas de contacto con todo hombre, hasta el momento de casarlas. Pero, en realidad, esta interpretación no es sino una derivación de su significado inicial. Es un refrán de comerciantes, pero para entenderlo plenamente hay que empezar por comprender que el comercio es una de las cosas que ha cambiado, y mucho, con el tiempo.
Las tiendas antiguas, de hace cien años o así, eran, para empezar, lugares muy oscuros. Eran locales que no se habían diseñado para estar en ellos. De hecho, buena parte de los comerciantes lo que hacían era sacar parte de su mercancía a la calle (al estilo de lo que hacen aún hoy los fruteros), que era donde el cliente escogía. Se entraba para pagar.
En los comercios de materias no perecederas, notablemente el textil, la mercancía se guardaba en unos arcones que solían situarse debajo del mostrador. Dentro de esos arcones era donde el comerciante guardaba su mejor mercancía, a salvo de robos y deterioros. De ahí el refrán.
El comercio tiene mucho que ver con el desarrollo económico español del siglo XX, porque es el destino natural de las rentas conforme éstas iban incrementándose. No obstante, hasta hace relativamente poco tiempo fue una actividad durísima (con esto, conste, no quiero decir que ahora sea un bailecito). En las primeras décadas del siglo XX, ser aprendiz en un comercio era llevar una vida rayana en el esclavismo. Los dependientes de comercio trabajaban de sol a sol, seis días a la semana e, incluso, muy a menudo vivían en las trastiendas, en lugares mal iluminados, pobremente calentados en invierno, sobre jergones. De hecho, al vivir estos dependientes en régimen de internado (el bajo salario se compensaba con la comida y la cama), en realidad no pocas veces compaginaban la venta con el trabajo de empleados de hogar. Según una investigación realizada en 1912 por el Instituto de Reformas Sociales, la jornada laboral media era de doce horas en invierno y dieciséis en verano. Esa fue la triste vida de algunos de vuestros abuelos; de uno de los míos, sin ir más lejos.
En España las cosas se vendían todavía como en el siglo XVIII mientras que en Europa las cosas ya empezaban a cambiar. Los primeros grandes almacenes parisinos, tales como Bon Marché o Le Louvre, se abrieron antes de 1900. Sin embargo, en el caso de Madrid, hubo una novedad que impulsó, en gran medida, el desarrollo de un nuevo comercio: la Gran Vía.
Sólo la Mutualidad de Incendios de Madrid perdió cerca de 2.000 clientes (casas que desaparecieron) con la construcción de la Gran Vía. Esto nos debe dar la medida del pedazo de obra que supuso la creación de esa arteria comercial, cuyas obras enervaron a los madrileños bastante más que las de Gallardón pues el actual alcalde de Madrid no ha tenido que soportar que se compusiese una zarzuela (el espectáculo masivo del momento) sobre el asunto. Una vez hecha, sin embargo, el interés del Gobierno era que la Gran Vía, al estilo de lo que ocurre con otras avenidas en París o Londres, se convirtiese en una calle escaparate. La Gran Vía, en este sentido, desplazó a otros centros de comercio anteriores de Madrid, tales como la calle Fuencarral o la plaza de Tirso de Molina. En la Gran Vía, calle de Pi i Margall, se situaron, por ejemplo, los almacenes Madrid-París, digno primer ejemplo de inversión extranjera en el sector, pues la sociedad que los propugnó estaba relacionada con las famosísimas Galeries Lafayette de París.
En Barcelona, por la época, abrieron los almacenes Jorba (que luego compraría Galerías Preciados, y cuya fama queda demostrada por el hecho de que Galerías se llamaba en Barcelona Jorba Preciados). Aunque la mayor experiencia de comercio a lo grande en la otra gran metrópoli española son los almacenes El Siglo, que ya estaban abiertos 15 años antes de terminar el siglo XIX. El Siglo empezó como un negocio sinérgico (sus dueños, Eduardo Conde y Pablo del Puerto, eran empresarios textiles) y fue creciendo en la oferta de venta conforme los almacenes fueron teniendo éxito. Estaban situados en la Rambla de los Estudios hasta que ardieron, unos treinta años después de su apertura, cuando se movieron a la calle Pelai. El Siglo fue pionero en muchas cosas. Por ejemplo, editó su propia revista; asimismo, también apostó por la expansión geográfica: a mediados de siglo tenía diez sucursales fuera de Barcelona, sobre todo en Andalucía. He encontrado una reciente noticia de un diario levantino informando de un proyecto de la administración valenciana, consistente en instalar una dotación en el antiguo edificio de Almacenes El Siglo. Que aún use la prensa de hoy esta referencia nos demuestra lo hondo que caló en nuestra sociedad este experimento pionero.
En los tiempos de la II República, un emigrante asturiano que había estado en Cuba (por cierto: igual que Eduardo Conde) regresó a España y abrió un comercio. Era Pepín Fernández, y el comercio era Sederías Carretas. Como socio capitalista para el proyecto contaba con otro paisano asturiano, César Rodríguez, que seguía en Cuba. Con él estaba su sobrino, que empezó en los años veinte a trabajar en las tiendas cubanas; se llamaba Ramón Areces.
¿Por qué Cuba ejerce esta gran influencia sobre la modernización del comercio español? Pues por dos razones. La primera, porque el comercio cubano estaba en manos de quienes habían colonizado la isla, o sea nosotros. La segunda, porque está a un tirito de los Estados Unidos, que era donde se estaba meneando la auténtica renovación del comercio al por menor. Fernández y Areces, cada uno a su manera, aprendieron algunas reglas fundamentales del comercio moderno, que podríamos resumir de la siguiente forma:
1.- El cliente puede entrar en una tienda para más cosas que para comprar. De hecho, puede que entre sin estar muy convencido de comprar. O sea: uno no va a una tienda cuando necesita algo, sino cuando, simplemente, va de tiendas.
2.- Para que hacer eso, entrar a mirar, le motive, el cliente tiene que tener la mercancía a la vista. Así pues, se acabaron los baúles, los arcones y las tonterías ésas de que la mercancía se vende sola. La mercancía tiene que currarse el ser vendida y para eso ha de ser vista.
3.- El mostrador separa a cliente y comerciante. A tomar por saco el mostrador.
4.- El vendedor se dedica a vender. Pero no a vender cuanto más pueda. Para que haga eso, hace falta animarle con una cosa que se llama comisión.
5.- Las mercancías hay que dividirlas en secciones.
6.- El regateo es un atraso. El cliente lo que quiere es que cada cosa que se le venda lleve puesto un precio.
7.- El comercio se basa en la garantía de calidad, y en la garantía de que, si dicha calidad falla, el cliente recupera su dinero.
Pepín Fernández, en sus Sederías Carretas, fue especialmente categórico al iniciar una nueva etapa de relación entre dependiente y cliente. Tal y como había visto en Cuba, exigió a sus dependientes que se presentasen en las tiendas siempre pulcramente vestidos, los hombres afeitados, con la boca limpia (sic), y les prohibió tutear al cliente.
En 1935, en plena expansión, Pepín Fernández se encontró con que su tienda de Carretas no podía crecer, así pues comenzó a albergar el proyecto de construir un gran comercio en la calle Preciados. A tal efecto compró allí dos casas colindantes, pero no pudo empezar las obras porque aún había dentro inquilinos y hubo de negociar con ellos su salida. Para comenzar a rentabilizar la inversión, acordó con el propietario de una de las fincas que acababa de comprar, Julián Gordo, el traspaso de una sastrería que éste tenía en los bajos de la casa, llamada El Corte Inglés. Fue entonces cuando Areces regresó de Cuba. Se puso a buscar un local para comenzar su vida como comerciante y Fernández le ofreció temporalmente la sastrería. Areces no le quiso cambiar el nombre porque el establecimiento tenía cierto prestigio en aquel Madrid.
A partir, sobre todo, del final de la guerra, y más aún de la década de los cincuenta, entre estos dos antiguos compañeros de fatigas emigrantes, Pepín Fernández y Ramón Areces, se abrió la más interesante y feroz historia de competencia económica de la historia económica reciente de España. Ambos comercios, Galerías Preciados y El Corte Inglés, comenzaron a prosperar como grandes almacenes, con ventaja para Galerías Preciados más o menos hasta los años setenta y cambio de tendencia desde entonces, progresivamente hasta que, en 1995, El Corte Inglés compró Galerías Preciados. Ésta es la razón, lo digo para los lectores más jóvenes, de que en no pocas zonas de España haya dos El Corte Inglés muy cercanos; la razón es que, en su origen, eran un El Corte Inglés y un Galerías Preciados; los competidores solían abrir uno muy cerca del otro.
Estos grandes almacenes inventaron, durante sus primeros años, algunas de las costumbres que hoy se nos han inculcado. Inventaron, en gran parte, el regalo de Navidad. Inventaron los regalos con ocasión de las onomásticas más comunes (sobre todo San José y el Día del Pilar). Inventaron el Día de los Enamorados, el Día de la Madre e incluso, si la memoria no me falla (a ver los cebolletas del blog, si me pueden ayudar) incluso inventaron una especie de Día del Estudiante, que era el veintitantos de junio, cuando terminaban los colegios, y consistía en recibir un regalito por haber aprobado y tal.
Y, sobre todo, inventaron una cosa: dos meses tiene el año, enero y julio, en el que la venta baja. Son meses, además, llamados meses «posbalance», pues ocurren después de las dos grandes formulaciones de cuentas del año (31 de diciembre y 30 de junio). La idea es: ¿y si bajamos los precios en esos meses y drenamos circulante a lo bestia?
O sea, las rebajas. Una institución española, una, grande y libre. Una unidad de destino en lo universal. Nuestra llave hacia la modernidad y el progreso.
En 1960, por cada peseta que facturaba El Corte Inglés, Galerías vendía tres. La cadena de Pepín Fernández había sido más rápida en desarrollar su oferta, su expansión geográfica en las grandes ciudades españolas, y algunas técnicas de márquetin (así, la venta por catálogo). Sin embargo, esto tiene su lógica porque Areces, como dejó dicho en la mayoría de las pocas entrevistas que concedió en su vida, era un campeón de la autofinanciación. El dueño de El Corte Inglés le tenía alergia a los créditos, así pues nunca expandió un negocio que no pudiese autofinanciar. De esta manera, iba más despacio. Aunque en 1960 podría acelerar la marcha gracias a una persona bien conocida: Fidel Castro. El triunfo de la revolución en Cuba supuso que su tío y socio capitalista, César Rodríguez, abandonase Cuba y retornase a España con su dinero. Esto insufló, sin duda, capacidad de crecimiento a El Corte Inglés.
La primera vez seria que Areces le dio en el bebe a su competidor fue en Barcelona, pues allí El Corte Inglés se adelantó en la expansión, comprando además un edificio impresionante de situación y empaque, el de la plaza de Cataluña. A partir de ese momento, El Corte Inglés comenzaría a llevar a Galerías un poco con la lengua fuera, tomando decisiones en ocasiones precipitadas o poco estudiadas.
La fórmula de Galerías y El Corte Inglés hasta más o menos mediados de los años sesenta era bastante sencilla. Según solía contarme mi padre, si ibas a uno de estos dos centros a comprarte una chaqueta, sabías dos cosas. Una, que te saldría más barata que en cualquier otra tienda. Otra, que a partir del día que la estrenases no pararías de cruzarte por la calle con personas que llevarían la misma chaqueta. Así las cosas, estos grandes almacenes fueron la espadaña del capitalismo cutre de los españoles que, hasta mediados de los sesenta, apenas podían pensar en lujos. Ese tipo que, en aquella película de Chico Ibáñez Serrador, ahorra durante años y años, sisándose de sus pequeños vicios, para comprar un televisor.
Sin embargo, a partir de 1965, más o menos, muchos españoles comenzaron a tener un poco de pasta. Cuando una mujer tiene dinero para comprar, difícilmente la convencerás vendiéndole un vestido que media ciudad se pone también. Llegó el momento de la diferenciación, de la exclusividad si se quiere. Y aquí es donde el modelo Galerías, que siguió siendo más o menos el mismo, se apartó del modelo El Corte Inglés. Areces busca clientes de cierto mayor poder adquisitivo. Abre centros en las mejores zonas de las ciudades, inventa marcas y trata de dar calidad. Galerías, mientras tanto, abre algunos centros en localidades pequeñas que no logran funcionar y, además, financia esa expansión con crédito externo, es decir se endeuda. En realidad, Galerías nunca se recuperó de la grave crisis generada por la guerra del Yon Kippur (la crisis del petróleo), aunque no fue hasta 1978 que arrojó pérdidas por primera vez. Desde entonces, la Historia se cuenta a base de una expansión continuada de El Corte Inglés, que hoy hace prácticamente de todo (agencia de viajes, hipermercados, telefonía, informática…), mientras que Galerías pasó por un rosario de propiedades hasta acabar, a principios de los ochenta, en manos de José María Ruiz Mateos y sus gran holding empresarial Rumasa, que fue expropiado por el Gobierno. El final de la historia, en 1995, ya lo he referido antes.
Os recomiendo: Toboso Sánchez, Pilar: Grandes almacenes y almacenes populares en España. Una visión histórica.
Las tiendas antiguas, de hace cien años o así, eran, para empezar, lugares muy oscuros. Eran locales que no se habían diseñado para estar en ellos. De hecho, buena parte de los comerciantes lo que hacían era sacar parte de su mercancía a la calle (al estilo de lo que hacen aún hoy los fruteros), que era donde el cliente escogía. Se entraba para pagar.
En los comercios de materias no perecederas, notablemente el textil, la mercancía se guardaba en unos arcones que solían situarse debajo del mostrador. Dentro de esos arcones era donde el comerciante guardaba su mejor mercancía, a salvo de robos y deterioros. De ahí el refrán.
El comercio tiene mucho que ver con el desarrollo económico español del siglo XX, porque es el destino natural de las rentas conforme éstas iban incrementándose. No obstante, hasta hace relativamente poco tiempo fue una actividad durísima (con esto, conste, no quiero decir que ahora sea un bailecito). En las primeras décadas del siglo XX, ser aprendiz en un comercio era llevar una vida rayana en el esclavismo. Los dependientes de comercio trabajaban de sol a sol, seis días a la semana e, incluso, muy a menudo vivían en las trastiendas, en lugares mal iluminados, pobremente calentados en invierno, sobre jergones. De hecho, al vivir estos dependientes en régimen de internado (el bajo salario se compensaba con la comida y la cama), en realidad no pocas veces compaginaban la venta con el trabajo de empleados de hogar. Según una investigación realizada en 1912 por el Instituto de Reformas Sociales, la jornada laboral media era de doce horas en invierno y dieciséis en verano. Esa fue la triste vida de algunos de vuestros abuelos; de uno de los míos, sin ir más lejos.
En España las cosas se vendían todavía como en el siglo XVIII mientras que en Europa las cosas ya empezaban a cambiar. Los primeros grandes almacenes parisinos, tales como Bon Marché o Le Louvre, se abrieron antes de 1900. Sin embargo, en el caso de Madrid, hubo una novedad que impulsó, en gran medida, el desarrollo de un nuevo comercio: la Gran Vía.
Sólo la Mutualidad de Incendios de Madrid perdió cerca de 2.000 clientes (casas que desaparecieron) con la construcción de la Gran Vía. Esto nos debe dar la medida del pedazo de obra que supuso la creación de esa arteria comercial, cuyas obras enervaron a los madrileños bastante más que las de Gallardón pues el actual alcalde de Madrid no ha tenido que soportar que se compusiese una zarzuela (el espectáculo masivo del momento) sobre el asunto. Una vez hecha, sin embargo, el interés del Gobierno era que la Gran Vía, al estilo de lo que ocurre con otras avenidas en París o Londres, se convirtiese en una calle escaparate. La Gran Vía, en este sentido, desplazó a otros centros de comercio anteriores de Madrid, tales como la calle Fuencarral o la plaza de Tirso de Molina. En la Gran Vía, calle de Pi i Margall, se situaron, por ejemplo, los almacenes Madrid-París, digno primer ejemplo de inversión extranjera en el sector, pues la sociedad que los propugnó estaba relacionada con las famosísimas Galeries Lafayette de París.
En Barcelona, por la época, abrieron los almacenes Jorba (que luego compraría Galerías Preciados, y cuya fama queda demostrada por el hecho de que Galerías se llamaba en Barcelona Jorba Preciados). Aunque la mayor experiencia de comercio a lo grande en la otra gran metrópoli española son los almacenes El Siglo, que ya estaban abiertos 15 años antes de terminar el siglo XIX. El Siglo empezó como un negocio sinérgico (sus dueños, Eduardo Conde y Pablo del Puerto, eran empresarios textiles) y fue creciendo en la oferta de venta conforme los almacenes fueron teniendo éxito. Estaban situados en la Rambla de los Estudios hasta que ardieron, unos treinta años después de su apertura, cuando se movieron a la calle Pelai. El Siglo fue pionero en muchas cosas. Por ejemplo, editó su propia revista; asimismo, también apostó por la expansión geográfica: a mediados de siglo tenía diez sucursales fuera de Barcelona, sobre todo en Andalucía. He encontrado una reciente noticia de un diario levantino informando de un proyecto de la administración valenciana, consistente en instalar una dotación en el antiguo edificio de Almacenes El Siglo. Que aún use la prensa de hoy esta referencia nos demuestra lo hondo que caló en nuestra sociedad este experimento pionero.
En los tiempos de la II República, un emigrante asturiano que había estado en Cuba (por cierto: igual que Eduardo Conde) regresó a España y abrió un comercio. Era Pepín Fernández, y el comercio era Sederías Carretas. Como socio capitalista para el proyecto contaba con otro paisano asturiano, César Rodríguez, que seguía en Cuba. Con él estaba su sobrino, que empezó en los años veinte a trabajar en las tiendas cubanas; se llamaba Ramón Areces.
¿Por qué Cuba ejerce esta gran influencia sobre la modernización del comercio español? Pues por dos razones. La primera, porque el comercio cubano estaba en manos de quienes habían colonizado la isla, o sea nosotros. La segunda, porque está a un tirito de los Estados Unidos, que era donde se estaba meneando la auténtica renovación del comercio al por menor. Fernández y Areces, cada uno a su manera, aprendieron algunas reglas fundamentales del comercio moderno, que podríamos resumir de la siguiente forma:
1.- El cliente puede entrar en una tienda para más cosas que para comprar. De hecho, puede que entre sin estar muy convencido de comprar. O sea: uno no va a una tienda cuando necesita algo, sino cuando, simplemente, va de tiendas.
2.- Para que hacer eso, entrar a mirar, le motive, el cliente tiene que tener la mercancía a la vista. Así pues, se acabaron los baúles, los arcones y las tonterías ésas de que la mercancía se vende sola. La mercancía tiene que currarse el ser vendida y para eso ha de ser vista.
3.- El mostrador separa a cliente y comerciante. A tomar por saco el mostrador.
4.- El vendedor se dedica a vender. Pero no a vender cuanto más pueda. Para que haga eso, hace falta animarle con una cosa que se llama comisión.
5.- Las mercancías hay que dividirlas en secciones.
6.- El regateo es un atraso. El cliente lo que quiere es que cada cosa que se le venda lleve puesto un precio.
7.- El comercio se basa en la garantía de calidad, y en la garantía de que, si dicha calidad falla, el cliente recupera su dinero.
Pepín Fernández, en sus Sederías Carretas, fue especialmente categórico al iniciar una nueva etapa de relación entre dependiente y cliente. Tal y como había visto en Cuba, exigió a sus dependientes que se presentasen en las tiendas siempre pulcramente vestidos, los hombres afeitados, con la boca limpia (sic), y les prohibió tutear al cliente.
En 1935, en plena expansión, Pepín Fernández se encontró con que su tienda de Carretas no podía crecer, así pues comenzó a albergar el proyecto de construir un gran comercio en la calle Preciados. A tal efecto compró allí dos casas colindantes, pero no pudo empezar las obras porque aún había dentro inquilinos y hubo de negociar con ellos su salida. Para comenzar a rentabilizar la inversión, acordó con el propietario de una de las fincas que acababa de comprar, Julián Gordo, el traspaso de una sastrería que éste tenía en los bajos de la casa, llamada El Corte Inglés. Fue entonces cuando Areces regresó de Cuba. Se puso a buscar un local para comenzar su vida como comerciante y Fernández le ofreció temporalmente la sastrería. Areces no le quiso cambiar el nombre porque el establecimiento tenía cierto prestigio en aquel Madrid.
A partir, sobre todo, del final de la guerra, y más aún de la década de los cincuenta, entre estos dos antiguos compañeros de fatigas emigrantes, Pepín Fernández y Ramón Areces, se abrió la más interesante y feroz historia de competencia económica de la historia económica reciente de España. Ambos comercios, Galerías Preciados y El Corte Inglés, comenzaron a prosperar como grandes almacenes, con ventaja para Galerías Preciados más o menos hasta los años setenta y cambio de tendencia desde entonces, progresivamente hasta que, en 1995, El Corte Inglés compró Galerías Preciados. Ésta es la razón, lo digo para los lectores más jóvenes, de que en no pocas zonas de España haya dos El Corte Inglés muy cercanos; la razón es que, en su origen, eran un El Corte Inglés y un Galerías Preciados; los competidores solían abrir uno muy cerca del otro.
Estos grandes almacenes inventaron, durante sus primeros años, algunas de las costumbres que hoy se nos han inculcado. Inventaron, en gran parte, el regalo de Navidad. Inventaron los regalos con ocasión de las onomásticas más comunes (sobre todo San José y el Día del Pilar). Inventaron el Día de los Enamorados, el Día de la Madre e incluso, si la memoria no me falla (a ver los cebolletas del blog, si me pueden ayudar) incluso inventaron una especie de Día del Estudiante, que era el veintitantos de junio, cuando terminaban los colegios, y consistía en recibir un regalito por haber aprobado y tal.
Y, sobre todo, inventaron una cosa: dos meses tiene el año, enero y julio, en el que la venta baja. Son meses, además, llamados meses «posbalance», pues ocurren después de las dos grandes formulaciones de cuentas del año (31 de diciembre y 30 de junio). La idea es: ¿y si bajamos los precios en esos meses y drenamos circulante a lo bestia?
O sea, las rebajas. Una institución española, una, grande y libre. Una unidad de destino en lo universal. Nuestra llave hacia la modernidad y el progreso.
En 1960, por cada peseta que facturaba El Corte Inglés, Galerías vendía tres. La cadena de Pepín Fernández había sido más rápida en desarrollar su oferta, su expansión geográfica en las grandes ciudades españolas, y algunas técnicas de márquetin (así, la venta por catálogo). Sin embargo, esto tiene su lógica porque Areces, como dejó dicho en la mayoría de las pocas entrevistas que concedió en su vida, era un campeón de la autofinanciación. El dueño de El Corte Inglés le tenía alergia a los créditos, así pues nunca expandió un negocio que no pudiese autofinanciar. De esta manera, iba más despacio. Aunque en 1960 podría acelerar la marcha gracias a una persona bien conocida: Fidel Castro. El triunfo de la revolución en Cuba supuso que su tío y socio capitalista, César Rodríguez, abandonase Cuba y retornase a España con su dinero. Esto insufló, sin duda, capacidad de crecimiento a El Corte Inglés.
La primera vez seria que Areces le dio en el bebe a su competidor fue en Barcelona, pues allí El Corte Inglés se adelantó en la expansión, comprando además un edificio impresionante de situación y empaque, el de la plaza de Cataluña. A partir de ese momento, El Corte Inglés comenzaría a llevar a Galerías un poco con la lengua fuera, tomando decisiones en ocasiones precipitadas o poco estudiadas.
La fórmula de Galerías y El Corte Inglés hasta más o menos mediados de los años sesenta era bastante sencilla. Según solía contarme mi padre, si ibas a uno de estos dos centros a comprarte una chaqueta, sabías dos cosas. Una, que te saldría más barata que en cualquier otra tienda. Otra, que a partir del día que la estrenases no pararías de cruzarte por la calle con personas que llevarían la misma chaqueta. Así las cosas, estos grandes almacenes fueron la espadaña del capitalismo cutre de los españoles que, hasta mediados de los sesenta, apenas podían pensar en lujos. Ese tipo que, en aquella película de Chico Ibáñez Serrador, ahorra durante años y años, sisándose de sus pequeños vicios, para comprar un televisor.
Sin embargo, a partir de 1965, más o menos, muchos españoles comenzaron a tener un poco de pasta. Cuando una mujer tiene dinero para comprar, difícilmente la convencerás vendiéndole un vestido que media ciudad se pone también. Llegó el momento de la diferenciación, de la exclusividad si se quiere. Y aquí es donde el modelo Galerías, que siguió siendo más o menos el mismo, se apartó del modelo El Corte Inglés. Areces busca clientes de cierto mayor poder adquisitivo. Abre centros en las mejores zonas de las ciudades, inventa marcas y trata de dar calidad. Galerías, mientras tanto, abre algunos centros en localidades pequeñas que no logran funcionar y, además, financia esa expansión con crédito externo, es decir se endeuda. En realidad, Galerías nunca se recuperó de la grave crisis generada por la guerra del Yon Kippur (la crisis del petróleo), aunque no fue hasta 1978 que arrojó pérdidas por primera vez. Desde entonces, la Historia se cuenta a base de una expansión continuada de El Corte Inglés, que hoy hace prácticamente de todo (agencia de viajes, hipermercados, telefonía, informática…), mientras que Galerías pasó por un rosario de propiedades hasta acabar, a principios de los ochenta, en manos de José María Ruiz Mateos y sus gran holding empresarial Rumasa, que fue expropiado por el Gobierno. El final de la historia, en 1995, ya lo he referido antes.
Os recomiendo: Toboso Sánchez, Pilar: Grandes almacenes y almacenes populares en España. Una visión histórica.
domingo, noviembre 05, 2006
El problema de la pasta en el Estatuto catalán del 32
Bueno, pues dado que un pasado post me ofrecí para desarrollar este asunto y hubo votos a favor de que lo hiciese, esto que estás leyendo es un pequeño ensayo en el que voy a tratar de resumir lo que sé sobre lo que fue el primer intento serio por organizar las relaciones económicas y, sobre todo, tributarias, entre un Estado español descentralizado y la principal región no foral con deseos y derechos para ello: Cataluña.
Y escribo este texto como escribo muchos de este blog, es decir: para tratar de demostraros a vosotros, pacientes lectores, que no todo lo que brilla en la distancia de la Historia es tan brillante. En el famosísimo Estatuto catalán de 1932 hubo muchas chapuzas. Y la parcela económico-tributaria no le fue a la zaga.
En fin, como dijo Jack El Destripador, vayamos por partes.
Empecemos por los antecedentes.
Durante el siglo XIX, el catalanismo se va estructurando lentamente. Comienza por lo más obvio, que es la identificación lingüística y cultural; pero, conforme Cataluña se va convirtiendo en uno de los dos pulmones económicos de España (pulmón de hierro en Asturias-País Vasco, pulmón de algodón, seda y lino en Cataluña), va tomando conciencia sobre el agravio económico. Ésta no es una idea ni nueva ni original; lo encontramos en otros países, como Italia. Paulatinamente, esta idea (Cataluña aporta a España más de lo que España aporta a Cataluña) va generando su contraversión, según la cual la prosperidad de Cataluña se habría generado a costa de sacrificios por parte del resto del país, notablemente la imposición de altos aranceles a la importación para proteger la industria catalana.
En mi opinión, ambas opiniones tienen parte de verdad, aunque ambas son sustancialmente falsas. Respecto de la primera: es cierto que Cataluña tiende a ser contribuyente neto del conjunto español. Exactamente igual que Alemania lo es de la Unión Europea, y eso no nos parece mal. No nos parece mal porque hace ya muchas décadas que hemos admitido la idea de que el gasto público, cuando tiene un carácter social, progresista y democrático, debe ser anticíclico, lo cual quiere decir, entre otras muchas cosas, que está ahí para intentar equilibrar los desequilibrios regionales. Lo cual, por cierto, no tiene ni pizca de altruismo: cuanto más rica sea, un suponer, Extremadura, más extremeños comprarán el salchichón de Casa Sendra, que está, por cierto, que lo paladeas y se paran los relojes.
Los catalanes no pagan más por ser catalanes, sino por ser ricos. Y su queja se asemeja a la del creso que se queja de que le cobren un 43% de impuestos.
Respecto de la segunda: el problema de Castilla radica en que su modelo económico, que la hizo potencial mundial durante siglos, se fue a la mierda hace unos trescientos años. Castilla vivía de la plata de América, que dejó de manar porque nada dura eternamente, y de las exportaciones de lana, que fue superada por otros productos en el orbe mundial. De que haya pueblos en España que fueron la leche y hoy tengan una existencia mortecina puede haber varios culpables; pero Cataluña no está entre ellos. Con los aranceles, la economía española se protegió en su conjunto. Sin aranceles, cierto, los productos de importación habrían sido más baratos. La pregunta, sin embargo, es quién los habría comprado.
Nuestra historia, en todo caso, comienza en 1868. Un año tan glorioso para la Historia de España que en él se produjo una revolución que denominamos La Gloriosa, que lanzaría la primera experiencia republicana española. En el mismo año de dicha revolución, un interesante catalanista, Valentí Almirall, redacta las conocidas como Bases para la Constitución Federal de la Nación Española y para la del Estado de Cataluña. Este documento es el primer intento por expresar el derecho de Cataluña a tener, por así decirlo, un presupuesto propio y gestionarlo; aunque su redacción es tan etérea y nebulosa que dice el qué, pero no dice el cómo. Eso sí, el documento es de corte federal.
¿Qué quiere decir «federal»? Bueno, muchas cosas, pero, a efectos de lo que aquí hablamos, significa algo muy sencillo: concebir un Estado de estados en el que son éstos los que tienen el derecho de recaudar los impuestos, y el Estado vive de lo que se le transfiere. La alternativa al federalismo es lo que podríamos denominar autonomismo, donde los términos se invierten: es el Estado quien tiene derecho a fijar impuestos, y los estados (autonomías) viven de lo que se les transfiere. La Constitución de la I República española establece un sistema parecido, del que parece concluirse (no es que esté muy bien redactada, en mi opinión), que las regiones tienen la obligación de contribuir a los gastos del Estado proporcionalmente a su riqueza, pero que pueden hacerlo organizando su recaudación por su cuenta.
Pero la I República duró poco, como ya sabréis. Así pues, su Constitución es más una curiosidad histórica de una tendencia marcada.
En 1892, los catalanes dan otro paso adelante con las Bases de Manresa, redactadas con ocasión de una asamblea convocada por la Unió Catalana. Estas bases son un referente importante para el nacionalismo catalán porque establecen con mayor claridad que los ensayos anteriores la potestad de Cataluña para establecer y recaudar impuestos (Base Sexta).
En 1898, estos sentimientos en gran parte se exacerban. El motivo de ello es, cómo no, el desastre de Cuba que, como es bien sabido, genera toda una corriente de pesimismo nacional y de reflexión profunda sobre todas las cosas que en el país están mal organizadas. Una de esas cosas es el autonomismo o federalismo (al gusto). Para los nacionalistas catalanes, la intensa autocrítica abierta por el desastre del 98 excita esa idea de la región trabajadora y productiva contrapuesta a un centro (Madrid) burocratizado e ineficiente. En dicho año, los denominados Cinco Presidentes (de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País; Fomento del Trabajo Nacional; Instituto Agrícola Catalán de San Isidro [¿a que mola el patrón de Madrid aquí?], Ateneo de Barcelona y de la Lliga de Defensa Industrial y Comercial) le remiten un mensaje a la regente, María Cristina (la que nos quería gobernar) en el que se refieren a los «hábitos de pereza» enraizados en el español medio, a «las delicias de la nómina» contrapuestas al «rudo trabajo corporal y de la mente». Sin embargo, estos catalanistas son más modestos que los redactores de las Bases de Manresa pues, más que exigir la potestad federal de regir por completo sus destinos económicos, solicitan, como elemento intermedio, la realización de un concierto económico al estilo de los territorios forales (es habitual, y en la negociación del actual Estatuto catalán ocurrió, que, perdida la batalla del federalismo, bien como tal, bien disfrazado de pitufina, se reclame la vía del concierto). Esta petición está en el fondo del conocido como tancament de caixes, que fue una huelga de pago de impuestos llevada a cabo por comerciantes e industriales catalanes en 1899.
En 1905, el nacionalismo catalán se radicalizará, en gran parte a causa de un suceso de corte parecido, salvando las distancias, al que recientemente hemos vivido con las caricaturas de Mahoma. Una publicación satírica de Barcelona, Cu-Cut!, dedicada sobre todo a excitar los sentimientos catalanistas antiespañoles, publicó una serie de viñetas satíricas burlándose del ejército. Como respuesta, entre doscientos y trescientos oficiales asaltaron la publicación y sus imprentas y, ya de paso, también fueron a por La Veu de Catalunya, publicación mucho más seria ligada a la Lliga Regionalista de Françesc Cambó. El 11 de febrero de 1906, y un poco como respuesta a esta prepotencia a la que la Ley de Jurisdicciones dio además el marchamo de legal, todas las fuerzas catalanistas se unen bajo la denominación Solidaritat Catalana. Esta formación alumbra en 1907 un programa electoral, elaborado por Prat de la Riba, conocido como el Programa del Tivoli. En este papel, el catalanismo se desmelena y solicita ya, sin ambages, unos recursos económicos propios y un deslinde claro entre las haciendas de los municipios, regiones y Estado.
Las aspiraciones nacionalistas se sustantivarán durante años mediante una figura, la mancomunidad de municipios, hacia la cual la legislación estatal es comprensiva e incluso favorecedora. No obstante, la regulación real de las mancomunidades es más posibilista, pues el mecanismo elegido por el propio Prat de la Riba en sus Bases de la Mancomunidad Catalana (1911) se limitan a una sencilla fórmula aritmética de cesión de impuestos, según la cual los ingresos cedidos a la mancomunidad catalana serán los resultantes de aplicar a los ingresos tributarios obtenidos en Cataluña el porcentaje resultante de dividir gasto estatal por ingreso estatal (retened este asunto, pues os lo volveréis a encontrar). Canalejas quiso seriamente impulsar este proyecto, en el que no olvidemos el Estado retenía el monopolio recaudador; su asesinato, sin embargo, terminó por bloquear la iniciativa. La ley de mancomunidades finalmente aprobada (1913, gobierno Sánchez Guerra) no contemplaba la posibilidad de cesión de impuestos.
El principio de separación de haciendas se plantea por primera vez en algún lugar distinto de documentos políticos o doctrinales, que yo sepa, en las Bases para la Autonomía de Cataluña redactadas por una comisión mixta de parlamentarios y consejeros de la Mancomunidad. Concretamente, este documento plantea la cesión de las contribuciones directas.
¿Directas? En términos tributarios, grosso modo, podemos hablar, además de tasas, arbitrios y otras cosas, de impuestos directos, porque gravan la obtención o posesión de riqueza en sí; o indirectos, porque su hecho imponible no es la riqueza en sí, sino su uso. Es impuesto directo el Impuesto sobre la Renta. Indirecto, el impuesto sobre el alcohol, porque nos cobra al hacer uso de nuestra riqueza para comprar dicho alcohol.
La Mancomunidad catalana sería disuelta en 1925, es decir por la dictadura de Primo de Rivera. Tres años después, los separatistas catalanes se reúnen en La Habana bajo la presidencia de Françesc Macià. Las cosas están muy calientes.
La República
Algunos testigos de la reunión de San Sebastián en la que las fuerzas republicanas se juramentaron contra Alfonso XIII han dejado escrito que la práctica totalidad de los debates se consumieron en las cuestiones vasca y catalana, cuyos defensores estuvieron incluso a punto de bloquear aquel acuerdo. Así las cosas, a nadie ha de extrañar que el asunto de la ordenación territorial fuese, yo diría que junto con el laicismo y la reforma agraria, una de las grandes cuestiones que hubo que abordar desde el mismísimo primer día de la República. La declaración por Lluis Companys el mismo 14 de abril de 1931, desde un balcón de la Plaza de San Jaime, del Estado Catalán, no invitaba precisamente a tomarse mucho tiempo.
Las cosas había que hacerlas deprisa. Pero tampoco tanto. Los nacionalistas catalanes, en aquella hora primera, se desempeñaron con unas prisas y una chapucería que acabaría por comunicarse a su Estatuto, con consecuencias no muy buenas. El 10 de junio de 1931, la Diputación Provisional de la Generalidad (o sea, el Ente Preautonómico) dictaba la orden de elaborar un Estatuto. Dicho Estatuto fue entregado el 14 de septiembre por Macià en Madrid. Tres meses y un par de semanas para elaborar un Estatuto. Se dieron demasiada prisa.
En realidad, este borrador de Estatuto, conocido como Estatuto de Nuria porque fue en esta población donde fue redactado, fue obra de los políticos catalanes Jaume Carner, Martí Esteve, Rafel Campanals, Antoni Xirau i Palau y Pere Coromines, todos ellos diputados de la Generalidad. Y lo redactaron en cuatro días. Sí. Cuatro. Estuvieron cinco días en Nuria, pero el quinto día, según el propio Coromines, se fueron a hacer una excursión en burro. Sometido a refrendo en julio, el borrador fue votado afirmativamente por 595.205 catalanes (las catalanas se quedaron en casa) y negativamente por 3.286, de un censo electoral de 792.574 personas (hombres, se entiende).
El Estatuto de Nuria otorgaba al Estado la facultad de legislar en materia impositiva, pero reservaba para Cataluña la recaudación. La financiación de los servicios que a partir de entonces realizaría la autonomía se realizaría mediante la cesión de tributos directos, considerando como tales: la contribución territorial rústica y urbana (en el caso de la urbana, se trata del actual Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que es un tributo local); la contribución industrial y del comercio, que podría identificarse, muy bastamente, con el Impuesto de Actividades Económicas; la contribución sobre utilidades y la riqueza mobiliaria, que podría identificarse como una especie de mezcla de impuesto sobre la renta y de sociedades, aunque en aquel entonces no existía propiamente un impuesto sobre la renta progresivo y tan importante a efectos de recaudación como el que tenemos hoy; y, por último, el denominado impuesto sobre derechos reales, que gravaba tanto las transmisiones patrimoniales como las transmisiones mortis causa, es decir las sucesiones y herencias.
Como puede verse, el planteamiento del Estatuto de Nuria era muy moderno, pues hoy en día las autonomías viven en buena parte de los sucesores contemporáneos de aquellos impuestos. Sin embargo, este juicio tiene truco. Para que las situaciones fuesen totalmente comparables, haría falta que el Estado tuviese un impuesto tan potente como el IRFP, y no lo tenía. En realidad, el nacionalismo catalán estaba reclamando meter la mano en todo el centro de la caja y, como veremos pronto, incluso la muy democrática y autonomista II República reaccionó a ello. En sentido contrario.
Siendo como fue el Estatuto de Nuria la base de la discusión entre Madrid y Barcelona, dicha discusión arrastró todos sus pecados, sobre todo uno: el redactado se había hecho sin un mínimo soporte técnico. De hecho, Coromines reconoce en sus escritos que, en una primera valoración, la conclusión es que el coste real de los servicios transferidos a Cataluña por mor de dicho borrador de Estatuto sería de una tercera parte de los ingresos por todos los impuestos que Cataluña demandaba.
La reacción estatal no se hace esperar. De la definición que de España hace la Constitución del 31 se pueden decir muchas cosas; pero que es la definición de un Estado federal no es una de ellas. En paralelo al propio diseño constitucional, Indalecio Prieto, desde el ministerio de Hacienda, le hizo el juego sucio a los catalanes distribuyendo cifras manipuladas que venían a señalar, de forma muy exagerada, el efecto, por otra parte real, que acabamos de señalar de que la Generalidad pedía demasiado dinero para los servicios que iba a gestionar. De hecho, se nombró una comisión de técnicos para que realizase un informe sobre ingresos y gastos para aclarar las cosas. Esta comisión, formada por José de Lara, Agustín Viñuales y Francisco de Cárdenas por Madrid, todos ellos técnicos hacendísticos; y por Rafel Campanals, Pere Coromines y Guillem Virgili por parte catalana (Virgili era el experto en números), funcionó también que al final redactó… dos informes. En el informe de Madrid aparecía un descuadre de más de 500 millones de pesetas (dado para comparar: en aquel entonces, el presupuesto de las cuatro diputaciones provinciales catalanas sumaba 50 millones). En el informe de Barcelona, el descuadre prácticamente no existía.
En este clima de consenso y entendimientos mutuos comenzó la discusión del Estatuto en las Cortes, con su correspondiente informe de la ponencia. Ponencia que deja el Estatuto de Nuria de una forma que no lo reconocería, que diría Alfonso Guerra, ni la madre que lo parió.
Para empezar, el Estatuto salido de la ponencia compromete a la Generalidad a contribuir al Estado con todos sus impuestos y figuras análogas, salvo los que expresamente se le cedan. O sea, se vuelve al concepto autonomista, en lugar de al federalista.
En segundo lugar, por lo que se refiere a los recursos cedidos, de la lista han desaparecido la contribución de utilidades y el impuesto de derechos reales. Eso sí, para la contribución de utilidades se arbitra una especie de sistema de concierto a la vasca: Cataluña la recauda, pero pagando una cuota fija al Estado.
Desaparece la limitación, que existía en el borrador de Nuria, de que el Estado no podría imponer nuevas contribuciones directas en Cataluña. O sea, el Estado sigue reteniendo la plena potestad de decidir cómo y de qué manera le va a cobrar impuestos a los catalanes, algo que el Estatuto de Nuria no contemplaba. Es más: para establecer nuevos gravámenes, la Generalidad precisaría del nihil obstat de Madrid.
Si os fijáis, esta ponencia fija un esquema en el que hay de todo. Hay tributos cedidos, hay tributos en los que Cataluña sólo participa en los ingresos (el impuesto del timbre, en el que se le reservaba una parte por los actos gravados en su territorio) y hay tributos en régimen de concierto. O sea: una especie de totumrevolutum de solidez técnica cero. Y es que cuando alguien se aplica a corregir algo que está mal hecho, suele dejarlo aún peor.
La discusión parlamentaria del Estatuto fue interminable y repleta de actos de sabotaje democrático. La del Estatuto actual parece, a su lado, una discusión de ursulinas en el patio de un colegio. El asunto fue tan grave que la razón de que el Estatuto catalán del 32 sea tan coñazo, con unos artículos interminables, fue que se decidió concentrar materias en cuantos menos artículos mejor, para así reducir la posibilidad de petardear el debate vía presentación de enmiendas.
En puridad, el debate sólo se lubricó después de agosto del 32, cuando fracasó el golpe de Estado del general Sanjurjo.
La estrategia de los catalanes ya no es conseguir la autonomía financiera. Se han leído la Constitución de la República y saben que, tal y como está redactado su artículo 18, no tienen nada que hacer por ahí. Así pues, se lanzan a una carrera para conseguir cuantas más cesiones de tributos, mejor. Con horror, comprueban que Madrid sólo parece dispuesto de verdad a cederles la contribución territorial. En el debate y en las negociaciones, el mismísimo Manuel Azaña tendrá que desplegar todas sus artes de negociador. Finalmente, se llegará a una especie de solución que no será ni el Estatuto de Nuria ni el dictamen de la ponencia.
En primer lugar, lo aprobado supone, en términos de rubgy, una patada a seguir. Porque la madre del cordero es la fijación de los recursos con que contará Cataluña; pero la valoración real de los recursos se deja a la decisión de una Comisión Mixta, paritaria, creada al efecto.
A la hora de definir las reglas por que se regirá este reparto futuro es donde el Estatuto la caga bien. Su artículo 16 establece tres reglas, dos de las cuales son bastante lógicas (se refieren al coste que hasta el momento han tenido los servicios transferidos y la actualización del mismo conforme lo haga el gasto estatal). Pero la otra, la segunda, será fuente de discusiones hasta el final. Textualmente dispone: [para la determinación de los recursos se tendrá en cuenta] un tanto por ciento sobre la cuantía que resulte de aplicar la regla anterior [los gastos del Estado en los servicios transferidos] por razón de los gastos imputables a servicios que se transfieran y que, teniendo consignación en el presupuesto del Estado, no produzcan pagos en Cataluña o los produzcan en cantidad inferior al importe de los servicios.
Y escribo este texto como escribo muchos de este blog, es decir: para tratar de demostraros a vosotros, pacientes lectores, que no todo lo que brilla en la distancia de la Historia es tan brillante. En el famosísimo Estatuto catalán de 1932 hubo muchas chapuzas. Y la parcela económico-tributaria no le fue a la zaga.
En fin, como dijo Jack El Destripador, vayamos por partes.
Empecemos por los antecedentes.
Durante el siglo XIX, el catalanismo se va estructurando lentamente. Comienza por lo más obvio, que es la identificación lingüística y cultural; pero, conforme Cataluña se va convirtiendo en uno de los dos pulmones económicos de España (pulmón de hierro en Asturias-País Vasco, pulmón de algodón, seda y lino en Cataluña), va tomando conciencia sobre el agravio económico. Ésta no es una idea ni nueva ni original; lo encontramos en otros países, como Italia. Paulatinamente, esta idea (Cataluña aporta a España más de lo que España aporta a Cataluña) va generando su contraversión, según la cual la prosperidad de Cataluña se habría generado a costa de sacrificios por parte del resto del país, notablemente la imposición de altos aranceles a la importación para proteger la industria catalana.
En mi opinión, ambas opiniones tienen parte de verdad, aunque ambas son sustancialmente falsas. Respecto de la primera: es cierto que Cataluña tiende a ser contribuyente neto del conjunto español. Exactamente igual que Alemania lo es de la Unión Europea, y eso no nos parece mal. No nos parece mal porque hace ya muchas décadas que hemos admitido la idea de que el gasto público, cuando tiene un carácter social, progresista y democrático, debe ser anticíclico, lo cual quiere decir, entre otras muchas cosas, que está ahí para intentar equilibrar los desequilibrios regionales. Lo cual, por cierto, no tiene ni pizca de altruismo: cuanto más rica sea, un suponer, Extremadura, más extremeños comprarán el salchichón de Casa Sendra, que está, por cierto, que lo paladeas y se paran los relojes.
Los catalanes no pagan más por ser catalanes, sino por ser ricos. Y su queja se asemeja a la del creso que se queja de que le cobren un 43% de impuestos.
Respecto de la segunda: el problema de Castilla radica en que su modelo económico, que la hizo potencial mundial durante siglos, se fue a la mierda hace unos trescientos años. Castilla vivía de la plata de América, que dejó de manar porque nada dura eternamente, y de las exportaciones de lana, que fue superada por otros productos en el orbe mundial. De que haya pueblos en España que fueron la leche y hoy tengan una existencia mortecina puede haber varios culpables; pero Cataluña no está entre ellos. Con los aranceles, la economía española se protegió en su conjunto. Sin aranceles, cierto, los productos de importación habrían sido más baratos. La pregunta, sin embargo, es quién los habría comprado.
Nuestra historia, en todo caso, comienza en 1868. Un año tan glorioso para la Historia de España que en él se produjo una revolución que denominamos La Gloriosa, que lanzaría la primera experiencia republicana española. En el mismo año de dicha revolución, un interesante catalanista, Valentí Almirall, redacta las conocidas como Bases para la Constitución Federal de la Nación Española y para la del Estado de Cataluña. Este documento es el primer intento por expresar el derecho de Cataluña a tener, por así decirlo, un presupuesto propio y gestionarlo; aunque su redacción es tan etérea y nebulosa que dice el qué, pero no dice el cómo. Eso sí, el documento es de corte federal.
¿Qué quiere decir «federal»? Bueno, muchas cosas, pero, a efectos de lo que aquí hablamos, significa algo muy sencillo: concebir un Estado de estados en el que son éstos los que tienen el derecho de recaudar los impuestos, y el Estado vive de lo que se le transfiere. La alternativa al federalismo es lo que podríamos denominar autonomismo, donde los términos se invierten: es el Estado quien tiene derecho a fijar impuestos, y los estados (autonomías) viven de lo que se les transfiere. La Constitución de la I República española establece un sistema parecido, del que parece concluirse (no es que esté muy bien redactada, en mi opinión), que las regiones tienen la obligación de contribuir a los gastos del Estado proporcionalmente a su riqueza, pero que pueden hacerlo organizando su recaudación por su cuenta.
Pero la I República duró poco, como ya sabréis. Así pues, su Constitución es más una curiosidad histórica de una tendencia marcada.
En 1892, los catalanes dan otro paso adelante con las Bases de Manresa, redactadas con ocasión de una asamblea convocada por la Unió Catalana. Estas bases son un referente importante para el nacionalismo catalán porque establecen con mayor claridad que los ensayos anteriores la potestad de Cataluña para establecer y recaudar impuestos (Base Sexta).
En 1898, estos sentimientos en gran parte se exacerban. El motivo de ello es, cómo no, el desastre de Cuba que, como es bien sabido, genera toda una corriente de pesimismo nacional y de reflexión profunda sobre todas las cosas que en el país están mal organizadas. Una de esas cosas es el autonomismo o federalismo (al gusto). Para los nacionalistas catalanes, la intensa autocrítica abierta por el desastre del 98 excita esa idea de la región trabajadora y productiva contrapuesta a un centro (Madrid) burocratizado e ineficiente. En dicho año, los denominados Cinco Presidentes (de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País; Fomento del Trabajo Nacional; Instituto Agrícola Catalán de San Isidro [¿a que mola el patrón de Madrid aquí?], Ateneo de Barcelona y de la Lliga de Defensa Industrial y Comercial) le remiten un mensaje a la regente, María Cristina (la que nos quería gobernar) en el que se refieren a los «hábitos de pereza» enraizados en el español medio, a «las delicias de la nómina» contrapuestas al «rudo trabajo corporal y de la mente». Sin embargo, estos catalanistas son más modestos que los redactores de las Bases de Manresa pues, más que exigir la potestad federal de regir por completo sus destinos económicos, solicitan, como elemento intermedio, la realización de un concierto económico al estilo de los territorios forales (es habitual, y en la negociación del actual Estatuto catalán ocurrió, que, perdida la batalla del federalismo, bien como tal, bien disfrazado de pitufina, se reclame la vía del concierto). Esta petición está en el fondo del conocido como tancament de caixes, que fue una huelga de pago de impuestos llevada a cabo por comerciantes e industriales catalanes en 1899.
En 1905, el nacionalismo catalán se radicalizará, en gran parte a causa de un suceso de corte parecido, salvando las distancias, al que recientemente hemos vivido con las caricaturas de Mahoma. Una publicación satírica de Barcelona, Cu-Cut!, dedicada sobre todo a excitar los sentimientos catalanistas antiespañoles, publicó una serie de viñetas satíricas burlándose del ejército. Como respuesta, entre doscientos y trescientos oficiales asaltaron la publicación y sus imprentas y, ya de paso, también fueron a por La Veu de Catalunya, publicación mucho más seria ligada a la Lliga Regionalista de Françesc Cambó. El 11 de febrero de 1906, y un poco como respuesta a esta prepotencia a la que la Ley de Jurisdicciones dio además el marchamo de legal, todas las fuerzas catalanistas se unen bajo la denominación Solidaritat Catalana. Esta formación alumbra en 1907 un programa electoral, elaborado por Prat de la Riba, conocido como el Programa del Tivoli. En este papel, el catalanismo se desmelena y solicita ya, sin ambages, unos recursos económicos propios y un deslinde claro entre las haciendas de los municipios, regiones y Estado.
Las aspiraciones nacionalistas se sustantivarán durante años mediante una figura, la mancomunidad de municipios, hacia la cual la legislación estatal es comprensiva e incluso favorecedora. No obstante, la regulación real de las mancomunidades es más posibilista, pues el mecanismo elegido por el propio Prat de la Riba en sus Bases de la Mancomunidad Catalana (1911) se limitan a una sencilla fórmula aritmética de cesión de impuestos, según la cual los ingresos cedidos a la mancomunidad catalana serán los resultantes de aplicar a los ingresos tributarios obtenidos en Cataluña el porcentaje resultante de dividir gasto estatal por ingreso estatal (retened este asunto, pues os lo volveréis a encontrar). Canalejas quiso seriamente impulsar este proyecto, en el que no olvidemos el Estado retenía el monopolio recaudador; su asesinato, sin embargo, terminó por bloquear la iniciativa. La ley de mancomunidades finalmente aprobada (1913, gobierno Sánchez Guerra) no contemplaba la posibilidad de cesión de impuestos.
El principio de separación de haciendas se plantea por primera vez en algún lugar distinto de documentos políticos o doctrinales, que yo sepa, en las Bases para la Autonomía de Cataluña redactadas por una comisión mixta de parlamentarios y consejeros de la Mancomunidad. Concretamente, este documento plantea la cesión de las contribuciones directas.
¿Directas? En términos tributarios, grosso modo, podemos hablar, además de tasas, arbitrios y otras cosas, de impuestos directos, porque gravan la obtención o posesión de riqueza en sí; o indirectos, porque su hecho imponible no es la riqueza en sí, sino su uso. Es impuesto directo el Impuesto sobre la Renta. Indirecto, el impuesto sobre el alcohol, porque nos cobra al hacer uso de nuestra riqueza para comprar dicho alcohol.
La Mancomunidad catalana sería disuelta en 1925, es decir por la dictadura de Primo de Rivera. Tres años después, los separatistas catalanes se reúnen en La Habana bajo la presidencia de Françesc Macià. Las cosas están muy calientes.
La República
Algunos testigos de la reunión de San Sebastián en la que las fuerzas republicanas se juramentaron contra Alfonso XIII han dejado escrito que la práctica totalidad de los debates se consumieron en las cuestiones vasca y catalana, cuyos defensores estuvieron incluso a punto de bloquear aquel acuerdo. Así las cosas, a nadie ha de extrañar que el asunto de la ordenación territorial fuese, yo diría que junto con el laicismo y la reforma agraria, una de las grandes cuestiones que hubo que abordar desde el mismísimo primer día de la República. La declaración por Lluis Companys el mismo 14 de abril de 1931, desde un balcón de la Plaza de San Jaime, del Estado Catalán, no invitaba precisamente a tomarse mucho tiempo.
Las cosas había que hacerlas deprisa. Pero tampoco tanto. Los nacionalistas catalanes, en aquella hora primera, se desempeñaron con unas prisas y una chapucería que acabaría por comunicarse a su Estatuto, con consecuencias no muy buenas. El 10 de junio de 1931, la Diputación Provisional de la Generalidad (o sea, el Ente Preautonómico) dictaba la orden de elaborar un Estatuto. Dicho Estatuto fue entregado el 14 de septiembre por Macià en Madrid. Tres meses y un par de semanas para elaborar un Estatuto. Se dieron demasiada prisa.
En realidad, este borrador de Estatuto, conocido como Estatuto de Nuria porque fue en esta población donde fue redactado, fue obra de los políticos catalanes Jaume Carner, Martí Esteve, Rafel Campanals, Antoni Xirau i Palau y Pere Coromines, todos ellos diputados de la Generalidad. Y lo redactaron en cuatro días. Sí. Cuatro. Estuvieron cinco días en Nuria, pero el quinto día, según el propio Coromines, se fueron a hacer una excursión en burro. Sometido a refrendo en julio, el borrador fue votado afirmativamente por 595.205 catalanes (las catalanas se quedaron en casa) y negativamente por 3.286, de un censo electoral de 792.574 personas (hombres, se entiende).
El Estatuto de Nuria otorgaba al Estado la facultad de legislar en materia impositiva, pero reservaba para Cataluña la recaudación. La financiación de los servicios que a partir de entonces realizaría la autonomía se realizaría mediante la cesión de tributos directos, considerando como tales: la contribución territorial rústica y urbana (en el caso de la urbana, se trata del actual Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que es un tributo local); la contribución industrial y del comercio, que podría identificarse, muy bastamente, con el Impuesto de Actividades Económicas; la contribución sobre utilidades y la riqueza mobiliaria, que podría identificarse como una especie de mezcla de impuesto sobre la renta y de sociedades, aunque en aquel entonces no existía propiamente un impuesto sobre la renta progresivo y tan importante a efectos de recaudación como el que tenemos hoy; y, por último, el denominado impuesto sobre derechos reales, que gravaba tanto las transmisiones patrimoniales como las transmisiones mortis causa, es decir las sucesiones y herencias.
Como puede verse, el planteamiento del Estatuto de Nuria era muy moderno, pues hoy en día las autonomías viven en buena parte de los sucesores contemporáneos de aquellos impuestos. Sin embargo, este juicio tiene truco. Para que las situaciones fuesen totalmente comparables, haría falta que el Estado tuviese un impuesto tan potente como el IRFP, y no lo tenía. En realidad, el nacionalismo catalán estaba reclamando meter la mano en todo el centro de la caja y, como veremos pronto, incluso la muy democrática y autonomista II República reaccionó a ello. En sentido contrario.
Siendo como fue el Estatuto de Nuria la base de la discusión entre Madrid y Barcelona, dicha discusión arrastró todos sus pecados, sobre todo uno: el redactado se había hecho sin un mínimo soporte técnico. De hecho, Coromines reconoce en sus escritos que, en una primera valoración, la conclusión es que el coste real de los servicios transferidos a Cataluña por mor de dicho borrador de Estatuto sería de una tercera parte de los ingresos por todos los impuestos que Cataluña demandaba.
La reacción estatal no se hace esperar. De la definición que de España hace la Constitución del 31 se pueden decir muchas cosas; pero que es la definición de un Estado federal no es una de ellas. En paralelo al propio diseño constitucional, Indalecio Prieto, desde el ministerio de Hacienda, le hizo el juego sucio a los catalanes distribuyendo cifras manipuladas que venían a señalar, de forma muy exagerada, el efecto, por otra parte real, que acabamos de señalar de que la Generalidad pedía demasiado dinero para los servicios que iba a gestionar. De hecho, se nombró una comisión de técnicos para que realizase un informe sobre ingresos y gastos para aclarar las cosas. Esta comisión, formada por José de Lara, Agustín Viñuales y Francisco de Cárdenas por Madrid, todos ellos técnicos hacendísticos; y por Rafel Campanals, Pere Coromines y Guillem Virgili por parte catalana (Virgili era el experto en números), funcionó también que al final redactó… dos informes. En el informe de Madrid aparecía un descuadre de más de 500 millones de pesetas (dado para comparar: en aquel entonces, el presupuesto de las cuatro diputaciones provinciales catalanas sumaba 50 millones). En el informe de Barcelona, el descuadre prácticamente no existía.
En este clima de consenso y entendimientos mutuos comenzó la discusión del Estatuto en las Cortes, con su correspondiente informe de la ponencia. Ponencia que deja el Estatuto de Nuria de una forma que no lo reconocería, que diría Alfonso Guerra, ni la madre que lo parió.
Para empezar, el Estatuto salido de la ponencia compromete a la Generalidad a contribuir al Estado con todos sus impuestos y figuras análogas, salvo los que expresamente se le cedan. O sea, se vuelve al concepto autonomista, en lugar de al federalista.
En segundo lugar, por lo que se refiere a los recursos cedidos, de la lista han desaparecido la contribución de utilidades y el impuesto de derechos reales. Eso sí, para la contribución de utilidades se arbitra una especie de sistema de concierto a la vasca: Cataluña la recauda, pero pagando una cuota fija al Estado.
Desaparece la limitación, que existía en el borrador de Nuria, de que el Estado no podría imponer nuevas contribuciones directas en Cataluña. O sea, el Estado sigue reteniendo la plena potestad de decidir cómo y de qué manera le va a cobrar impuestos a los catalanes, algo que el Estatuto de Nuria no contemplaba. Es más: para establecer nuevos gravámenes, la Generalidad precisaría del nihil obstat de Madrid.
Si os fijáis, esta ponencia fija un esquema en el que hay de todo. Hay tributos cedidos, hay tributos en los que Cataluña sólo participa en los ingresos (el impuesto del timbre, en el que se le reservaba una parte por los actos gravados en su territorio) y hay tributos en régimen de concierto. O sea: una especie de totumrevolutum de solidez técnica cero. Y es que cuando alguien se aplica a corregir algo que está mal hecho, suele dejarlo aún peor.
La discusión parlamentaria del Estatuto fue interminable y repleta de actos de sabotaje democrático. La del Estatuto actual parece, a su lado, una discusión de ursulinas en el patio de un colegio. El asunto fue tan grave que la razón de que el Estatuto catalán del 32 sea tan coñazo, con unos artículos interminables, fue que se decidió concentrar materias en cuantos menos artículos mejor, para así reducir la posibilidad de petardear el debate vía presentación de enmiendas.
En puridad, el debate sólo se lubricó después de agosto del 32, cuando fracasó el golpe de Estado del general Sanjurjo.
La estrategia de los catalanes ya no es conseguir la autonomía financiera. Se han leído la Constitución de la República y saben que, tal y como está redactado su artículo 18, no tienen nada que hacer por ahí. Así pues, se lanzan a una carrera para conseguir cuantas más cesiones de tributos, mejor. Con horror, comprueban que Madrid sólo parece dispuesto de verdad a cederles la contribución territorial. En el debate y en las negociaciones, el mismísimo Manuel Azaña tendrá que desplegar todas sus artes de negociador. Finalmente, se llegará a una especie de solución que no será ni el Estatuto de Nuria ni el dictamen de la ponencia.
En primer lugar, lo aprobado supone, en términos de rubgy, una patada a seguir. Porque la madre del cordero es la fijación de los recursos con que contará Cataluña; pero la valoración real de los recursos se deja a la decisión de una Comisión Mixta, paritaria, creada al efecto.
A la hora de definir las reglas por que se regirá este reparto futuro es donde el Estatuto la caga bien. Su artículo 16 establece tres reglas, dos de las cuales son bastante lógicas (se refieren al coste que hasta el momento han tenido los servicios transferidos y la actualización del mismo conforme lo haga el gasto estatal). Pero la otra, la segunda, será fuente de discusiones hasta el final. Textualmente dispone: [para la determinación de los recursos se tendrá en cuenta] un tanto por ciento sobre la cuantía que resulte de aplicar la regla anterior [los gastos del Estado en los servicios transferidos] por razón de los gastos imputables a servicios que se transfieran y que, teniendo consignación en el presupuesto del Estado, no produzcan pagos en Cataluña o los produzcan en cantidad inferior al importe de los servicios.
La gallina.
¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que lo que pasa es esto. Vamos a suponer que Cataluña tiene un solo servicio transferido. La educación, por ejemplo. Con el sistema del Estatuto del 32, Cataluña adquiere el derecho a recibir una serie de ingresos impositivos generados en su región, de forma total para la contribución territorial (en la que Cataluña tiene, pues potestad normativa; bueno, también está el asunto del impuesto de cédulas personales, pero bastante liado está ya este texto). Sin embargo, para el resto (con la excepción del timbre), carece de dicha capacidad normativa y además soporta la condición de recibir los recursos sólo cuando pueda demostrar que ha generado unos gastos equivalentes a esos ingresos. Por lo tanto, periódicamente (cada cinco años), la famosa Comisión Mixta ha de estudiar cómo ha evolucionado el gasto del Estado en educación, y dicho incremento sería el que asimismo permitiría a Cataluña.
Así las cosas, el Estatuto impedía a Cataluña una política fiscal desgravatoria, incluso en el impuesto que realmente tenía cedido, es decir la contribución territorial. Sigamos con el ejemplo. Supongamos que Cataluña tiene una sola competencia (educación) y un solo ingreso (la contribución territorial). Si al inicio de la cuenta la contribución recauda 100 y la educación cuesta 100, pongamos que a los cinco años la recaudación ha disminuido a 80 porque la Generalidad ha decido rebajar el impuesto a sus ciudadanos. Si, en ese caso, el Estado hubiese mantenido la relación entre ingreso y gasto en educación (por ejemplo, al principio gastase 1.000 e ingresase 1.000, y a los cinco años gastase 1.200 e ingresase 1.200), entonces esa recaudación de 80 sería tomada como los recursos con los que Cataluña debería asumir su gasto: habría tenido que reducirlo. Lo que sí hacía era potenciar la eficiencia recaudatoria: en la medida en que la Generalidad consiguiese recaudar 120 y gastar 100, de mantenerse la relación estatal entre ingreso y gasto, consolidaría esa diferencia a su favor.
Este último ejemplo es el que estaba, sin duda, en la mente de lo contrarios al Estatuto. según cálculos del entonces joven economista José Larraz, el consumo de carne en Cataluña era entre un 25% y un 30% superior a la media de España, el de tabaco un 56% y la posesión de automóviles de turismo un 100%. Era obvio que Cataluña era una región rica, susceptible, por lo tanto, de mejoras recaudatorias.
De los 375 millones de pesetas recaudados por el Estado en Cataluña en 1930, 44 correspondieron a la contribución territorial. Hasta allí llegaba la autonomía financiera catalana. Los gastos por los servicios traspasados totalizaban 70 millones. Así pues, Cataluña, puesto que no podía financiar su gasto con el impuesto transferido, necesitaba de la transmisión de los impuestos directos previstos en el Estatuto.
Pero para eso tenía que pasar por la Comisión Mixta.
Como ya sabréis, la II República tuvo tres grandes etapas: hasta 1933, un periodo constituyente de centro-izquierda; de finales del 33 a febrero del 36, gobiernan las derechas, con mayor dureza tras la Revolución de Asturias (en la que Companys declaró el Estado Catalán, lo que provoca la suspensión de la autonomía); por fin, desde febrero a julio del 36, un gobierno de izquierdas. En realidad, las transferencias de dinero, es decir la concreción de verdad del Estatuto, no marchó bien hasta el tercero.
Contra lo que pueda parecer, la etapa de Azaña al frente del gobierno (pre-33) fue bastante parca para Cataluña. El planteamiento mental de Azaña queda bastante claro con la humorada que se le ocurre para la primera reunión de la Comisión Mixta. Al terminar, les dice a los catalanes si no han reparado en el retrato antiguo que preside la sala. Cuando los catalanes lo miran despistados, les informa de que es un retrato de Felipe V.
Buscad a un catalán nacionalista y habladle de Felipe V. Cuando se os esté comiendo por las patas, entenderéis que el chistecito no tuvo ni puta gracia. Y que fue una muestra más del extraño sentido del humor de Azaña, entre inteligente y despreciativo.
La Comisión empieza a enredarlo todo aprobando el traspaso de servicios pero sin valorarlos. O sea: se acuerda que Cataluña se encargará de los servicios de, por ejemplo, aviación civil, pero no se acuerda cuánto valen. Asimismo, la comisión se enfanga en el traspaso de la contribución territorial y en el asuntillo ése de la regla del porcentaje sobre los gastos minusvalorados. El 28 de mayo del 33, Macià lanza un ultimátum: voy hacia Madrid, dice, a por lo mío. Y, si no me lo dan, caña. Esta amenaza surte efecto: en una semana se desbloquea lo de la contribución y la valoración de algunos servicios.
En el mismo mes de junio, tras una crisis de gobierno, entra en el ministerio de Hacienda Agustín Viñuales, con quien los catalanes se las prometen muy felices. Pero pinchan en hueso. El problema es la cagadita dejada en el Estatuto con el asunto de la regla de los servicios minusvalorados o sin gasto en Cataluña. Los catalanes tienen una alternativa, pero Viñuales no quiere verla ni en pintura y, de hecho, propone un sistema a todas luces cicatero. Según un breve relato escrito de Companys (era ministro de Marina, así pues asistía al Consejo de Ministros), en agosto Azaña se enfrentó con su propio ministro de Hacienda por esta cuestión, ante lo cual Viñuales permaneció impasible el ademán. Es más: los socialistas le canearon las espinillas al presidente, pues Prieto se expresó de acuerdo con el ministro de los cuartos y Largo Caballero se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo sólo en la valoración de los gastos de sanidad.
Solución: Azaña se apioló al tal Viñuales.
Pero, claro, luego, muy pronto, llega Casas Viejas y las elecciones y los gobiernos cada vez más de derechas del Partido Radical. En marzo de 1934, tras una remodelación gubernamental, llegará al ministerio de Hacienda un político radical, Marraco, que ya se había destacado durante el debate parlamentario del Estatuto como poco partidario. La verdad es que les hizo la vida imposible. Marraco era un maestro del despiste, pues en marzo aprobó la valoración definitiva de la contribución territorial, pero hacía acompañar en el decreto a dicha valoración de una serie de condiciones según las cuales todo parecía indicar que la Generalidad tendría el traspaso cuando al ministro le naciese en la nalga un Julio Iglesias que se pusiera a cantar La Traviata en swahili. Básicamente: hasta el traspaso total de los servicios a la Generalidad, el Estado seguiría recaudando la contribución y, aún después, se reservaba el derecho a meter una representación del Ministerio de Hacienda en el órgano recaudador catalán.
Tras no pocas amenazas y palabras gruesas, los catalanes consiguen entre mayo y agosto la valoración de diversos servicios (básicamente, los que se llevaban discutiendo desde principios del 33, que ya les valía) y sobrepasar, con ello, la recaudación de la contribución territorial; tiempo para discutir la transferencia de pasta de otros impuestos directos, para poder completar el gasto tal y como prevé el Estatuto.
Y Marraco cogió su fusil.
Ya he dicho que en el impuesto de derechos reales, siguiente a ceder, se mezclaban las transmisiones patrimoniales y el caudal relicto, es decir las herencias. Pues bien: tras oportuna marracada, del caudal relicto nunca más se supo. Mediando un argumento técnico que es cierto (ambos hechos imponibles son de naturaleza distinta, y es que lo son y por eso hoy son objeto de dos impuestos distintos), el ministro de Hacienda se quedó la parte sucesoria sin transferir.
Tras la Revolución de Asturias y la suspensión de la autonomía, y hasta febrero del 36, la actividad se ralentizó, aunque aún así se decidieron traspasos de servicios. Tras la victoria del Frente Popular, por supuesto, la historia es otra: en junio del 36 se acuerda el traspaso de la sanidad y la incorporación del impuesto de derechos reales al caudal de recursos de la Generalidad. Nada de esto, sin embargo, tiene prácticamente virtualidad, pues en julio estallará la guerra.
En suma: el Estatuto catalán de 1932, en su aspecto hacendístico y por lo tanto económico, fue una chapuza basada en el compromiso. Más preocupados por alumbrar un Estatuto que por hacerlo bien, los políticos que lo diseñaron, en Madrid y en Barcelona, pintaron algo que tenía más cabos sueltos que una falúa de bajura. De hecho, su aprobación provocó reuniones, decretos, y conflictos constantes durante dos años completos después de su aprobación, demostrando que su letra poco significaba. Además, el nivel de autonomía presupuestaria con que contaba Cataluña en aquel Estatuto creo que no tiene comparación con el actual. Ya he dicho al principio de este plúmbeo comentario que a veces nos parece que el pasado fue la hostia cuando, en realidad, no fue sino el fangal en el que nos movemos los contemporáneos.
Si has llegado hasta aquí, habrás de saber que había más tortura. Tenía preparadas mis notas sobre la actuación de la Generalidad durante la guerra y, sobre todo el llamado Plan Tarradellas. Pero te ha salvado mi mujer, que me exige que prepare la cena.
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