El exitoso empresario catalán y el aprendiz de país desarrollado
De "Ésta es su vida" a la dimisión (aquí)
El Consejo de La Coruña
¡A las Cortes!
La carta de Vilá Reyes
Las explicaciones de Espinosa
La bomba se ceba
Que te calles la boca. Ya.
Franco se hace un Pedro Sánchez
El día 1 de septiembre, el fiscal presenta una querella por el tema Matesa ante el juzgado de instrucción número 9 de Madrid. Asimismo, los ministros de Hacienda y Comercio, se anuncia, han creado una comisión investigadora sobre el escándalo. El semanario alemán Der Spiegel publica, cosa que fue bastante comentada en Madrid (muy típico de aquellos tiempos: las barras de los bares se petaron de personas que leían de corrido el alemán, o conocían a a alguien que, y aseguraban ser suscriptores de la la revista), que todo el escándalo Matesa se había descubierto en una cena en Madrid en honor de un ministro argentino, a quien se le agradeció en los brindis la compra de 1.200 telares Iwer, ante lo que el ministro matizó que sólo habían sido 120. El Alcázar, por su parte, brama en un artículo por “el trato privilegiado que en la ordenación jurídica tienen los llamados delitos económicos” que, dice, deberían recibir una pena “que se corresponda, proporcionalmente, con la pena que se impone, por ejemplo, por el robo de una docena de gallinas”. Como podéis ver, los editoriales de El Alcázar bien se podrían leer, ejem, en los mitines de Podemos.
El 2 de septiembre, se conoce el escrito de la Fiscálía de la Audiencia Provincial de Madrid que ha dado lugar a la demanda comentada. En ella considera que existen indicios de que se ha podido utilizar fondos obtenidos del crédito oficial para funciones distintas de aquéllas para las que fueron concedidos los créditos. Se decreta el embargo preventivo del patrimonio de Vila Reyes hasta cubrir 15.000 millones de pesetas.
Espinosa San Martín y García-Moncó, los ministros respectivos de Hacienda y Comercio, nombran a los miembros de su comisión de investigación. Se trata de Servando Fernández Victorio y Camps, que es presidente del Tribunal de Cuentas y procurador en Cortes; Diego Salas Pombo, presidente de la Comisión de Hacienda de las Cortes y consejero nacional del Movimiento; y Juan de Dios Cortés Gallego, procurador en Cortes por el tercio sindical. Todo, que diría Franco, atado y bien atado. Parece ser que no encontraron a nadie del Partido Comunista o de Comisiones Obreras para que quisiera participar. En cuanto al PSOE, probablemente lo que no encontraron fue al propio PSOE. En lo tocante a los nacionalistas vascos y catalanes, como en la comisión no había nada que trincar, lo más probable es que ni siquiera cogiesen el teléfono.
El 4 de septiembre, en San Sebastián, se produce una reunión de 575 empresas relacionadas con Matesa. En esta reunión estuvo también un representante del BCI. Estas empresas tienen unos 5.000 empleados, a los que hay que sumar los 2.000 de Matesa. Todos, de alguna manera, están ahora en peligro, y serán constantemente utilizados por la Prensa falangista en sus argumentarios.
Los acreedores privados tienden a considerar que todo lo que hay que hacer es reestructurar la deuda. Claro, ellos tienen otra visión que la que pueda tener la Administración. Al fin y al cabo, Matesa le debe 10.000 millones a BCI pero a los otros quinientos y pico acreedores apenas les debe 1.000 millones. Así pues, en su visión, que el BCI se coma Matesa, como se ha hecho de toda la vida de Franco, y santas pascuas.
Pueblo, de repente, ha tenido un darme cuenta y ha decidido que está en contra de las comisiones de investigación: “la tradición castiza de nombrar comisiones e instruir expedientes, de los que luego no se sabe nada o casi nada, no sería correcta en un asunto que afecta a considerables intereses nacionales”. Podéis estar ciertos de que a este relativo giro el diario de los sindicatos no es ajeno el gesto del ministro del ramo, José Solís Ruiz, quien, ese mismo día, y tras haber prometido exactamente lo contrario, declara la futura Ley Sindical materia clasificada, de la que por lo tanto la Prensa no podrá informar. Algo se ha olido, o algo le han dicho, a este ministro azul, que le ha aconsejado retirar su proyecto de ley más querido de la luz pública y, al mismo tiempo, soltarle una pulla a la comisión recién formada por los ministros tecnócratas.
El día 5, Espinosa San Martín larga sobre el tema Matesa. Para meter miedo. Afirma que el apasionamiento que ha rodeado todo aquel tema está provocando anulaciones de pedidos, y que así, además, será cada vez más difícil cobrar los créditos. Trata, pues, de amordazar a la Prensa por la vía de convencerla de que lo que está haciendo es contraproducente.
El ministro, por lo demás, entrega una nota oficial que viene a complementar la del consejo de minitros de La Coruña. Es, de hecho, mucho más extensa ésta que aquélla aunque, en puridad, tampoco da muchos datos que ya no se hayan publicado y sugerido, sin dejar tampoco de plantear dudas y preguntas. Pero es, como digo, un segundo, extenso, ejercicio de transparencia, en parte provocado por la presión de la Prensa, en parte provocado por la carta de Vila Reyes, en la que éste ha ofrecido su versión. En sus inicios, la nota es, básicamente, un curso acelerado sobre el funcionamiento del crédito oficial, que os voy a ahorrar. En la parte mollar de la nota, Espinosa informa de que a finales de 1968 se detectaron desfases entre los créditos de prefinanciación y las máquinas que verdaderamente se estaban exportando, por lo que procedió a “un estudio global de la situación”, estableciendo un programa de reajuste gradual entre las cifras financiadas y las exportadas (es decir: venía a decir que trató de que Matesa siguiese exportando, pero sin recibir financiación nueva). Añadía que “por no ceñirse a los límites estabecidos en el plan de reajuste” (traducido: dado que Matesa siguió haciendo el chorizo) han quedado sin tramitar por el BCI solicitudes de créditos de Matesa que superan hoy los 1.200 millones de pesetas. Eso sí, continuaba, “como no se había impagado ningún vencimiento no era posible iniciar por esta causa acción alguna”.
Continúa la nota:
No obstante el hecho de que las operaciones formalmente eran correctas, de que estaba acreditada la salida por nuestras fronteras de los productos exportados y del prestigio que en los ambientes nacionales y extranjeros disfrutaba como empresario el señor Vila Reyes, presidente de la empresa, los servicios del Ministerio de Hacienda sentían preocupación por el cuantioso importe a que se remontaban las operaciones de Matesa. Concretamente, la Inspección Fiscal de Aduanas apuntó sus dudas sobre la llegada al destino declarado de algunas exportaciones, y también sobre la valoración de las mismas, por lo que ordené al director general de Aduanas se desplazase a las oficinas de la empresa en Barcelona y Pamplona y formase juicio personalmente. Tras la visita efectuada se adoptaron medidas precautorias en materia de desgravación fiscal.
Como consecuencia de las investigaciones practicadas por los distintos servicios del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas puso en conocimiento del juez de Delitos Monetarios las irregularidades que había advertido y, seguidamente, dicho juzgado inició las actuaciones correspondientes y se suspendió totalmente la concesión de nuevos créditos.
El gobierno fue informado de la evolución de este asunto y, como es sabido, en el Consejo de La Coruña se acordó encomendar a los ministros de Hacienda y Comercio que continuaran la más amplia, minuciosa y completa investigación para el total esclarecimiento de los hechos y la exigencia de las responsabilidades de todo orden a que hubiera lugar y el pase inmediato del tanto de culpa que corresponda a los Tribunales de Justicia, así como un especial estímulo al Ministerio Fiscal para una rápida y eficaz tramitación.
En el orden administrativo, dispuse que la Intervención General del Estado inspeccionara detenidamente todos los servicios del Banco de Crédito Industrial relacionados con la actuación de Matesa.
Llegado a este punto, quiero hacer una mención especial de don José González Robatto, quien por razones de salud, y tras treinta años de servicio en el Banco de Crédito Industrial, me había expresado ya en el mes de julio su deseo de jubilarse como director del mismo al finalizar el verano. En La Coruña me reiteró la renuncia, alegando su agotamiento físico. Hube de acceder allí mismo a su deseo, ya que era notorio que no se encontraba en condiciones físicas para acometer el trabajo que el problema de Matesa iba a exigir de la dirección del Banco. Como informé al consejo de ministros, tuve siempre del señor González Robatto un gran concepto. Acto seguido, cubrí la vacante nombrando a don Francisco Merino Guinea, que tiene ien acreditada su valía a lo largo de su brillante carrera profesional.
Antes de terminar creo conveniente hacer una puntualización que considero del mayor interés. De algunas informaciones publicadas puede deducirse el error de que se han perdido o van a perderse por el crédito oficial cerca de 10.000 millones de pesetas. Sin duda, se confunden créditos con pérdidas.
El Banco de Crédito Industrial dispone de pólizas de seguro correspondientes a todos y cada uno de los créditos de prefinanciación y postfinanciación concedidos a Matesa, así como de los avales complementarios a que me he referido.
Para el recobro de las deudas de Matesa se cuenta con las cantidades a cobrar por la venta a plazos de las mercancías exportadas, cubiertas mediante letras aceptadas por los compradores de maquinaria vendida en firme; los activos de la empresa existentes en España y en el extranjero, constituidos por instalaciones, stocks de telares y piezas de repuesto, su red comercial, patentes y participaciones accionarias. Es evidente que la determinación y valoración de esos activos ha de ser necesariamente lenta, por cuanto muchos de ellos se encuentran dispersos en numerosos países.
La información que acabo de facilitar evidentemente no puede ser exhaustiva. He omitido deliberadamente cualquier juicio u opinión personal. Hasta que las investigaciones en curso alcancen sus resultados no pueden ni deben sacarse conclusiones que afecten al honor de las personas. Los resultados de las actuaciones judiciales y de las investigaciones nos darán la medida exacta de las causas que han producido estos hechos.
Puede tener la seguridad la opinión pública que ni una sola responsabilidad, si la hubiere, quedará impune; pero es necesario que se mantenga un clima de serenidad y ponderación. Este asunto aislado no puede afectar en absoluto, ni a la sanidad de nuestra economía ni tampoco a la honestidad de nuestro comercio exterior.
Si la legislación vigente o su instrumentación ofrecen resquicios para el abuso se revisarán, pero sin olvidar que cuantas medidas se adopten deben tener la mesura necesaria para no perturbar las posibilidades y el prestigio de nuestra exportación ni el crédito oficial.
A pesar de esta nota, cuya función fundamental es pedir morigeración y sosiego, Ezequiel Puig no es de la misma opinión. Dirige una carta al presidente de las Cortes en la que alude a la comisión investigadora ministerial de la que forman parte Fernández-Victorio, Salas Pombo y Cortés Gallego. Deja bien claro su desacuerdo con el procedimiento que se ha usado, puesto que esos investigadores, dice, han sido designados por el gobierno, cuando deberían haberlo sido por las Cortes. Informaciones afirma que una fuente informativa le ha dicho que el Estado piensa aprovechar que el Juzgado de Delitos Monetarios es ya el titular del patrimonio de Matesa para situarla en el Instituto Nacional de Industria. Al día siguiente, Julio Calleja González-Camino, conspicuo miembro de la tecnocracia (amigo de Gregorio López Bravo) y presidente del INI, se apresuró a desmentirlo.
El 6 de septiembre comienza la disección de la nota del Ministerio de Hacienda que, como ya os he dicho, deja más de un tema bastante en el aire. Nuevo Diario, por ejemplo, se queja de que la nota-informe “no explica cómo se llegó al estado caótico”.
Un procurador llamado Pizarro, que no figura en la lista de procuradores de Wikipedia y no sé si será Manuel Pizarro Indart, el padre del Manuel Pizarro que todos conocemos, dirige un duro escrito al presidente de las Cortes en el que dice: honradamente pensando, no acabo de comprender cómo los responsables de las gestiones económicas, que han llevado al país a la devaluación hace escasamente dos años, se permiten ser jueces ahora de una devaluación moral, al parecer por acciones u omisiones de sus propios departamentos. Es bastante claro que la línea de ataque del falangismo azul es tratar de arrebatarle a los tecnócratas de los ministerios económicos el privilegio de investigar todo el marrón, con el argumento, bastante lógico por otra parte, de que no dejan de ser juez y parte o, más en concreto, se están investigando a sí mismos. Pizarro alude en su carta a que ha habido procuradores que han solicitado la reunión de la Comisión Permanente, la Comisión de Presupuestos y el propio Pleno, y avala la idea de una ponencia especial de la que formen parte procuradores no implicados en ministerios económicos. De hecho, otro procurador, Luis Peralta España, solicita que en esa comisión esté un procurador del tercio familiar, o sea, de los votados por la gente.
Desde ese día, aunque sea una voz algo menor, SP ya no está solo en la petición de dimisiones. La Voz de Avilés se atreve a editorializar que “algunos cambios de ciertas carteras serían vistos como cosa lógica”.
Aquel día, por lo demás, la flamante comisión de investigación del caso Matesa dedujo testimonio de los ministros de Hacienda y Comercio. Asimismo, en el Banco de Crédito Industrial se reúnen para discutir su propio informe sobre el tema los integrantes de su Consejo General (Ángel Gregori Malet, presidente; Tomás García Argüello, Rodolfo Martín Villa, Claudio Rodríguez Porrera, Álvaro de Iranzo Comas, Julio García Valdés, Gonzalo Marcos Chacón, José Antonio Bermejo Jalón, Luis Guereca Dosantos, y Ricardo Goytre Rosa, todos ellos consejeros; más el secretario José María Pellicer).
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