La República y la Iglesia (1)

Como quiera que el tema de España, la República y la Iglesia ha sido tratado varias veces en este blog, aquí tienes algunos enlaces para que no te pierdas.

La República y la Iglesia (1)

La República y la Iglesia (2)

La República y la Iglesia (y 3)

El cardenal Segura

El episodio de la senda recorrida por el general Franco hacia el poder que se refiere a la Pastoral Colectiva

Notas sobre España y la cuestión religiosa

Conforme van pasando los años y se precisan los estudios históricos, parece quedar claro 

que los apoyos militares exteriores recibidos por los dos bandos de la guerra civil española fueron desiguales. Mientras el bando franquista contó con una ayuda decidida y potente por parte de las dos potencias fascistas que entonces dominaban el horizonte europeo, es decir Alemania e Italia, la República contó únicamente con la ayuda soviética, una ayuda que, además, no tuvo siempre toda la calidad que se le debe suponer a un fusil prestado por un amigo (además que no fue prestado, sino vendido a buen precio).

Esto nos lleva al hecho, también bastante claro, de que uno de los factores que construyó la derrota de la República fue el hecho de que las grandes potencias continentales, notablemente Francia y Reino Unido, decidiesen apostar por un ámbito de no intervención. Las claridades, sin embargo, terminan aquí. A menudo historiadores, articulistas, etc., son rápidos y preclaros a la hora de diagnosticar la fiebre, pero torpes a la hora de localizar la enfermedad. La pregunta sobre por qué se produjo ese no-apoyo no se plantea muy habitualmente, y eso es así, tal vez, porque algunas de las respuestas a la misma quizá no son agradables de escuchar o de leer.

El asunto se ha intentado explicar con un solo argumento: las potencias occidentales tenían miedo de que, de ayudar a España, Hitler empezase una guerra a escala europea. Lo cual no dudo que tenga sus visos de verdad, pero también tiene sus aristas. En 1936, cuando estalla la guerra de España, Hitler no estaba en condiciones de declarar una guerra a escala europea. En 1938 sí había recorrido gran parte de ese camino, y es por eso que fue entonces cuando se jugó el órdago a la grande con el asunto de los sudetes. Por lo demás, precisamente en ese año 1938, Hitler dio un paso importante, como fue el pacto con la URSS, por el cual ambos países se hicieron amiguitos; potencia que, casualmente, era la única que estaba violando la no intervención en España.

Las razones de la no intervención me parecen a mí mucho más complejas, y tal vez algún día algún historiador no hispano (y digo esto por la ventaja que para esto supone, por ejemplo, ser inglés, hablar ese idioma, tener acceso fácil a las fuentes primarias, etc.) se dedique a meter cuchara en el asunto más de lo que se ha metido ya. Mientras eso pasa, hoy me gustaría escribir unas cuantas líneas sobre uno de esos factores que jugaron en contra de la República: su relación, por llamarla de alguna manera, con la Iglesia católica.

Yo personalmente pienso, como pensaba Garibaldi, que si eliminásemos el Vaticano del mapa de Europa, las ecuaciones de la geopolítica continental se harían más sencillas. Pero colocarme más bien en la acera de enfrente de la creencia y, sobre todo, la disciplina eclesial (ambas cosas son distintas), no me impide, o intento que no me impida, ver que la religión, aparte de planteamientos personales, tiene un papel en las sociedades, un papel en ocasiones muy importante. La creencia religiosa colectiva no es algo que se pueda borrar de un plumazo y, sin embargo, ésta fue, mutatis mutandis, la convicción de los políticos republicanos.

La República, como sabemos bien, llegó el 14 de abril de 1931 en medio de una demostración popular en la que los problemas de orden público brillaron por su ausencia. La facilidad con que llegó y el entusiasmo con que fue recibida por la masa de españoles hizo pensar, quizá, a los prohombres de la República, que recibían, de alguna manera, un mapa social en blanco que ellos podían redibujar como quisieran. Por otra parte, las tensiones anticlericales, en 1931, eran cosa archiconocida en España y se venían produciendo de décadas atrás, sobre todo a través de los amargos debates del siglo XIX entre las fuerzas conservadoras y liberales.

El 15 de abril de 1931, es decir al día siguiente de proclamada la República, el periódico católico por excelencia de España, El Debate, publicó un editorial afirmando el acatamiento de la Iglesia católica al nuevo régimen. Nada nuevo, por otra parte, porque la Iglesia siempre ha sido eso que se llama accidentalista, en ocasiones con exceso. Quiere ello decir que acepta lo que haya. En aquel caso, además, esta era prácticamente su única salida, porque aunque los católicos de 1930 eran básicamente conservadores de ideas políticas, el hecho era que nadie, ni el ejército, ni la guardia civil, ni los monárquicos, había osado levantarse contra la República; así pues, de haber puesto pies en pared, los curas habrían sido los únicos, y lo sabían.

En el otro lado de la barrera, dentro de la enorme amalgama de hombres e ideologías que habían traído la República, desde Miguel Maura hasta La Pasionaria, los teóricos laicistas tomaron rápidamente posiciones. En las últimas décadas, y a la luz de la depre del 98 y el krausismo que perseguía la regeneración del país, se habían alumbrado muchas teorías que querían ver en la Iglesia el gran enemigo del avance social, cultural e intelectual del país. Cualquier persona que haya leído la, en mi opinión, mayor novela escrita jamás en Castellano, es decir La Regenta (pues sí, me parece mejor que El Quijote, soy así de raro), sabe de lo que hablo.

El debate se centró muy pronto en una serie de propuestas concretas: la primera, obviamente, la separación entre Iglesia y Estado. En segundo lugar, el radical recorte de las funciones de las órdenes religiosas, cuando no su ilegalización. En tercer lugar, la enseñanza laica. En cuarto lugar, la secularización de los cementerios. Y, por último, el divorcio. Y nada más, que de aquella el aborto era delito gordo.

Los planes de la República, por llamarlos de alguna manera, no iban por los derroteros por lo que luego fueron. Los principales muñidores contra la monarquía, como los principales muñidores contra el franquismo, fueron personas salidas de su servicio o existentes en el ámbito político cuando existía. En el caso de la II República, los dos grandes conspiradores fueron Niceto Alcalá-Zamora y Alejandro Lerroux. Lerroux es, quizá, el que más inquietudes podía presentar frente a la Iglesia, pues en el pasado había hecho gala de un anticlericalismo vehemente en el que había llegado a clamar en público por la violación de monjas. El Lerroux que en 1930 se unió a la conjunción republicana, sin embargo, era ya un político de corte burgués mucho más moderado.

Por lo que se refiere a Alcalá-Zamora, era católico practicante, además de un muy fino jurista (presidía la Academia de Jurisprudencia). El problema de don Niceto es el de muchos políticos del pasado, del presente y del futuro: empeñarse en decirse en el espejo que son la hostia, cuando no les sigue ni el Tato. Alcalá-Zamora se veía el arquitecto de la nueva república cuando, en realidad, lo que fue es su relaciones públicas; de la sala de máquinas ya se encargó el PSOE, que para eso tenía los votos.

La idea que el futuro presidente de la República tenía de la misma fue expresada por él en una conferencia que se pronunció, curiosamente, un año exacto antes de que la República comenzase a existir: el 15 de abril de 1930.Fue en el teatro Apolo, de Valencia, y en dicha perorata, dijo lo siguiente:

«La República española, precisamente para hartarse de razón y refrendar con la autoridad de un Felipe II los excesos de poder teocrático, tendrá que dar el ejemplo de comprensión, de mirar al alma nacional, hoy en su tradición de siglos, y admitir la representación senatorial de la Iglesia».

Dicho de otra forma: Alcalá-Zamora pensaba en una República formalmente tutelada por la Iglesia, en la que por lo tanto las reformas religiosas y de la enseñanza serían lentas. Una República de buen rollito católico. Sin embargo, como he dicho, cuando llegó la República, y a pesar de ser nombrado él presidente del primer Gobierno de aquélla, se encontró con que no mandaba nada, y que aquella jugada la preparaban otros.

El gran inspirador de aquel laicismo fue el diputado y abogado socialista Luís Jiménez de Asúa (al cual, no por casualidad, tratarían de apiolarse unos falangistas en la calle Goya en el 36).

Jiménez de Asúa fue ponente de la Constitución. Y en los primeros discursos que como tal pronunció en las Cortes, dijo algo categórico: «en orden al problema religioso, la aún nonata Constitución es de extrema izquierda» (véase el diario de sesiones del 27 de agosto de 1931). Jurista fino como era, parecía haberse olvidado don Jiménez de que, en la Historia y hasta en el presente de las naciones, queda claro que la mejor forma de que una Constitución no perdure, cuando menos no perdure con la imagen de democrática, es que sea de extrema derecha o de extrema izquierda.

Fueran quienes fueran los padres de la idea, ese cóctel teórico fue asumido, defendido e impulsado por una persona de mayor poder aún en la República, como era Manuel Azaña.

Azaña, ya lo he escrito muchas veces, tiene en el momento presente demasiada buena prensa. Que tenía sueños muy bellos y que trabajó por ellos, no lo pongo en duda. Que sinceramente creía estar trabajando por una España mejor que cambiaría en paz, también. Pero es que el gran problema de Azaña era que, como tenía en tan alto concepto lo que pensaba, a menudo lo que él creía y la realidad no se parecían en nada. En consecuencia, metió la pata unas cuantas veces, y yo diría que en lo fundamental. Reformó el ejército, convirtiéndolo en un florilegio de cabreos y, lo que es peor, cuando en agosto del 32 fracasó el golpe de Sanjurjo se convenció de que su reforma había funcionado y de que había creado unas fuerzas armadas que nunca se alzarían contra el poder constituido y que, de hacerlo, fracasarían seguro.

El segundo gran error del fatuo Azaña, incapaz de considerarse errado, fue su famosa aseveración de que «España ha dejado de ser católica». Esta frase azañesca, pronunciada en las Cortes, es un digno ejemplo de lo supermanes que se pueden llegar a creer los políticos, también los democráticos. Hay políticos, y Azaña fue uno de ellos, que acaban por creerse en posesión de una verdad tan límpida que, en realidad, la oposición social, por amplia que sea, no es otra cosa que palos de ciego que dan personas simples que, pobrecitos, no entienden. El Azaña de la frasecita, como el Aznar de las Azores (y no por casualidad, me parece a mí, Aznar se ha querido decir alguna vez heredero de Azaña), sobrevaloró la potencia de los políticos y calibró en exceso el significado del voto, entendiendo que los españoles le habían encargado la misión de decidir en qué creían o dejaban de creer. Como esos políticos que, con lingüístico desparpajo, pretenden ordenarle a personas que llevan toda su vida diciendo La Coruña que ahora tienen que decir A Coruña, Azaña decidió ordenarle a España que dejase de ser católica. Y España, claro, le salió rana.

Enfrente de esa convicción, digamos, krausista, se encontraba una Iglesia que tampoco es que tuviese mucha cintura que digamos. De entre todas las iglesias católicas de lo que un día se llamó Europa occidental, la española es claramente la de corte más conservador y vaticanista. Dicen los que saben de esto que la cosa tiene que ver con el hecho de que somos el único país de Europa que hubo de liberarse por medio de una cruzada. Para el resto de los católicos europeos, las cruzadas iban de liberar territorios de terceros, es decir Tierra Santa. Pero para nosotros, la cruzada fue la liberación de nosotros mismos, es decir la eliminación de la dominación árabe. El carácter de guerra religiosa que tuvo la Reconquista nos hizo a los españoles principales valedores del papado. La vieja retórica franquista decía: «España, martillo de herejes, espada de Trento…» Los españoles habíamos sido, de alguna manera, los SWAT de Jesucristo, y eso marca de la hostia (y nunca mejor dicho).

La Iglesia católica española, por lo tanto, era reacia al cambio. Y, además, estaba asentada en un país, el nuestro, donde eso que se ha dado en llamar tradicionalismo, y que a veces se identifica demasiado alegremente con el carlismo, tuvo en el siglo XIX una fuerza bastante importante, hasta el punto de provocar tres guerras civiles, tres, que se dice pronto. Si por lo tanto los católicos tenían en quién mirarse para seguir creyendo en la misa en latín y esas cosas, los liberales, o sea la otra parte, les pusieron fácil la desafección con esa cosita llamada desamortización. Porque la Iglesia se había dedicado tradicionalmente a dos cosas: una era a ser propietaria de tierras; la otra a la enseñanza. Con la desamortización, el primer chollo se evaporó (relativamente).

Cuando uno lee los papeles de Acción Nacional, el partido que fundara Gil-Robles en la República, que luego se llamó Acción Popular y que fue el epicentro de la CEDA, se da cuenta de que muchas de las ideas defendidas por esos programas eran rancias incluso entonces. La derecha católica española, y por lo tanto la propia Iglesia, era especialmente anticuada en todo lo relativo a la mujer, persona menor, admirable desde luego y bla, bla, bla, pero con derechos menores frente al paterfamilias.

Los obispos y cardenales, salvo los que se integran en la siempre serpenteante diplomacia vaticana, suelen estar poco dotados para la diplomacia. El cardenal de Toledo, Segura era uno de éstos. Persona de convicciones profundamente conservadoras, partidario de la Iglesia a la vieja escuela, no hizo sino echar gasolina a la hoguera a través de una pastoral orientativa para los católicos. Si la República estaba cometiendo errores en su relación con la Iglesia, se lo puso a huevo para encontrar una razón para ello.

La pastoral de Segura decía: «Es deber de los católicos tributar a los gobiernos constituidos de hecho, respeto y obediencia para el mantenimiento del orden y del bien común. La Iglesia nos enseña, en primer lugar, que, cuando los enemigos del reinado de Jesucristo avanzan resueltamente, ningún católico puede permanecer inactivo, retirado en su hogar y dedicado solamente a sus negocios particulares» (las cursivas son mías).

Y luego:

«(…) la actuación de los católicos debería encaminarse de manera especial a que tanto a las asambleas administrativas como a las políticas vayan aquellos que, consideradas las condiciones de cada elección, parezca que han de mirar mejor por los intereses de la Religión y de la Patria en el ejercicio de su cargo. (…) Decimos a todos los católicos, republicanos o monárquicos: podéis noblemente discutir cuando se trate de la forma de gobierno de nuestra nación o de interés puramente humano; pero cuando el orden social está en peligro, cuando los derechos de la Religión están amenazados, es deber imprescindible de todos unirnos para defenderla y salvarla».

Tras esta pastoral, ya no había razón para que los anticlericales transigieran con la Iglesia. La Iglesia, de una forma como siempre polisémica y metaforizada (hay que ver qué putada nos hizo Jesucristo el día que decidió explicarse por medio de parábolas) había hablado con claridad: votad a las derechas. Negad vuestro voto a quien diga que lo va a usar para mellar el poder eclesial.

Teníamos, pues, a una República ciega, y a una Iglesia ultramontana. Difícil, realmente, que se hubieran puesto de acuerdo. En del debate constitucional sobre los artículos religiosos, José María Gil-Robles se levantó para acusar al gobierno de «declararle la guerra» a la España católica. A lo que Álvaro de Albornoz contestó: «No más transacciones con los enemigos irreconciliables de nuestros sentimientos y de nuestras ideas; y si quieren hacer la guerra civil, que la hagan». Lo que se dice talante por todas partes.

Hay que decir, además, que durante el debate constitucional no le faltaron al gobierno avisos del error que estaba cometiendo. El diputado de Toledo Molina, que era cura, lo expresó con una claridad inusitada en un tonsurado: «La mayoría de España os ha dado sus votos por republicanos, pero no porque quiera estos extremismos anticatólicos que habéis llevado al proyecto constitucional. El sentimiento nacional está contra ellos, y es democrático respetarlo».

El divorcio entre la izquierda anticlerical y la calle, incluso su propia calle, fue tan grande que incluso el palacio de la Carrera de San Jerónimo hubo de escuchar propuestas tan peregrinas como la del diputado Alomar el 15 de octubre de 1931: prohibición de que se celebrasen procesiones porque suponían «una invasión de la Iglesia en la calle». Pues sí: tú dile a un socialista de Sevilla, rojo hasta las trancas, que no puede vestirse de piquito en Semana Santa y sacar al Cristo a pasear, y ya verás lo que te contesta.

Con todo, el diagnóstico más certero, cuando menos desde el punto de vista jurídico, se lo debemos, creo yo, al propio Alcalá-Zamora, que acabaría dimitiendo como presidente del gobierno por esta cuestión. 10 de octubre de 1931: «No es lícito perseguir a los católicos, sean mayoría o minoría; si lo primero, porque es antidemocrático violentar la opinión de los más; si lo segundo, porque precisamente la proclamación de los derechos individuales en el texto constitucional es la base para procurarlos y garantizarlos contra los abusos del Poder. En nombre de la revolución no se puede perseguir a los católicos. Católicos hubo en la actuación republicana, revolucionaria, de diciembre o abril. La mitad de la sangre derramada en Jaca era católica. Una cruz sobre la tumba de García Hernández [el militar fusilado junto con Fermín Galán tras la sublevación republicana de diciembre de 1930] lo proclama así».

Las palabras de Alcalá-Zamora fueron, en gran medida, premonitorias. Venía a anunciar la desafección de los católicos frente a la labor republicana. Y, además, las derechas católicas no lo pusieron fácil.

Los temas religiosos son muy especiales en política. De hecho, mi teoría particular es que en política todo es negociable, menos la religión y la patria. Uno puede querer el trasvase de 50 hectómetros cúbicos de agua; pero si no se lo dan, es capaz de sonreír y ponerse a negociar otra cosa. Pero cuando se niegan los derechos religiosos o lo que un nacionalismo considera son reivindicaciones irrenunciables, se levanta un muro y no hay chiquilicuatre que lo salte.

En consecuencia, las derechas católicas, a partir del día en que se aprobó la Constitución, colocaron la República en una situación de amenaza constante. Declararon algo así como un periodo constituyente permanente y juraron que, el día que gobernasen, cambiarían la Carta Magna. Si las izquierdas son culpables de haber diseñado una Constitución sectaria, de no haberse leído el libro en el que dice que en una ley de leyes siempre hemos de caber todos, las derechas son culpables de haber reaccionado a ese hecho colocando la República en una situación de provisionalidad e inestabilidad de fondo que movió a las izquierdas a la radicalidad, y a la convicción, expresada en el golpe de Estado del 34, de que, Morgan, nosotros dos no cabemos en este pueblo. O te vas tú, o me echas. En la República no hubo ni un político que estuviese ni mínimamente a la altura de las circunstancias.

El debate, en cualquier caso, pronto fue algo más que un debate ideológico. El Azaña de «España ha dejado de ser católica» es el mismo Azaña que, en mayo de 1931, impide la salida de las fuerzas de seguridad a las calles para proteger las iglesias, conventos y colegios religiosos que ardían en varias ciudades de España. El mismo Azaña que consideró aquellas salvajadas como «un acto de justicia inmanente». El mismo Azaña que, claro queda en sus diarios, es incapaz de ver que aquellas llamas, como bien consideraba Miguel Maura, ministro del Interior y católico, eran el primer cabo que desenganchaba el barco de la República del muelle de la democracia. En aquellos sucesos se produjeron hechos tan bochornosos como que las autoridades malagueñas, donde la quema de iglesias fue especialmente virulenta, se permitieran enviarle a Maura un telegrama insultante del siguiente tenor: «Hoy ha comenzado la quema de conventos. Mañana continuará». Actitud ésta que había tenido ya sus precedentes. El propio Maura, en las primeras horas de la República, mientras recibía informes de toda España sobre la evolución de la jornada, recibió un telegrama de un alcalde que decía: «Proclamada la república STOP Dígame que hacemos con el cura STOP».

Evidentemente, la quema de iglesias colocó a la jerarquía eclesial en otra posición. Comenzó a tomar cuerpo lo que yo llamo la teoría mixta, esto es: aceptar el régimen, pero no aceptar las medidas antirreligiosas; un poco la misma praxis que aplican los católicos que ahora objetan de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pero a lo bestia.

Con los mimbres que tenía, el gobierno de la República no estaba preparado para la mano izquierda. Entre el 15 de mayo y el 15 de junio fueron expulsados de España los dos obispos más peleones en la movilización política antigubernamental, es decir el de Vitoria, Mateo Múgica, y el cardenal de Toledo, Segura. El Vaticano reaccionó como siempre: con mano izquierda, y nunca mejor dicho. Dicen algunos que la mejor diplomacia del mundo es la diplomacia vaticana; lo cual tiene su lógica pues, en puridad, el Vaticano es un Estado que necesitar, necesitar, lo que se dice necesitar, no necesita más que un ministerio, y es el de Asuntos Exteriores. Así pues, se cuidó de no poner la proa. En agosto de 1931, el ministro de Justicia, el interesante socialista Fernando de los Ríos recibe en Roma una oferta que no podía rechazar, o eso creyeron los que se la hacían: el Vaticano acepta barco como animal acuático y por lo tanto acata la separación de Iglesia y Estado, acata la libertad de cultos y ofrece la destitución del molesto y un poco ultramontano cardenal Segura (de hecho, renunció en septiembre); a cambio de que la República y sus normas aceptasen la personalidad de la Iglesia y, muy especialmente, garantizasen la existencia de la enseñanza confesional.

Cada maestrillo tiene su librillo y yo, además, no llego ni a maestrillo. Pero es mi humilde opinión que el gobierno de la República debió aceptar. Era un buen trato. La sociedad española estaba agraz para aceptarlo, pues las quemas de conventos, a pesar de contentar a los patibularios de siempre, habían inquietado a más de uno. El asunto religioso, además, era junto con el patronal (los intereses económicos de los empresarios y propietarios) el único gran enganche que tenía la derecha para organizarse y, por lo tanto, bajar la temperatura de la cuestión religiosa habría dejado a las derechas hueras de ideas para crecer (defender la pasta propia, de toda la vida, ha vendido menos que defender a un humilde carpintero barbudo). Y el que no me crea, que se lea la declaración programática de la CEDA, a ver de qué habla y en qué términos.

Lejos de ello, sin embargo, Azaña, el Gran Miope, pronuncia el 17 de julio de 1931, en las Cortes, esta perla: «El problema religioso es un problema íntimo de la conciencia, pero no es un problema político». Toma ya. Han pasado 77 años desde aquella frase, 77 años en los que España se ha secularizado a tope, y aún hoy casi el 25% de los contribuyentes españoles financian a la Iglesia y, cada vez que la Conferencia Episcopal lanza un comunicado, allá que se lanzan los políticos de todos los colores a comentarla. Si hoy sería temerario sostener que el problema religioso no es en modo alguno un problema político, hace 77 años no es que fuese temerario; es que había que arrancarse ambos ojos con un gancho para no verlo.

Tras meterse varios chutes en vena de Jacobinol Forte, la coalición gubernamental que, de hecho, pilotaba el alumbramiento de la Constitución republicana siguió con sus trece. Y, de consuno, en dicha Constitución incluyó algunas disposiciones que anunciaban el enfrentamiento. Quizá el peor de los artículos era el 26. Aquí os lo copio:

«Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero.

Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:

1.- Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.

2.- Inscripción de las que deban subsistir en un registro especial dependiente del Ministerio de Justicia.

3.- Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.

4.- Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.

5.- Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

6.- Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de los bienes en relación con los fines de la asociación.

Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.»

Hay en este artículo algunas cosas muy curiosas. El segundo párrafo, por ejemplo, es incompatible con la forma de Estado a la que la República decía querer ir (la República, no Azaña; a Azaña, las autonomías no le gustaban). ¿A qué viene poner, en la Constitución de un país que va hacia la autonomía regional y municipal, que ni dios para a poder financiar a unas monjitas si le peta?

El cuarto párrafo, redactado para sostener jurídicamente la ilegalización de la Compañía de Jesús, es incompatible con las propias teorías de Azaña. Si la cuestión religiosa es sólo una cuestión de conciencia, ¿qué problema hay en que haya unos tipos que, en cuestión de conciencia, en lugar de obedecer al Estado, obedezcan al Papa?

La base primera es un insulto. Hasta a mí, que no acabo de entender por qué narices tiene que haber maristas, capuchinos, teatinos, teresianas y oblatas, me cuesta entender que haya que poner en una Constitución que algunos de ellos son un peligro para la seguridad del Estado. ¡Leche! ¿Escolapios Quinta Asamblea? ¿Franciscanos poli-milis?

Y, por último, el párrafo relativo al presupuesto del clero y la base cuarta son un misil en la línea de flotación de la Iglesia. Si recordáis la florentina propuesta vaticana, recordaréis que esto, y nada más, es lo que los cardenales romanos trataban de evitar. La pela es la pela. En el asunto presupuestario, desde luego, la República tenía toda la razón; el presupuesto del clero era una rémora escandalosa. En lo de la enseñanza, ya no tanto. Porque una cosa es garantizar la enseñanza laica y otra prohibir la religiosa.

El 22 de enero de 1932, se disuelve la Compañía de Jesús. El 17 de mayo de 1933 se aprueba la ley prometida en la Consti, la de Congregaciones Religiosas, que supone apretarle el cinturón a la práctica de la religión. La respuesta a esta ley fue una carta colectiva del Episcopado, de 25 de mayo de 1933. Más otra que publicó el nuevo arzobispo de Toledo, Gomá, en julio. El que menos se cortó fue Gomá: «Si la nación dio el poder a quienes lo ejercen contra Dios, que se lo dé, cuando pueda, a otros que legislen según la voluntad de Dios».

Al gobierno y a los republicanos conspicuos, por otra parte, no les faltaron signos de que esto que se habían montado no era del agrado de todo el mundo. A aquellos de vosotros que residáis en Huelva os recomiendo que visitéis las hemerotecas y leáis las informaciones de la época sobre el motín en toda regla que se produjo el 1 de marzo de 1932 en el pueblo de Almonte (cómo no). Allí, unos políticos con menos vista de Stevie Wonder parieron la maravillosa idea de retirar unos azulejos… ¡con la imagen de la virgen del Rocío! Los tuvieron que volver a poner, claro; y los almonteños no les metieron la famosa reja por el culo de puro milagro.

En el bienio de las derechas, por supuesto, la legislación dejó de aplicarse. Pero, cosa curiosa, nunca se derogó, con lo que el Frente Popular se la encontró allí mismo, vivita, coleando y en plena vigencia, cuando recuperó el gobierno. En los tres primeros meses de Frente Popular, casi 150 iglesias y conventos en toda España fueron asaltados, a menudo incendiados.

Cuando llegó el golpe de Estado, los curas (excepción hecha de los vascos) no tuvieron que pensar ni dos minutos para decidir cuál era su bando.