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… Y Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, espada de Trento, se bajó los pantalones
La ayuda militar vinculada a los acuerdos estaría incluida dentro del MDAP o Mutual Defence Assistance Program. No estaba sujeta a la condición de depósito del contravalor en pesetas, pero consistía en el suministro directo por parte de Estados Unidos de los equipos militares de que se trataba, valorados al precio que los Estados Unidos querían poner. No pocas veces, los funcionarios españoles se habrían de quejar de que los americanos les enviaban poco menos que material de desguace. Definición unilateral del precio y calidad cuestionable, pues; Franco estaba viviendo, años después, el mismo tipo de trile que Stalin le había hecho a la república durante la guerra civil.
La cooperación militar, por lo tanto, fue concebida por Washington
como un “trágala” para España, sobre la consideración de que lo que realmente le
interesaba a los estadounidenses eran sus bases. Evidentemente, la puesta en marcha
del MDAP suponía admitir que, en caso de que hubiese una tercera guerra mundial,
y dado que obviamente se produciría entre EEUU y la URSS (y aliados), España no
podía permanecer ajena a dicho enfrentamiento.
La visión de Madrid era ligeramente distinta. Los militares de
Franco, como es lógico tratándose un régimen que debía a su condición de anticomunista
las esperanzas de superar su ostracismo internacional, no negaba estos asertos.
En realidad, los llevaba más lejos. El argumento de Madrid era que la instalación
en España de bases americanas suponía colocar al país en el punto de mira. Es más,
y éste fue un argumento multi repetido a lo largo de aquellos años, suponía colocar
en el punto de mira a determinadas grandes ciudades de España, tales como Madrid
o Zaragoza, dado que alguna de esas bases se había decidido colocar peligrosamente
cerca de estos centros urbanos.
Sea como sea, el gobierno español consideraba que el acuerdo
militar con Estados Unidos escalaba el peligro potencial a que estaba sometido España;
y que eso debería tener consecuencias. El sueño húmedo de Franco era haber conseguido
que los americanos aceptasen la formación de comités conjuntos que discutieran el
uso de las bases: un portillo hacia la utilización conjunta, una utilización que,
obviamente, para los militares españoles habría supuesto acceder a material y tácticas
a la última. Sin embargo, esto es algo a lo que los estadounidenses siempre se negaron.
Consecuentemente, Madrid comenzó a reclamar una ayuda militar con suficiencia cuali
y cuantitativa como para garantizar una adecuada defensa del país en caso de ataque
preventivo de la URSS.
Los argumentos españoles básicos eran: alguien que tenga bases
en el Mediterráneo oriental puede atacar con cierta facilidad a España. Entre las
tropas o los pepinos lanzados desde dichas hipotéticas bases, no existían ni instalaciones
de radar ni fuerzas aéreas suficientes, no sólo españolas si no ni siquiera de la
OTAN, capaces de repeler el golpe. España, además, argumentaba que el tronco bélico
fundamental, por así llamarlo (ataque de la URSS) podía generar otros conflictos
menores relativamente relacionados, normalmente conocidos por los militares como
proxy wars, ante los que también había que defenderse. Lógicamente, cuando
Madrid hablaba de esto estaba pensando, fundamentalmente, en el Magreb, donde Marruecos
estaba a medio telediario de ser independiente.
Washingon, sin embargo, nunca entró a ese trapo. En primer lugar,
porque tenía el punto de vista típico, y hasta lógico, de quien negocia desde una
posición de fuerza o superioridad; ellos iban a lo suyo y, una vez obtenido, ya
no querían hablar de más anexos y ampliaciones. Pero, aparte del egoísmo propio
de la gran potencia, había obvias consideraciones políticas. La Casa Blanca estaba
dispuesta, más que dispuesta dispuestísima, a arrostrar con las críticas que pudiera
generar el gesto de integrar a España en la defensa del bloque occidental europeo.
Pero lo que no estaba dispuesta a hacer de ninguna manera era ayudar a España a
ser fuerte en otros conflictos internacionales distintos del Gran Conflicto (tercera
guerra mundial); porque eso sería apuntalar un régimen dictatorial. Estados Unidos,
pues, no estaría en la defensa de España respecto de conflictos que los Estados
Unidos no considerase íntimamente ligados a la seguridad global de occidente.
En esencia, pues, Estados Unidos quería hacer, e hizo, con la
España de Franco más o menos lo mismo que el embajador Carlton Hayes cuenta en sus
memorias que hicieron durante la guerra civil e inmediatamente después. De una forma
consciente, los Estados Unidos proveyeron a España con el 60% de los carburantes
que sabían que el país necesitaba; y lo hicieron para poder llevar a Franco del
ronzal. Terminada la guerra y consolidado el régimen franquista, la filosofía no
cambió.
Estas diferencias, que son diferencias muy de fondo, son las
que en mi opinión justifican que entre el momento en que Kissner presentó el borrador
de acuerdo (9 de mayo de 1952) y la primera respuesta española pasaran bastantes
semanas. Estados Unidos, en un gesto que yo creo fue perfectamente impostado, luego
se tomó más de dos meses para responder a la respuesta. Lo cual, como digo, cuando
menos en mi opinión fue una forma de decirle a Franco eso tan castizo de “para chulo
yo y para puta, tu madre”.
España había dejado clara su posición en dos documentos que envió
a los norteños en julio de 1952: uno de contenido militar, debido a la pluma de
Vigón; y otro de contenido económico, redactado por Jaime Argüelles, subsecretario
de Economía Exterior. Las autorías, como digo, son éstas; aunque siempre se pensó
que ambos informes habían sido estrechamente monitorizados por el propio Franco,
de quien se especuló que había redactado personalmente algunos párrafos.
La primera conclusión de estos informes era que la ayuda definida
por los estadounidenses, tanto en su vertiente económica como militar, era básicamente
rácana. España defendía la idea de que no sólo tenía que ser más generosa, sino
que debía producirse el compromiso de su sostenimiento a lo largo de muchos años
y, esto es importante, sin mediar discriminaciones respecto de otros países europeos.
Acto seguido, se manejaba el argumento fundamental, que fue la
verdadera clave de bóveda de la posición española frente a Estados Unidos durante
mucho años, de que la vulnerabilidad de España se incrementaría exponencialmente
desde el momento en que albergase bases estadounidenses. Argumento en el que, las
cosas como son, Franco tenía toda la razón.
En consecuencia, el régimen argumentaba que la ayuda militar
debía ser suficiente como para dotar adecuadamente 22 divisiones, además de proveer
al ejército del aire con suficientes aeronaves y defensas antiaéreas como para garantizar
la seguridad de nuestros cielos; y modernizar tanto la Armada como las defensas
costeras.
Si todo eso se produjese, España estaría de acuerdo en abordar
la construcción de bases enteramente españolas que, según términos a definir,
podrían ser utilizadas por Estados Unidos en determinadas situaciones de emergencia.
El uso de esas bases en tiempo de paz se reputaba incompatible con la dignidad de
España.
En el caso (que supongo que los propios estrategas españoles
consideraban bastante probable) de que Washington no aceptase estas condiciones,
el acuerdo debería negociarse sobre unas premisas algo más tenues: disponibilidad
inmediata para España de los 125 millones de dólares de ayuda ya aprobados por el
Congreso; y diseño de dos acuerdos de seguridad mutua y ayuda militar; y retraso
de la aplicación del acuerdo hasta que la ayuda necesaria pudiera ser efectiva.
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