Francorrupción: El escándalo Matesa (8): La bomba se ceba

Matesa como enigma
El exitoso empresario catalán y el aprendiz de país desarrollado
De "Ésta es su vida" a la dimisión (aquí) 
El Consejo de La Coruña
¡A las Cortes!
La carta de Vilá Reyes
Las explicaciones de Espinosa
La bomba se ceba
Que te calles la boca. Ya.
Franco se hace un Pedro Sánchez 

  

Los síntomas, en todo caso, son de que todo el escándalo Matesa se le está escapando de las manos a todo el mundo. Incluso a quienes lo atizan porque, obviamente, quienes lo atizan lo hacen para agredir a una parte del franquismo, pero no al franquismo. Y, sin embargo, por los resquicios de la Ley de Prensa se van colando insinuaciones. Así, la revista Destino, una de las de lectura más interesante en la época (mi opinión personal e intransferible es que la lectura de Triunfo suele llevarle a uno a la decepción), habla de la necesidad de un cambio político sistémico. Lorenzo Contreras, que con los años será una de las plumas industriales opinantes de la democracia, recoge en su artículo el deseo de la calle de que algo cambie en la política económica del país; pero, matiza, tal vez sería mejor hablar de cambiar la política “tout court”. Contreras, además, informa del enorme cabreo que en los elevados escalones del poder franquista se ha montado con la petición de una comisión en las Cortes que, dice, en esos altos despachos, todos orientados hacia El Pardo, eso se ve como una mera caja de resonancia “de un suceso escandaloso”.

La petición, que ya para entonces es famosa, tiene un contraste muy claro, que es la realidad normativa. El Reglamento de las Cortes franquistas era una norma plenamente acorde con el mero papel que se le dejaba a la cámara de ser un palmero de los actos del gobierno y del Estado. No existía ni un resquicio en la normativa que permitiese un debate en pleno del caso Matesa. El Reglamento es claro al establecer que las únicas discusiones habidas en las Cortes se producían en las comisiones, por lo que al pleno se iba, simplemente, a refrendar lo ya acordado. Al pleno, como ahora, se iba, básicamente, a aplaudir.

El 7 de septiembre alguien lanza la especie, que yo creo que algo de verdad tendría aunque con posibilidades muy remotas, de que un grupo industrial español, otro japonés, un tercero alemán y un cuarto francés estaban interesados en Matesa. El día 8, el diario Madrid publica las peticiones que la comisión de acreedores reunida días atrás en San Sebastián acordó realizar. Los acreedores quieren que la Administración otorgue a Matesa una serie de créditos a corto plazo para que, con ellos, pueda pagar lo que les debe; acto seguido, una vez que ellos ya tengan las faltriqueras llenas, el BCI podría hacerse cargo de la gestión de proveedores y, de facto o de iure, nacionalizar la empresa para posteriormente, una vez limpia de polvo y paja, sacarla a subasta. Esto es lo que podríamos llamar el modelo Manufacturas Metálicas Madrileñas, pues se había aplicado en el pasado en la muy sonada quiebra de esta empresa; y quedó escrito en piedra, pues se usó bastante en democracia (véase Rumasa, sin ir más lejos).

Se reúne la Comisión Permanente de las Cortes para analizar el tema de las peticiones que han llegado relacionadas con Matesa. A la finalización de la reunión, Antonio Iturmendi, el Armengolo del momento, entrega una nota oficial que dice:

La Comisión Permanente se ha reunido para el examen de los escritos presentados por varios procuradores sobre el asunto Matesa. Asimismo, ha tenido conocimiento del escrito del señor vicepresidente del gobierno en el que, con indicación al indicado asunto, manifiesta que está practicando una investigación para el total esclarecimiento de los hechos, así como para la exigencia de responsabilidades de todo orden a que hubiera lugar, anunciando que tan pronto como la investigación que se lleva a cabo permita disponer de los elementos de juicio necesarios se dará clara y cumplida cuenta a las Cortes. La Comisión Permanente ha expresado su identificación con el propósito de máxima claridad e información en las actuaciones que se deriven y en las exigencias de responsabilidades de todo orden que sean procedentes. También acordó proponer a la Presidencia que se requiera del gobierno el urgente envío de la información anunciada, a la que se dará seguidamente la pertinente tramitación, dentro de la competencia que corresponde a las Cortes, al objeto de que puedan los señores procuradores ejercer el derecho que institucionalmente les corresponde. Respecto a las demás propuestas formuladas por los señores procuradores, se proveerá en su momento oportuno.

Según los diccionarios más comunes español-franquista, franquista-español, esto quiere decir, más o menos: estaremos a lo que el señor Carrero nos quiera contar; y, en cuanto a lo de la comisión de investigación, buscaros un sillón Voltaire mullidito para esperar ahí sentados. Pero para entonces, ojo, el escrito original de Puig Maestro-Amado tiene ya más de noventa firmas de adhesión.

La Prensa, sin embargo, no las tiene todas consigo. Los periodistas políticos de la época se saben bien el Reglamento de las Cortes, y no acaban de entender que haya un discurso social y político que hable de exigencia de responsabilidades en las Cortes, pues saben bien que eso es imposible con la norma en la mano. Destacar esto es su forma de criticar el propio hecho de la falta de libertad en el parlamentarismo franquista; por eso es por lo que digo que el escándalo Matesa, a principios de septiembre, está yendo ya mucho más allá de lo que sus promotores seguro esperaban.

En esas circunstancias, la Prensa franquista acaba por convertirse en lo que realmente es la Prensa. Porque la Prensa, ni es un cuarto poder, ni es un contrapeso de los poderosos, ni ninguna de ésas mandangas. La Prensa es, básicamente, la caja de resonancia de las opiniones y protestas de las personas que rigen los intereses de un país. 

Yo sé que resulta muy difícil de creer hoy en día para cualquier lector actual de lo que se ha llegado a calificar muy acertadamente como “periodismo hidráulico”, ya que todas las crónicas se limitan a citar “fuentes” que nunca tienen nombre ni apellido; es difícil de creer, digo, pero lo cierto es que en aquel mes de septiembre de 1969, en medio de una dictadura y todo, las fuentes hablaban con nombre y apellidos. Salvador Serrats Urquiza, un procurador vasco, hace unas declaraciones en Ya, periódico de su cuerda, llegando a una simple y lógica conclusión: si en el centro de todo el escándalo Matesa está el BCI, ¿de quién depende el BCI? ¿No serán esos jefes los que verdaderamente tengan la responsabilidad de lo que ha pasado? Por su parte, Manuel Villar Arregui, abogado y político (quien ya en 1968 decidió militar en la oposición al franquismo más o menos tolerada), escribe: “no puede ponerse en duda que una legislación que permite a un empresario privado el empleo de caudales públicos cincuenta veces superiores a los comprometidos por él en el riesgo de su industria tiene que ser revisada”. Alberto Ballarín Marcial, consejero nacional del Movimiento, habla de la necesidad de mantener el poder económico y el político “escrupulosamente separados, sin riesgos de contaminación”; a ver si os creéis que lo de las puertas giratorias lo habéis inventado vosotros, listillos. Ítem más: para que veáis que cuando se dice (yo lo digo) que el 90% de la política actual es puro falangismo reciclado, esta frase de La Voz de Avilés: “hoy la idea de beneficio empresarial debe cambiarse por la de servicio a la comunidad”. Ahí tenéis: la Agenda Veinte Mierdas, en 1969.

El 11 de septiembre, Ezequiel Puig Maestro-Amado llevaba ya 103 firmas a favor de su comisión parlamentaria, y la lista seguía creciendo. Juan Manuel Fanjul Sedeño, entonces procurador familiar por Madrid y que llegará, con la UCD, a ser fiscal general del Estado, le escribe una carta que se hace pública, y que es la expresión del escepticismo con el que los representantes franquistas más aperturistas, por así decirlo, se toman todo aquello: “¿Qué más da oírlo [todo lo relacionado con Matesa] en el hemiciclo que leerlo en los periódicos? Con un reglamento que no nos permite intervenir, pedir una aclaración, rectificar, formular reparos... ¿para qué movilizar a los 500 procuradores que pueden recibir por correo el informe del Gobierno? (…) El asunto Matesa ha venido a demostrar que las Cortes están muy coartadas para realizar, ni ante el más grave de los sucesos, una tarea fiscalizadora eficaz”. Un ejemplo más, como podéis ver, de situación en la cual el escándalo Matesa adquiere su propia dinámica y llega mucho más lejos de los que sus cheerleaders inicialmente imaginaron. Por supuesto, hay contramedidas. Nemesio Fernández Cuesta escribe que hay que tomarse las cosas con mesura, alineándose con el ministro de Hacienda; y diversos periódicos dedican alabanzas al ministro por su ejercicio de transparencia.

El 12 de septiembre, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos tenía encima de la mesa el pliego de peticiones de los acreedores privados de Matesa; mientras tanto, la lista de procuradores que han firmado la carta de Puig tiene ya 111 firmas.

José Antonio Ramírez López, el abogado de Vila Reyes y receptor de la carta que éste quería ver publicada en la Prensa, y que tan dura fue con los periodistas, realiza una declaración tratando de equilibrar un poco las cosas. Entre otras cosas dice: “La Prensa indudablemente debe informar y aún orientar; pero no puede ni debe calificar”. Noniná. Insistía, por lo demás, en que a Matesa siempre se le exigieron “las máximas garantías” para formular sus operaciones, y que las dio. Ignorando, la verdad, que ésa no era sino la mejor manera de echar gasolina a la hoguera.

El abogado de Vila Reyes explicaba que la relación entre Matesa y el BCI había sido angélica hasta el mes de julio de aquel año de 1969, cuando, “posiblemente por una delación, el banco desconfió. Supo que en algunos países existía un importante stock de maquinaria exportada por Matesa y exigió una explicación. La explicación se dio. Siguieron negociaciones. Y, a mediados de julio, y a indicación de la Administración, se celebró una junta general universal extraordinaria de Matesa” que aprobó la remoción de los administradores. Aquello, siempre según el abogado, sólo se hizo para normalizar los stocks y, cuando esto ya se había conseguido, surgió el escándalo.

Ni qué decir tiene que la versión de Ramírez, o sea de Vila, adolecía de cierta desconexión con la realidad de las cosas. Si Matesa no había cometido ninguna irregularidad, ¿cuál pudo ser el contenido de aquella delación? Y, por otra parte, ¿es una discrepancia sobre los stocks, tan sencilla que según el abogado se resolvió en días, motivo suficiente para cesar de sus cargos a los administradores y propietarios de una empresa? Más que ciertas, las afirmaciones de Ramírez, lo que eran, es coherentes con la tesis, o más bien la duda, que pretendía dejar plantada: “¿para que se negoció y se resolvió si todo había de hundirse con el affaire?”

La carta de Ramírez fue un acto desesperado de un empresario, Vila Reyes, que ya estaba en la cárcel y que empezaba a barruntar que el tema de Matesa no se iba a resolver tan fácilmente. Pero, de forma inevitable eso sí, hizo lo que tenía que hacer, que fue entrar en el terreno de la política. El texto citado, y otros que se podrían citar en aquel largo texto, estaba trufado de referencias más o menos veladas a hilos políticos. Comentaristas de la Prensa hablaban ya, para entonces, y sin ambages, de “alguna tendencia del Régimen que ha decidido abalanzarse sobre el grupo tecnocrático”.

Hay que decir, además, que, en el complejo entramado de intereses y mensajes que se producen siempre en un escándalo de este tipo, en democracia o en dictadura, también hubo algunos movimientos, a veces tímidos, a veces no tanto, por parte de actores menores. Si el caso Matesa fue, fundamentalmente, un enfrentamiento entre falangistas y tecnócratas, también hubo algo de polémica económica dirigida por los grandes bancos. Los bancos siempre han tenido, y siempre tendrán, mucho predicamento en la Prensa, porque cuando un medio de comunicación entra en una situación en la que sus lectores y anunciantes no lo sostienen, pasa a depender de los bancos, sea como prestamistas, como accionistas o como ambas cosas. No hace falta más que echarle un vistazo al accionariado del Grupo Prisa, por ejemplo, para darse cuenta de ello. A partir de ese momento, el banco, de forma directa o indirecta, comienza a influir en lo que el periódico dice, sobre todo porque muchas personas en dicho periódico acaban por darse cuenta de cuáles son los mensajes que al banco le gustan. Así, El Alcázar se lanza en el día que contamos a criticar un sistema de banca pública “en un país sometido a un monopartido”, porque “el crédito que concede entonces el Estado se otorga por motivos políticos.” Y concluye: “¡Qué poco tiempo ha sido necesario para mostrar de modo práctico lo que sucedería bajo el presente sistema si se nacionalizar la Banca! Ahora se advierte lo poco fundadas que estaban ciertas campañas de algunos de mis compañeros falanjo-comunistas.”

El 13 de septiembre es un día muy importante, ya que en el palacio de Ayete de San Sebastián se celebra un consejo de ministros. En la agenda había pesos pesados como la Ley Sindical o la Ley de Educación, pero parece que casi sólo se habló de Matesa. En la tarde, se comunicó a los representantes de la Prensa que el consejo seguiría en la mañana siguiente; algo que no era en modo alguno común. Para entonces Puig Maestro-Amado tiene 117 firmas en la buchaca. Se dice que la última firmante de su escrito ha sido Pilar Primo de Rivera.

El día 14, que continúa la reunión del gobierno, éste se levanta con el último número de la revista SP, en el que Vicente Royo sigue pidiendo la dimisión del “equipo de tecnócratas que lleva las riendas de la economía desde hace doce años”.

Tras terminar el consejo de ministros se confirma que Matesa ha sido el tema estrella de la reunión; pero no habrá nota como en La Coruña. Eso sí, se sabe que la política de exportación, y los créditos a la misma, han sido aprobados y ratificados por el Ejecutivo. Radio Macuto dice que el gobierno se planteó la incautación de Matesa, plan que venía, por otra parte, totalmente planificado por García-Moncó; sin embargo, “un ministro” se negó y echó a perder el proyecto.

El 17 de septiembre, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo nombra un juez especial para Matesa en la persona de Perpetuo Benedicto Sánchez Fuertes, presidente que lo era en ese momento de la Audiencia Territorial de Cáceres.