Los sucesos de Cullera

Comenzar agosto y pararse España ha sido así de toda la vida de Dios. Sin embargo, el 1 de agosto de 1911, hace pues ahora noventa y pico años, no fue tan tranquilo. Vivía entonces España uno de esos gobiernos desgraciados, relativamente comunes en nuestra Historia, incapaces de contentar a nadie: el gobierno del liberal José Canalejas. Ya sabemos cómo termina esta historia pues, algunos meses más tarde de lo que ahora relato, Canalejas sería muerto de un disparo a quemarropa en la madrileña Puerta del Sol. En parte, las incógnitas sobre la muerte de este primer ministro parten del hecho de que son varios, por lo menos dos, los bandos interesados en su muerte; pues Canalejas jodió por igual a derechas y a izquierdas. Teóricamente subido al poder para hacer una política anticonservadora, en parte la hizo con sus medidas anticlericales (o secularizantes, en nuestro punto de vista actual); pero también se dio cuenta, muy pronto, de que cuando se está en el poder es imposible entenderse con organizaciones obreras, algunas muy radicales, como los anarquistas y buena parte de los socialistas. En esos mismos meses que ahora se relatan había nacido la CNT (Confederación Nacional del Trabajo, anarcosindicalista) y la UGT (Unión General de Trabajadores, socialista) estaba ya bastante implantada.

Fue un caso extraño porque las izquierdas (o sea, marxistas y republicanos) habían dejado vivir en relativa tranquilidad al anterior gobierno conservador de Antonio Maura y, cuando llegaron «los suyos», se cebaron con ellos. Es extraño, pero no imposible. En un pasado más cercano, encontramos que con ningún presidente del gobierno se llevó peor Nicolás Redondo padre cuando era secretario general de UGT que con… Felipe González.

Entre la actitud de aquella izquierda y la que le puso la proa a González con su reforma de las pensiones hay una diferencia; una diferencia que, no me cansaré de repetirlo, se empeñan en no ver quienes quieren oír en el presente los tambores de guerra civil: la acción revolucionaria. La respuesta de las izquierdas a un gobierno liberal que no les daba todo lo que querían no fue combatirlo en el Parlamento, sino en la calle. Agosto de 1911 fue el aperitivo.

En la noche del 1 al 2, se produjo un motín en una fragata llamada Numancia, surta en Tánger con funciones de guardacostas. Fue una acción revolucionaria que actuaba en el mismo centro del orden constitucional, es decir las fuerzas del orden. Así pues, el gobierno no flaqueó. El día 9 (eso sí que era justicia rápida), cinco tripulantes de la fragata fueron juzgados y condenados a muerte. Cuatro de ellos fueron indultados pero el quinto, el fogonero Antonio Sánchez Moya, fue fusilado.

A partir de ahí, se montó la mundial.

La provincia de Cádiz paró casi totalmente. El día 27 hubo una manifestación bastante violenta en Barcelona, seguida de un mitin libertario en el que habló un seudolíder ácrata, Cristóbal Litrán, miembro de la Escuela Moderna de Francisco Ferrer, el mártir de la Semana Trágica de Barcelona. Con todo, España estaba a medio gas. La cosa esperó hasta septiembre pero, una vez pasado el verano, estalló. Especialmente en Bilbao.

A principios de mes, se declararon en huelga los carreteros (o sea, los camioneros de la época). Se le fueron uniendo gremios hasta que el personal de Altos Hornos de Vizcaya decidió unirse. El 11 de septiembre se declaró huelga general en toda la cuenca.

El Gobierno declaró el estado de guerra y llegó a militarizar a algunos obreros (la llamada Ley del Brazalete). Se suspendieron las garantías constitucionales. Incluso Pablo Iglesias subió al mismo Bilbao por ver de amansar las cosas. Lejos de eso, la huelga se extendió, en los días siguientes, a Asturias, Zaragoza, Málaga, La Coruña, Santander, Sevilla, Huelva, Gijón, Ferrol y Barcelona. El 18 de septiembre, la UGT declara la huelga general en todo el país.

En este ambiente de huelga generalizada ocurrieron los sucesos de Cullera, que dan título a este post.

El 18 de septiembre, llegan a Valencia noticias de los hechos más caóticos en diversas poblaciones de la provincia. El juez de instrucción de Sueca, López de Rueda, se desplaza a Cullera para instruir un sumario sobre los hechos. Antes de entrar en el pueblo, el juez y sus acompañantes fueron rodeados por diversas turbas, que reclamaban la libertad para quienes ya habían sido presos. Según las crónicas de la época el juez, con un par, les hizo frente con un revólver… pero sin la guardia civil, porque ésta estaba concentrada en Valencia capital. De esta guisa, más propia de Gary Cooper que de un funcionario de Justicia, entró en el pueblo, mientras cada vez se juntaba más gente y las mujeres gritaban: «¡Matarlo, arrastrarlo!»

Aún temerosos del revólver del juez, los amotinados estaban cada vez más cerca y, finalmente, uno de ellos sacó la navaja y le asestó una puñalada al escribiente del juez, a la altura de la clavícula pero por la espalda. El juez cargó con su funcionario y comenzó a buscar una casa donde refugiarse; sólo una, la residencia del juez municipal, le abrió la puerta.

Una vez que dejó allí al escribiente, el juez López de Rueda se dirigió al edificio del Ayuntamiento de Cullera, desde cuyo balcón trató de hablar al pueblo para tranquilizarlo. Pero no lo consiguió, pues sus palabras fueron acalladas por las pedradas y los insultos.

Tarde se percató el juez de lo inútil de su gestión. Se parapetó dentro del Ayuntamiento pero, para cuando hizo eso, las turbas ya estaban intentando tirar la puerta del edificio a hachazos.

La escena era lo suficientemente violenta como para que todo el mundo mínimamente relacionado con la autoridad sintiese miedo de su integridad física. Eso le pasó al alguacil del Ayuntamiento cullerense, un hombre ya viejo el cual, viendo ya perdidos a quienes se quedasen en el edificio del Consistorio, resolvió huir corriendo hacia el río cercano, el Júcar. En su persecución, los amotinados le hieren de un balazo, pero el alguacil, aún así, sigue corriendo y se tira al río. Pero avanza poco, y sus perseguidores pronto le rodean en la orilla.

El alguacil ruega por su vida.

Lo matan a palos, a pedradas, lo cosen a puñaladas.

Son las dos de la tarde. El juez, preso en el Ayuntamiento, decide apostar una última carta por su vida. La avalancha de amotinados está a punto de romper la puerta. Él espera a mitad de la escalera, con el revólver en la mano.

Suena un tiro.

En una de las piernas del juez, estalla una rosa roja. Le han dado. Los amotinados no son tontos y no han querido exponerse a que el juez muriese matando.

Su señoría retrocede, reptando. Llega a un salón de la planta alta donde se encuentra el secretario del Ayuntamiento y un niño. Juez y actuario resuelven que no pueden dejar morir al infante. Le obligan a esconderse debajo de un diván, y, luego, el juez se dirige a la puerta, la abre, y allí mismo recibe la muerte, como el alguacil, a hostias, a puñaladas, a golpes, a patadas, a pedradas, a hachazos. Arrastran el cadáver escaleras abajo. Cuando fue recuperado, su estado era tal que fue imposible hacerle la autopsia.

Dentro del salón queda el secretario. Rodeado de amotinados, los mira, tembloroso, y murmura:

‑Me entrego a vosotros, no me hagáis daño. Soy un pobre que no hizo nada más que cumplir con su deber. Perdonadme la vida.

Silencio. Parece que el indulto llegará. Hasta que da un paso adelante el líder de los amotinados, otro más de los grandes nombres de ese anarcosindicalismo primario y rural que algunos (pocos, cierto es) quieren ver tan heroico. Es el Chato de Cuqueta y lleva una piedra en la mano. De un gesto se la estampa en la cara al funcionario, vaciándole un ojo. El hombre cae, y en la caída ya le están abriendo decenas de heridas en la piel.

Hubo 22 procesados por estos hechos. Un mes después, el 25 de octubre, ya estaban denunciando malos tratos en la cárcel, acusación de la que se hicieron eco los diputados republicanos Lerroux, Azzati y Barral. Una comisión nombrada por el Parlamento, presidida por un catedrático valenciano de apellido Machi, dictaminó la inexistencia de malos tratos. Lo cual no paró las denuncias en la prensa de izquierdas.

Siete de los participantes en estos sucesos fueron condenados a muerte. Siete. Seis fueron inmediatamente indultados. Sólo quedó el Chato de Cuqueta. Pero éste también sería finalmente indultado y, sinceramente, desconozco qué fue de él.

Cuando uno lee historias y reseñas, alcanza a leer, a veces, descripciones de los sucesos de Cullera. Pero nadie, jamás, las asume. Nadie, jamás, dice: «los míos hicieron esto». Los sucesos de Cullera, población que hoy es un bellísimo pueblo turístico en el que no pocos madrileños moran sus noches agosteñas, no los quiere recordar nadie, menos aún reivindicarlos. Y eso no está bien (me refiero a olvidarlos). Por muchas razones pero, sobre todo, por una fundamental: recordar los sucesos de Cullera nos ayuda a entender que los españoles tenemos, o tuvimos que no sé, un punto en el que nada, absolutamente nada, nos paraba. En el que no había autoridad que mereciese respeto ni argumento que pudiera ser escuchado. Hecho éste que tiene su contraargumento, a mi modo de ver, y es éste: no hay injusticia social, no hay bandera, no hay idea; no hay nación ni misión ni himno ni protesta tan valiosa que valga el tembloroso pánico de un niño, bajo un diván, llorando, meándose, pidiendo por su vida y viendo morir, por una rendija, a sus seres queridos, como cerdos en día de San Martín.

No he conseguido encontrar en la prensa de la época referencias a ese niño. No sé si se salvó; si el Cuqueta le vio, le creo capaz de apiolárselo. Viviera o muriera, en su memoria he querido escribir estas líneas.

Nunca mais, por supuesto.