Recuerda que ya te hemos contado los principios (bastante religiosos) de los primeros estados de la Unión, así como su primera fase de expansión. A continuación, te hemos contado los muchos errores cometidos por Inglaterra, que soliviantaron a los coloniales. También hemos explicado el follón del té y otras movidas que colocaron a las colonias en modo guerra.
Evidentemente, hemos seguido con el relato de la guerra y, una vez terminada ésta, con los primeros casos de la nación confederal que, dado que fueron como el culo, terminaron en el diseño de una nueva Constitución. Luego hemos visto los tiempos de la presidencia de Washington, y después las de John Adams y Thomas Jefferson.
Luego ha llegado el momento de contaros la guerra de 1812 y su frágil solución. Luego nos hemos dado un paseo por los tiempos de Monroe, hasta que hemos entrado en la Jacksonian Democracy. Una vez allí, hemos analizado dicho mandato, y las complicadas relaciones de Jackson con su vicepresidente, para pasar a contaros la guerra del Second National Bank y el burbujón inmobiliario que provocó.
Luego hemos pasado, lógicamente, al pinchazo de la burbuja, imponente marrón que se tuvo que comer Martin van Buren quien, quizá por eso, debió dejar paso a Harrison, que se lo dejó a Tyler. Este tiempo se caracterizó por problemas con los británicos y el estallido de la cuestión de Texas. Luego llegó la presidencia de Polk y la lenta evolución hacia la guerra con México, y la guerra propiamente dicha, tras la cual rebrotó la esclavitud como gran problema nacional, por ejemplo en la compleja cuestión de California. Tras plantearse ese problema, los Estados Unidos comenzaron a globalizarse, poniendo las cosas cada vez más difíciles al Sur, y peor que se pusieron las cosas cuando el follón de la Kansas-Nebraska Act. A partir de aquí, ya hemos ido derechitos hacia la secesión, que llegó cuando llegó Lincoln. Lo cual nos ha llevado a explicar cómo se configuró cada bando ante la guerra.
Comenzando la guerra, hemos pasado de Bull Run a Antietam, para pasar después a la declaración de emancipación de Lincoln y sus consecuencias; y, ya después, al final de la guerra e, inmediatamente, el asesinato de Lincoln.
Aunque eso no era sino el principio del problema. La reconstrucción se demostró difícil, amén de preñada de enfrentamientos entre la Casa Blanca y el Congreso.
En un decidido enfrentamiento entre las cámaras y el presidente, éstas crearon un denominado Comité Conjunto de los Quince, formado por seis senadores y nueve congresistas, destinado a auditar las credenciales de los Estados admitidos o candidatos para merecer dicha admisión. Sin embargo, estos representantes nunca fueron a una reunión; el Comité nunca las celebró. En febrero de 1866, el Congreso votó una ley que mantenía la vigencia del Freedmen's Bureau, esto es, la principal herramienta política efectiva de los radicales. Johnson vetó la ley, el Congreso votó contra el veto, pero el Senado lo aceptó.
Un
mes después, el presidente vetó una nueva ley de derechos civiles,
cuyo texto prohibía a los Estados discriminar a sus ciudadanos en
base a su color o raza. Sin embargo, en apenas unas semanas algunas
cosas habían cambiado, puesto que un grupo de senadores
conservadores se había unido a estos puntos de vista, con lo que la
perspectiva de que un eventual veto presidencial fuese apoyado en el
Senado eran muy pocas. De hecho, ambas cámaras votaron en contra del
veto presidencial. Crecido, el Congreso volvió a proponer otra ley
que prolongaba el Freemen's Bureau, y en julio consiguió hacerla
efectiva a pesar del veto presidencial.
El
ambiente estaba ya suficientemente caldeado para poder plantear la
medida definitiva: la décimo cuarta enmienda.
Esta
enmienda constitucional trae causa en el miedo que tenían los
republicanos del Congreso a que otro Congreso futuro, con otra
composición, pudiese tumbar su legislación de derechos civiles
cuando la pusieran en marcha. En efecto, una ley es una ley, y se
tumba con otra ley. Para que las cosas se hiciesen permanentes, era
necesario “subir” esa ley a la consideración de ley de leyes,
esto es, incluirla en la Constitución.
Por
lo demás, en 1866 los Estados Unidos tenían una legislación que,
por extraño que pueda parecer a unos ojos modernos, no definía en
parte alguna la ciudadanía. Por eso, la primera sección de esta
enmienda definía la ciudadanía estadounidense mediante la inclusión
en la misma de all
persons born or naturalized in the United States.
Una expresión que, de un plumazo, otorgaba la nacionalidad a todo
negro que hubiese nacido en los Estados Unidos; lo que, asimismo, tras años de
comercio internacional de esclavos prohibido, era la norma. La
enmienda, además, prohibía a los Estados reducir los privilegios e
inmunidades de los ciudadanos. Seguía la más famosa frase de esta
enmienda, que decía que quedaba prohibido a cualquier Estado to
deprive any person of life, liberty, or property, without due process
of law,
o to deny any
person within its jurisdiction the equal protection of the laws.
La
segunda sección de la enmienda, inicialmente, habría otorgado el
voto a los negros, como querían los republicanos más radicales. Sin
embargo, el compadreo habitual en estos procesos acabó por eliminar
esa cita, cambiándola por una penalización a los Estados que les
negasen dicho voto. Esta penalización, sin embargo, nunca llegó a
aplicarse y, obviamente, quedó obsoleta tras la décimo quinta
enmienda.
Hay
que reconocer que los redactores de esta enmienda fueron muy listos.
Años después, con la norma ya vigente, se comprobaría la
inteligencia de no citar a los negros explícitamente en el texto. La
estrategia de hablar de “personas”, sin más, se reveló muy
positiva cuando el Supremo hubo de dirimir sobre regulaciones que
afectaban a empresas ferroviarias; el tribunal, como no podía ser de
otra manera, recordó que “persona” se puede ser física o
jurídica; que las sociedades, por lo tanto, son tan personas como
cualquiera de nosotros; y que, consecuentemente, están igualmente
amparadas por la décimo cuarta enmienda (si son estadounidenses,
claro). Casi cien años después, la garantía de la protección igual
ante la ley sería la base para la decisión del Supremo sobre la
integración en las escuelas (1954).
La
propuesta de la décimo cuarta enmienda fue saludada y temida en el
Norte y en el Sur, respectivamente, como la reinstauración de la
Unión. Como ya os podréis imaginar por lo que ya os hemos contado,
al presidente Johnson no le gustó ni un pelo. En marzo de 1866, de
hecho, recomendó a los Estados otrora confederados que rechazasen la
enmienda cuando les fuese consultada. Los republicanos radicales de
Washington, por su parte, todavía querían una enmienda más dura.
Lo cierto es que diez de los once Estados secesionistas, con la única
excepción de Tennessee, rechazaron la enmienda aquel mes de marzo.
Teniendo en cuenta que dos Estados unionistas, Delaware y Kentucky,
también la repelieron, aquello fue suficiente para rechazar la
norma.
Todo
esto ocurría en medio de la campaña para la reelección del
Congreso. Durante la campaña, los candidatos republicanos se
dedicaron a ridiculizar a Johnson, lo cual revela la enorme
flexibilidad de la política estadounidense. Fue, además, una
campaña extremadamente violenta. El 30 de julio, en Nueva Orleans,
durante una demostración de radicales que pretendían defender el
derecho de sufragio de los negros de Luisiana, hubo una
contramanifestación esclavista, y en el enfrentamiento hubo nada
menos que 41 muertos.
Los
republicanos ganaron por goleada. Teóricamente, el nuevo Congreso no
tenía que reunirse hasta diciembre de 1867, a menos que el
presidente convocase una sesión especial. Sin embargo, el Congreso
saliente le ganó por la mano, dictaminando su propia potestad para
hacer eso mismo; y, de esa manera, el 4 de marzo, el último día que
estaba vigente el viejo Congreso, se convocó la primera reunión del
nuevo.
Y
comenzó crecido. Se aprobó la First Reconstruction Act, que Johnson
intentó vetar. Esta ley organizaba los Estados confederados en cinco
distritos militares, cada uno bajo el mando de un general nombrado
por el presidente, y dotados de tropas suficientes como para poder
imponer la ley marcial si fuere necesario. La labor principal del
general era organizar elecciones para una convención constitucional
en cada Estado, con la participación de hombres adultos de todos los
colores (excepción hecha de los altos funcionarios confederados).
Estas convenciones nombrarían gobiernos en los que los negros
podrían tener puestos. Para que estos Estados fuesen readmitidos en
la Unión, deberían aceptar la décimo cuarta enmienda.
En
junio de 1868, todos los Estados confederados salvo tres (la siempre
relapsa Texas; Mississippi, que en el esclavismo se jugaba su modelo
económico; y Virginia, donde empezó todo) habían sido
reconstruidos por estas acciones, a tiempo para participar en las
elecciones presidenciales. Los tres Estados recalcitrantes entrarían
en 1870, junto con Georgia, que tiene el récord de ser admitida dos
veces, puesto que había sido expulsada tras expulsar ella misma de
su parlamento a los candidatos electos de color oscuro.
Como
ya se ha dicho en otros puntos de este relato histórico, en Estados
Unidos, como en otros países, hay una fuerza muy importante, que es
el Tribunal Supremo. En España también, todo hay que decirlo, pero
es ligeramente distinto porque, si bien en ambos casos los jueces son
elegidos por políticos, en EEUU el hecho de que el Supremo no sea
sólo una corte constitucional, y que por lo tanto los tipos que se
eligen también deban fallar sobre cuestiones como accidentes de
tráfico o derechos hipotecarios, hace que los jueces elegidos allí
deban ser jueces de verdad, no representantes políticos con título
de Derecho. Por aquí le vino el problema a los republicanos.
Hay
que recordar aquí un caso que, en 1868, ya estaba sentenciado. Se
trata del caso ex parte Milligen, que en 1866 había juzgado la
suspensión del habeas
corpus en
Indiana, decretada por Lincoln en medio de la guerra. En su decisión
sobre la materia, el Supremo había dictaminado que “si el poder
militar se extiende después de que los tribunales hayan sido
restablecidos, se produce una evidente usurpación de poder”.
Esta
frase, debemos recordar que introducida en una sentencia promulgada
por la corte constitucional, era un torpedo en la línea de flotación
de la First Reconstruction Act, pues cuando los mandos militares en
el Sur fueron organizados y establecidos, las cortes judiciales en
esos Estados ya estaban abiertas. Los confederados, que no eran
tontos, aprovecharon un caso, ex parte versus McCardle, para hacer
valer la contradicción, y los jueces se mostraron tendentes a
hacerles caso. Los republicanos, que la verdad siempre han sido muy
partidarios de retorcer el brazo de la ley cuando no les dice lo que
quieren, introdujeron una enmienda en una ley menor que prevenía la
apelación a los tribunales de los casos de habeas
corpus.
Sí, como suena: para defender los derechos de los negros, se llegaba
a dejar de facto
en
manos de los políticos la suspensión impune de las garantías
procesales de las personas. Con un par.
Johnson
vetó la ley, pero el Congreso terminó aprobándola en marzo de
1868. El Supremo, a pesar de que ya estaba estudiando el caso ex
parte versus McCardle, suspendió sus gestiones.
Ya
le habían plantado cara a los jueces. Ahora quedaba el gobierno.
Para pararle los pies a Washington, contaban con dos leyes que fueron
aprobadas al mismo tiempo que la First Reconstruction. La primera de
ellas, la Tenure of the Office Act, impedía que el presidente
pudiese cesar a alguien nombrado por el Senado sin el consentimiento
de éste. La segunda, la Command of the Army Act, prohibía al
presidente cursar órdenes al ejército que no hubiesen pasado por el
general en jefe (en esos momentos, Grant).
Estas
dos leyes eran una grave amenaza a los poderes presidenciales, y muy
especialmente a su consideración como comandante en jefe de las
fuerzas armadas. Johnson, de hecho, decidió provocar un conflicto
con las cámaras en febrero del 68, cuando pretendió cesar al
secretario Stanton; pero ese movimiento sólo causó que sufriese un
impeachment
del Congreso. Desde el 5 de marzo hasta el 16 de mayo fue juzgado en
el Senado. Finalmente, gracias a la defección de siete republicanos,
el voto para confirmar la expulsión fue derrotado o, más en
concreto, falló a la hora de conseguir los dos tercios exigidos por
la Constitución.
Para
las elecciones presidenciales de aquel año, los republicanos tenían
un candidato claro en el general Grant. Johnson trató de ser
nominado por los demócratas, pero éstos, en una decisión difícil
de entender, se decantaron por un oscuro político neoyorkino llamado
Horatio Seymour.
La
campaña demócrata fue básicamente económica. Con el final de la
guerra, el Estado había comenzado una labor continuada de retirada
de la circulación de los greenbacks
de la guerra. Sin embargo, al hacer esto había reducido los medios
de pago, con lo que muchos granjeros, votantes natos de los
republicanos, se encontraban con dificultades para honrar sus
compromisos, sobre todo hipotecarios. Los demócratas vieron ahí una
oportunidad de arrebatarle a sus contrincantes a muchos votantes
naturales, y ofrecieron la recirculación de estos títulos, siempre
y cuando se utilizasen para amortizar bonos de guerra que no hubiesen
sido emitidos con la exigencia de su amortización en oro.
Los
republicanos, por su parte, se basaron en agitar la consigna de que
los demócratas habían sido los grandes animadores de la secesión.
Y les funcionó, aunque cualquier observador inteligente debería
decir que más bien a medias. Grant ganó en todos los Estados Unidos por una
exigua diferencia de 310.000 votos. Esto venía a querer decir que,
de no haber votado los 700.000 ex esclavos que lo hicieron, el
general habría perdido por una diferencia similar frente a Seymour,
que era un candidato con menos glamour que Yurena.
El
hecho de que en algunos Estados del Sur se hubiesen dado maniobras
para “convencer” a los negros de no ir a votar, por lo demás,
convenció a los republicanos que de que con la décimo cuarta
enmienda tal vez no era suficiente. Por eso desarrollaron la décimo
quinta, según la cual “el derecho a votar de los ciudadanos no
podrá ser impedido ni recortado ni por los Estados Unidos ni por
Estado alguno en razón de la raza, el color o una condición previa
de esclavitud”. Esta enmienda fue ratificada en marzo de 1870.
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