Estados Unidos (13)

Recuerda que ya te hemos contado los principios (bastante religiosos) de los primeros estados de la Unión, así como su primera fase de expansión. A continuación, te hemos contado los muchos errores cometidos por Inglaterra, que soliviantaron a los coloniales. También hemos explicado el follón del té y otras movidas que colocaron a las colonias en modo guerra.

Evidentemente, hemos seguido con el relato de la guerra y, una vez terminada ésta, con los primeros casos de la nación confederal que, dado que fueron como el culo, terminaron en el diseño de una nueva Constitución. Luego hemos visto los tiempos de la presidencia de Washington, y después las de John Adams y Thomas Jefferson. 

Luego ha llegado el momento de contaros la guerra de 1812 y su frágil solución. Luego nos hemos dado un paseo por los tiempos de Monroe, hasta que hemos entrado en la Jacksonian Democracy.

La toma de posesión de Andrew Jackson en Washington es, probablemente, el primer acto de esta calidad en la Historia de los Estados Unidos que concitó la presencia de una gran masa de partidarios venidos de muchos rincones del país. Por primera vez, un candidato ganador despertaba una verdadera pasión partidaria, anunciando una tendencia que con las décadas no haría sino acrecentarse.

Como es costumbre, la llegada de Jackson vino a suponer el encumbramiento de sus más cercanos. Para ocupar la muy influyente Secretaría de Estado, considerada entonces una especie de vicepresidencia disfrazada, Jackson eligió a Martin van Buren.

La victoria de Jackson fue tan categórica que sus opositores pronto comenzaron a albergar la idea de que se desempeñaría en la Casa Blanca con modales dictatoriales. El partido whig, formado en torno a la idea de la oposición a Jackson, lo bautizó pronto como King Andrew I. Jackson les decepcionó, aunque a medias. Si bien no se apartó ni un milímetro de las formalidades democráticas, siempre tan importantes para que una democracia sea real, también es cierto es que es uno de los presidentes de los Estados Unidos que con más radicalidad interpretó el carácter presidencialista del sistema constitucional americano, por lo tanto reclamando constantemente el papel de protagonista del presidente, bajo el argumento de que es elegido por todos los estadounidenses y es, por lo tanto, quien mejor representa su voluntad.

Esta manera de pensar se concreta, por ejemplo, en la forma diríase que radical con que aplicó el denominado sistema de expolio. De los 10.000 funcionarios que se encontró nombrados por la Administración de Adams, despidió a casi el 10%. Sinceramente, hay que decir que Jackson concebía el sistema de expolio no sólo como una herramienta de poder político, sino también como un instrumento necesario para evitar el nacimiento y desarrollo de una clase tecnocrática en la Administración; ésa que tan bien retratada quedaba en la inolvidable serie británica Yes, minister. Siguiendo un tracto mental que al ciudadano común estadounidense le hacía (y le hace) mucho tilín, Jackson solía decir que las funciones y retos de la Administración Pública son plain and simple, y que, por lo tanto, lo que debe de haber dentro de dicha Administración son personas tan simples y directas como los objetivos que persiguen.

El cambio de usos en la Casa Blanca se dejó sentir, más que en ningún otro lugar, en el Congreso. Hasta Jackson, lo que tenemos son presidentes que se conciben a sí mismos, básicamente, como administradores de una labor legislativa hecha por el Congreso. A partir de Jackson, sin embargo, comenzamos a tener un presidente que se concibe a sí mismo, constitucionalmente, como una parte del proceso de diseño legislativo (y, sobre todo, del proceso de no aprobación, esto es veto, de las leyes), y reclama su lugar en ello. En sus dos mandatos, Jackson vetó más legislaciones él solo que todos los presidentes que lo habían precedido juntos. Para hacer tal cosa y salir indemne frente a la opinión pública, el presidente tiró de un argumento tan antiguo como la propia democracia, como es la concepción de la casa legislativa y de otras instituciones del Estado como reductos aristocráticos, ante los que contraponía su propio despacho, concebido como el verdadero gobierno del pueblo.

Uno de los conflictos legislativos más sonados de su época fue el veto presidencial de la denominada Maysville Bill (1830), que requería al gobierno federal a adquirir acciones de una sociedad privada creada para realizar inversiones en Kentucky, el estado de Clay. Jackson, sin embargo, vetó la ley, argumentando que estaba en contra de que el Estado participase en proyectos de este tipo (si sale hoy de la tumba, se vuelve a meter).

Asimismo, la Administración de Jackson se enfrentó a menudo de forma frontal con el Supremo, que recordemos seguía dominado por John Marshall. En 1832, la Corte falló en el caso Worcester vs Georgia. La sentencia le denegaba a Georgia cualquier derecho de reclamar territorio de los indios cherokee dentro de sus límites y, añadía, el gobierno estatal debía proteger a los indios contra los embargos del Estado de Georgia. Pero Jackson, que no se olvide era un viejo luchador contra los indios, quería a todas las tribus en la otra orilla del Mississippi, y trabajó en la dirección exactamente contraria.

El país, en todo caso, tenía, lógicamente, su propia dinámica. Los Estados Unidos, lo hemos intentado describir en varios puntos de estas notas, se formaron a partir de un delicado equilibrio entre partes muy diferentes. En el Congreso, estas diferencias entre esclavistas y no esclavistas, entre Este y Oeste, entre Norte y Sur, afloraban a cada momento, incluso a pesar de asentarse un mínimo consenso constitucional sobre pactos como el de Missouri. En el invierno de 1830, de nuevo estas divisiones se hicieron patentes en el denominado debate Webster-Hayne.

Desde la segunda década del siglo, los territorios del Oeste venían defendiendo una idea que era fundamental para ellos: el acceso barato a la tierra y la comprensión, si no apoyo, a la actividad de los colonos que ocupaban primero tierras gubernamentales para luego reclamar su propiedad. El colono que había trabajado la tierra, mejorándola de alguna manera, siempre reclamaba el derecho a comprarla a buen precio cuando salía al mercado. El gobierno, también lo hemos visto, accedió en varias ocasiones a esta petición rebajando las tarifas; pero siempre había personas que ni siquiera podían pagar con estos descuentos. Estos colonos, que podríamos denominar aparceros por su carencia de recursos, se aglutinaron como grupo de presión alrededor del senador por Missouri Thomas Hart Benton. Benton llevaba ya tiempo trabajando en el tema; ya en 1824 había propuesto que las parcelas de terreno que no encontrasen comprador fuesen introducidas en una senda de descuentos que pudiesen acabar en 50 centavos el acre (el precio descontado pedido por el gobierno era de 1,25 dólares por acre). En un último escalón, si no aparecían compradores la tierra debería, según esta propuesta, ser regalada. Esta propuesta fue bautizada como graduation.

El Este tenía sentimientos bastante negativos hacia los planes de Benton. En primer lugar, no le gustaban porque suponían una alternativa cierta para muchas personas que residían en sus Estados y a las que ellos les estaban ofreciendo curro a salarios un tanto bajos; ahora, existiendo la alternativa, deberían pagarles más para que se quedasen. Por otro lado, también sabían que un plan de estas características animaría las arcas estatales con más ingresos de los esperados, haciendo posible amortizar más deuda; y no es que a los empresarios del Este les importasen mucho las finanzas estatales, lo que pasa es que sabían que si se producía esa sobreamortización, Washington podría argumentar que ya no necesitaba aplicar los aranceles proteccionistas que tan bien les iban.

Puesto que se creían frente a un gran problema, la forma en la que los representantes yankees pretendieron resolver el dilema fue extremadamente radical: cerrar, literalmente, el Oeste. En diciembre de 1820, el senador de Connecticut Samuel A. Foot puso el ídem en la Cámara Alta para proponer una ley por la que las ventas de tierra pública en el Oeste quedaban paralizadas temporalmente, con el añadido de que las ventas futuras se realizarían ya sólo sobre las tierras que ya estuvieran en el mercado.

Ni qué decir que Benton reaccionó como el puma de Baracoa, denunciando aquella propuesta como lo que era: una conspiración del lobby industrial del Este. Los Estados del Sur, que empezaban a sufrir la creciente diferencia de riqueza respecto del Norte, apoyaron al senador de Missouri (a todo lo largo y ancho del espectro ideológico se puede uno encontrar políticos y estrategas varios cuya filosofía se basa en resolver una diferencia de riqueza empobreciendo al que va ganando). Eso sí, los Estados sureños propusieron, además, que los nuevos territorios del Oeste no estuviesen protegidos por el arancel. El defensor de la propuesta del Sur fue el senador Robert Y. Hayne, de Carolina del Sur. En 1828, su posición se vio claramente apoyada por un ensayo antiproteccionista publicado con seudónimo por el vicepresidente John Calhoun (una rara avis de la política estadounidense, pues es, junto con George Clinton, el único político estadounidense que ha sido vicepresidente de dos presidentes distintos). Calhoun argumentaba que el arancel de 1828 había reducido al Sur a la condición de siervo del Norte industrial, al forzarle a pagar precios elevadísimos por las mercancías compradas en Europa. Concluía estableciendo su teoría fundamental, que se conoce como nullification: la tiranía de una mayoría (que impone unas condiciones excesivamente gravosas a la minoría) debe de complementarse con el derecho constitucional de los Estados para anular (nullify) un acto inconstitucional del Congreso.

Otro político, Daniel Webster, decidió responder a este folleto, o más concretamente a la introducción al mismo que había escrito Hayne, en enero de 1830. La soberanía, argumentaba, estaba claramente situada por la Constitución en los hombros del Estado federal y, consecuentemente, ningún Estado tenía el poder de dirimir la constitucionalidad de acto jurídico alguno. Si los Estados tuviesen esa libertad, entonces la Unión ya no sería unión, y la libertad se vería amenazada. Su ensayo terminaba con palabras muy conocidas por los estudiantes de Derecho estadounidenses: Liberty and Union, now and forever, one and inseparable.

Lo que reside en el fondo de esta polémica es, una vez más, el eterno debate producido durante el largo parto de los Estados Unidos como sistema estable; parto que incluso exigió esa cesárea llamada guerra civil y que generó cicatrices que no terminaron de sanar, en mi opinión, hasta la década de los sesenta del siglo pasado. En el momento que relatamos, el entorno era enormemente variado y complejo. Existían Estados del Norte y del Sur, que se habían ido diferenciando con los años tanto económica como socialmente, cuya existencia era debida a una rebelión contra la metrópoli británica. Pero luego existían Estados, parcialmente situados al Sur y formando todo lo que se conocía como el Oeste, que habían surgido, ya, de una decisión del libre gobierno constitucional de los Estados Unidos de América. Eran existencias muy diferentes, pasados muy diferentes, que se distanciaban en la práctica. De todas las naciones europeas, España es la que está en mejores condiciones históricas de comprender hasta qué punto la lucha por la independencia marca el pasado y el futuro de una colectividad: si hemos sido, durante siglos, el principal baluarte de la Iglesia católica en Europa, es por el hecho de que tuvimos que pelear por nuestras piedras, a pelo puta, con los musulmanes. Por supuesto, nuestras ex colonias americanas entienden este hecho todavía mejor que nosotros, puesto que tuvieron que echarnos.

Si los nuevos Estados del Oeste y el Sur podían aceptar con cierta naturalidad el principio de ser administrados por un Estado federal que tendría, por así decirlo, la última palabra, los Estados originales de la Unión ya eran otra historia. En su seno, en 1830, había muchas personas que, sobre tener recuerdos vívidos de los años de la independencia, albergaban sentimientos que sobrepujaban el poder de esos Estados sobre el federal. Era la suya una concepción federal pura, diríamos, los españoles, pimargalliana: el Estado se concebía como el resultado de la libre unión de entes soberanos que, por lo tanto, retenían parte de esa soberanía. La incapacidad de resolver esa incongruencia fue lo que acabó con la I República española; con las mismas, amenazaba, también, por acabar con los Estados Unidos; y eso lo sabía bien incluso su presidente, el cual, en una famosa comida de cumpleaños en la Casa Blanca (abril de 1830) levantó su copa para brindar y, mirando frente a frente a su vicepresidente Calhoun, dijo: Our Federal Union; it must be preserved.

Lo que tal vez no esperaba Jackson es que su vice se levantase como un resorte y, tomando su copa, colocase en frente el otro elemento de la difícil balanza federal: The Union, next to our Liberty, the most dear. El presidente, pues, decía: la Unión está por encima de todo; y su vicepresidente le contestaba: eso será mientras la Unión respete la libertad.

Los ingresos del arancel proteccionista fueron aquel año de 1830 tantos y tan lucrativos que a finales del ejercicio la elevada deuda generada por las guerras y la independencia se encontraba, finalmente, amortizada en su casi totalidad. En esas circunstancias, ocurrió lo que el Este industrial temía de Old Hickory. Jackson tenía una visión muy liberal de los aranceles proteccionistas: los veía como medidas confiscatorias, ya que se alimentaban de desarrollos interiores que no se producirían. El 6 de diciembre de 1831, urgió al Congreso a revisar a la baja el arancel de 1828. Su propuesta trataba claramente de gustar a los Estados del Sur sin cabrear en exceso a los del Norte. El Congreso aprobó el 14 de julio de 1832 una ley arancelaria que más o menos respondía a las intenciones del presidente. A Calhoun, sin embargo, le pareció poca cosa; el vicepresidente abandonó Washington para irse al Sur, a dar por saco.

Esta vez, la nullification dejó de ser una teoría propia de discusiones doctrinales. En Carolina del Sur fue elegido un Congreso abiertamente partidario de esta teoría, que votó la designación de delegados para una convención estatal. El 19 de noviembre de 1832, dicha convención votó, por 136 votos contra 26 una decisión que anulaba tanto los aranceles de 1828 como de 1832. Asimismo, se prohibía la recaudación de los aranceles en los puertos del Estado desde el 1 de febrero de 1833; y, poniéndose la venda antes que la herida, advertía que de usarse fuerzas armadas para ejecutar dicha recaudación, se movería hacia la secesión.

Jackson, que como recordaremos más adelante acababa de ganar las elecciones de 1832 con la punta del pie, respondió el 10 de diciembre con lo que se conoce como la Nullification Proclamation, donde no se cortaba un pelo: Considero que el poder de anular una ley de los Estados Unidos, asumido por un Estado, es incompatible con la existencia de la Unión, contradice la letra de la Constitución, queda desautorizado por su espíritu, es inconsistente con cualquier principio en la que ésta se funda, y destruye el alto objetivo para el que fue creada.

El Senado estudió en febrero una Force Bill que otorgaba poderes al presidente para usar al ejército y la marina en Carolina del Sur, si dicho Estado se resistía a la labor de los funcionarios recaudadores federales. En medio de la tramitación de la ley, Henry Clay ofreció una propuesta de consenso en forma de una ley que establecía el progresivo desarme de los aranceles de 1832. Mientras tanto, dentro de Carolina del Sur comenzaron a surgir y crecer diversos grupos opuestos a la secesión, y otros estados del Sur rehusaron apoyar su acto de rebeldía.

El 2 de marzo, la Force Bill pasó a ser Force Act; ese mismo día, Jackson firmaba la ley propuesta por Clay, con un desarme arancelario que preveía que, en 1842, ninguna tarifa superaría el 20%, además de extender la lista de mercancías importables duty free. Incluso Calhoun, que para entonces había dimitido como vicepresidente para poder ser representante de Carolina del Sur, votó esa ley afirmativamente. Carolina del Sur, finalmente, aprobó anular su propia ley de anulación; pero salvó la cara aprobando otra anulando la Force Act, que ya ni puta falta que hacía ejercer.