Estados Unidos (36)

Recuerda que ya te hemos contado los principios (bastante religiosos) de los primeros estados de la Unión, así como su primera fase de expansión. A continuación, te hemos contado los muchos errores cometidos por Inglaterra, que soliviantaron a los coloniales. También hemos explicado el follón del té y otras movidas que colocaron a las colonias en modo guerra.

Evidentemente, hemos seguido con el relato de la guerra y, una vez terminada ésta, con los primeros casos de la nación confederal que, dado que fueron como el culo, terminaron en el diseño de una nueva Constitución. Luego hemos visto los tiempos de la presidencia de Washington, y después las de John Adams y Thomas Jefferson. 

Luego ha llegado el momento de contaros la guerra de 1812 y su frágil solución. Luego nos hemos dado un paseo por los tiempos de Monroe, hasta que hemos entrado en la Jacksonian Democracy. Una vez allí, hemos analizado dicho mandato, y las complicadas relaciones de Jackson con su vicepresidente, para pasar a contaros la guerra del Second National Bank y el burbujón inmobiliario que provocó.

Luego hemos pasado, lógicamente, al pinchazo de la burbuja, imponente marrón que se tuvo que comer Martin van Buren quien, quizá por eso, debió dejar paso a Harrison, que se lo dejó a Tyler. Este tiempo se caracterizó por problemas con los británicos y el estallido de la cuestión de Texas. Luego llegó la presidencia de Polk y la lenta evolución hacia la guerra con México, y la guerra propiamente dicha, tras la cual rebrotó la esclavitud como gran problema nacional, por ejemplo en la compleja cuestión de California. Tras plantearse ese problema, los Estados Unidos comenzaron a globalizarse, poniendo las cosas cada vez más difíciles al Sur, y peor que se pusieron las cosas cuando el follón de la Kansas-Nebraska Act. A partir de aquí, ya hemos ido derechitos hacia la secesión, que llegó cuando llegó Lincoln. Lo cual nos ha llevado a explicar cómo se configuró cada bando ante la guerra.

Comenzando la guerra, hemos pasado de Bull Run a Antietam, para pasar después a la declaración de emancipación de Lincoln y sus consecuencias; y, ya después, al final de la guerra e, inmediatamente, el asesinato de Lincoln.

Aunque eso no era sino el principio del problema. La reconstrucción se demostró difícil, amén de preñada de enfrentamientos entre la Casa Blanca y el Congreso. A esto siguió el parto, nada fácil, de la décimo cuarta enmienda. Entrando ya en una fase más normalizada, hemos tenido noticia del muy corrupto mandato del presidente Grant. Que no podía terminar sino de forma escandalosa que el bochornoso escrutinio de la elección Tilden-Hayes.

Aprovechando que le mandato de Rutherford Hayes fue como aburridito, hemos empezado a decir cosas sobre el desarrollo económico de las nuevas tierras de los EEUU, con sus vacas, aceros y pozos de petróleo. Y, antes de irnos de vacaciones, nos hemos embarcado en algunas movidas, la principal de ellas la reforma de los ferrocarriles del presi Grover Cleveland.

En todo caso, conforme estas legislaciones de control se fueron desplegando quedó claro que se estaba aplicando una terapia estatal a un problema que era interestatal. En 1886, dos sucesos convencieron a la Casa Blanca de que no podía seguir sin intervenir en el asunto ferroviario. El primero de ellos fue un voluminoso informe que se hizo público en enero, y que detallaba las conclusiones de una investigación senatorial sobre las prácticas ferroviarias que había sido dirigido por el senador Shelby M. Cullom de Illinois. El informe le atizaba de lleno a los consejos de administración de las compañías ferroviarias y establecía la necesidad de una comisión federal que los controlase. En octubre de ese mismo año, el Supremo falló el denominado como caso Wabash, que venía a ser como una enmienda a la totalidad de Munn versus Illinois, puesto que concluía que los Estados no podían fijar tarifas dentro de sus límites si la línea ferroviaria afectada salía hacia otro Estado.

El 4 de febrero de 1887, arrastrando los pies porque no quería, el presidente Cleveland firmó la Interstate Commerce Act, que venía a ser como el destilado jurídico de las conclusiones del informe Cullom. La ley prohibía las tarifas altas en las líneas, así como el tratamiento preferencial a determinados clientes. Prohibía también la autorregulación de las líneas ferroviarias, del orden de las prácticas oligopolísticas de dumping que había generalizado Rockefeller.

La ley estaba en el papel, pero ponerla en marcha era otra cosa. Se formó una Interstate Commerce Commission, formada además por técnicos de valor; pero el hecho de que sus decisiones debieran ser aplicadas a través de los tribunales favoreció que las compañías ferroviarias contrataran ejércitos de abogados cuya función, en esencia, era retrasar lo más posible la aplicación de las medidas de la comisión; y, comúnmente, convencer a los jueces de que ellos tenían la razón. Entre 1887 y 1905, el Supremo falló 16 casos relacionados con decisiones de la ICC, y sólo en uno le dio la razón a la Comisión.

Con todo, probablemente el hecho económico al cual el presidente Cleveland dedicó más trabajo personalmente fue el tema de los aranceles. De hecho, su discurso sobre el estado de la Unión del año 1887 estuvo íntegramente dedicado al tema (que ya le vale), con la idea de que era necesario una reforma de raíz del sistema de aranceles americano que, según el presidente, generaba cargas ineficaces. En aquella fecha, el arancel estadounidense gravaba más de 4.000 productos distintos, y casi cada uno de ellos podía contar la historia de un lobby, grande o pequeño, que había presionado para obtener dicha protección.

Como ocurre con muchas otras cosas en los Estados Unidos, el debate en torno al arancel se produjo, en buena parte, en términos de patriotismo. Los proteccionistas recordaban que las tarifas altas servían para proteger al productor estadounidense; Cleveland, por su parte, retrucaba diciendo que no hay nada más patriótico que comprar productos importados, puesto que generan un jugoso ingreso para el Estado. Cleveland, además, era un fino observador económico liberal. A diferencia de sus atacantes, se dio cuenta del problema fundamental que existe detrás del proteccionismo: cuando se le establece a la mercancía importada un sobreprecio a través del arancel, lo que ocurre es que el producto interior incrementa sus márgenes ajustando su propio precio a dicho sobreprecio. Al final, argumentaba Cleveland, el consumidor acaba pagando el mismo precio; no hay diferencia para él. La única diferencia es la que puede surgir de poner los productos en competencia, esto es, dejando que los productos importados se vendan a los precios a los que realmente se producen.

En 1888, en respuesta al discurso del presidente, el Congreso leyó la Mills Bill, que venía a establecer recortes moderados de aranceles, lejos de la poda general que propugnaba el presidente. No era cuestión de cabrear a los productores locales con las elecciones tan cerca. El Senado, a la recepción de la ley Mills, respondió con la conocida como Allison substitute, una redacción que le daba la vuelta a la ley como un calcetín, elevando las tarifas, y que estaba diseñada para no ser aprobada, puesto que se discutió con las elecciones a punto de producirse.

En junio de 1888, en Saint Louis, Cleveland fue proclamado candidato demócrata a la presidencia. Los republicanos se reunieron dos semanas después en Chicago, con las primarias muy abiertas. Hubo mucho de esto y de aquello hasta que se tomó la decisión a favor de Benjamin Harrison, un abogado de Indiana, conocido como Young Tippecanoe por ser el nieto del presidente William Henry Harrison.

Los republicanos contaban con un activo en su jefe de campaña, Matt Quay, quien la diseñó con mucha inteligencia. En primer lugar, en una estrategia que se ha repetido y se repite muchas veces, consiguieron que algo fuese visto como lo que no era. La ley Mills, como se ha dicho, era una reformita del arancel casi sin consecuencias, pero los republicanos consiguieron que la gente la viese como una ofensiva neoliberal (no sé si suena) que iba a dejar a un montón de gente en el paro (no sé si suena). Explotaron con mucha eficiencia el diferencial de bienestar entre el obrero estadounidense y el europeo, argumentando de seguido que las medidas de Cleveland acabarían haciendo del primero un trasunto del segundo.

Como resultado, si bien Cleveland ganó en votos (100.000), Harrison los hizo en votos electorales (65).

La Historia, y la imaginería popular del momento, ha clasificado el mandato de Harrison como el billion dollar Congress y un Senado conocido como The millionaries club. No se trata sólo de que buena parte de los representantes fuesen políticos con el riñón muy bien cubierto. Se trata, sobre todo, de que se trató de una administración que repartió pasta a manos llenas. La fuente de tal generosidad provenía, sobre todo, del hecho de que, al haberse mantenido los aranceles muchos años y después se hubiesen apenas matizado, el Tesoro nadaba en dinero. Por eso, en 1890, por ejemplo, el Congreso aprobó una ley que otorgaba pensiones a todos los veteranos unionistas discapacitados, incluso en los casos en los que su discapacidad no hubiese sido causada por la guerra. La medida incluyó a las viudas. Aquella medida fue una recompensa electoral, pues los veteranos habían sido cruciales para la Harrison. 

Las recompensas siguieron por los industriales, muchos de ellos generosos contribuyentes de la campaña republicana, con la tarifa McKinley. La Tarifa McKinley era un arancel proteccionista tan bestia que, literalmente, secó las importaciones, creándole un problema de la hostia al gobierno federal, que dejó de ingresar aranceles. Temerosa de que las grandes naciones exportadoras europeas respondiesen haciéndole el vacío a los productos americanos, la administración Harrison propuso en el Congreso la introducción en la tarifa de una cláusula de reciprocidad, que otorgaba al presidente la potestad de sacar del arancel cualquier producto como respuesta a la restricción de compras de productos americanos.

Otra medida dirigida al sector productor y económico fue la Sherman Silver Purchase Act, que autorizaba al Tesoro a emitir pagarés pagaderos en oro o plata, que se dedicarían a retirar la plata excedentaria que había permitido la Bland-Allison Act de 1878. En corto, ésta era una medida destinada a forrar a los mineros argentíferos.

Mucho más citada en los tiempos posteriores es la Sherman Anti-Trust Act, una ley que era consecuencia en buena medida de la decisión del Supremo en el caso Wabash, que había abierto la necesidad de una legislación contra los monopolios de ámbito estatal. La ley antimonopolio de Harrison era una ley muy dura y moderna, estableciendo sanciones exigentes y definiendo prácticas monopolísticas de una forma que demostraba un buen conocimiento de la estructura empresarial estadounidense; sin embargo, tuvo mucha menos aplicación de la que cabría sospechar, puesto que los tribunales fueron renuentes a aplicarla.

Todas estas medidas tendían a otorgar ventajas y dinero a los sectores más poderosos del país, y eso es algo que los republicanos habrían de pagar. En las elecciones de 1890, perdieron el control del Congreso. Así las cosas, Harrison se vio obligado a gobernar contra un parlamento hostil durante dos años, lo que claramente lo penalizó. En las elecciones de 1892, que de nuevo vieron un enfrentamiento Harrison versus Cleveland, éste último ganó por casi 400.000 votos.