Estados Unidos (7)

Recuerda que ya te hemos contado los principios (bastante religiosos) de los primeros estados de la Unión, así como su primera fase de expansión. A continuación, te hemos contado los muchos errores cometidos por Inglaterra, que soliviantaron a los coloniales. También hemos explicado el follón del té y otras movidas que colocaron a las colonias en modo guerra.

Evidentemente, hemos seguido con el relato de la guerra y, una vez terminada ésta, con los primeros casos de la nación confederal.

Los Estados Unidos de la posguerra no estaban sumidos en una recesión, pero sí se puede decir que tenían algunos sectores de su economía que tenían gravísimos problemas. Los armadores mercantes, por ejemplo, estaban pelados a causa de la obvia pérdida de las condiciones especiales de las que disponían anteriormente en el comercio con Inglaterra y la India. Los importadores de artículos de lujo también se quedaron a la quinta pregunta puesto que perdieron a su proveedor; pero mucho más importantes fueron los problemas experimentados por el incipiente sector manufacturero local, que se encontró de repente expuesto a la competencia internacional. Las llamadas al Congreso en demanda de aranceles y subsidios (sí, ellos también) fueron muy frecuentes.

Todo esto, como problema, empalidecía sin embargo ante El Problema, que no era otro que las serias dificultades que registraba el Congreso para allegar los impuestos que necesitaba, sobre todo para pagar al ejército; sin contar las deudas de guerra, que crecían muy rápidamente dado que los EEUU comenzaron a impagar los intereses. El Congreso, pletórico de buenismo, se volvió hacia los Estados para solicitarles la pasta convencido de que cumplirían sin problema; y se encontró con la típica actitud insolidaria propia de los sistemas confederales. Para ser más exactos, les pidió 10 millones de dólares, y los Estados le concedieron 1,5 millones. Como dice Henry Hill en Goodfellas, con eso no tenían ni para el ataúd.

Robert Morris, nombrado secretario de Finanzas, urdió en 1781 la idea de que el Congreso saliese del impasse creando su propia figura fiscal, concretamente un impuesto del 5% sobre las importaciones. Sin embargo, cabe recordar que en las confederaciones este tipo de medidas suelen precisar la unanimidad de todos los vecinos propietarios; y, en este caso, la negativa de Rhode Island hizo descarrilar el proyecto. En 1783 Morris, literalmente hasta los huevos de tratar de dialogar con mesas de escayola, dimitió. Aunque hoy parezca increíble, lo que sucedió después fue que, literalmente, no fue posible encontrar una sola persona en todos los Estados Unidos que quisiera ser ministro de Economía; así pues, Morris aceptó quedarse hasta que consiguiese pagar a los soldados. Y cobrar, cobraron; pero no en dinero, sino en concesiones de tierras en el Oeste.

No hay que ser muy duros con los Estados. Si se negaban como se negaban, era por la sola razón de que ellos mismos tenían problemas para allegar impuestos. Especialmente desde 1785, año en el que las tropas extranjeras abandonaron el territorio nacional y la armada local fue licenciada (sin haber cobrado propiamente, como acabamos de decir); momento en el que un montón de agricultores y ganaderos perdieron el lucrativo mercado de proveer a todas esas tropas. Para colmo, la única medida seria que tenían los Estados a su disposición para poder honrar sus deudas de guerra era elevar los impuestos sobre esos mismos productores primarios. En 1786, las cosas en New Hampshire habían llegado a tal punto que hubo que llamar a la milicia para disolver una mani de agricultores que estaba rodeando la Asamblea. En Massachusetts, la carga fiscal sobre los agricultores superaba el 30%. En el verano de 1786, hubo un auténtico movimiento anti-desahucios en el Estado, con masas de personas personándose en granjas que iban a ser embargadas para impedirlo. Daniel Shays, un veterano de Bunker's Hill que había llegado a capitán en el ejército, se puso al frente de una tropa de 2.000 agricultores que atacó Springfield. Shays obligó a los tribunales locales a dar marcha atrás en los embargos, pero el gobernador James Bowdoin envió al ejército al mando de Benjamin Lincoln para sofocar la rebelión.

Todo parecía estar a punto para pensar en un cambio de régimen. La cosa confederal no funcionaba.

En efecto, los evidentes problemas que planteaba el Estado confederal abrieron el debate de la forma de Estado. Algunas personas, es verdad que no muchas, hablaron de una monarquía. Otros contemplaron la dictadura militar y otros, en el extremo opuesto, defendieron, incluso a pesar de sus errores, la solución confederal, contemplando los Estados Unidos como un conjunto de dos o tres confederaciones separadas. Eran muchos, en efecto, los que pensaban que la nación era demasiado grande para tener un solo gobierno.

En 1785, delegados de Maryland y Virginia se reunieron en Mount Vernon, la casa de Washington, donde discutieron temas de altura estatal con la participación de personas de las cercanas Pensilvania y Delaware. Estos contertulios encontraron adecuada la idea de una reunión de todos los Estados e invitaron a Maryland a organizarla. Finalmente fue convocada en septiembre de 1786 en Annapolis. Sin embargo, sólo participaron cinco Estados. Entre los que sí enviaron estaba Nueva York, y entre sus representantes el que quizás era el mayor propagandista de los errores y problemas de la forma confederal: Alexander Hamilton. Hamilton quería la convocatoria de una nueva conferencia, ya en mayo de 1787, encomendada de enmendar el articulado constitucional. A esta convención, celebrada en Filadelfia, sí que acudieron todos los Estados, con la única excepción de ese habitual verso suelto llamado Rhode Island.

Sin embargo, de los 74 hombres convocados, sólo fueron 55. Entre ellos, sólo ocho habían firmado la declaración de Independencia. El 25 de mayo, la reunión alcanzó el quórum necesario. Eran 29 delegados, que eligieron por unanimidad a George Washington presidente de la reunión.

Entre los Estados había diferencias muy importantes. La mayor de ellas, que había algunos que habían mandatado a sus delegados únicamente para aprobar enmiendas en el articulado, mientras que otros habían sido delegados también para sustituirlos. Pero lo cierto es que, en las cuestiones de fondo de gobierno, estaban de acuerdo. Aquellos representantes, no pocos de ellos veteranos de la guerra, tenían claro que era necesario dar voz al pueblo ante el gobierno. Sin embargo, como conocedores de la Historia de su propio devenir reciente, temían la facilidad con la que las masas son manipuladas por demagogos. Por lo demás, no eran tan idiotas como para pensar que en su nueva tierra no había heredado esa sempiterna tensión entre ricos y pobres que comenzó el lejano día en que Solón se subió a un pedestal en una plaza de Atenas. Así pues, querían un sistema en el que esos dos grupos que surgen cuando uno le da un primer tajo a cualquier sociedad: los pobres y los ricos, tuviesen sus oportunidades frente al gobierno; y querían, también, un gobierno fuerte y capaz, lo suficiente como para frenarle los pies a cualquiera de los dos grupos cuando se saliesen de madre. Todo eso, además, creando un equilibrio de poder territorial entre Estados.

La experiencia del estado confederal, además, les había enseñado algunas cosas. La primera, que el Congreso debía ser capaz de imponer y recaudar impuestos. Asimismo, también debería ser capaz de acuñar moneda y endeudar al país, por no mencionar pagar esas deudas en nombre de los Estados Unidos. Debía, asimismo, disponer de un ejército, y tener poder para regular el comercio, tanto internacional como intranacional. Una mayoría de delegados, no todos, consideraba también que los Estados debían tener prohibida la acuñación de moneda y de legislar en grandes asuntos mercantiles, como puede ser el comercio o el derecho contractual básico.

Con todo, el conflicto fundamental que surgió en aquella convención, que estuvo varias veces a un pelo de Yul Bryner de quebrar e irse a la mierda, fue el enfrentamiento entre Estados grandes y pequeños.

Veamos. El primer paso de la convención, complejo pero no crítico, fue ponerse de acuerdo en que los artículos vigentes no se enmendarían, sino que se trataría de elaborar una nueva Constitución. Cuando ocurrió eso, el virginiano Edmund Randolph propuso el conocido como Virginia Plan, que era una propuesta de regulación del gobierno muy favorecedora de los Estados más grandes. Proponía una Legislatura Nacional bicameral cuya representación sería proporcional al número de hombres libres en cada Estado, en el caso de la Cámara Baja; siendo los miembros de la Alta elegidos por los ya designados por el pueblo para la Baja. Este parlamento elegiría al gobierno y a la judicatura.

El primer problema que presentó el Plan Virginia es que se defecaba elegantemente en Montesquieu, al apostar por un sistema en el que ejecutivo, legislativo y judicial venían a ser una especie de santísima trinidad, una y trina. El segundo es que penalizaba gravemente a los Estados de pequeña población. Éstos reaccionaron encomendando a William Paterson, de Nueva Jersey, la presentación de un conocido como New Jersey Plan, que mantenía el Congreso como una cámara única (como en la regulación confederal) con un voto por Estado. La convención no tardó en tumbar esta propuesta.

Aunque el Plan Virginia está en la base de la organización de los Estados Unidos, fue matizado de forma importante tras arduas negociaciones, en buena parte muñidas por Ben Franklin, que terminaron en lo que se conoce como El Gran Compromiso.

El Gran Compromiso establecía la existencia de dos cámaras, con representación en la Baja proporcional a la población, y representación igual de todos los Estados en la Alta. O sea, la Cámara de Representantes y el Senado (aunque, en este punto de la Historia, los representantes no eran votados, sino elegidos por las legislaturas estatales).

El siguiente gran problema de la convención fueron los impuestos. Las figuras fiscales que lanzase el gobierno de los EEUU deberían ser recaudadas por los Estados en proporción a su población. Sin embargo, los Estados esclavistas se negaron a que sus negros contasen como los blancos de otros Estados. Por otra parte, los Estados del Norte no esclavista querían que los negros contasen como cualquier otro ser humano a la hora de distribuir la carga impositiva; pero que nadie se emocione, pues también propugnaban que sus derechos como votantes estuviesen reducidos. Finalmente, se llegó a lo que podemos llamar en español el Compromiso Tres por Cinco, por el cual, tanto en las votaciones al Congreso como en la distribución de la carga impositiva, cada cinco negros contarían como tres blancos.

El siguiente escalón fue el comercio. Los Estados del norte querían dar al gobierno el poder de regular el comercio y alcanzar acuerdos con otros países que los Estados deberían obedecer. Pero los Estados del sur, temerosos de ser derrotados en las votaciones, exigían que la ratificación de los acuerdos exigiese dos tercios del Senado. El tercer gran compromiso llevó a la convención a prohibir los impuestos a las exportaciones (principal punto de fricción con los sureños), además de garantizar que en 20 años no se limitaría la importación de negros y de obligar a los Estados no esclavistas a devolver los esclavos huidos. Los Estados del sur acabaron ganando su mayoría senatorial de dos tercios para ratificar los tratados, a cambio de cederle a los norteños la mayoría simple del Congreso para la legislación comercial.

Una vez llegados a este punto, los miembros de la convención se aplicaron a resolver uno de los grandes problemas del Estado confederal, como había sido la ausencia de un gobierno nacional fuerte. Crearon para ello la figura del presidente, elegido de forma desconectada del Congreso. Dieron al Presidente el derecho de nombrar su propia administración, eso sí con el consentimiento del Senado. Asimismo, lo dotaron con la condición de commander in chief de los ejércitos. Podía alcanzar tratados con el apoyo de dos tercios del Senado, podía convocar sesiones extraordinarias del Congreso, y podía vetar actos del mismo; si bien este veto podía tumbarse con una mayoría de dos tercios de ambas cámaras.

La convención constitucional estuvo en sesión desde el 25 de mayo hasta el 16 de septiembre de 1787. Tuvo 55 delegados, de los cuales 42 permanecieron hasta el final de las sesiones, y 39 firmaron el documento final (los tres que no lo firmaron fueron Elbridge Gerry de Massachusetts, y dos representantes de Virginia: George Mason y Edmund Randolph). Los delegados habían acordado que al menos nueve Estados debían ratificar el documento para poderlo considerar la nueva Constitución. Inmediatamente después de la firma, pues, comenzó un amplio debate en toda la nación, pues durante sus sesiones las conclusiones de la Convención no habían sido del conocimiento público.

Inmediatamente surgieron los bandos. El bando antifederalista (centralista, lo llamaríamos nosotros) elaboró una auténtica cascada de alegaciones: la Constitución no recogía ningún elemento de garantía para las libertades tradicionales; la soberanía de los Estados quedaba en entredicho; la figura del presidente tenía demasiado poder, pudiendo convertirse en una especie de rey; la gente no podría soportar la presión fiscal combinada del Estado y de la nación... como puede verse, los argumentos antifederalistas son bastante cercanos a los de la derecha republicana actual.

Contra todo pronóstico, sin embargo, en sus inicios la ratificación no fue nada mal. Entre el 7 de diciembre de 1787 y el 9 de enero de 1788, cinco Estados aprobaron la nueva Constitución, e incluso tres de ellos (Delaware, Nueva Jersey y Georgia) lo hicieron sin un solo voto negativo. Pensilvania fue, de estos Estados, el que registró una controversia más honda, pero aun así los federalistas de este Estado obtuvieron 46 de los 69 puestos de la convención de ratificación.

El siguiente Estado en caer fue Massachusetts, pero no después de una discusión áspera y una votación muy ajustada. Los federalistas se hubieron de enfrentar a oponentes tan populares como John Hancock y Sam Adams, pero lograron evitar buena parte de esta oposición prometiendo que demandarían la aprobación de una bill of rights. En febrero, el Estado votó la Constitución, por 187 votos contra 168.

La ratificación también fue fácil en Maryland y Carolina del Sur. Sin embargo, en New Hampshire las cosas estuvieron tan enfrentadas que la Convención votada al efecto no fue capaz de alcanzar un voto. Sin embargo, en junio, una nueva convención aprobó la Consti por 57 votos contra 46, convirtiéndose en el noveno Estado que se apuntaba.

Matemáticamente, pues, la nueva Constitución ya tenía apoyos suficientes para existir. No obstante, en aquellos Estados Unidos era imposible un movimiento de estas características sin el apoyo de Virginia y Nueva York, y eso todo el mundo lo sabía.

En Virginia, George Mason, a quien ya hemos visto negándose a votar el documento final de la convención constitucional, lideró lógicamente la oposición a la ratificación, ayudado por Patrick Henry. Edmund Randolph, sin embargo, pese a haber seguido los pasos de Mason en la convención, se dejó arrastrar al bando federal cuando tuvo claro que Washington (el más notable virginiano) aceptaría la primera presidencia de la nación. Nuevamente, la promesa de impulsar una bill of rights allanó muchos caminos y, cuatro días después que New Hampshire, Virginia votaba la Constitución por 89 votos contra 79.

En Nueva York, varios propagandistas, entre ellos Alexander Hamilton, John Jay y James Madison, comenzaron a presionar en la prensa en favor de la Constitución. A pesar de ello, la Constitución se votó por un cortacabeza, 30 contra 27. Rhode Island y Carolina del Norte estaban tan en contra de la nueva Constitución que, de hecho, no entraron en la Unión hasta después de que se formase el primer Ejecutivo (Carolina en noviembre de 1789, y Rhode Island en mayo de 1790).

Las promesas que lograron la adhesión de muchos Estados se cumplieron puntualmente: en el primer Congreso, James Madison presentaría la propuesta de las diez primeras enmiendas de la Constitución que constituyen el esperado y demandado bill of rights.