Humaredas

Vaya por delante una cosa: he dejado de fumar dos veces, las dos apenas sin esfuerzo, las dos mediando un engorde físico de fácil recuperación y ahora mismo, cuando hace ya ocho años o así de la última vez que fumé, tengo nostalgia cero de aquellos tiempos y la convicción de que ya nunca volveré a fumar ni me deprime ni lo contrario. Eso sí, que se fume en mi presencia no me molesta. No me ha molestado ni uno solo de mis días de ex fumador y, antes, no fumador.

Con estas credenciales, quizá se entienda que contemple el espectáculo de estos primeros días de enero del 2011 en España con cierta distancia valleinclanesca. El domingo pasado, mientras conducía desde Galicia hasta Madrid, escuché un buen rato el programa dominical de Pepa Fernández en Radio 1, que su conductora convirtió en poco menos que un homenaje radiado a la legislación antitabaco, hablando de sí misma en los restaurantes y cafeterías en términos de extrema liberación. En las horas siguientes, en los medios, he visto y leído reacciones de la parte contraria, incluso de insumisión en el caso de algún hostelero que ha anunciado que no piensa cumplir la legislación. Ambos inputs no han hecho sino intensificar la sensación de absurdo que ya tenía, además de plantear un problema sociológico, político e histórico que me gustaría plantearos.

En primer lugar, el absurdo. La verdad es que la ley que se ha puesto en marcha, o por lo menos lo que sé de ella, me parece bastante preñado de detalles un poco absurdos. En primer lugar, pretende proteger a los no fumadores. Pero no a todos. Me extraña que ninguno de los sesudos analistas a los que he visto y oído en las últimas horas no haya caído en la cuenta de que la ley crea eso que Marx llamaba un lumpenproletariado, una clase obrera por debajo de la clase obrera: el subsector de las mucamas y mucamos de hotel.

La ley, se dice, ha liberado, por fin, a los camareros de bar, hasta ahora sometidos a la tortura de inspirar los humos ajenos. Cierto. Pero, con lo mismo, condena a dicha pena a los profesionales que tengan que limpiar y hacer las camas de las habitaciones de hotel designadas por los mismos, en plena legalidad, como habitaciones de fumadores. A nadie parece importarle que si un camarero se queda sin trabajo y se emplea como oficial de mantenimiento en un hotel, vuelve a ser un fumador pasivo, y lo vuelve a ser bajo el paraguas de la misma ley.

Esto es así porque la ley antitabaco es una ley de atrevimiento selectivo. Se atreve con unas cosas y con otras, no. ¿Por qué no se atreve con las que no lo hace? Pues porque estima que atreverse con ellas generaría un serio perjuicio económico. Lo cual es un dato importante.

La ley y, en general, la filosofía antitabaco llevada a cabo por los gobiernos, rezuma hipocresía. En primer lugar, me llama la atención la cantidad de representantes políticos y sociales que hoy defienden desde puntos de vista progresistas la prohibición de fumar (por cierto, ¿no habíamos quedado en que estaba prohibido prohibir?), pero dos días antes clamaban por la legalización del tabaquismo asociado al uso de sustancias estupefacientes. Me cuesta entender por qué fumarse un Camel es un desprecio hacia el resto de los integrantes de la sociedad, pero deshacer ese mismo Camel y mezclarlo en un papelito con una chinita de costo es un acto máximo de libertad. Pero puede que sea problema mío, claro.

Esos mismos puntos de vista, notablemente presentes en esta ley, desmienten también su propensión a la igualdad a través del fistro ése que se han inventado de los clubes privados. En realidad, no se trata de clubes privados, porque un club privado es una estructura que tiene más servicios de los que aquí teóricamente se permiten (y digo teóricamente porque si los redactores de la ley honestamente piensan que en los clubes que se formen no van a correr el vino y la tortilla, es que son más inocentes de lo que pensaba). Lo que a mi modo de ver dice la ley es algo tan simple (y constitucionalmente lógico) como: si un grupo de amigos se quiere juntar, alquilar un local, meterse dentro y dedicarse a fumar, puede hacerlo. La ley, pues, no añade novedad alguna: con ley o sin ley, si yo quiero invitar a mi casa a seis amigos y dejarles fumar dentro, el Estado no es chichi para impedírmelo, al menos mientras el tabaco sea legal.

Pero, aún así, los clubes privados están ahí, en el texto de la ley. Y, ¿quiénes pensamos, de verdad que los van a formar? ¿Verdaderamente pensamos que siete auxiliares administrativos de Telefónica van a poder formar un club privado? Formarán clubes, y se adherirán a ellos, quienes puedan pagarlo. De nuevo, pues, se crea un lumpenproletariado, en este caso entre los fumadores. El fumador mileurista, a fumar a la puta calle (porque otra cosa de la ley es que crea calles putas y calles honradas y virtuosas).

Esto es así porque la legislación antitabaco no permite lo que, a mi modo de ver, debería permitir, que es la creación de fumaderos. Esto es, locales donde esté expresamente permitido fumar y, en realidad, ésa sea la actividad principal del negocio. Y aquí está el meollo de la cuestión, en mi opinión. Contra lo que dicen los defensores de la ley, la función de ésta no es proteger a los no fumadores de la posibilidad de convertirse en fumadores pasivos. Si la intención fuese esa, a los fumadores se les permitiría crear ambientes propios para llevar a cabo su práctica. La intención de la ley, a mi modo de ver bastante clara, es trabajar para la erradicación del consumo de tabaco; filosofía que abona aún más el tufillo absurdo e hipócrita de todo esto, pues la acción es acometida por un Estado que hasta antesdeayer por la tarde no sólo cobraba y cobra impuestos por las labores de tabaco, sino que las explotaba como negocio en régimen de monopolio. Dicho de otra forma: si en España surgiese una oleada de denuncias en las cortes civiles por parte de afectados por el tabaco considerando que fueron engañados y propelidos al consumo de un producto nocivo, ¿a quién iban a sentar en el banquillo sino a los mismos redactores de la ley antitabaco? Si eso ocurriese, ¿acaso los abogados del Estado no se defenderían aduciendo que fumar es una decisión personal que sólo al individuo compete? Pero, dicha afirmación, ¿acaso no está en contradicción con las bases filosóficas de la ley antitabaco?

La ley, por lo tanto, parte de un presupuesto básico: el Estado es quién para decidir qué es sano y qué es insano. El Estado es quién para decidir qué prácticas debe realizar el ciudadano, y cuáles no. Y aquí es donde, para mí, está la discusión filosófica.

E Histórica. No todos los ejemplos que tenemos en el pasado nos apuntan que la decisión del Estado sobre la salud de sus administrados sea acertada. El caso más flagrante es la Ley Seca en Estados Unidos, producto de un caldo ideológico y social que se coció durante casi cien años, con ingredientes fundamentalmente religiosos y morales. Su fracaso fue bien evidente. También Adolf Hitler tenía ideas sobre la salud del pueblo alemán. Concretamente, Hitler pensaba que la salud pública del pueblo alemán debía elevarse mediante la práctica de apartar primero, y después asesinar en masa, a los sicóticos, esquizofrénicos y retrasados mentales. Una práctica, por cierto, que, como bien nos recuerda el abogado defensor Hans Rolfe en Judgement at Nuremberg, también era teóricamente aceptada en los Estados Unidos en el siglo XIX. En un lugar tan adicto a la democracia como Reino Unido, a mediados del siglo XX todavía se practicaba, de una forma más o menos voluntaria, el tratamiento químico de la homosexualidad, conceptuada por el Estado como un hecho pernicioso en términos de salud pública; práctica notablemente destructiva tanto somática como sicológicamente que se aplicó incluso a personas tan importantes para la Historia del país como Alan Turing, que hizo por la victoria de los aliados en la segunda guerra mundial mucho más que todas las divisiones de sherpas juntas y multiplicadas por siete.

Personalmente, considero que decidir por el ciudadano lo que es bueno y lo que no es bueno que tome es, más que un error, una decisión del Estado que va más allá de las atribuciones que racionalmente le deberían corresponder. El problema de las drogas no es que maten a quien las consume, pues eso es un problema de la persona; el problema estriba en la relación de dependencia que generan, que en algunos casos puede ser tan fuerte que mueva al consumidor a destrozar su vida primero, luego la de su familia, y luego la de todo quisqui que se le ponga por delante y posea algo robable. A mi modo de ver, las drogas deben ser ilegales no porque sean malas, sino por las consecuencias que tienen en el comportamiento de quienes las consumen. Las hamburguesas con queso y los bollos industriales también matan (killing me softly with this scone). Lo que pasa es que si a un zampabollos le quitas los bollos no se va a la cocina, agarra el hacha de cortar huesos de pollo y te abre la cabeza; cosa que sí puede hacer un heroinómano si le quitas la nieve y se la tiras por la ventana.

En suma, ¿es lógico que el Estado decida que aquellos de sus ciudadanos que fuman no deben hacerlo porque es malo para su salud? Confieso que, al menos a mí, la tentación de contestar que sí me da repelús. Estamos en lo de siempre. El stress test de la respuesta no consiste en ponerla a prueba en relación con una práctica que se considera nociva (pues yo, al menos, creo que fumar es nocivo) sino con otra que sea más discutible.

Por ejemplo: dado que la velocidad al volante es nociva (y, por cierto, afecta a otros, digamos, conductores pasivos), ¿estaríamos de acuerdo en que el Estado, como ya insinuó una vez un director general de Tráfico (y se desdijo defecando tonadas, claro), obligase a que en España sólo se vendiesen coches y motos que pudiesen circular hasta 120 km/h? Es seguro que muchos españoles, fumadores y no fumadores, verían en dicha medida una intromisión intolerable en su libertad personal. Pero, al fin y al cabo, ¿no tendría la medida el mismo sustrato filosófico que la ley antitabaco, es decir: Yo, Estado, decido lo que es sano que mi ciudadano haga, y lo que no?

¿Qué tal el cáncer de piel? Me parece a mí que el mismo consenso que existe sobre que el de pulmón lo provoca el tabaco existe sobre el hecho de que el de piel lo produce la exposición excesiva al sol. ¿Aceptaríamos que un ciudadano pudiese ser multado por llevar en una piscina o en una playa más de tres horas y media? ¿Aceptaríamos que una policía melanómica estuviese facultada para comprobar en todo momento si la piel de cualquier ciudadano tiene la adecuada protección potinguera, y le multase en caso contrario? Esta medida, de hecho, sería más lógica que la ley antitabaco, puesto que los niños chicos, es decir humanos de bajo albedrío, en su inmensa mayoría no fuman ni están expuestos al riesgo de convertirse en fumadores; pero esos mismos niños, sin embargo, sí están expuestos a fabricarse el germen de un melanoma si se pasan verano tras verano el día entero en la playa en pelota picada y sin más protección que su sonrisa.

Frente a estas ideas, lo sé, cabe el argumento: no te enteras, Contreras; la ley lo que busca es defender los derechos de los no fumadores. Por eso repito aquí lo que ya he dicho, y es que la ley, en el punto y hora en el que, además de permitir que los no fumadores puedan ir a locales libres de humo, impide que los fumadores puedan ir a locales llenos de humo, ya no puede considerarse una ley meramente protectora de los no fumadores, sino claramente procuradora de un descenso en el tabaquismo.

Yo decidí ir por la vida apestando a repugnancia galáctica y emitiendo por la boca un aliento vomitivo. Decidí estragar mis pulmones y elevar mi tensión arterial hasta niveles estratosféricos. Con el mismo hemisferio cerebral con que decidí eso, decidí lo contrario. It was my choice. A mi modo de ver, el Estado no toca pito en esta historia.