La República moribunda (4): La búsqueda de un justo medio

Tiberio Graco
Definición de un enfrentamiento
Malos tiempos para la lírica senatorial
Roma no paga traidores
La búsqueda de un justo medio
Ese hombre (hoy casi desconocido) llamado Publio Sulpicio Rufo
La hora de Cinna
El nuevo hombre fuerte
La dictadura del rencor
Lépido
Pompeyo
Éxito en oriente
Catilina
A Catilina muerto, Pompeyo puesto
El escándalo Clodio (y una reflexión final)

Saturnino estaba muerto y sus leyes estaban todas o casi todas camino de ser repelidas y olvidadas. Pero, de alguna manera, igual que pasaría décadas después con Catilina, había dejado una huella indeleble de gran importancia en la Historia de la humanidad occidental. Aunque es verdad que podemos discutir, y discutir mucho, sobre quién es el auténtico fautor de este elemento histórico, hay muchos elementos para sostener que fue Saturnino quien disparó un cambio social del que ya no se vuelve en la Historia: ese cambio por el cual el ejército se convierte en un actor de la política.

Tras la honda implicación de los veteranos en el conflicto social romano, las legiones dejaron de ser ese elemento que estaba ahí solamente para garantizar la protección de la República. Hasta los sucesos del año 100, el soldado romano pensaba políticamente como miembro de tal o cual clase social, como oriundo de tal o cual lugar, como miembro de tal o cua tribu; pero, a partir de ahora, una vez que aprendió que tenía una serie de intereses en tanto que soldado, aprendió a pensarse a sí mimo como militar, y a creer en la existencia de, por así decirlo, un partido militar. Saturnino les enseñó a los soldados que si se presentaban en las asambleas todos juntos, podían dominarlas. Mario, por su parte, le enseñó a los soldados que existía la posibilidad de serle más fiel al general propio que a la República en sí. Este proceso es, obviamente, combinación y consecuencia de ese otro por el cual en las legiones romanas comenzó a aparecer ese romano sin patrimonio, que no tenía nada que perder y todo que ganar.

Con el asesinato de Saturnino y de Glaucia, el grupo popular estaba seriamente tocado, pero no hundido. De hecho, todavía fueron capaces de impedir, durante un año más, el regreso de Metelo del exilio. Los abrumadores votos de los partidarios populares hicieron tribuno en el 99 a Sexto Ticio, un dedicado continuador de Saturnino, quien de hecho trató de continuar la reforma agraria saturnina con su Lex Titia agraria. La ley convocó una férrea oposición, y de hecho fue finalmente rechazada tras consultarse a los augures.

Una de las prioridades de los populares era enseñarle a quienes habían decidido abandonarlos que el gesto no les iba a salir gratis. Es en el marco de esta iniciativa como hemos de contemplar la iniciativa del tribuno Cayo Apuleyo Deciano de procesar a su antecesor Publio Furio, un hombre del bando popular que, sin embargo, tras la muerte de Saturnino y Glaucia promovió el embargo de sus bienes. El juicio se hizo en público y Furio, probablemente muy al contrario de lo que se esperaba, se encontró con que los optimates lo dejaban a su suerte, probablemente porque en su día había votado en contra del regreso de Metelo. Como consecuencia, acabó asesinado por las turbas en una de las sesiones del tribunal.

Un tribuno, Quinto Calidio, acabó por presentar la Lex de Q. Metello revocando, por la que Metelo recibió finalmente el permiso para regresar a Roma. Metelo Numídico no regresó para administrar una victoria, sino para imponerla. Su llegada a Roma, en un momento en que el desprestigio de Mario era ya más que evidente, marcó el inicio de una política de represión del bando popular. Titio y Deciano acabaron ambos exiliados, acusados de seguir siendo unos saturninianos clandestinos y de atentar contra la dignidad de la República. En el año 98, los cónsules electos optimates, Quinto Cecilio Metelo Nepote y Tito Didio, presentaron la Lex Caecilia Didia, que pretendía asestarle un golpe mortal a la capacidad legislativa del tribunado. Aquella ley prohibía la presentación de varios proyectos legislativos en bloque (se prohibían, pues, los decretos ómnibus), así como regulaba un periodo de tiempo mínimo entre la promulgación del proyecto y su votación. Las votaciones mediando violencia se consideraron nulas. En ese mismo tiempo otra ley, la Lex Octavia, recortaba notablemente las prestaciones de subvención al trigo puestas en marcha por Graco. En la práctica, en todo caso, la causa popular había quedado tan laminada que durante al menos una década apenas volvió a haber tribunos de la plebe del partido popular.

Mario, mientras tanto, estaba solo. En primer lugar, ahora se daba cuenta de que había calculado mal el gesto de abandonar a Saturnino, ya que Saturnino había hecho mucho por él al aprovisionar a sus tropas y a sus veteranos. Ahora se encontró en una situación en la que no conseguía encontrar un aliado tan poderoso. Por lo demás, para los optimates ya no existía incentivo alguno en una alianza con Mario, siendo como era una estrella apagada. Probablemente, la defección que más daño le hizo fue la de los Julios Césares, que decidieron colaborar con los Metelos. Así las cosas, Mario se retiró de las elecciones a censor y decidió abandonar Italia antes de que Metelo regresase. Se marchó a Asia Menor, tal vez para tratar de preparar una guerra contra el Ponto que lo volviese a colocar en el machito (lo cual no era ninguna mala idea, como demostrarán las acciones futuras de Pompeyo).

Aquello no debió de salirle bien, porque regresó en el año 97, casi sin amigos. En la búsqueda de apoyos, resultaba fundamental para él la figura de Marco Antonio Orator. MAO había sido cuestor en el 113 y pretor en el 102. En el año 97, cuando Mario regresó a Roma, era censor junto con un buen amigo del general al que ya hemos conocido: Lucio Valerio Flaco.

Marco Antonio era íntimo de Lucio Licinio Craso, que consiguió ser cónsul en el año 95 en compañía de otro amigo, Quinto Mucio Escévola. Mario consiguió prometer a su hijo con la hija de Craso.

En el año 91, a los sesenta aproximadamente, Metelo Numídico la roscó. Si se hubiese muerto diez o quince años antes, tal vez la dinámica de los optimates habría sido otra. De haber muerto antes, como digo, la necesidad de presentar un frente unido frente a los populares habría consolidado a los nobles en un solo partido, supongo que tras la figura de Emilio Escauro. En el año 91, sin embargo, el peligro popular se consideraba pasado; la desaparición de una figura tan descollante, pues, hizo aflorar las diferencias entre los nobles.

Es este entorno, relativamente más pacificado, la República hubo de enfrentarse a una de las cuestiones más importantes de ese último siglo antes de Cristo, que era la cuestión de los itálicos. Ya sabéis que, inicialmente, los romanos, orgullosos partidarios ultranacionalistas de su identidad propia, tendían a considerar a los itálicos como personas que habían de estar sometidas a su legislación y control, pero sin adquirir la ciudadanía; lo que los dejaba fuera de sus magistraturas e instituciones y, en la práctica, les negaba cualquier capacidad de influencia en la política romana. Sin embargo, conforme Roma se fue enfrentando a amenazas más importantes, cada vez se hizo más necesario echar mano de los itálicos para la defensa de la República; y esto venía a suponer que cada vez era más difícil oponerse a los lógicos deseos de muchos itálicos en el sentido de obtener la ciudadanía romana.

Los Gracos habían tratado de regular este asunto, pero habían sido frontalmente combatidos por los optimates. Con la desgracia del bando popular, la política de la nobilitas, abiertamente hostil a casi cualquier tipo de apertura, se había convertido en la norma. La clase dirigente, y no cabe reprochárselo, no quería una asamblea de ciudadanos en estado de expansión continua, porque juzgaba que, entonces, la gobernación tornaría imposible.

En el año 97, poco después del regreso de Mario, fueron censores de Roma sus dos amigos Lucio Valerio Flaco y Marco Antonio Orator. Ambos practicaron una política generosa de concesión de ciudadanía. Aquellas acciones generaron un efecto llamada, que asimismo generó una serie de actos probablemente ilegales por los cuales diversos itálicos fueron registrados como residentes en Roma cuando, en realidad, no lo eran. Los cónsules del año 95, Licinio Craso y Mucio Escévola, promulgaron la Lex Licinia Mucia de civibus redigundis, por la cual los no ciudadanos fueron expulsados de Roma, y lo fueron también aquéllos que habían conseguido introducirse en las listas con subterfugios. En otras palabras, se hicieron un Trump.

La Lex Licinia Mucia, efectivamente, tuvo el mismo efecto que han tenido las órdenes ejecutivas de Donald Trump en materia de inmigración: generó una cola inmediata de denuncias y juicios de aquéllos que se habían valido de falsificaciones para convertirse en ciudadanos. Una cosa trajo la otra, y estos juicios acabaron por plantearse si, en realidad, habían sido legales las naturalizaciones realizadas por Cayo Mario en los años anteriores.

Aparentemente, los optimates se encontraban en una situación en la que les sudaba mucho el pene buscarse enemigos. Se alienaron de los itálicos con la cuestión de la ciudadanía, pero pronto lo harían también con la clase de los equites, cuya alianza tan importante había sido en el año 100.

Los hombres de la clase de los caballeros ocupaban puestos muy importantes en la recaudación de impuestos en diversas provincias. En el año 95, el cónsul Quinto Mucio Escévola recibió el encargo de reorganizar la provincia asiática, donde las irregularidades habían sido muchas. Escévola se trasladó a la provincia pero regresó pronto, dejando de legado a Publio Rutilio Rufo. Rutilio, aparentemente, reformó los procedimientos judiciales, impidiendo diversos abusos y, consecuentemente, malquistándose con los equites, que estaban allí muy tranquilos robando a manos llenas y con sus barraganas bien situadas en pisitos de Cilicia.

Como consecuencia de todo esto, a su regreso a Roma Rutilio Rufo fue acusado de repetundis, es decir, por corrupción. Siendo como era inocente (no sólo lo era; sino que había combatido precisamente aquello de lo que le acusaban) un tribunal petado de jueces equites lo condenó a pagar una multa muy superior a su patrimonio, y lo desterró.

Los problemas entre nobles y equites vinieron a sumarse a los problemas entre los propios miembros de la nobleza. Un entorno de ausencia en la práctica de oposición política llevó a la exacerbación de conflictos y enfrentamientos que posiblemente llevaban ahí de mucho tiempo atrás. La producción de estos enfrentamientos llevó a Emilio Escauro a pensar en la necesidad de crear una facción optimate más moderada, capaz de impulsar algunas reformas, como forma de conseguir un movimiento político de amplio espectro que dejase sin oxígeno a los extremos. Marco Emilio Escauro, pues, quería inventar la Unión de Centro Democrático.

En el año 91, llegó al consulado tribunado el hombre que Escauro consideraba perfecto para llevar a cabo esta vertebración: Marco Livio Druso. Druso era hijo de un patricio que había sido cónsul en el año 122, puesto desde el cual había combatido a Graco. Era asimismo, sobrino de Rutilio Rufo. Era, sin embargo, un táctico nato. Solo o en compañía de otros (sobre todo, Escauro), da la impresión de que MLD había llegado a la conclusión de que el futuro de la política optimate no estaba tanto en rechazar las reformas gracanas, como en asumirlas y llevarlas a cabo con un espíritu propio. Así las cosas, impulsó una Lex frumentaria que, aparentemente, podría haber firmado Saturnino. Sin embargo, el cónsul Lucio Marcio Filipo, a quien Druso haría detener, bloqueó la evolución de la ley. Druso, asimismo, también previó la creación de colonias en Italia y en Sicilia, en lo que era la primera distribución de tierras de la península desde los Gracos.

Druso tenía el problema de allegar recursos para financiar aquellas políticas. Para ello, impulsó una Lex nummaria, por la cual proponía falsificar la moneda introduciendo en el denario de plata una octava parte de cobre. Druso, además, tenía en cartera una reforma judicial que pretendía devolver al Senado el monopolio de los grandes casos, puesto que sería el encargado de muñir las listas de jueces. La ley, sin embargo, no encontró apoyo en ningún lado. Los senadores no estaban de acuerdo con un elemento primario del proyecto, que era el ingreso de 100 equites en la cámara; preferían mantener el sistema por el cual los llamados “hombres nuevos” entraban caso a caso. Por su parte, los caballeros tendieron a considerar que, a cambio de su estatus senatorial, se quería (porque se quería) diluir su papel preeminente en la administración de justicia.

Otro factor que conspiró para enrarecer las cosas fue la búsqueda por parte de Livio de nuevos aliados. En este sentido, el nuevo reformador encontró un apoyo importante en los itálicos. En los últimos tiempos, al calor de los muchos cambios que había vivido la República y sobre todo su ejército, la presión de los itálicos para obtener la ciudadanía era creciente. Druso resolvió negociar con ellos, y sobre todo con su princeps italicorum, Quinto Popedio Silón. Enseguida se planteó el sudoku: Livio necesitaba tierras en la península para llevar a cabo sus proyectos agrarios. Pero esas tierras se ocuparían en detrimento de los intereses itálicos. Consecuentemente, la única manera de arreglar aquello era incluirlos en el cuerpo cívico.

Así las cosas, la Lex Livia de civitate sociis danda, del 91 AC, preveía la concesión de la ciudadanía a los itálicos. La propuesta, sin embargo, fue recibida con abierta hostilidad por los equites, quienes consideraban que, a la larga, aquella concesión diluiría su propio poder y, sobre todo, su control de los tribunales.