Menos, y más; pero será más, y menos

Vaya por delante que la gran verdad, en el terreno que vamos a tratar aquí, la dijo Winston Churchill: «la democracia es el peor de los sistemas posibles, exclusión hecha de todos los demás».

La única medida algo eficiente contra la corrupción de los políticos la inventó la República romana y se llama cursus honorum. La carrera del honor se componía de dos elementos básicos: el primero, un esquema gradado de cargos públicos que no se podía quebrar; así pues, si se era cuestor antes que edil, no se podía ser edil sin haber sido cuestor; excepción hecha de los grandes personajes y reformadores del orbe romano, como Cneo Pompeyo, que se saltaron las normas porque yo lo valgo.

El segundo elemento de la carrera política romana era que quienes escalaban en la misma, a cada paso, debían demostrar una capacidad de ingresos propia, cada vez mayor. Dicho de otra forma: el político romano, para poder serlo, tenía que demostrar que era suficientemente rico como para no necesitar robar. Como he dicho, esto era algo eficiente, porque lo cierto es que los políticos romanos robaron a manos llenas, fundamentalmente desde la Lex Frumentaria, que obligaba a la ciudad a comprar ingentes cantidades de grano, que en no pocos consulados salían, oh casualidad, de los graneros del cónsul en diversas partes de las provincias itálicas o de África. Ni qué decir tiene que el cursus honorum tenía también el problema de que partía de la base de que gobernaban sólo los patricios; lo cual convierte la Historia romana, sobre todo la preimperial, en una constante dialéctica entre la clase de poder, la clase sin poder (los plebeyos), los desclasados (el censo por cabezas), y los aún más desclasados (esclavos, itálicos, provinciales, y demás).

El ejemplo romano nos explica hasta qué punto es complejo el problema de la corrupción en el poder. Como digo, un sistema que sobre el papel debería eliminarla, en realidad la multiplicaba y la hacía más impune todavía. A largo plazo, además, la consecuencia fundamental acabaría siendo que, por decirlo en términos de análisis marxista, la lucha contra la corrupción en los sistemas antiguos introducía en la democracia [entendamos la palabra en un sentido lato] una contradicción interna que terminaba por colapsarla. Porque la democracia griega, por ejemplo la pericleana, que goza de tan buena prensa y hasta tienen nostálgicos que creen posible reeditarla (el 15-M, sin ir más lejos), sólo funcionaba a base de ser lo menos democrático del mundo, pues era un modo de actuación racista, machista y en buena medida clasista. Atenas, lejos de ser ese Sangri-la de los ignorantes en el que conspicuos hombres barbudos y togados hablaban libremente y decidían en concencia, era una talasocracia cuyos intereses comerciales y, hoy diríamos, coloniales, primaban sobre el bienestar de las gentes como en cualquier otro sitio, a través de asambleas convenientemente manipuladas por eso que entonces se comenzó a llamar demagogo.

La corrupción deja de ser un problema poco más tarde, porque la fragmentación de la Europa posromana facilita la generación de un sistema que, de alguna manera, es corrupción misma. La escala de valores acepta un modo de relación entre poder y ciudadano de raíz mafiosa (así nacen los nobles; el noble es el cachoperro que cobra de ti a cambio de protegerte de otros cachoperros como él) en la que el elemento de la corrupción no se plantea. El otro gran brazo de la sociedad, la Iglesia, en este sentido la institución más inteligentemente diseñada de la Historia de la Humanidad, parece retirarse acojonada, renuncia, en buena parte, a la espada, y parece someterse. Pero no lo hace porque, a cambio de no tomar la espada, reclama su control sobre la ética y la escala de valores, algo que los musculosos guerreros ennoblecidos en sus castillos consideran cosa de poco; y, sin embargo, mediante ese gesto, se queda con el machito. Porque quien te enseña moral, quien te enseña ética, lógicamente te enseñará que robar es pecado, salvo cuando el que roba es él; porque, en ese caso, todo lo que está haciendo es engrandecer la obra de Dios.  En términos más genéricos, quien tiene la exclusiva de decir qué es pecado y qué no, en el fondo lo controla todo, como bien averiguó el sacro emperador en Canosa.

El gobierno renacentista y barroco, esto es la administración de los primeros Estados que tal vez pueden llamarse tales, lo hacen los nobles. Es una consecuencia lógica de la debilidad de los reyes, que no pueden hacer levantar ejércitos por sí solos. Si mantener las posesiones en Flandes depende, básicamente, de la bolsa de Ambrosio Spínola, es obvio que la discusión sobre qué general es el más apto para mandar los tercios está fuera de rango. En España comenzamos a tener eso que llamamos un «alto funcionario», esto es un civil sin títulos cuyo oficio, por el que cobra, es administrar los bienes y políticas de la Corona (léase el Estado), con los decretos de Nueva Planta. Hace, pues, 300 años.

Tres siglos es muy poco tiempo. Y ahí reside, desde mi punto de vista, el problema de la corrupción moderna. Los sistemas políticos, desde la Revolución Francesa, se han colocado en una cámara de descompresión muy rápida, que ha cambiado las cosas en apenas nueve generaciones: el abuelo del abuelo de nuestro abuelo bien pudo ser contemporáneo de Robespierre.

Hemos de tener en cuenta, además, que, dentro del proceso de democratización comenzado por las revoluciones americana y francesa, las cosas también han ido despacio. Todavía en las décadas anteriores a la II República española, en España el cargo de diputado era gratuito (lo cual, por cierto, es una solución para la corrupción aún peor que la del cursus honorum; y esto es algo en lo que deberían pensar detenidamente todos ésos que se mesan los cabellos en las redes sociales cada vez que se publicitan los sueldos de sus señorías). La II República cambió eso por primera vez, y ese cambio tuvo algunos resultados positivos innegables; pero tampoco podemos olvidar que, si hablamos de corrupción, aquel sistema político terminó con el latrocinio de mayores proporciones de nuestra Historia; pues lo que aquellos políticos honrados se llevaron de España al final de la guerra, con la excusa (sic) de que los bienes incautados eran de fascistas, que lo habían hecho por las necesidades bélicas, y bla, hace empalidecer a un castellet de doce metros de tarjetas black. Sumémosle todo aquello que, en el otro lado, se incautó con la excusa (sic, again) de que era de rojos y tal, y tendremos, como digo, el mayor caso de corrupción que hayamos vivido nunca.

Creo que es importante que tengamos en cuenta que nuestros sistemas políticos actuales, caracterizados por sistemas parlamentarios y eso que se llama Estado del Bienestar (esto es: mayorías cimentadas en torno a la retribución que los ciudadanos reciben por votarlas), es fruto de un momento histérico. Digo eso de momento histérico porque se caracterizó como un momento en el que ciudadanos europeos que llevaban generaciones disfrutando de niveles de bienestar razonables se vieron arrastrándose por las calles como zombies, buscando cualquier mendrugo con el que poder sobrevivir hasta el amanecer siguiente. El trauma de la segunda guerra mundial nos construye como sociedades, y nuestros sistemas políticos las reflejan. Hitler nació en las cervecerías de Munich; a partir de la segunda guerra mundial, la obsesión de los sistemas políticos es que a las cervecerías se vaya a pribar.

¿Por qué esto ha acabado por generar un problema con la corrupción? ¿Porque hay una casta? En mi opinión, no exactamente. El problema no es que haya una casta; el problema es que puede haberla. Se dan las circunstancias para que exista.

Algún día me gustaría que algún historiador social hiciese un libro (si es que no lo ha hecho ya; si es así, quiero leerlo ya) sobre el conjunto de cosas que una persona podía hacer, en diferentes tiempos de la Historia, sin tener que contar con el gobierno. Es obvio que cada vez reducimos más esa lista. Como ejemplo más que evidente, un viajero que fuese de Madrid a Aranjez en 1650 tomaba la carretera entre ambas poblaciones y le picaba a su caballo espuelas como le saliese del culo. Hoy, no. Hoy vas a 120, not more.

Hoy en día, casi todo lo que hacemos está regulado. El metro que cogemos tiene una frecuencia mínima de seguridad. Las proporciones de materias primas que tiene nuestra camisa no son fruto de la casualidad, o de la decisión de nuestro camisero. En nuestras cocinas (si hay gas) hay colocada una rejilla de respiradero, y no es casualidad la distancia que tiene respecto del rodapié, porque hay una orden ministerial que la regula. Por ir directamente al grano de muchas corrupciones: en nuestro mundo de hoy, no podemos plantar nuestra casa donde queramos, incluso aunque, solos o en cooperativa, tengamos dinero suficiente para urbanizar la zona, poner alcantarillas, traer el agua y la electricidad. No: hace falta que un señor, un señor con nómina, hijos, un señor con ilusiones que no puede comprar, estampe su firma en un papel que diga que eso es suelo urbanizable.

Cuando hablo del tema de la corrupción con las gentes de mi vida, me asombra lo poco conscientes que son de que cada una de estas regulaciones es un granito de arena que es susceptible de construir la playa donde se baña un corrupto. Un amigo mío solía decir: «si hay hijos de puta, es porque hay putas».

La descompresión de las sociedades democráticas, que como digo adquiere en la segunda mitad del siglo XX proporciones histéricas, ha provocado la convicción, que en España es decididamente mayoritaria, de que una cosa está mejor en manos del sector público que del sector privado o, ¿por qué no?, en manos de nadie. La clase política es la gran beneficiaria de este proceso, y lo lleva hasta donde le dejan, que en España es un punto cercano con el infinito. El corolario de todo ello es que el Estado (que es un término genérico, de todos, que han inventado los políticos para que no se vea que, en realidad, el Estado son ellos, los modernos Rey Sol) ha pasado de controlar los resultados a controlar los procesos.

Intentaré explicarme. De un Estado moderno es lógico esperar que vele porque nadie muera gravemente intoxicado por comer salmón ahumado. Esto es lógico. En un primer momento, el Estado, en cumplimiento de este mandato, controla el resultado, elaborando un decreto en el que viene a decir que el salmón que se venda no puede ser tóxico; no puede contener toxinas, ni tal ni tal; y, en paralelo, establece un sistema de inspección sistemática que hace catas continuas y comprueba la calidad del salmón que sale de las fábricas.

Pero luego está el estadio número 2, que es aquél en el que el Estado controla el proceso. Entonces lo que saca es una orden ministerial en la que no dice que el salmón ahumado debe ser sano, sino que regula cómo se ahuma un salmón sano. Regula que las cámaras de ahumado tienen que tener unas dimensiones de bla; que no se puede utilizar en el proceso ni bla ni bla; que el periodo de maduración no puede ser inferior ni superior a bla bla; y así, decenas de artículos que sólo se leen los técnicos. Un amigo mío, arquitecto, hace años, cuando yo, por joderle, le afease lo monótona que es la arquitectura residencial moderna, casas todas iguales y tal, me respondió: «¿Arte? ¡Quién tiene tiempo para hacer arte! El 80% de mi tiempo lo consumo leyendo normas técnicas».

Bueno, vale, estarás pensando. Pero, ¿realmente está favoreciendo la corrupción que el Estado se meta en cómo se prepara el salmón ahumado? Puede que no. Pero, ¿qué tal si lo llevamos al terreno urbanístico? ¿Qué tal si nos fijamos en el detalle de que, una cosa es que tú puedas construir donde quieras (el suelo urbanizable es la regla), salvo donde el Estado te diga que no puedes (demasiado cerca del mar, parque natural, o simplemente es que estoy pensando en hacer allí mismo un polideportivo), y que sea el Estado quien, directamente, te diga dónde puedes, esto es convierta el suelo urbanizable en la excepción? Corrupción siempre va a haber, porque en el mundo hay mafiosos y, en el primero de los casos, siempre puede haber un político venal que te diga aquello de «como no me des la coima, me busco una excusa para tumbarte la licencia». Pero es que el segundo de los esquemas, que es el que tenemos, está pidiendo la corrupción a gritos.

En la corrupción, por cierto, participamos todos. Porque muchos de los alcaldes que han decidido hacer malabares con sus competencias en materia de suelo, lo han hecho para allegar dinero para construir el puñetero centro cultural que los vecinos demandan, y sin el cual consideran que no es un buen alcalde, y no le votan. Y así estamos, con decenas de pueblos en España que no llegan a los 5.000 habitantes y tienen centros culturales de mil o dos mil metros cuadrados. Eso sí, las calles de esos pueblos las barre su puta madre, y andan sucias a casi todas horas.

El ejemplo más claro de cuando el Estado decide controlar un proceso es la ley de cajas de ahorros de 1985, la entonces conocida como LORCA, que ha tenido unos resultados excelentes, como todo el mundo sabe. Prácticamente ha acabado con todo un modelo financiero y, por el camino, ha generado unas historias que se irán conociendo en los próximos veinte años; historias de las que, por supuesto, nos escandalizamos gravemente todos nosotros. Pero yo, la verdad, a aquéllos de los que me dicen esas cosas, o se las leo en las redes, y que tienen edad suficiente como para ser mayorcitos en 1985, no les oí quejarse cuando esto comenzó. Es más: es que entonces, a algunos de ellos, bien que les escuché, y les leí, aquello de que «la democratización de las cajas es un objetivo pendiente irrenunciable». Pues, hala, macho; si no querías caldo, te vas jartar.

El problema de algunas democracias, como la española, es que no son capaces de pensar en instituciones, por usar la expresión británica, arm's length. Arm's length quiere decir «la longitud de un brazo», y es una expresión que se usa, en UK, para definir aquellas instituciones que son de impulsión pública, pero en las cuales (en sus procesos) el ámbito público no manda; colocando al frente de las mismas a personas que tienen la obligación de rendir cuentas al ámbito público (normalmente, en el Parlamento), pero que son independientes. El ejemplo más claro de institución arm's length es la famosérrima BBC, pero hay muchos otros.

Juzgue el lector si la corporación RTVE, o el Consejo General del Poder Judicial, o la Comisión de las Telecomunicaciones, o tantas otras, son instituciones arm's length. En España preferimos el esquema republicano de la guerra civil, donde en algunos lugares como en Cataluña había cuotas para los partidos políticos y los sindicatos hasta en los jurados populares. Vete tú a decirle a un juez británico que en su jurado tiene que haber seis conservadores, dos liberales, y cuatro laboristas, y ya verás lo que te contesta.

La corrupción tiene otro problema, y es un problema esencial desde la segunda guerra mundial. Desde el momento en que el político deja de ser un aristos que viene al Parlamento con sus medios de vida preinstalados (incluso antes, en realidad), se genera un axioma: aquél que está en el poder está mejor que cuando no está en el poder. Este axioma genera la profesionalización del político, puesto que sus expectativas en el poder son superiores a cualquier otra.

El político profesional elije un destino y, a partir de ese momento, dicho destino pasa a ser mucho más importante que cualquier otra cosa. Y, ya lo siento, pero no hay otra forma de evitarlo que conseguir que el político tenga un destino extra-poder tan o más atractivo que el que tiene intra-poder. Mientras no sea así, el fin del político acabará siendo perpetuarse en la situación en la que está; y, si para hacerlo, tiene que traicionar al bien o interés público, lo hará.

En suma: la corrupción no tiene solución. Pero la mejor forma de evitarla reside, en mi opinión, es menos poder público y más interpenetración entre lo público y lo privado; esto es, más políticos que pasen al sector privado, y más privados que se hagan políticos, todo esto durante un rato, para volver luego a la situación contraria. Por eso soy pesimista, porque lo que veo es lo contrario. En un arabesco mental que me cuesta entender, la mayoría de españoles, lo tengo claro, piensa que la solución a un problema causado por la híper-penetración de lo público se resuelve... ¡con más sector público! En efecto, muchos quieren nacionalizar la banca y varios sectores productivos. Desde luego, tengo claro que la luz, en España, es muy cara. Pero es que el día que las eléctricas sean una, y se gestionen como las cajas de ahorro, va a ser bastante más cara; y, encima, los que fijen las tarifas van a tener un Lamborghini Diablo sólo para ir al campo de golf de 18 hoyos que tendrán construido dentro de su propia finca.

Otro tema del que se habla, y no se para, es de eliminar las puertas giratorias. O sea: los políticos que hoy son profesionales, van a ser más profesionales todavía. El que sea gestor público ya sólo se va a poder dedicar a eso. Y eso, por lo visto, va a multiplicar su equilibrio, su honradez personal y su capacidad de sacrificio por el bien común.

Estamos llamando al pirómano para que apague el incendio.