Francorrupción: El escándalo Matesa (4): El Consejo de La Coruña

Matesa como enigma
El exitoso empresario catalán y el aprendiz de país desarrollado
De "Ésta es su vida" a la dimisión (aquí) 
El Consejo de La Coruña
¡A las Cortes!
La carta de Vilá Reyes
Las explicaciones de Espinosa
La bomba se ceba
Que te calles la boca. Ya.
Franco se hace un Pedro Sánchez 

El 12 de agosto, según informó Faustino García-Moncó, ministro de Comercio, en el hotel Finisterre de La Coruña (propiedad de la familia Barrié de la Maza, buenos conocidos del franquismo) se celebró una reunión de ministros económicos preparatoria de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que asimismo era, y es, una reunión preparatoria del consejo de ministros. Así pues, como puede imaginarse, había mucho que discutir.

A tiro de lapo de La Solana, en club de entretenimiento en el que los coruñeses pijos tomaban el sol (y que yo, por cierto, no he pisado en mi vida), García-Moncó explicó la situación, hemos de imaginar que con pelos y señales, y propugnó una doble vía. El tratamiento agudo consistiría en garantizarse el recobro de los créditos a la exportación que se habían concedido a Matesa; mientras que el tratamiento crónico sería la exigencia de responsabilidades hasta donde hiciese falta. Para entonces, pues, el franquismo ya está tensionado. Para entonces, según todos los indicios, la vertiente económica del gobierno, dominada por la tecnocracia, ya tiene claro que no va a poder solucionar aquello por debajo de la mesa como, de hecho, se ha hecho ya en otras ocasiones. Para entonces, pues, en la cúpula del franquismo todo el mundo parece tener claro que el sector falangista sabe que ha mordido en blando, y que no va a soltar la pieza.

De hecho, todavía hay intentos de sacar adelante aquello al viejo estilo. Provienen de Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo. Fraga, probablemente consciente de que la Prensa está desbocada con aquello, opina que no se debe actuar como propone Moncó; que el tema Matesa es un tema político, y como tal hay que tratarlo (traducción: entre bomberos, no nos pisemos la manguera). Que si lo que había era unos créditos impagados, pues que se actuase como siempre hacía la banca privada. La oferta de Fraga, por lo tanto, parece ser: dejemos que el BCI ejerza sus derechos, con lo que al final se tragará Matesa. Como ha pasado con otras muchas empresas públicas que más que empresas eran una mierda pinchada en un palo, y que nos hemos comido para que los trabajadores siguieran cobrando y los españolitos siguiesen creyendo aquello de X Años de Paz y Prosperidad, y no les diese por querer echar a Franco.

Con este nivel de discusión se llega al 14 de agosto, es decir, la celebración prevista del consejo de ministros en La Coruña, ya que el Caudillo veranea en Meirás. Al finalizar dicho consejo, se hace pública una nota que reproduzco tal cual:

El gobierno ha sido ampliamente informado por los ministros de Hacienda y de Comercio acerca de la situación por la que atraviesa la empresa Maquinaria Textil del Norte de España SA (Matesa). Dedicada fundamentalmente a la exportación de telares de un determinado modelo, ha venido utilizando, a través del Banco de Crédito Industrial, las modalidades de crédito oficial relacionadas con las operaciones de exportación, en la forma y condiciones que son comunes a la actividad exportadora, de acuerdo con la legislación vigente.

No obstante haber venido satisfaciendo el pago en sus respectivos vencimientos del principal e intereses de los préstamos concedidos, la Administración tuvo conocimiento de la existencia de posibles irregularidades en su actividad exportadora, con derivaciones que infringían la legislación española en materia monetaria. De las investigaciones realizadas hasta el momento en España y en el extranjero, parte de las exportaciones aparecen como correctas, pero resulta, en cambio, que otras máquinas han sido enviadas a empresas fabriles vinculadas al propio grupo Matesa y que otras se encuentran en consignación o depósito en el extranjero, existiendo fundados indicios de no haberse efectuado la venta real de las mismas, pese a figurar declaradas como ventas en firme, tanto a efectos de desgravación fiscal como de crédito a la exportación.

Con independencia de lo anteriormente expuesto, parece deducirse de las comprobaciones efectuadas que una parte de los fondos obtenidos del crédito de prefinanciación, cuyo saldo actual asciende a 5.539 millones de pesetas, no se ha aplicado a los gastos de fabricación, sino que se ha utilizado indebidamente para la adquisición en el extranjero de acciones y participaciones en empresas, sociedades y organismos comerciales principalmente relacionados con la industria textil.

Como consecuencia de los anteriores hechos, el Juzgado Especial de Delitos Monetarios ordenó la detención e ingreso en prisión de los principales directivos de la empresa, uno de los cuales, por hallarse convaleciente de una reciente intervención quirúrgica, se encuentra en su domicilio bajo vigilancia, en espera de que los facultativos autoricen su traslado a prisión. Continúan practicándose las actuaciones procedentes para el total esclarecimiento de los hechos y exigencia de las responsabilidades que puedan derivarse de los mismos, y se ha acordado el pase inmediato del tanto de culpa que corresponda a los Tribunales de Justicia, así como un especial estímulo al Ministerio Fiscal para una rápida y eficaz tramitación.

En estos últimos días se ha producido la sustitución de los administradores de la empresa y se han adoptado por el Banco de Crédito Industrial las oportunas medidas cautelares para el aseguramiento y control de los activos del grupo, situados tanto en España como en el extranjero.

El saldo actual del total de os créditos concedidos a Matesa, incluidos los anterormente mencionados de prefinanciación, asciende a la suma de 9.978.893.924,59 pesetas, cuyos vencimientos se encuentran escalonados a lo largo de los próximos cinco años.

El gobierno encomendó a los ministros de Hacienda y de Comercio que continúen la más amplia, minuciosa y completa investigación para el total esclarecimiento de los hechos y la exigencia de responsabilidades de todo orden a que hubiera lugar.

El ministro de Hacienda dio cuenta de que había aceptado la dimisión presentada por el director general del Banco de Crédito Industrial y que había nombrado para dicho cargo a don Francisco Merino Guinea; al mismo tiempo que ha ordenado realizar una estricta inspección a los servicios de dicha entidad oficial de crédito.

Este largo documento es un portento y, aunque suene un poco infatuado, hay que saber leerlo. Tiene muchas cosas interesantes en su interior, entre las cuales os voy a destacar las principales que yo veo.

En primer lugar, este documento es una rara avis, no ya en una dictadura, sino incluso en un régimen democrático. ¿Cuántos ejemplos puede encontrar el lector de un consejo de ministros, democrático o dictatorial, que haya dedicado 564 palabras a la descripción de un escándalo de corrupción exactamente un mes después de haber estallado el escándalo? Porque sólo habían pasado cuatro semanas justas desde la junta de Matesa en la que se produjo la remoción del equipo directivo, y todo empezó. Este hecho, pues, es un mensaje bien claro por parte de Franco: la tesis de Fraga en el Hotel Finisterre ha sido apartada. Franco, o es consciente de que este tsunami no hay quien lo pare, cosa que tiene sus lindes de probabilidad pues no se olvide que una parte importante del escándalo Matesa se sustantiva en el exterior, es decir, allí donde el franquismo no tiene control; o bien, tesis que yo considero más plausible a pesar de todo, el Caudillo, simplemente, se ha dado cuenta de que Matesa es la fiebre de una enfermedad que es el enfrentamiento frontal entre sus dos grandes grupos valedores políticos: Falange y la tecnocracia; y, siguiendo su Catón de actuación desde hace muchos años, decide no hacer nada. Decide, pues, no proteger a nadie. Quiere dejar claro que nadie va a poder visitar El Pardo para conseguir un tupido velo. El suyo es una especie de “lo que sea, será”.

A pesar de todo lo escrito en el párrafo anterior, el comunicado, en buena parte, contiene muchos elementos de apoyo a la clase tecnocrática; lo que yo concibo como la “garantía” que los ministros económicos y, probablemente, Carrero Blanco, exigieron a cambio de tanta transparencia.. Sugiere en sus primeros párrafos que el BCI ha cobrado puntualmente hasta ahora; se maneja, pues, el sempiterno “no se podía saber”, para extender una primera sentencia absolutoria hacia los burócratas de la banca oficial. Es por la necesidad de este mensaje por lo que se desplaza al otro extremo del comunicado el dato, totalmente contradictorio, de que se ha aceptado la dimisión del director general del BCI. Si el BCI ha cobrado hasta hoy, ¿por qué dimite? Dimissio non petita, acusatio manifesta. Obviamente, el franquismo cuenta con la protección añadida de que es muy difícil que la Prensa pueda hacerse estas preguntas, es decir, hacerlas en público.

Como tercer y gran elemento del comunicado, cabe resaltar que marca un poco el tablero de juego del caso Matesa. Por una parte, Franco abre la espita de la información. El texto es bastante preciso sobre los temas ocurridos y las responsabilidades exigidas hasta el momento; como digo, en realidad es más explícito de lo que lo ha sido ningún consejo de ministros de la democracia respecto de asuntos parecidos. Pero, por otra parte, es categórico al establecer que quien va a investigar el caso Matesa son los tribunales y los ministerios económicos, es decir, los tecnócratas. Es mi convencimiento de que es este gesto el que acabará provocando que los falangistas decidan impulsar la idea, desopilante para un régimen como el de Franco, de crear una comisión de investigación en las Cortes.

En esa misma fecha del 15 de agosto, Javier Ayesta, entonces director de la Oficina de Información del Opus Dei en España, le envía una nota a El Alcázar desmintiendo categóricamente que algún miembro de la Obra sea directivo de Matesa.

El 16 de agosto, la Prensa reacciona a la nota del gobierno. Obviamente, las principales reacciones provienen de los medios afectos a la parte del franquismo que se puede considerar menos avalada por el comunicado, es decir, los falangistas. Su diario irredento, Arriba, se lanza pues a explotar el mantra que los falangistas saben que tienen de su parte: la exigencia de responsabilidades. A todo el mundo, la dimisión del pobre José González Robatto, director general del BCI, le sabe a poco. La Prensa falangista, aunque no lo diga, ha percibido la ilógica intrínseca de un argumento cuya primera parte es sugerir que el BCI lo ha hecho todo de coña y la segunda aceptar la dimisión de su principal ejecutivo, y comienza a sospechar que Robatto es un cabeza de turco. Yendo más allá que el propio comunicado, aunque en realidad no hace otra cosa que explotar su lógica, el periódico del Partido único habla de “manipulación irregular o delictiva de créditos oficiales”, para poder argumentar que ese tipo de cosas reclaman que rueden más cabezas. Por supuesto, comienza el típico “ya se sabía” de los típicos plumillas enteradillos. Así, El Noticiero Universal se extraña de que “no hace mucho más de un mes se otorgaba un diploma de empresa modelo exportadora a Matesa, ante la extrañeza de gran parte de los espectadores, pues casi todos conocíamos lo que pasaba”. A ver si os vais a pensar que La Sexta inventó la todología (bueno, en realidad, ya sabéis mi opinión: buena parte de lo que se hace hoy en España, especialmente en la izquierda, periodismo incluido, no es sino falangismo remasterizado).

En la reacción falangista tendrá mucho que ver un medio de comunicación, entonces diario y más tarde semanal, el periódico SP. Al frente de SP se encontraba un periodista que, por así decirlo, estaba esperando una oportunidad como la de Matesa. Hablamos de Rodrigo Royo Masía. Un hombre de segunda o tercera fila en el régimen (nada de consejero del Movimiento, nada de procurador en Cortes); pero, creedme, éstos son los peligrosos. Royo era un falangista joseantoniano de libro, irredento. Era, de hecho, de los irredentos que se habían alistado en la División Azul. Herido en la guerra, cuando regresó estudió Periodismo y se dedicó a la letra. Con sus credenciales llegó a ser director del Arriba; pero fue cesado fulminantemente después de que, el 30 de enero de 1962, el periódico publicase un editorial bastante fuerte contra la clase tecnocrática. Royo era relapsamente antiamericano, y eso lo convertía en eso que a veces se conoció en el franquismo, con bastante mala baba, como falanjo-comunismo. Que no es que fuese comunista, pero si anticapitalista. A Royo, los ministros económicos de los planes de desarrollo, con sus corbatas, sus sitiales en los consejos de los bancos y sus visitas a las asambleas del Fondo Monetario, le provocaban hemorroides. Consideraba que el franquismo, aliándose con aquella carcundia, lo que hacía era labrar su fin; y así lo venía a decir, más o menos. Como digo, fue fulminantemente cesado. Entonces montó el periódico SP que, al no ser oficial, tenía algo más de libertad. Y, en eso, estalló el escándalo Matesa.

La decisión del gobierno, escribía Royo horas después de la nota de prensa del consejo, no tiene marcha atrás, aunque determinados órganos de Prensa traten de estimular esa marcha echando sobre el tema la tierra del silencio. Pero tanto como la declaración del gobierno en su conjunto ha complacido a la masa de los españoles inocentes y perplejos, la designación de los ministros de Hacienda y Comercio para que sean ellos los que lleven a cabo la exhaustiva investigación. Porque el enredo de la madeja está, precisamente, en el perímetro de la competencia de estos dos ministerios, y nada mejor que los titulares de los mismos para tratar de desenredarla. Pero, la verdad, creemos los españoles de la calle, no puede estar en que los ejecutivos de una entidad de crédito oficial han sido engañados por un grupo de desaprensivos (…) Nadie se va a contentar con que un hombre de ejecutoria tan limpia como don José González Robatto, director del Banco de Crédito Industrial, sea el sargento Vázquez de la situación (…) González Robatto ha dimitido como director del Banco de Crédito Industrial y los profanos todavía no sabemos por qué (…) El affaire no puede ser, en modo alguno, imputable al Banco de Crédito Industrial.

Este texto es un portento de literatura periodística de la censura. Para ser más concretos, resulta muy interesante cómo aprovecha los resquicios abiertos por la Ley de Prensa de 1963, la conocida como Ley Fraga, para soltar sus pullas. Formalmente, es un texto de apoyo al gobierno y a la decisión de que los ministerios económicos investiguen el escándalo. Pero bajo la línea de flotación hay varias cargas de profundidad, que vienen a ser: si hay que investigar ahí, es porque es ahí donde se han cometido irregularidades; la dimisión del director del BCI no tiene sentido, a menos que se pretenda que sea quien pague los platos rotos; pero eso no va a pasar porque “el hombre de la calle”·(léase: el honrado falangista que no tiene más compromiso que con sus ideas) quiere más.