La desamortización (Mendizábal y Madoz)

Tras los primeros intentos desamortizadores, que se produjeron más o menos en la esquina entre los siglos XVIII y XIX, llegó para la Historia de España un periodo de silencio en esta materia, provocado sobre todo por la guerra y por el viraje absolutista que tomó la España victoriosa de su revolución. Sin embargo, las corrientes liberales e ilustradas estaban ahí y el problema, como el dinosaurio de Monterroso, también. España tenía un problema grave derivado de su hiperreligiosidad social y de las consecuencias que ésta tenía para la estructura de la propiedad y la propia capacidad del país para progresar. Sólo era cuestión de tiempo que se plantease de nuevo.



Este momento llegó con el ministerio del conde de Toreno, junio de 1835. En tal fecha, el gobierno decreta un proceso que está muy ligado a la desamortización, aunque tenía su propia dinámica: la exclaustración sistemática. En octubre de 1835 se suprimen los monasterios de órdenes monacales y en febrero de 1836 todos los bienes que estaban en su poder se declaran a la venta. El decreto de 19 de febrero es un decreto, además, prospectivo, por cuanto declara vendibles todos aquellos bienes que de ese momento en adelante sean declarados propiedad de la nación; en otras palabras, declara la evidente intención de no pararse ahí.

Porque la madre del cordero, sobre todo en las áreas urbanas, no son tanto los bienes monacales, sino los que son propiedad del clero secular; de lo que de toda la vida hemos conocido como los curas. Éstos fueron declarados bienes nacionales en 1837, pero por diversas circunstancias su enajenación todavía se tomó cuatro años más. El proceso continuó hasta el decreto de Alejandro Mon de 1844, que suspendió las ventas de órdenes religiosas femeninas y del clero secular. Aunque en 1847 se legislaron nuevas ventas, algo más pequeñas, el Concordato de 1851, ya en etapa moderada, reconoció a la Iglesia la potestad de poseer y comprar bienes, a cambio de que ésta diese por buenas las enajenaciones ya realizadas.

Este proceso desamortizador recibe habitualmente el nombre de Mendizábal por Juan Álvarez y Méndez, más conocido como Juan Álvarez Mendizábal, un gaditano rabiosamente progresista que estuvo presente en la sublevación de Riego, a causa de la cual tuvo que exiliarse a Inglaterra, donde se hizo inmensamente rico. Fue llamado por los liberales para sanear la Hacienda española, motivo por el cual fue ministro de la materia el gobierno de Toreno y, posteriormente, primer ministro.

Es evidente que el elemento principal de la desamortización eclesiástica son las convicciones liberales de los gobernantes que la decretaron. Mendizábal era un liberal convencido que defendía todas las ideas del liberalismo de su tiempo; histórica, por ejemplo, es su decisión, muy liberal, de hacer un llamamiento general a filas (el ejército sale del pueblo, no de la aristocracia) en lo que se conoció como quinta Mendizábal. Pero este detalle ya nos da una pista sobre otro factor que es importante para entender el proceso desamortizador: la guerra.

Toreno y los otros liberales que rodeaban a María Cristina de Borbón llamaron a Mendizábal a Londres porque estaban literalmente agobiados por una guerra que estaban muy distantes de poder ganar contra los carlistas. Como experto financiero, de lo que sabía Mendizábal era de movilización de recursos, y fue para eso para lo que fue fichado; en el momento en que llegó al gobierno, el servicio de la deuda estatal venía a suponer 10 millones de reales al mes, pero la guerra costaba 30. Una vez en España, tuvo la clara visión, que ya había tenido sus maestros ilustrados medio siglo antes, de que el problema era la estructura de la propiedad: sin pequeños y medianos propietarios no hay clase media, y sin clase media no se crea riqueza.

Hay que decir, además, que, en términos generales, eso que podemos denominar el Plan Mendizábal fracasó. Las fuerzas conservadoras, y muy particularmente las religiosas, tenían abogados, y eso suponía que los bienes no se podían vender en horas; no pocos de ellos tardaron años en entrar en subasta y, de hecho, cuando se firmó el Concordato había un stock muy importante de tierras en la lista de espera. A ello hay que añadir que, a causa de la debilidad financiera de los compradores, las ventas se producían a plazos, lo cual quiere decir que hasta que no hubo entrado la quinta década del siglo no comenzó a entrarle al Tesoro pasta en buenas cantidades. Por último, y realmente importante, todo el plan de Mendizábal, que habría supuesto una auténtica desamortización potente, se basaba en una premisa, que era la finalización de la guerra en seis meses, para así parar la sangría de los gastos militares. Pero eso no ocurrió.

La desamortización de Mendizábal fue, por lo tanto, un proceso incompleto. La Historia nos ha dejado con las ganas de saber cuáles habrían sido las consecuencias para las estructuras económica y social de España de una desamortización completa, porque la real no lo fue, además de ser relativamente apresurada. Como consecuencia, muchos autores han señalado el hecho de que, en realidad, el proceso desamortizador genera un efecto lampedusiano por el cual todo cambia para seguir igual. Esto parece ser especialmente cierto en el caso de las áreas del sur de la península, que ya tenían un problema grave de latifundismo pero en las cuales lo que vino a ocurrir es que se sustituyó un latifundismo por otro. Se creó, sí, una clase de pequeños y medianos propietarios rurales; pero el hecho es que, como la desamortización no vino acompañada de un desarrollo industrial paralelo, las familias debieron quedarse al completo en el campo, por lo que la mayoría de esas tierras acabaron fragmentadas por el derecho de herencia.

No obstante lo dicho, el proceso desamortizador de Mendizábal fue tan amplio y tan importante que, a pesar de sus fallos, consiguió en buena parte crear una clase propietaria rural que cambió la faz del campo en buena parte de España, mejorando el tono de los ingresos fiscales y permitiendo con ello que con el tiempo llegasen reformas hacendísticas que harían de España una máquina económica más eficiente de lo que era.

Con todo, lo curioso de la desamortización española es que, siendo la que todo el mundo conoce la de Mendizábal, en realidad la más importante no fue ésta, sino la que le siguió en el tiempo, que es la que conocemos como desamortización civil o de Pascual Madoz.

La ley Madoz de desamortización general se promulgó el 1 de mayo de 1855 y es una ley muy longeva, pues fue aplicada, con algún periodo de suspensión, hasta entrado el siglo XX. Esta ley es hija del consenso (que no existía veinte años antes) entre liberales y conservadores en torno a la necesidad de movilizar recursos para desarrollar la economía española.

La ley violaba el Concordato de 1851, y declaraba en venta los bienes del clero secular y regular que hubiesen quedado sin desamortizar en los procesos anteriores. Pero también incluía, por primera vez, los bienes del Estado, de las órdenes militares, de las instituciones de beneficencia o de los municipios y, decía, cualquier otro poseído por manos muertas. Las ventas que generó fueron de unos 8.200 millones de reales, lo cual quiere decir que prácticamente consiguió el doble que el proceso de Mendizábal.

El clero regular apenas se vio afectado por la medida, porque sus posesiones habían sido ya el objetivo fundamental de la desamortización de Mendizábal. El clero secular, sin embargo, se había beneficiado de los frenazos del proceso y mantenía sus bienes prácticamente intactos; fue, por lo tanto, el principal pagano de esta desamortización. En todo caso, casi la mitad del valor vendido correspondió a bienes municipales.

Los municipios poseían los llamados bienes de propios, cuyo destino era el arriendo a cambio de unas rentas que eran las que pagaban los gastos municipales. Luego estaban los bienes comunales, que como su propio nombre indica eran propiedad de la comunidad de los vecinos, siendo su aprovechamiento libre y gratuito.Estos bienes comunales eran fundamentales para la vida de los pueblos, puesto que en ellos pastaba el ganado de quien tenía animales pero no tierras, además de ser la fuente de leña de la peña.

Consciente de esta importancia, la ley otorgaba la posibilidad de solicitar la excepción de sus bienes comunales sin más exigencia que su uso libre y gratuito durante los veinte años anteriores a la aplicación del proceso desamortizador. Pero hecha la ley, hecha la trampa: los alcaldes, cuando eran (en muchos casos) terratenientes locales o aspirantes a ello, lo que hicieron fue no realizar dicha petición, y permitieron que los bienes comunales fuesen enajenados como bienes de propios en su beneficio, pues ellos fueron muchas veces los compradores.

La desamortización de Madoz también se benefició de una mejor situación general del país para establecer una norma que Mendizábal no había podido: el pago exclusivo en metálico. En efecto, en la desamortización de Mendizábal las condiciones generales habían obligado al Estado a aceptar que los compradores pagasen cuando menos parte de las fincas compradas no en dinero sino en títulos de deuda estatal. Como esa deuda se estaba desplomando en su valor, en realidad aquellas compras eran un chollo, pues el comprador se deshacía de unos títulos que cada vez le daban menos y conseguía un bien real sin haber soltado dinero. Ahora, sin embargo, Madoz estableció que los pagos debían realizarse en metálico, con lo que buscaba un efecto que probablemente consiguió: la burguesía urbana se retrajo de muchas compras, con lo que dejó lugar a los propios campesinos.

Un elemento fundamental que distingue a ambos procesos desamortizadores, haciendo el de Madoz más eficiente cuando menos en mi opinión, fue el tratamiento de los censos. Por censo hemos de entender una figura jurídica por la cual la tierra queda ligada al pago de un canon anual en concepto de retribución por un dinero que se ha recibido (censo consignatario), por el dominio pleno de la finca (censo reservativo) o por un dominio parcial (censo enfitéutico).

Los procesos desamortizadores, cuando afectaban a tierras en las que había censos, dieron siempre la posibilidad a los pagadores de los mismos de redimir dicho censo mediante el pago de la capitalización de los mismos, convirtiéndose el agricultor en propietario. En la práctica, pues, el agricultor que era capaz de pagar un capital tenía una especie de derecho de tanteo sobre el bien desamortizado acensuado. Mendizábal, sin embargo, estaba muy preocupado por la fragmentación que esto supondría sobre los bienes desamortizados, por lo que endureció las condiciones al establecer un tipo de capitalización del 1,5% (en la práctica, el agricultor venía obligado a tener la capacidad de pagar de una tacada el censo de 66 años). En muchas zonas, sobre todo en el norte de España, los agricultores, que explotaban la renta pagándole el censo a la Iglesia, simplemente pasaron a pagarle dicha renta a un abogado de la capital.

Madoz modificó estas condiciones aplicando tipos de capitalización de entre el 4,8% y el 10%, generando con ello condiciones mucho más favorables para los inquilinos.

Con estos mimbres, la desamortización de Madoz parece haber generado una curiosa combinación entre reparto de la tierra entre sus antiguos explotadores y reforzamiento del latifundismo, dado que, por la extensión del proceso y la grandeza de muchos lotes que se pusieron a la venta, también se produjo una concentración de la propiedad. En el debe hay que anotar el hecho de que, al destruir en buena parte las propiedades comunales, la desamortización civil sembró (nunca mejor dicho) las semillas de constantes crisis en la propiedad rural que seguirán siendo un grave problema social durante más de un siglo.

Con todo, la principal característica de la desamortización de Madoz es que, para bien o para mal, cambia la faz del sector primario en España. Los procesos anteriores a Madoz habían afectado, fundamentalmente, a terrenos ya cultivados; la producción cambiaba de manos, pero ya existía. Ahora, sin embargo, al entrar en subasta los bienes de propios y comunales, buena parte de lo que se pone en venta son pastizales hasta entonces no explotados. Muchos propietarios, lógicamente, las compraron para roturarlas y cosecharlas. Con ello, España logró el autoabastecimiento agrícola y sentó las bases para el que desde entonces ha sido, primero el único, y después el principal de sus productos de exportación. Sin embargo, la reducción drástica de las zonas de pastos generó graves problemas en la ganadería.

Se ha señalado también, por otra parte, que la desamortización de Madoz, al colocar el manos de muchos propietarios grandes extensiones de tierra, en realidad trabajó en contra de la productividad de la misma; había mucho nuevo que cultivar y, por esa razón, en general los propietarios no sintieron la necesidad de currarse la tierra y los métodos de cultivo para hacerlos eficientes. Personalmente creo que este reproche es un tanto exagerado, por cuanto, para regatearlo, habría sido necesario un proceso desamortizador muy largo en el tiempo, lo que me parece una hipótesis irreal.

Lo que sí es un hecho es que la desamortización decimonónica no resolvió los problemas del campo. Todavía en la II República, no menos del 60% de España, desde casi cualquier punto de vista, era la España rural. Igual que el Lenin de 1917, en sus escritos, no para de hablar de la revolución campesina, como si todo lo demás le importase una mierda, en España, hasta hace muy poquito en términos históricos, hablar de avance, de conflictividad, de problemas, de revolución, era hablar del campo. El siglo XIX tenía la tarea histórica de haber quebrado las ineficiencias históricas del agro, creando una sociedad y una economía rurales más armónicas, capaces de generar progreso y relativas dotes de igualdad. Pero esto, en lo básico, no ocurrió. El campo entró el siglo siendo un problema y lo terminó siendo un problemón. Aunque las desamortizaciones, sobre todo la de Madoz, avanzaron en la construcción de una clase media rural, fallaron a la hora de cambiar la faz latifundista del sur del país, y de mejorar las condiciones de los arrendatarios de tierras en el norte. Si a eso le unimos la discutibilísima decisión de convertir los señoríos aristócratas en propiedad, lo que tendremos es lo que tuvimos: una España agrícola con una mayoría de población jornalera o aparcera, intensamente expuesta a los problemas coyunturales del campo, bajo riesgo de hambre, que, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, va a encontrar ideologías que respondan a su rabia.