Doping (7: China como problema)

A lo largo de los años noventa, la política del COI respecto del doping no varió gran cosa. Para el olimpismo, reconocer la extensión y profundidad de las prácticas de uso de drogas en el deporte seguía suponiendo un riesgo excesivo de pérdida de apoyos económicos. El ejemplo más claro de lo que decimos es la actitud que, tras la caída del Muro en 1989, tuvo el COI hacia los escandalosos usos que se habían dado en la República Democrática Alemana. Es obvio que el COI nunca ha estado interesado en aclarar a fondo todo aquello, porque los y las atletas alemanodemocráticas siguen poseyendo unos récords y unas medallas que deberían haber devuelto. Lejos de ello, sin embargo, José Antonio Samaranch lo olvidó todo, y lo olvidó fundamentalmente en favor de un gran proyecto: la Alemania reunificada y su gran olimpiada, que él esperaba para el 2000 o 2004. Fue en la época en la que estas sedes estaban siendo designadas cuando aseveró públicamente que era imposible remontarse lo suficiente como para investigar las prácticas de doping en la RDA. Fin de la cita, caso cerrado.

Sin embargo, a pesar de esta actitud distante, la multiplicación de escándalos de dopaje estaba dejando claro que las estrategias contra el mismo debían cambiar e intensificarse. Como decíamos, los escándalos estaban ahí. En 1992, tres atletas alemanes que habían «crecido» siendo alemanes democráticos, entre ellos la campeona velocista Katrin Krabbe, fueron pillados en Sudáfrica metiéndose en el cuerpo orina de personas no drogadas. Su entrenador, Thomas Springstein, fue despedido, y los atletas suspendidos por cuatro años. Pero la cosa no había terminado.

Emil Vrijman, el abogado de los atletas, atacó la sanción recordando que, como es lógico, puesto que los deportistas estaban compitiendo en Sudáfrica, era este país el que había realizado las pruebas de orina; y destacó el hecho de que no existía un acuerdo internacional sobre la forma de proceder en este tipo de cosas, insinuando con ello que tal vez los procedimientos de los sudafricanos no habían sido los adecuados. Bajo esta presión, la federación alemana redujo la sanción de Krabbe de cuatro años a uno, lo que sentó a cuerno quemado en la IAAF. Aun así, Krabbe acudió a los tribunales ordinarios. En 1995, una corte bávara ordenó a la federación alemana y a la IAAF a indemnizarle con 2,7 millones de dólares en salarios no percibidos por razón de su suspensión.

Todas estas contradicciones en la política antidopaje fueron heredadas por los juegos de Barcelona en 1992. En muchos deportes los medallistas fueron testados, pero en otros, como por ejemplo en natación, apenas lo fueron. Además, los que se hacían se realizaban poco menos que por sorteo. El ejemplo está en la medallista de plata estadounidense (100 metros libres) Jenny Thomson, que tuvo que pasar el test; mientras que quien le ganó, la china Zhuang Yong, no. Asimismo, también se produjo un cierto escándalo cuando fue encontrado Clembuterol en el organismo de varios atletas británicos. Al parecer, su entrenador creía sinceramente que no era una substancia prohibida; y es que, realmente, no estaba en la lista de compuestos prohibidos, aunque algunos miembros de COI y federaciones lo consideraban prohibido de facto por pertenecer al mundillo de los esteroides anabolizantes. La política antidopaje, pues, era una especie de caos.

En 1993, tras la experiencia de Barcelona y algunos años antes, el olimpismo se planteó que tenía que conseguir evitar la apelación de atletas y entrenadores a los tribunales ordinarios, que se iba convirtiendo en norma, y donde solían tener las de perder (en el caso Krabbe, el juzgado había concluido que la federación alemana no tenía potestad para castigarla por algo pasado en Sudáfrica y chequeado por sudafricanos). Éste es el origen del proyecto para crear un conjunto de reglas y procedimientos universales y trasnacionales, con una Corte Suprema de Arbitraje.

Además, había un nuevo problema.

Con la caída del Muro, habían desparecido progresivamente los países del bloque soviético y eso, paulatinamente, había supuesto una menor frecuencia de prácticas de dopaje. Pero a partir de Barcelona 1992, comenzó a verse claro que había un nuevo jugador que había tomado las riendas de la forma soviética de hacer deporte: la República Popular China.

Los chinos que fueron a Barcelona eran ya entrenados y desarrollados como atleta con el concurso continuado de las drogas. Cuando Lin Yi estableció un nuevo récord olímpico en los 200 metros estilos en una piscina catalana, la cosa era tan escandalosa que su entrenador tuvo que apresurarse a afirmar que jamás había caído en las manos de ninguno de los antiguos entrenadores de la República Democrática Alemana que, sólo por casualidad, habían encontrado trabajo en China tras caer el Muro. En los mundiales de atletismo de Stuttgart, donde nada menos que tres atletas coparon la prueba de los 3.000 metros femeninos, sus competidoras comenzaron a hablar descaradamente de dopaje. Todo el mundo se fijaba para entonces de que China parecía repetir el patrón que un día mostró la RDA: atletas femeninas que progresan mucho más rápido que sus colegas masculinos.

Esta vez, la Prensa sí que se dio cuenta de la movida, cuando menos la occidental, y se comenzaron a publicar reportajes y artículos reclamando que se hiciese algo. Pero el movimiento olímpico no estaba del todo convencido. Incluso cuando fue informado de que siete nadadoras chinas habían dado positivo entre 1991 y 1993 en diversas pruebas, siguió sin hacer nada. En los juegos asiáticos de 1994 en Hiroshima, fueron once los nadadores chinos que dieron positivo, pero el propio De Merode descartó públicamente cualquier acción al respecto; afirmando, en un ejemplo de cinismo exacerbado, que eran «accidentes que pueden ocurrir en cualquier parte». En una reunión, en 1995, entre miembros del COI, de la FINA (Federación Internacional de Natación) y autoridades chinas, en Beijing, los visitantes se limitaron a señalar que los casos de dopaje era «sucesos individuales».

Pero, claro, la gente que pierde en estas condiciones no se queda quieta. La Federación Alemana de Natación anunció, inmediatamente, que no acudiría a los mundiales de la especialidad que se iban a celebrar en Beijing. Ralf Beckman, portavoz de la federación, lo pudo decir más alto, pero no más claro: «no queremos participar en una competición que va a ser un nido de dopaje». La federación australiana, mucho más poderosa en el mundo de la natación como es bien sabido, fue más allá y pidió una prohibición de competir para todos los nadadores chinos durante cuatro años. De hecho Australia, Estados Unidos, Japón y Canadá se unieron para boicotear la participación de China en la competición de la Asociación Pan Pacífica de Natación. «No vamos a permitir», afirmaron los representantes de los Estados Unidos aquella vez, «que se repita la historia de la República Democrática Alemana».

Los chinos reaccionaron publicando en 1995 una nueva política contra el dopaje. Y la cosa pareció funcionar, porque en Atlanta 1996 ni un solo chino dio positivo (aunque también es cierto que los nadadores chinos se llevaron una sola medalla de oro; casualidad…) Pero en esa música, el COI no había tocado pito alguno.

Cara a Atlanta, fueron los Estados Unidos los que empezaron a ponerse serios con el tema, en buena parte impulsados por su vicepresidente, Al Gore, persona totalmente convencida de la necesidad de eliminar las drogas del deporte. En los primeros meses de aquel año, el comité olímpico estadounidense desarrolló unas nuevas normas antidopaje en las que, entre otras cosas, reducía a 48 horas el plazo en el que un atleta sería avisado de que iba a ser sometido a controles. En Atlanta se gastó más que nunca antes en controles antidoping, contratándose los servicios de hasta 600 personas que llevaron a cabo 1.800 pruebas.

En  paralelo a aquellos juegos, el problema del dopaje seguía encontrándose con problemas en los tribunales debido a la inexistencia de una sola política en todos los países. En 1995, la nadadora estadounidense Jessica Folchi (que entonces tenía 15 años) dio positivo en esteroides y castigada por su federación por dos años. Sus abogados apelaron la decisión ante una corte de Nueva York. La federación estadounidense de natación, temiendo una condena súper-cara, dio marcha atrás en su decisión y la dejó en manos de la FINA. Los tribunales entonces apoyaron a Folchi, lo que provocó que la FINA reimpusiera la sanción de dos años en el ámbito internacional. Afortunadamente para el olimpismo, Folchi no consiguió calificarse para los juegos de Atlanta. De haber conseguido la mínima, se habría producido el conflicto de una competidora suspendida por la federación internacional, pero autorizada a nadar por los tribunales ordinarios.

Por todos estos hechos, todo el mundo sabía que el gran tema de la reunión del COI de 1997 tenía que ser la construcción de un entorno internacional que llevase a una sola definición de dopaje, y a una sola política contra él. Pero las ganas de hacerlo eran tan intensas que fue entonces cuando Samaranch echó gasolina a la hoguera afirmando que la lista de sustancias prohibidas debía ser reducida para dejarla sólo en aquellas drogas que, además de mejorar el rendimiento de sus atletas, fuesen dañinas para su salud. Finalmente, el presidente tuvo que envainársela, y el COI comenzó a trabajar en un código internacional contra el dopaje. En 1998 Dick Pound, sin embargo, presionó más recordando que, en realidad, nada se resolvería hasta que no se construyese una autoridad internacional en la materia.

La venda estaba cayendo. Treinta años después, que se dice pronto. El COI, sin duda alguna, es un cotolengo de gentes honradas.