¿El fin del gallardoneo?

Puede que estemos asistiendo al fin del gallardoneo, o puede que no. Todo se reduce a la pregunta de si el peso de 7.000 millones de euros, en este momento impagables, va a hundir o no a la persona de este conspicuo político, que nunca ha escondido la altura y anchura de sus ambiciones. Pero, en todo caso, leyendo las noticias sobre la materia que hoy se publican, yo al menos tengo cierta sensación de final de ciclo. En política el camino nunca se termina porque las instituciones son eternas; pero eso no quiere decir que no haya ciclos. Yo veo en lo que leo el fin del gallardoneo.

El general Primo de Rivera, dictador de España, usaba el verbo borbonear para definir aquellas situaciones en las que Alfonso XIII pretendía metérsela por detrás. «A mí éste no me borbonea», le oían decir sus colaboradores, aunque una cosa es predicar y otra dar trigo, pues, al fin y a la postre, el ilustre coronado se la metió. El gallardoneo puede pensarse como algo parecido, es decir la acción de buscarse la vida en favor de unas ambiciones personales a través del cargo ostentado. Alberto Ruiz Gallardón tiene para sí una ambición política, y es obvio que se cree lo suficientemente capaz y lo suficientemente joven como para perseguirla. Hace ya muchos años que debió concluir que mandar en Madrid, sólo se manda si se manda en España, así pues hizo de las instituciones madrileñas su trampolín particular. Lo intentó con la Comunidad de Madrid pero, como en aquel entonces la CAM tenía menos competencias, ergo manejaba menos pasta, prefirió dar un salto al Ayuntamiento de Madrid, desde donde ha intentado forjarse una imagen de verso suelto de derechas, be water my friend, eficiente logrador de retos difíciles. Lo malo es que los retos no los ha conseguido (la Olimpiada será en Londres y en Río) y ahora tiene que pagarlos. Y, como digo, ya veremos si la hipoteca acaba o no con él.

Pero la cuestión del gallardoneo es bastante más que la ambición de un tipo. De ser sólo eso, no creo que escribiese ni una línea. La cuestión Gallardón es, de alguna manera, la expresión de algo que tiene una honda raigambre en nuestra Historia, que es una enorme asignatura pendiente de España como proyecto: integrar adecuadamente en la estructura esa figura llamada ayuntamiento.

Se podría decir que en la Historia moderna de España los ayuntamientos han sido protagonistas de primer nivel. El hecho de que se nos diga y se nos repita que Móstoles fue la primera institución española que le declaró la guerra al odiado francés (tan odiado que nos ha dejado a una de sus familias colocadas en Zarzuela) demuestra bien a las claras que en la que llamamos guerra de la Independencia el poder local, a falta de otro muy probablemente, tuvo un papel primario. Éste fue el primer gran pecado de los ayuntamientos: demostrar que eran capaces de ser fuertes y hacer cosas. En cuanto Fernando VII, ese rey tan injustamente no decapitado, pisó España y comenzó a albergar el proyecto de volver a rehabilitar España, para entonces una Sagrada Familia inconclusa, para que volviese a ser la pirámide de Keops que siempre había sido, tuvo claro que a los ayuntamientos les tenía que negar el pan, la sal, la playstation y hasta el Hemoal.

En realidad, en el siglo XIX todo conspiró en contra de los ayuntamientos. Por el lado regalista, los borbones tenían muy claro que ellos no le llegaban a Napoleón ni al extremo inferior de los testículos, así pues los movimientos populares que echaron al hermano de Pepe Botella del país bien podrían echarlos a ellos (y no erraban: lo hemos hecho ya dos veces). Por el lado liberal, sus hondas raíces jacobinas, en España bastante jacoboinas, impulsaban al liberalismo patrio a ser, como fue, fuertemente centralista, como bien saben los catalanes decimonónicos, que no se sabe muy bien si eran proteccionistas porque eran nacionalistas, o eran nacionalistas porque eran proteccionistas. Por último, el localismo tuvo la desgracia de ser abrazado por la gran ideología perdedora del siglo, que no es otra que el tradicionalismo trabucaire y meapilas de los diferentes carlismos. Con el foralismo vasco, que al fin y al cabo se basa en los privilegios medievales, cayó el municipalismo, que al fin y al cabo busca su legitimidad histórica en los mismos hechos. Sólo los navarros, y eso por lo paccionadamente listos que son, se libraron de la quema.

Con todo, la gran, gran desgracia del municipalismo español se llama I República. La República Federal Española de 1873 es un sueño de Francisco Pi y Margall. Si hubiese creído en la parapsicología y lo metanormal, quizá don Françesc se habría dado cuenta que tener por apellido un número que llaman irracional era una señal del Cielo. El señor Pi, con sus infinitos decimales que nunca se repiten, era un gran pensador, pero al fin y a la postre un pensador irracional. Nunca reflexionó en serio sobre la diferencia entre describir en un papel la Ínsula Barataria y gobernarla de verdad.

Pi y Margall soñó una España proudhoniana que nunca había existido, y nunca existió. Una España formada por la acumulación de libres contratos de adhesión de las personas, los barrios, las aldeas, las ciudades, las provincias y finalmente las regiones. El poder estatal, lejos de ser lo que había sido hasta entonces, es decir un poder en sí mismo que irradiaba a sus ciudadanos, era tan sólo el resultado de las pequeñas cesiones de poder hechas por los individuos desde la base; y quien da, puede quitar. En la práctica, el pimargalismo venía a suponer un municipalismo exacerbado. El poder residía en los ayuntamientos.

A Pi, como a todos los intelectuales de alguna forma influidos por las ideas anarquistas, que son más roussonianas que las mismísimas obras de Rousseau, las cuentas le salían porque creía que los actores del Estado Federal serían fieles y, por lo tanto, respetarían el contrato con el Estado. Pero la deriva de la I República, incluyendo el asuntillo de Cartagena, la proclamación nocturna de la república sevillana, los varios intentos de irse a tomar vientos por parte de los catalanes et altera, demuestra a las claras que erraba.

La caída de la I República entierra el municipalismo español bajo una losa de granito cuyo epitafio dice: «tengo problemas más graves». Desde aquel día no ha levantado cabeza. Ya en la propia República, el pimargalismo es barrido por el castelarismo. Castelar creía que la República Federal es un régimen en el que el Estado, fuente primera y única del poder, lo cede, de una forma más o menos graciosa, a otras instituciones que están más abajo en la pirámide. El autonomismo actual es vástago de esa rama; quizá sólo por casualidad, la avenida Pi i Margall de Madrid se llama hoy Gran Vía, pero la plaza de Castelar conserva su nombre.

Durante gran parte del siglo XX, y muy especialmente durante el franquismo, ser alcalde no era gran cosa. Que hubo alcaldes que fueron realmente famosos, como el inolvidable edil condal Porcioles, nadie lo duda. Pero en los tiempos de la Restauración, de la II República y, sobre todo, en los tiempos de Franco, todo el mundo sabía que para medrar, lo que había que ser es gobernador civil. Los gobernadores civiles eran mucho más necesarios porque en sus manos estaba la manipulación electoral; y, cuando dejó de haber elecciones, sus funciones dentro del Movimiento Nacional, o sea sus prerrogativas como mandamases locales del partido único, hacían que, cuando gentes ambiciosas como Adolfo Suárez buscaban acomodo, no pensaran en ser alcaldes, pese a la estabilidad en el empleo, sino gobernadores civiles; Suárez lo fue de Segovia, si no me falla la memoria. Es obvio que hubo alcaldes que cambiaron la fisonomía de sus ciudades. Pero era un empleo que lucía poco y que, sin embargo, se prestaba a múltiples críticas de las que la nomenklatura franquista se libraba. Hoy nadie recuerda a Arespacochaga, el alcalde que cavó el túnel bajo la plaza Mayor de Madrid; pero él, allá donde esté, seguro que se sigue acordando de los progenitores de todos los que le pusieron a parir.

Para alcalde valía cualquiera. Cuando Franco entró en Barcelona, hizo nombrar alcalde a un capitán del ejército. Anécdota que se presta al chiste de que tal vez fue así porque la cabra de la Legión estaba, como de costumbre, demasiado mamada.

La llegada de la democracia cambió las cosas. Aunque menos. Ya en las postrimerías del franquismo, en su entonces famoso Espíritu del 12 de febrero, AKA El cambio lampedusiano hacia la democracia dictatorial, Moisés Franco Bahamonde, por boca de su portavoz Aarón Arias Navarro, ofreció a los españoles ávidos de libertad la zanahoria de que podrían elegir directamente a sus alcaldes. El dato lo dice todo de la importancia que se le daba en El Pardo a la institución local, que hasta pensaban que podía ser electiva (ergo pestilente). Por razón de este trato entre desinteresado y malintencionado, cuando llegó la democracia, a los ayuntamientos los pilló sin demasiada tradición de mando, carentes de una Hacienda propia, totalmente dependientes de Madrid y sin atractivo para la clase política. Para colmo la Transición, al reinventar un castelarismo con suficientes elementos de pimargalismo como para mantener contentos a vascos y catalanes, saca a pasear el concepto de autonomía, a ratos histórica a ratos no, y lo mete en medio. A los ayuntamientos, ahora que podían tocar pelo, van y les ponen una carabina. Y la carabina empieza a zampar bollos y a engordar que lo flipas.

Esta situación, en extremo negativa, fue cambiada, dada la vuelta diría yo, por los dos inventores del gallardoneo, ambos políticos en mayor o menor medida preteridos por los centros de poder de sus partidos. Pasqual Maragall en Barcelona, y Enrique Tierno Galván en Madrid. El caso más evidente es el de Tierno. Es colocado en la cúspide de la lista socialista por Madrid porque quienes mandan en el PSOE no quieren zascandileando por la política nacional a un tipo que puede contar muchas cosas de los tiempos en los que resistir al franquismo era un riesgo auténtico y a ellos, los jefes del momento, no se les veía por asambleas y cenáculos. Tierno estorba, y como es un tipo al que le gustan mucho las jugadas estéticas y representativas, se piensa que el papel de ir por la vida inaugurando fuentes le gustará. Además, lo designan para perder.

Pero Tierno gana. De una forma un tanto extraña y bipartita, pero gana. Y no sólo gana, sino que descubre que, cuando se manda en una ciudad suficientemente grande, en realidad se cuenta con resortes mil para convertirse en un personaje de alta relevancia.

Es evidente que Tierno jamás pensó en competir contra González por el liderazgo del PSOE. Pero también es evidente que el día que González o Zapatero tengan la desgracia de dar el último suspiro, no tendrán, ni de coña, los funerales que tuvo Tierno, con todo el pueblo de Madrid llorándole. El Viejo Profesor, como era llamado este extraño socialista que recibió al Papa en Madrid hablándole en latín, labró un nuevo modo de gobierno municipal. Bueno, no tan nuevo, pues uno de sus pilares básicos, que es gastarse la pasta gansa organizándole a los madrileños unas fiestas de puta madre, no se aparta ni medio milímetro del panem et circenses de hace 2.000 años.

Tierno, que quería ser joven, se debió comprar un día un disco de los Kinks y escuchó aquella canción que se llama Give the people what they want. Y allí encontró su mantra. Bajo la presión de Tiernos, Margalles, tiernitos y margallitos, los ayuntamientos se convirtieron en plataformas de servicios dependientes de la demanda de los ciudadanos. Una política que ha generado una confusión de la pitri mitri entre los poderes públicos españoles, pues ha provocado que todos hagan de todo, y es por eso que en España hay ministerio nacional de Educación, consejerías regionales de Educación, y concejalías locales de Educación; obvio es que dos de estas tres administraciones están haciendo algo que no deben; pero, en puridad, no sabemos bien cuáles. Y así nos va en la España de hoy, un país en que podemos encontrar, en cualquier ciudad de tamaño mediano, hasta cinco tipos distintos de residencias de ancianos; de dependencia estatal, de dependencia autonómica, de dependencia local, de dependencia privada sin ánimo de lucro, y de dependencia privada con ánimo de lucro.

Esta tendencia, en todo caso, alumbró el gallardoneo, es decir, el aprovechamiento del poder local en beneficio de la carrera política de quien lo ostenta. Pasqual Maragall acabó gobernando Cataluña, sin ir más lejos. Rosa Aguilar tampoco puede decir que le haya ido mal. Mi paisano Paco Vázquez es embajador del Estado del que supongo le gustaría ser jefe (si Dios hubiese querido). Qué decir de Jesús Gil (if I say you are black, then you are black), o su replicante Julián Muñoz. Hasta el Dioni, si no recuerdo mal, quiso ser alcalde de El Molar... Es lógico que Gallardón se mirase al espejo y dijese: «Espejito, espejito, ¿por qué no yo?»

La clave de todo, sin embargo, está donde siempre: en la caja. La autonomía municipal sólo es posible, en puridad, si existe autonomía fiscal. Si no existe autonomía fiscal, los ayuntamientos tiran con pólvora del rey, con lo que se condenan a sufrir crisis de financiación periódicas, como de hecho ha pasado ya varias veces desde 1976. La primera norma contra la demagogia del gobernante nos dice que, para que pueda comprar caramelos para los niños, deba antes cobrárselos a sus padres. Si puede comprar los caramelos sin subir los impuestos, entonces, en lugar de comprar humildes peta-zetas, comprará pasteles de la mejor calidad.

Los 7.000 millones de deuda del Ayuntamiento de Madrid son el reflejo, además de una gestión en cuya calificación no entraré, el fin de ese ciclo. La crisis ecofinanciera, que ha acabado con tantas cosas, parece querer acabar con el gallardoneo.

Puede, por lo tanto, que esté sonando la hora de alcaldes quizá más oscuros, quizá menos vistosos para debates televisivos y entrevistas en la radio, pero más dados a tener las calles limpias, las fuentes manando agua, los perros con correa, los botellones bajo control...; esas cositas que hacen las gentes que gestionan.

O puede que lo haya pasado tan bien escribiendo este post que ahora mismo esté siendo objeto de un ataque de optimismo.