La (in)solidaridad catalana (1)

Primera parte
Segunda parte
Tercera parte

No creo concitar la oposición de nadie si digo que el asunto de nuestra Historia Económica que más encono político e ideológico ha generado ha sido la batalla del proteccionismo. Es un asunto que tiene mucho que ver con el debate regionalista, o autonomista como se dice hoy en día, porque el gran campeón del proteccionismo español ha sido, tradicionalmente, Cataluña. Y es habitual que quien quiere atacar a esta región (o comunidad autónoma, como se dice ahora) por el flanco de su pretendida insolidaridad, recuerde los muchos beneficios que le reportó el proteccionismo a costa de presuntos beneficios no producidos en otros lugares de España.

Así pues, he pensado que, tal vez, sea interesante dejar aquí algunas notas sobre este asunto. Creo, además, que será interesante e instructivo porque, en buena parte, repasar la historia del debate entre proteccionistas y librecambistas, debate que tuvo momentos de enorme encono, es también repasar el epicentro de uno de los principales ejes de la evolución reciente de España, que es la difícil dicotomía entre Madrid y Barcelona como centros de poder. Es una historia de torpezas, muchas de las cuales se siguen cometiendo hoy en día.

La realidad que da carta de existencia al proteccionismo, que son los aranceles de aduanas, es decir el impuesto que se impone a la mercancía que entra por la frontera exterior o interior, es muy antiguo. En Barcelona, por ejemplo, se conoce de un sistema regular de política aduanera ya a finales del siglo XIII; en ese mismo siglo, Alfonso X, llamado El Sabio, estableció en Castilla un primer arancel, eso es, una primera lista de materias cuyo paso por la frontera estaba gravado con determinados impuestos.

Si algo tiene el proteccionismo es que es enormemente intuitivo. Quiero decir que es lo primero que se le ocurre a alguien. Si dentro del territorio se produce y de fuera viene ese producto más barato, pues se le pone a éste un impuesto para que sea más caro. Y es lícito que alguien piense que, así, está protegiendo la existencia de los productores interiores. En la España renacentista, que ya era una gran productora de vino, ya se estableció que no se importasen caldos el año que la cosecha interior fuese suficiente. En Cataluña específicamente, sus Cortes de 1422 prohibieron la importación de determinados productos de vestir, signo inequívoco de que para entonces la región ya era una potencia textil, y ya sentía el miedo de la competencia excesiva de otros mercados.

Este esquema funcionó hasta el siglo XVII, en el cual el grave deterioro de la flota mercante española cambia el panorama del comercio internacional en nuestro país. La pérdida progresiva de la capacidad comercial de España, una auténtica tragedia para una antigua potencia mediterránea como el Levante hispano, vino a combinarse con el empeño que pusieron Felipe IV y su valido, el conde-duque de Olivares, en arruinar el presupuesto con los gastos bélicos. Cierto día, el conde-duque recibió a una delegación de las diputaciones catalanas, a las que planteó la pregunta de cuáles creían que eran los males de España y su remedio (me da la impresión de que le hacía la misma pregunta a todo el mundo, y a todo el mundo le hacía el mismo caso). La respuesta catalana no pudo ser más acertada: «Para remediar nuestros males, los españoles deberíamos quedarnos en nuestra propia casa, repoblar el reino, cultivar nuestros campos, fortificar nuestras ciudades, abrir nuestros puertos al comercio y restablecer nuestras fábricas. En esto deberíamos emplear los tesoros de América, y no en guerras insensatas y vergonzosas». Puede ser que el conde-duque les contestase: ¡Pero es que los holandeses tienen armas de destrucción masiva!

En el siglo XVIII, ya empobrecidos y agotados como potencia bélica, nos encontramos con que éramos un país colonizado por las economías extranjeras. Aquí reside el origen del proteccionismo español, o sea catalán. Se ha calculado que más del 65% de las mercancías normalmente consumidas en España en aquel entonces eran importadas; y, para más inri, en la mayoría de los casos la materia prima de esos productos era... española. Otros males que nos aquejaban eran la expulsión de los judíos y de los moros, de la que no pocos economistas se quejan; y el hecho, inexplicable, de que hubiese producciones para las cuales la corona se reservaba la exclusiva de la fabricación interior, impidiendo el desarrollo industrial.

A finales del siglo XVIII, nace en Barcelona la llamada Comisión de Fábricas; más concretamente, la Comisión de Fábricas de Hilados, Tejidos y Estampados de Algodón del Principado de Cataluña. Es la primera iniciativa organizada de proteger la industria interior de la competencia extranjera. Aquel lobby barroco debió de hacer muy bien su trabajo, pues ya en 1802 se publica en la Gazeta una Real Orden por la cual se prohíbe la introducción en territorio español de mercancías de algodón o con mezcla del mismo. No fue sin embargo hasta dos décadas después que el proteccionismo nació como tal; y, dato curioso y no sé si importante, eso que lo valore cada uno, no fue por los catalanes. Fue por el lobby histórico más fuerte de las Españas: los agricultores y ganaderos, quienes presionaron para que se protegiesen los productos patrios y acusaron a las ideas liberales de «convertir a España en un pedazo de África». Fruto de esta presión, el 1 de enero de 1826 entra en vigor el Real Arancel General de entrada de frutos, géneros y efectos del extranjero. Este arancel, sin embargo, se combinó con algunas medidas liberalizadoras, notablemente el fomento del puerto franco de Cádiz, que en la práctica incrementaron la entrada en España de productos de contrabando.

En 1832, y con notable retraso, llega la revolución industrial, cuando menos a Cataluña. Ese año, el ministro de Hacienda en Madrid, Luis López Ballesteros, acogotado por un déficit público galopante (por cada euro ingresado se gastaban 1,8), se da cuenta de que la única forma es alentar la industria para que pague más impuestos. Como consecuencia, la Hacienda española otorga un anticipo de 350.000 pesetas a la sociedad Bonaplata, Vilaregut, Rull y Cía., para que construyan una gran fábrica de maquinaria en Barcelona. Ese mismo año, se publica un decreto estableciendo la inexistencia de privilegios para la importación de textil. Ambas medidas disparan el desarrollo de la industria autóctona catalana, que responderá alcanzando, en sólo nueve años, los 102.000 empleos.

El primer tercio del siglo XIX es, sin embargo, el de la progresiva introducción del liberalismo entre los economistas españoles, notablemente Flórez Estrada. La Comisión de Fábricas ve en ello un claro enemigo y por eso ya en 1834 elabora un memorial dirigido a sustentar las razones por las cuales debe apoyarse el proteccionismo. Hace, pues, 175 años de aquello y, sin embargo, y encontramos ahí a nuestros clásicos, pues el lobby condal, en su folleto, ya se preocupa de recordar a los lectores «los grandes consumos que hacen las provincias catalanas de los frutos y productos de las demás del reino». En tan temprana fecha, pues, los catalanes son ya bien conscientes de por dónde les van a buscar las cosquillas. Y no es de extrañar, porque casi de todo el resto de España llegaban a las Cortes protestas y peticiones reclamando el desarme arancelario.

Llega la guerra civil, o carlista, que en 1840 ha terminado. Una vez ocurrido, el Gobierno se plantea la reforma del arancel. Esta vez los catalanes fueron algo más listos, porque buscaron aliados fuera de su tierra, y los encontraron en el sector triguero castellano y en el metalúrgico vasco. Fruto de los movimientos tácticos de cada cual, la comisión encargada de reformar el arancel estaba compuesta por expertos de muy variado pelaje, por lo que puede decirse que el arancel que entró en vigor el 1 de noviembre de 1841 era fruto de la transacción (una especie de Pacto de Toledo decimonónico, pues), aunque, en general, era más liberal que el régimen existente hasta aquel momento.

Aquel arancel tenía 1.506 rubros que eran gravados, en su mayoría, con aranceles del 15%, 20% y 25%, aunque había algunas mercancías con impuestos mayores, entre las cuales estaban los tejidos de cáñamo, lana y seda. Se mantuvo la prohibición de importar algodón, y se añadieron las de trigo, centeno, cebada, lana, calzado, mármol, sal, ropas hechas, muebles y buques de pequeño calado. La mayoría de estas exclusiones se hicieron en beneficio de los grandes productores agrícolas castellanos. Pero una medida de lo liberal que fue este arancel es que las importaciones prohibidas eran 88, cuando las acumuladas hasta la reforma eran 657.

La reforma arancelaria reguló también el llamado derecho diferencial de bandera, que gravaba aún más el arancel, incluso hasta el doble, para las mercancías de importación que venían en barcos de bandera extranjera. Incluso se prohibieron las de Filipinas (provincia de, se entiende) y China. Así que, ya veis: hace siglo y medio, y ya andábamos acojonados con los chinos. Cabe anotar, por último, que aquella reforma aduanera acabó con los aranceles vascos, que hasta entonces habían sido forales (o quizá forrales), o sea distintos.

En general, el arancel no fue mal recibido por los proteccionistas, representados ya por una de sus dos grandes figuras históricas, Joan Güell i Ferrer, un tipo hecho a sí mismo en Cuba que había regresado a Barcelona y que se puso al frente de la manifestación. Autodidacto como era, los escritos de Güell no pueden evitar caer en algunas contradicciones, aunque eso, más que imputárselo a él, quizá haya que imputárselo al propio proteccionismo catalán en sí. En efecto, las ideas proteccionistas en Cataluña siempre adolecieron de cierta ilógica pues, con la mano contraria con que los industriales pedían subidas en los aranceles de las camisas, pedían la bajada de los aranceles de las máquinas de fabricar camisas. Y eso es lo que se llama querer estar en misa y repicando.

La reforma arancelaria, no obstante, afectó pronto a la capacidad productiva catalana. En diez años, de 60 fábricas textiles de gran tamaño, quedaron 16. La fabricación de paños bajó de 24.000 piezas a 9.000. Fue entonces, y sólo entonces, cuando el proteccionismo catalán se dio cuenta de que, además de alianzas coyunturales, lo que tenía que hacer era extender sus tentáculos fuera de Cataluña, buscar amiguitos por toda España y, muy especialmente, en Madrid. El nacionalismo mal entendido, y los proteccionistas eran ya protonacionalistas económicos, lleva al nacionalista a considerar que todo lo interesante que le puede pasar en la vida ocurre a menos de seis milímetros de su ombligo. Este concepto le lleva a desechar el hecho palmario de que el hombre más eficiente es el que más amigos tiene. Así las cosas, los catalanes fundan en Madrid la Asociación Defensora del Trabajo Nacional y se aplican a crear sociedades económicas en toda España para aglutinar en ellas las ideas proteccionistas. Tarde. Para entonces, el resto de España se lo ha pensado mejor.

En 1846, la ciudad de Cádiz (el puerto franco, pues), recibe en loor de multitudes a don Richard Cobden, que entonces era el principal propagandista del liberalismo smithsoniano. Se funda allí mismo la Asociación Librecambista de España. Los liberales golpean fuerte. Descubren que la inmensa mayoría de la renta de aduanas proviene de los aranceles cobrados a 88 productos. ¿Por qué, se preguntan, no derogar entonces los de los 1.254 restantes?

Hicieron algo más los liberales. Ya he escrito, y desde luego es sólo mi opinión, que los catalanes, que habitualmente se reputan de eficientes, estuvieron lentos, torpones y un tanto lelos en aquellos años. Incluso la Comisión de Fábricas tardó en darse cuenta de que la misma Cataluña había cambiado y que ahora ya no se podía crear una institución meramente algodonera, y es por eso que mutó en el Instituto Industrial de Cataluña, creado en 1848 bajo la presidencia de Joan Jaumandreu. Mientras los jordis tardaban en reaccionar, los liberales, que eran mayoría en la clase intelectual española, se dieron cuenta de que ahí, en el asunto de lo catalán, había tema. Así pues, empezaron a llover las hostias.

Lo primero que dijeron los liberales, y lo dijeron tan alto que aún hoy se oye, es que no existía cuestión proteccionista, sino cuestión catalana. Fue una jugada maestra que dejó a los industriales catalanes de un plumazo casi sin aliados; y, siempre en mi opinión claro, es un aspecto escasamente tratado por la historiografía hasta qué punto sirvió para alimentar el nacionalismo, si no el independentismo, catalán; pues sabido es que ninguna ofensa es gratis.

En un paroxismo de leña al jordi hasta que hable serbocroata, Cataluña fue acusada en los periódicos librecambistas de causar los males económicos del país, que eran muchos. Una acusación intolerable si tenemos en cuenta que España estaba embarcada en una nueva guerra civil, y ésta sí que era la responsable de las jodiendas. Dado que el carlismo tenía una muy seria implantación en Cataluña, que todavía era una región muy foralista, se decía que eran los industriales catalanes los que avivaban la hoguera guerrera. Algo que no se sostiene ni con una peana de nueve metros, pues, en cada guerra civil decimonónica, la industria catalana perdió pastones. Así pues, defender que era esa misma industria la que financiaba y alentaba la guerra equivalía a sostener que los catalanes eran tontos del culo. He leído una referencia a una publicación de la época que se refería a los catalanes como «gente suelta y sin policía, vengativa e ingrata». En una cosa acertó: en lo de sin policía. Son mozos de escuadra. Visto lo que estoy escribiendo aquí, espero que no acertase en lo de «vengativa»...

Para que veamos que nada ha cambiado y que el presente no es sino un enorme dejà vu, Güell i Ferrer, el gran propagandista defensor de lo catalán, hizo por aquel entonces una serie de escritos en los cuales inventó... las balanzas fiscales. Sip, como lo leéis. Su tesis, para la cual aportaba abundancia de datos, es que el volumen de mercancías adquiridas por Cataluña era muy superior al volumen de las que vendía fuera de sus límites.

En 1849, tiempos ya de Narváez, todos estos enfrentamientos cristalizan en la proposición de las Cortes para proceder a una nueva reforma arancelaria. Se disparan las gestiones para influir en el proceso, claro. El Espadón de Loja, que no carecía de inspiración para los temas económicos (no pocas veces se forró en Bolsa), dictaminó que antes de proceder a la reforma se enviase a Cataluña a un comisario regio, el conde de La Romera, con el objeto de realizar una encuesta para saber qué perjuicios podrían causar las reformas arancelarias. Sin embargo, esta misión quedó abortada cuando llegó al ministerio de Hacienda Bravo Murillo, muy sensible a las presiones librecambistas. El comisario regresó a Madrid apenas comenzada su labor y el nuevo arancel se elaboró en el tiempo récord de 19 días.

El nuevo arancel constaba de 1.410 partidas pero, lo más importante, reducía notablemente las prohibiciones de importación de 74 a 14. Entre las prohibiciones que permanecieron estaban los cereales, las harinas y los buques pequeños. Y sabido es que Cataluña es una región ampliamente cerealera, especialmente en las cumbres pirenaicas donde se cosechan millones y millones de toneladas de trigo; y que cada catalán que se precie tiene un pequeño astillero en su bañera. Lejos de la coña, justo es reconocer que las importaciones que siguieron prohibidas se diseñaron, fundamentalmente, para favorecer intereses de otros lugares.

No obstante, los catalanes consiguieron una victoria en el último minuto, y fue el cambio de una puta cifra. El gobierno estaba decidido a liberalizar la importación de tejidos de algodón. En aquel entonces, el textil algodonero catalán manufacturaba prendas de cierta vastedad, con menos de 26 hilos, al gusto español, pues aquí se solían consumir prendas de menos de 20. El proyecto de arancel establecía que la importación de prendas de algodón quedaba liberalizada, salvo para las prendas de menos de 20 hilos. Sucintamente, esta medida suponía permitir a los fabricantes foráneos competir en igualdad contra los catalanes en una parte de su negocio, las prendas entre 20 y 26 hilos. Los diputados catalanes consiguieron in extremis que el gobierno cambiase el 0 de 20 por un 6. Ese pequeño cambio salvó a los algodoneros catalanes.

¿Os parece interesante? Pues más os vale, porque habrá más.