El Rey... ¿prudente?

En recientes comentarios a otro post se ha afirmado que la quiebra económica de España (aunque, más propiamente, deberíamos decir de Castilla) proviene ya de los tiempos teóricamente victoriosos del propio Imperio. Y es verdad. En los mismos años en los que España era el imperio sobre el que nunca se ponía el sol, notablemente aquéllos en los que reinó Felipe II, el Rey Prudente, ya se estaban poniendo las bases de lo que fue el progresivo derrumbe del país que se produciría en los siglos siguientes. Hoy vamos, pues, a intentar retratar aquellos años.

En 1559, la recaudación impositiva en Castilla supuso 3.000.000 de ducados. Ese año, se estima que los gastos incurridos por el presupuesto público fueron de 2.300.000 ducados, de los que 740.000 correspondieron al presupuesto de defensa, otros 700.000 a gastos de la Corte, y aproximadamente 1.500.000 de ducados al servicio de los juros (más abajo explicaré lo que eran; en todo caso, más información aquí). En otras palabras, Castilla era un territorio fuertemente gravado por las deudas pasadas derivadas de las aventuras militares de Carlos I de España y V de Alemania; pero, aún así, sus ingresos eran capaces de sobrellevar dichas cargas con cierta holgura. Se diría que era, por lo tanto, un emisor con riesgo-país asumible.

Sesenta años más tarde, en 1621, la recaudación se había multiplicado por tres y llegó a 10.500.000 ducados. Sin embargo, los gastos habían crecido más considerablemente. Para empezar, el servicio de los juros había pasado a suponer 5.600.000 ducados, o sea se había multiplicado por 3,7. Los gastos de la corte, poco más de 1.000.000 de ducados, seguían en su línea. Había aparecido una nueva partida presupuestaria, el sostenimiento de las posesiones de la corona en Flandes, que importaba nada menos que 3.100.000 ducados. Y los gastos de defensa se habían multiplicado por cuatro, hasta casi tres millones de ducados anuales. Como consecuencia, había un déficit de algo más de un millón de ducados o, lo que es lo mismo, por cada 10 ducados que el Estado ingresaba, gastaba 11. Un déficit público del 10%: Felipe II no habría entrado en el euro ni emborrachando al mismo tiempo a Chirac, Merkel y Blair. La deuda pública (los juros) consumía por sí sola la mitad de la recaudación total. De un país en esta situación hoy diríamos que es un país quebrado.

Y, sin embargo, aquel país quebrado era el dueño del mundo. De hecho, ése era su gran problema.

Empecemos por las fuentes de financiación. Porque una Historia hermosa de estudiar es, por paradójico que lo parezca, la Historia de la Hacienda. Los impuestos no han sido siempre los mismos, ni lo ha sido tampoco la forma de recaudarlos. De hecho, el Estado renacentista no recaudaba impuestos. Sabía que realizar esa labor era extraordinariamente caro y costoso. Por eso, alquilaba las rentas del Reino, en los procesos llamados de encabezamiento. Por periodos, se subastaba la recaudación de impuestos, de forma que el adjudicatario abonaba al Estado dicha recaudación, con un descuento, y procedía a recaudar para sí. El beneficio estaba en el descuento o, eventualmente, en recaudar más de lo previsto. Así pues, los recaudadores de impuestos eran trabajadores del sector privado cuyo éxito dependía de sacar cuanto más, mejor. La mala fama del recaudador de impuestos estaba bien ganada. Algunos impuestos, en todo caso, eran recaudados por las ciudades para el rey.

Otro aspecto curioso, a nuestros ojos, de aquella Hacienda, era que la carestía y los peligros del traslado de capitales hacía que éste se desechase en muchas ocasiones. El Dioni habría tenido poco trabajo en la España del Renacimiento. Por lo tanto, las rentas recaudadas se solían gastar más o menos en el mismo lugar que se recaudaban, con lo cual los mecanismos de solidaridad territorial, en un Estado desde luego mucho menos desarrollado que el nuestro, eran, además, especialmente complejos.

La mayor parte de los impuestos eran indirectos. En Castilla había existido por tradición un impuesto directo, sobre las rentas, denominado cartinega, pero había perdido importancia.

El principal impuesto era la alcabala, una especie de precursor del IVA que gravaba las ventas de bienes raíces y otros objetos de cierto lujo, tales como los paños. La alcabala aparece a menudo ligada a la tercia, un ingreso estatal procedente del diezmo que cobraba la Iglesia católica de sus feligreses (la décima parte, cuando menos teórica, de sus rentas). El diezmo eclesiástico se cobraba en tres partes: la del episcopado, la del clero y la destinada a levantar iglesias y conventos. De este último tercio del diezmo, el Estado percibía dos tercios (tercias), por lo que las tercias venían a suponer, por lo tanto, dos novenos del diezmo total o, si se quiere, dos nonagésimas partes de la riqueza teórica del contribuyente.

La Historia de aquella época marca, de hecho, toda una lucha por parte del poder real para conseguir que la Iglesia suelte parte de su riqueza a favor de las finanzas estatales. Además de percibir las tercias, con el tiempo se crearon las tres gracias, a saber: el impuesto de cruzadas, cuyo origen es una bula papal al Estado que éste acabó por perpetuar; el excusado y el subsidio. La cruzada sufragaba los establecimientos militares de África, mientras que el subsidio pagaba las galeras. Los expertos en Hacienda no paraban de recomendarle al rey que sujetase los gastos militares de forma que se ajustasen a estos ingresos de procedencia eclesiástica. Nunca lo consiguieron.

La tercera renta ordinaria del Estado era el maestrazgo, que pagaban los maestres por serlo, esto es, por estar socialmente por encima de la gleba. A ésta se sumaba a la renta de aduanas o almojarifazgo, que ya era muy parecida a la actual, con la salvedad de que, entonces, los portazgos estaban situados no sólo en fronteras exteriores, sino también interiores. El ejemplo más claro era el puerto seco entre Castilla y Aragón.

La corona cobraba también las llamadas regalías, que eran un pago derivado de la explotación de minas y otras actividades, así como la trata de esclavos. Pero, sin duda, el impuesto más suculento para el Estado era el denominado servicio de los millones, obtenido a partir de recargos en el vino, el vinagre, el aceite, la carne, el jabón y las velas de sebo. O sea, lo que se dice un impuesto sobre las bebidas alcohólicas, el lujo (poca gente se podía permitir la carne entonces) y la luz (que era con velas, claro), todo en uno. Los millones llegaron a aportarle a Felipe II, a principios del siglo XVII, hasta 3 millones de ducados en un año, pero eran unos ingresos difíciles de conseguir, porque debían ser pactados con las Cortes. En puridad, aquellas Cortes eran básicamente una reunión de municipios con los que discutir los millones, y no siempre el rey se llevaba el gato al agua. Felipe IV, acompañado del Conde-duque de Olivares, viajaría en el siglo XVII a Barcelona para obtener de la España no castellana servicios de millones para financiar sus muchas guerras, y volvió con las manos vacías.

Un impuesto curioso era la sisa, que consistía en entregar mayores cantidades de vino u otros bienes por el mismo valor. La palabra se consolidó en nuestro idioma y hoy sisa significa robo o pequeño hurto, a menudo cometido por una persona que maneja dinero de otros. Sisar es lo que hace, por ejemplo, un niño que le hace un recado a su madre y, al volver a casa, miente levemente en el precio de lo que ha comprado, para quedarse con la diferencia.

Otra figura de aquella época que se ha quedado a vivir en nuestro idioma era la concesión de monopolios comerciales (a cambio de dinero) que hacía la corona. Se llamaban estancos.

Otros pequeños impuestos eran tasas finalistas con fines militares; por ejemplo, las fardas. La farda mayor, por ejemplo, era un impuesto sobre la propiedad que se imponía a los moriscos, y se gastaba en las defensas de Granada.

A todo esto hay que unir la llegada de plata de Indias, que ingresaba en el sistema metal precioso y valioso. La llegada masiva de plata generó en algunos periodos problemas de inflación y, a la larga, jugó en contra de las monedas de vellón que también circulaban por Castilla, generando en la práctica un sistema de doble referencia. Los banqueros de los reyes españoles siempre querían cobrar en plata, por supuesto. Y algunos de ellos tenían la sartén por el mango, porque eran dueños de las minas de azufre europeas, y España necesitaba ese azufre para obtener la plata. La plata de América, en todo caso, salvó a Felipe II en las últimas décadas del siglo XVI pues, desde 1577, se había visto obligado a reducir las alcabalas ante lo que probablemente fue un caso de insumisión fiscal masiva.

En tan temprana fecha como 1557 y 1560, Felipe II se vio obligado a suspender pagos a sus financieros, quiebra que inició la tendencia explosiva de la emisión de juros. Los juros eran títulos de deuda pública relativamente parecidos a los actuales. Devengaban un interés, pero su diferencia fundamental estaba en que, dado que hace 500 años el Estado no era garantía de nada (al revés de lo que ocurre hoy en día con las emisiones de riesgo soberano), la garantía del juro (garantía de pago) estaba en las rentas de la corona. Por lo tanto los juros estaban siempre vinculados (situados, se decía) a una determinada renta o recaudación y, en consecuencia, nada más recibir un juro, su propietario procuraba mudarlo lo antes posible a una renta más segura. La consolidación de 1560 supuso la emisión masiva de juros al 5%. Algunas opiniones ven en esta política la creación del hidalgo español improductivo: quien era rico y recibía juros se convertía en un rentista; su actividad consistía en cobrar aquellos intereses, sin trabajar.

Claro que la Hacienda, ya lo hemos visto, es sólo la mitad de la historia. Hasta 1560, más o menos, Felipe II logró sostener su imperio sin pegarse casi con nadie. Pero, a partir de ahí, entró en una dinámica de guerra total agotadora. En muy poco tiempo vinieron a unirse la defensa de Malta, la sublevación protestante en Flandes, la rebelión de Granada y las peleas con el Turco en el Mediterráneo. Solo esta última partida costaba un millón y medio de ducados al año. Las defensas en el Atlántico demandaban el doble. A todo esto hay que añadir que la mayoría de las estimaciones, hechas por los historiadores, se basan en documentación estatal que se refiere, en realidad, a gastos ordinarios. Las campañas extraordinarias se presupuestaban por separado, siendo difícil saber cuánto añaden. Por ejemplo, la victoria de Lepanto le costó, a todos los coligados, 1.100.000 ducados. Tratar de darle en el bebe a Inglaterra (con los resultados que conocemos), por su parte, le costó a Castilla la friolera de 7 millones (debo recordaros, si os habéis perdido, que la recaudación por rentas ordinarias venía a suponer unos 10 millones); y aún y con eso, ya antes de hacerse a la mar, a los integrantes de la Armada se les debían 300.000 ducados que no se les habían podido pagar.

Con todo, la auténtica sangría económica de Felipe II se llamó Flandes. Pocas veces defender la fe católica salió tan caro. En los años buenos, al principio, financiar la guerra flamenca costó millón y medio de ducados al año; conforme la cosa se fue poniendo fea, la cantidad se dobló. En 1608, la guerra de Flandes había costado 110 millones de ducados (una vez más: unas once veces la recaudación de impuestos de todo un año. Haced la cuenta con los Presupuestos Generales del Estado de este año, y ya veréis lo que os sale).

En septiembre de 1575, Felipe II haría el último intento serio de arreglar las cosas, forzando una nueva quiebra. En realidad, el objetivo de aquella quiebra fue poner los juros y los compromisos en manos castellanas o, lo que es lo mismo, mandar a freír espárragos a los banqueros genoveses que le tenían agarrado por los cataplines. Pero fracasó. La guerra atlántica, la Pérfida Albión, cambió esos planes y, para 1581, ya no quedaban fortunas en Castilla para financiar al Rey Tiraduros. Felipe II heredó de Carlos I un endeudamiento de 30 millones de ducados y dejó otro más cerca de 150 que de 100 millones.

Se habla mucho de los Tercios de Flandes como ejemplo de ejército cruel que sometía las poblaciones que invadía a pillaje. En este panorama, cabe entender que, para muchos soldados, el saqueo era la única forma de cobrar algo. El soldado de la época de Felipe II es, en efecto, un ladrón, un extorsionador y, las más de las veces, alguien que, dado que no cobra, compagina el oficio militar con cualquier otro, convirtiéndose en una especie de militar a tiempo parcial.

En suma: la Historia del reinado de Felipe II y algunos años después es la Historia de un Estado que no se resigna a ser pequeño. Las evidencias eran bastante evidentes en el sentido de que Castilla ya no daba más de sí y que había una dependencia excesiva de la plata americana, recurso volátil donde los haya. El Rey Prudente probó a recargar las alcabalas, imponer sisas, pedir millones; pero nunca, que se sepa, acudió a la solución más lógica, que hubiera sido la tijera. El pie forzado fue siempre conseguir ingresos suficientes para poder armar galeras suficientes, equipar tercios por doquier, para seguir demostrando la grandeza de Castilla, que era la grandeza de España.

El Rey Prudente. Otro día hablaremos de lo que hacía por las noches, después de haber arruinado a su imperio.