[A ver si ahora queda bien esto. Antes, cuando coloqué este post, el blog hizo una pirula.]
Post doble para el fin de semana. La primera parte, en redonda, es de Inasequible Aldesaliento. La segunda, en negrita, es mía. El tema a mí me parece interesantísimo, y es la pretendida continuidad entre nuestra democracia actual y la II República. Hay muchas, muchísimas cosas más que decir. Por el momento, aquí está el aperitivo.
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Los herederos de la República
By Inasequible Aldesaliento y JdJ, por colleras.
Cuando el Parlamento español aprobó la Ley sobre la recuperación de la memoria histórica, señaló que el régimen español actual es el heredero de la II República. Enternece observar que vivimos en un país donde todo funciona tan bien que, como no hay temas más candentes sobre debatir, los señores diputados se ocupan en reescribir la Historia.
Por si se les acaban los temas de debate, les podemos sugerir algunos adicionales: moción de solidaridad con el pueblo de Cartago, por la destrucción de su ciudad a manos de los romanos y exigencia de que la ciudad se reconstruya a cargo de las Naciones Unidas; resolución de condena contra los atenienses por discriminación de género, ya que sus mujeres no pueden votar en el areópago ni pueden entrar en el ejército de la polis; concesión a Viriato de la medalla de oro del Congreso en reconocimiento a su defensa de los Derechos Humanos del pueblo lusitano.
Mientras los señores diputados se dedican a hacer los deberes que les hemos puesto, indaguemos si se sostiene la temeraria afirmación de que la Monarquía de Don Juan Carlos es la heredera de la II República. Con los libros de Historia en la mano, va a ser que no. Don Juan Carlos empezó a reinar basándose en la legitimidad que le conferían la Ley de Sucesión y los principios del Movimiento Nacional. Entendiendo que no podía fundamentar la legitimidad de su régimen en esas bases, convocó el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, que algunos han denominado “la última de las Leyes Fundamentales”, y con los resultados abrumadoramente positivos que obtuvo, logró una nueva legitimidad, nacida de la soberanía popular y del sufragio universal. O sea, la Monarquía de Don Juan Carlos es la heredera de Franco, pero optó por romper esa continuidad y, de alguna manera, en hacerse heredera de sí misma.
Como hasta los señores diputados algo de Historia han estudiado y entendían que la supuesta herencia era un poco rebuscada, se apresuraron a indicar que era heredera en cuanto que compartía los mismos ideales. Por la misma regla de tres, podríamos afirmar que Hitler es el heredero del Imperio Asirio, pues ambos compartían los mismos ideales hegemónicos, expansionistas y genocidas.
Pero resulta que ni con regla de tres nos sale la ecuación. ¿Cuáles eran los ideales de la II República? ¿La revolución soviética que quería traer Largo Caballero? ¿La república conservadora y casi fascista de Gil Robles, quien, a pesar de todo, se mantuvo mucho más leal a la legalidad republicana que muchos otros personajes de la época? ¿La republica laica y jacobina de Azaña? ¿La república frivolona y más bien corrupta de Lerroux? Quitando los primeros meses del entusiasmo inicial, la II República no logró generar un sistema de valores que uniese a todos los españoles. La II República fue una lucha constante entre distintos sistemas ideológicos, que buscaban tener el monopolio del poder y eliminar a los contrarios.
Si identificamos como valores republicanos el voto femenino, la ley del divorcio o la separación Iglesia-Estado, tendremos entonces que asumir que la España actual está asimismo muy estrechamente emparentada con Zimbabwe, Bielorrusia o Corea del Norte.
El certificado de defunción de la II República puede fijarse en muchos momentos. Unos lo datarán en febrero de 1936, cuando el Frente Popular ganó las elecciones. Otros en junio de 1936, cuando el asesinato de Calvo Sotelo hacía presagiar la derrota sangrienta que iba a tomar el país. Unos terceros, lo fijarán en julio de 1936, cuando estalla la rebelión militar. En el mejor de los casos, la II República murió en febrero de 1939, cuando su Presidente y miembros del Gobierno cruzaron la frontera francesa e iniciaron el exilio, sabedores de que la guerra estaba irremediablemente perdida. La II República aún alcanzó a llevar una existencia espectral como Gobierno en el exilio que alcanzó hasta los años 70 y que parecía más sacado de un chiste de Gila, que de la mente de unos políticos con los pies en el suelo. En todo caso, si tuviéramos que escribir la esquela de la II República, sería inevitable poner: “No deja herederos”.
A todo ello cabe añadir un argumento más, Ina, y es que, en realidad, quienes más mandaron en la República son formaciones que, ideológica u orgánicamente hablando, no han dejado, en efecto, herederos.
Trataré de demostrar esto con un cálculo propio. Para explicarlo, debo acudir a la medición del tráfico rodado.
Tomemos dos calles de Madrid, la calle A y la calle B. ¿Cuál de las dos tiene más tráfico? Alguien nos dice que por la calle A ruedan 1.000 coches diarios, y por la B 990. La primera tentación es decir: por la calle A. Pero ahora imaginemos que estas calles no tienen bocacalles, así pues, una vez que entras en ellas, tienes que salir por el otro extremo. La calle A mide 50 metros y la calle B mide 500 metros.
Ahora las cosas son así: la calle A la recorren 1.000 coches, cada uno de ellos recorriendo 50 metros, así pues tenemos 1.000 x 50 = 5.000 coches/metro. En la calle B, 990 vehículos recorren 500, lo cual es 990 x 500 = 495.000 coches/metro. O sea, en la calle B hay mucho más tráfico, dónde va a parar.
Este método de los vehículos/km (pasajeros/km en otros cálculos, como el del tráfico aéreo) lo he tomado para lo que estamos hablando y me he inventado una medición: el ministro/día.
O sea: si tomamos todos los ministros de los gobiernos de la República y los contamos, quizá nos den una idea falsa de las cosas, porque hay unos gobiernos más largos que otros. Es necesario multiplicar el ministro por los días que lo fue, o sea, calcular los ministros/día del periodo.
Alguno de vosotros estará pensando. Vale, pero, ¿quién puede ser tan gilipollas como para invertir un par de horas en copiarse en Excel los gobiernos de la República y formular las multiplicaciones? ¡Lo tienes delante! Ya sabes: cada uno busca su karma de una manera diferente. Yo tengo tantos problemas en mi vida laboral que procuro buscarme otros durante los tiempos de asueto, para no desacostumbrarme.
Debajo de este texto tenéis un fistro (no me atrevo a llamarlo cuadro) con los resultados porcentuales del cálculo. Esto, sobre base 100% el total de ministros/día de la República, su distribución por partidos. He incluido una tercera columna (el concepto de columna es una entelequia; he tratado de hacer un fichero .tiff con el cuadro para poder subirlo como una foto, pero me salía extremadamente pequeño; así que lo que veis es lo que hay) en la que señalo alguna idea sobre quién podría considerarse, o se considera, heredero del partido en cuestión.
ESPECIE DE FISTRO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MINISTROS/DÍA DE LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA, CLASIFICADOS DE MENOR A MAYOR
Formación política.: Ministros/día; Heredero
Partido Republicano Radical: 30,00%; Who?
Independientes: 14,74%; Who?
Izquierda Republicana: 7,89%; extraparlamentarios.
Confederación Española de Derechas Autónomas: 7,37%; Who?/PP?
Partido Republicano Radical Socialista: 6,32%; Who?
Acción Republicana: 5,26%; Who?
Partido Socialista Obrero Español: 4,74%; PSOE
Partido Liberal Demócrata: .4,21%; Who?
Agrarios: 4,21%; Who?
Partido Progresista: 3,16%; Who?
Unión Republicana: 3,16%; Who?
Organización Republicana Gallega Autónoma: 2,11%; Who?
Esquerra Republicana de Catalunya: 2,11%; ERC
Lliga Regionalista: 1,58%; Convergència i Unió?
Derecha liberal republicana: 1,05%;Who?
Izquierda Radical-Socialista: 1,05%; Who?
Partido Republicano Federal: 0,53%; Who?
Catalanes independientes: 0,53%; Convergència i Unió?
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Fuente: elaboración propia de JdJ a partir de las listas de formación de los sucesivos gobiernos de la II República.
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De aquí cabe colegir diversas conclusiones o preguntas, a saber:
El principal heredero de la II República española es Roger Daltrey, vocalista de los Who.
El partido político sobre cuyas espaldas recayó un tercio del poder de gobierno de la República, el Partido Radical, es un partido que desapareció con la República (antes del 18 de julio de 1936 tenía ya una existencia anodina) y nadie, que yo sepa, se declara heredero de él.
Un 15% del poder ejecutivo de la República fue realizado por independientes, con lo que el régimen actual, que es claramente un régimen de partidos (excepto Miguel Sebastián, de momento), no puede en modo alguno identificarse con él.
Azaña y equipo fueron la tercera fuerza política de la República, antes incluso que el PSOE (ojo: no he tenido en cuenta los gobiernos de la guerra, que son otra historia). Pero ¿quién es el heredero de Azaña? Debo recordar aquí que incluso el presidente de honor del PP, José María Aznar, se declaró heredero del azañismo. Parece que es una herencia sometida a discusión.
¿Qué pasa con las derechas? ¿Es el PP el heredero de la CEDA? ¿Quiere serlo? ¿Dice serlo?
Tienes, pues, razón, Ina. La expresión lógica es «no deja herederos».
Anécdotas y momentos de nuestro pasado
viernes, noviembre 03, 2006
miércoles, noviembre 01, 2006
Extranjeros extraños
Los escándalos son connaturales a la política. Ya existían antes de que hubiese regímenes democráticos. Pero la democracia parlamentaria, y la fuerza de los votos, ha hecho del escándalo político toda una categoría de la Historia. Con los años, más bien las décadas, tendemos a magnificar un poco los tiempos pasados e incluso a ver a nuestros políticos del pasado como liberados de las bajas pasiones que le suponemos a nuestros contemporáneos. Pero eso no es verdad. Aquel tiempo, si es que existe, en el que no podemos hablar de escándalos es, sin duda, un tiempo que no se ha investigado suficientemente.
Hoy quiero hablaros de dos escándalos, ambos ocurridos en tiempos de la II República española. Y los voy a juntar porque tienen un curioso nexo: ambos fueron originados por la actuación de extraños ciudadanos extranjeros.
Comencemos con el estraperlo. Porque por estraperlo entendemos los españoles todo aquello que se vende de tapadillo en el mercado negro. Pero que a eso le llamemos estraperlo no es sino la demostración de la honda cicatriz social que dejó el escándalo político del estraperlo, pues eso fue. Y, por cierto: estraperlo no es una palabra del castellano. Es el producto de dos apellidos extranjeros: Strauss y Perl.
Daniel Strauss era un aventurero holandés nacionalizado mexicano, de origen judío. En mayo de 1934, Strauss vino a España con el objeto de introducir el juego en la localidad catalana de Sitges. España, como ya he comentado en algún que otro post, siempre ha tenido una relación extraña con el juego, pero básicamente prohibicionista. Al parecer, las autoridades autonómicas catalanas, y muy especialmente el líder de la mayoritaria Esquerra Republicana, Companys, se negaron con bastante claridad a sus intenciones. En ese momento, Strauss comenzó a cortejar a políticos del Partido Radical, liderado por Alejandro Lerroux y que, además, como espero demostrar en un futuro post, fue el partido más importante de la República. En junio de 1934, apoyándose en estas amistades, Strauss solicitó autorización para un juego denominado «straperlo», palabra que como ya he dicho proviene de su propio apellido y el de uno de sus socios de aventura.
El juego se jugaba, al parecer, en una máquina. Era una especie de ruleta que sólo tenía trece números, lo cual hacía parecer más cercana la posibilidad de ganar, y la bola se accionaba mediante un botón eléctrico. Strauss sostenía, y al parecer fue creído por algunas personas en el Ministerio de Gobernación, que el juego tenía un fondo científico, ya que teóricamente el jugador, si era capaz de dominar el cálculo, podía ganar. Lo que parece cierto es que el movimiento eléctrico de la bola tenía detrás algún tipo de mecanismo de relojería que permitía al banquero regular las ganancias.
En la máquina es donde empiezan las confusiones porque Strauss alegó que la Dirección General de Seguridad de Madrid le había autorizado a instalarla, mientras que dicho departamento aduciría durante el escándalo que todo lo que se había hecho era certificar que la máquina no era peligrosa, pero que su uso se prohibió. Strauss, en cualquier caso, dirigió una solicitud al Gran Casino de San Sebastián para instalar dos máquinas estraperlo. Hubo una llamada del gobernador de San Sebastián al ministerio de la Gobernación en el que, en ausencia del ministro, su subsecretario comunicó, fuere por desidia, por error o por otros intereses, que no había problema con el estraperlo. El 12 de septiembre de 1934, se instalaron las dos máquinas en el casino donostiarra, y se montó la de Dios es Cristo porque la prensa denunció que el juego había sido permitido en San Sebastián por la puerta de atrás.
Al día siguiente el propio ministro, extrañado o asustado por las consecuencias, instó la retirada de las máquinas. Lo cual se hizo a las tres horas de haber empezado a funcionar, pistola en mano, pues la sala estaba repleta de donostiarras ávidos de jugar.
Más o menos un mes después, no se sabe muy bien cómo, Strauss consiguió instalar máquinas estraperlo en el Hotel Formentor, en Baleares. Duraron una semana antes de que el ministro de la Gobernación las precintase.
Más o menos un año después, el 10 de septiembre de 1935, el presidente del Gobierno, Niceto Alcalá-Zamora, recibió un sobre en el que se contenían ciertos documentos que venían a denunciar extrañas connivencias en las autorizaciones que había recibido el estraperlo en 1934.
En el asunto estaba implicado incluso Franco, pues Strauss aseveraba que él, en su condición de comandante militar de Baleares, había participado en la autorización, la más extraña de todas como hemos visto, para la instalación de las máquinas en el Hotel Formentor.
Pero el asunto apuntaba a Alejandro Lerroux, en ese momento jefe del gobierno. Más concretamente, el cúmulo de denuncias hablaba de que su sobrino, Aurelio Lerroux, había estado de alguna forma conchabado en aquel negocio. Al parecer, los estraperlistas intentaron chantajear a Lerroux a cambio de no aflorar el escándalo, pero éste se negó.
El 20 de septiembre de 1935, y por otras razones distintas de lo que contamos, cayó el gobierno Lerroux y se formó uno liderado por un político de corte conservador independiente, Joaquín Chapaprieta. Un par de semanas después, un abogado holandés reclama se le devuelvan los documentos que había recibido Alcalá-Zamora, si es que no eran de interés del Gobierno. Todo parece indicar que es ahí cuando el Ejecutivo comienza a tomarse las cosas un poco en serio, quizá por pensar que la petición de los documentos es una forma velada de amenazar con ir a la prensa. Chapaprieta reunió a los grupos políticos que apoyaban al Gobierno para deliberar sobre el asunto. Según José María Gil Robles (No fue posible la paz), y a pesar de que en sus memorias mantiene una actitud decididamente prolerrouxista y quiere ver en este escándalo una más de las movidas de Alcalá-Zamora contra el bienio derechista, a pesar de todo eso, digo, reconoce que los papeles tenían ciertos visos de legalidad, verosimilitud y «revestían, de ser ciertos, indudable carácter delictivo».
En principio, el Gobierno trasladó la denuncia recibida por Alcalá al fiscal de la República, pero sin publicidad. Así pretendían seguir, pero entonces tuvieron la confidencia de que, en un mitin multitudinario de las izquierdas que se iba a celebrar el 20 de octubre en la campa de Comillas, cerca del puente de Toledo, Manuel Azaña tenía previsto sacar a pasear el asunto. En la tarde del viernes anterior, 18 de octubre pues, el Gobierno redactó de prisa y corriendo una nota de prensa informando del asunto y de las actuaciones del fiscal. El escándalo político estaba servido. Eso sí, Azaña se dio el domingo uno de los mayores baños de multitudes de la historia de los mítines políticos en España (300.000 personas, según las crónicas), pero no habló del estraperlo.
El 22 de octubre de 1935, el asunto del estraperlo generó un debate parlamentario de cuatro horas, tras el cual se creó (cómo no) una comisión parlamentaria; no sin la inteligente oposición del líder de la Lliga Regionalista, Françesc Cambó, quien sostenía que el Parlamento no puede crear una comisión por cada denuncia que le llega. En dicha comisión se integraron tres diputados radicales, cinco de la CEDA, dos agrarios, un liberal demócrata, uno de la Lliga, uno de la Esquerra, uno de Izquierda Republicana, uno de Unión Republicana, un conservador, uno de Renovación Española, un tradicionalista, uno del PNV, un independiente monárquico y otro republicano. No faltaba casi nadie, pues.
La comisión tardó setenta horas en tener un dictamen, que se redactó en una reunión que duró unas 18 horas. En dicho dictamen se aseveraba que habían realizado acciones lejanas a la ética y, por lo tanto, debían cesar en sus cargos (eran otros tiempos, sí) un total de siete personas más una. La siete eran: Rafael Salazar Alonso (entonces alcalde de Madrid, había dimitido horas antes del dictamen), José Valdivia (ocupaba un cargo en el Parque de Intendencia), Eduardo Benzo (subsecretario de Gobernación), Sigfrido Blasco Ibáñez, Juan Pich y Pon (gobernador general de Cataluña), Santiago Vinardell (jefe de la oficina de turismo española en París) y Miguel Galante (comisario del Estado en MZA). El más uno, el importante, se llamaba Lerroux; Aurelio Lerroux (comisario del Estado en Telefónica).
La misma tarde de aquel 26 de octubre se votó en el Congreso el dictamen. Una vez votado, Chapaprieta dimitió. En realidad, la conjunción del escándalo del estraperlo y del affaire Nombela-Tayá (que también os podría contar otro día, si os interesa) laminó el crédito político del Partido Radical e hizo imposible a las derechas seguir gobernando con aquellas cortes, motivo por el cual convocarían las elecciones de febrero del 36 que, como sabréis, perdieron (o ganó el Frente Popular, si así se prefiere).
Dos testigos de primera mano de aquello, Gil Robles y Chapaprieta, coquetean en sus memorias con la teoría conspirativa según la cual habrían sido personas de las izquierdas las que habrían preparado todo el escándalo del estraperlo. Aunque sus versiones son distintas. Gil-Robles, después de afirmar que entre los papeles de Strauss había algunos sospechosamente muy bien redactados para excitar la curiosidad política en España, valora la hipótesis de que los hombres de Strauss hubiesen informado de la denuncia a Indalecio Prieto en Ostende, donde estaba exilado por su participación en la Revolución de Asturias. Chapaprieta se refiere, por su parte, a unos extraños viajes de Azaña (aunque no aporta pruebas) también a Holanda.
El otro extraño extranjero del que hoy voy a hablaros se llamaba Lazare Bloch. Era francés. También tenía, al parecer, origen judío y recaló en noviembre de 1931 en Barcelona. Desde su llegada, comenzó a relacionarse con la cúpula política catalana. Se entrevistó con el entonces alcalde de Barcelona, Aiguader, así como con Casimir Giralt, un político radical que ocupaba la consejería de Finanzas en lo que hoy podríamos denominar el Ente Preautonómico Catalán (el Estatuto catalán es del 32; mientras tanto, se generó un órgano heredero de las diputaciones provinciales). También se entrevistó con el diputado catalanista Lluhí, que tuvo un importante papel en no pocos gobiernos de la República. Françesc Maciá, sin embargo, se negó a recibirlo, quizá por estar mejor informado que el resto de sus colegas.
La intención de Bloch era ofrecer (hemos de entender: a cambio de alguna comisión) reservas de oro para la eventual creación de un banco emisor catalán tras la aprobación del Estatuto. Según Lluhí, se le informó de que no habría más Banco de España que el de España, aunque lo cierto es que la Generalitat sí manejó la posibilidad de crear un banco emisor, aunque la desechó.
El segundo proyecto de Bloch fue conceder un supercrédito al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Pero pinchó en hueso, porque la Generalitat, en ese momento, no tenía demasiado claros los recursos impositivos que conseguiría adjudicarse en el futuro Estatuto (también si queréis, un día podemos hablar de cómo se instrumentó la financiación autonómica de Cataluña en la República) y estaba embarcada en una espiral (muy catalana) de austeridad de tal calibre que incluso el presidente Maciá, dado que carecía de residencia oficial (se le estaba habilitando a toda leche la Casa dels Canonges) vivía en el Hotel Ritz (Gran Vía de les Corts, si no me equivoco), después de haber negociado una rebajita en la pensión que, además, pagaba de su bolsillo.
Estaba la Generalitat como para megadeudas. Le dijeron que nones.
A partir de aquí es donde el asunto empieza a oler a podrido. Como Bloch no puede colocar su numerario en un hipotético Banc de Catalunya; ni tampoco lo puede prestar a las autoridades, decide invertirlo en Bolsa, más concretamente comprando valores industriales españoles, especulando con una devaluación de la peseta (la devaluación hace automáticamente más competitivos los productos del país en el extranjero; por este motivo, tras una devaluación es normal que los valores industriales de empresas del área devaluada, si tienen actividad exportadora, se disparen).
Pues bien: el 10 de noviembre de 1931, Casimir Giralt hace unas declaraciones en la prensa de Madrid en las que se refiere a la debilidad de la moneda y la conveniencia de que sea devaluada. El 15, un diario barcelonés, La Publicitat, órgano del partido nacionalista, minoritario, Acció Catalana, publica una noticia en la que sostiene que el tal Lazare Bloch y altos representantes políticos catalanes están conspirando para conseguir una devaluación de la peseta. A tal efecto, publica una carta en francés de Bloch sobre el asunto y las mentadas declaraciones de Giralt, a todas luces inspiradas en aquélla. Pero hay más. La Publicitat publica también una nota sobre política económica publicada por La Humanitat, publicación de la Esquerra dirigida nada menos que por Lluis Companys, que es… ¡la carta de Bloch traducida al catalán!
Giralt trató de explicar las coincidencias admitiendo que Bloch le había dado la brasa con el asunto de la devaluación y le había entregado no uno, sino varios artículos, en los que se inspiró en sus argumentos. Más crudo lo tenía Companys. Según el que terminaría siendo presidente de la Generalitat, había conocido a Bloch en un café de Barcelona, pero no le había hecho ni puñetero caso. Días después, un amigo suyo (sin nombre) le habría dado una nota en catalán sobre política económica con el ruego de que la publicase. Companys reconocía no saber mucho de economía ni tener experto de ello en la publicación y decía que la nota había estado varios días sobre su mesa hasta que, por una especie de arte de birlibirloque, había ido a la imprenta junto con otros originales. Este cuento, bastante poco creíble, sería además desmentido por La Publicitat, la cual argumentó que la nota de Bloch le había sido entregada a Companys en francés. Así pues, antes de una impresión «al despiste», tuvo que haber una traducción «por casualidad».
El mismo 15 de octubre que estalló el escándalo, Bloch fue expulsado de España. El asunto no se investigó y, de hecho, murió con facilidad, estando como estaba Cataluña inmersa en un asunto mucho más importante, como era la redacción de su Estatuto de Autonomía.
Hoy quiero hablaros de dos escándalos, ambos ocurridos en tiempos de la II República española. Y los voy a juntar porque tienen un curioso nexo: ambos fueron originados por la actuación de extraños ciudadanos extranjeros.
Comencemos con el estraperlo. Porque por estraperlo entendemos los españoles todo aquello que se vende de tapadillo en el mercado negro. Pero que a eso le llamemos estraperlo no es sino la demostración de la honda cicatriz social que dejó el escándalo político del estraperlo, pues eso fue. Y, por cierto: estraperlo no es una palabra del castellano. Es el producto de dos apellidos extranjeros: Strauss y Perl.
Daniel Strauss era un aventurero holandés nacionalizado mexicano, de origen judío. En mayo de 1934, Strauss vino a España con el objeto de introducir el juego en la localidad catalana de Sitges. España, como ya he comentado en algún que otro post, siempre ha tenido una relación extraña con el juego, pero básicamente prohibicionista. Al parecer, las autoridades autonómicas catalanas, y muy especialmente el líder de la mayoritaria Esquerra Republicana, Companys, se negaron con bastante claridad a sus intenciones. En ese momento, Strauss comenzó a cortejar a políticos del Partido Radical, liderado por Alejandro Lerroux y que, además, como espero demostrar en un futuro post, fue el partido más importante de la República. En junio de 1934, apoyándose en estas amistades, Strauss solicitó autorización para un juego denominado «straperlo», palabra que como ya he dicho proviene de su propio apellido y el de uno de sus socios de aventura.
El juego se jugaba, al parecer, en una máquina. Era una especie de ruleta que sólo tenía trece números, lo cual hacía parecer más cercana la posibilidad de ganar, y la bola se accionaba mediante un botón eléctrico. Strauss sostenía, y al parecer fue creído por algunas personas en el Ministerio de Gobernación, que el juego tenía un fondo científico, ya que teóricamente el jugador, si era capaz de dominar el cálculo, podía ganar. Lo que parece cierto es que el movimiento eléctrico de la bola tenía detrás algún tipo de mecanismo de relojería que permitía al banquero regular las ganancias.
En la máquina es donde empiezan las confusiones porque Strauss alegó que la Dirección General de Seguridad de Madrid le había autorizado a instalarla, mientras que dicho departamento aduciría durante el escándalo que todo lo que se había hecho era certificar que la máquina no era peligrosa, pero que su uso se prohibió. Strauss, en cualquier caso, dirigió una solicitud al Gran Casino de San Sebastián para instalar dos máquinas estraperlo. Hubo una llamada del gobernador de San Sebastián al ministerio de la Gobernación en el que, en ausencia del ministro, su subsecretario comunicó, fuere por desidia, por error o por otros intereses, que no había problema con el estraperlo. El 12 de septiembre de 1934, se instalaron las dos máquinas en el casino donostiarra, y se montó la de Dios es Cristo porque la prensa denunció que el juego había sido permitido en San Sebastián por la puerta de atrás.
Al día siguiente el propio ministro, extrañado o asustado por las consecuencias, instó la retirada de las máquinas. Lo cual se hizo a las tres horas de haber empezado a funcionar, pistola en mano, pues la sala estaba repleta de donostiarras ávidos de jugar.
Más o menos un mes después, no se sabe muy bien cómo, Strauss consiguió instalar máquinas estraperlo en el Hotel Formentor, en Baleares. Duraron una semana antes de que el ministro de la Gobernación las precintase.
Más o menos un año después, el 10 de septiembre de 1935, el presidente del Gobierno, Niceto Alcalá-Zamora, recibió un sobre en el que se contenían ciertos documentos que venían a denunciar extrañas connivencias en las autorizaciones que había recibido el estraperlo en 1934.
En el asunto estaba implicado incluso Franco, pues Strauss aseveraba que él, en su condición de comandante militar de Baleares, había participado en la autorización, la más extraña de todas como hemos visto, para la instalación de las máquinas en el Hotel Formentor.
Pero el asunto apuntaba a Alejandro Lerroux, en ese momento jefe del gobierno. Más concretamente, el cúmulo de denuncias hablaba de que su sobrino, Aurelio Lerroux, había estado de alguna forma conchabado en aquel negocio. Al parecer, los estraperlistas intentaron chantajear a Lerroux a cambio de no aflorar el escándalo, pero éste se negó.
El 20 de septiembre de 1935, y por otras razones distintas de lo que contamos, cayó el gobierno Lerroux y se formó uno liderado por un político de corte conservador independiente, Joaquín Chapaprieta. Un par de semanas después, un abogado holandés reclama se le devuelvan los documentos que había recibido Alcalá-Zamora, si es que no eran de interés del Gobierno. Todo parece indicar que es ahí cuando el Ejecutivo comienza a tomarse las cosas un poco en serio, quizá por pensar que la petición de los documentos es una forma velada de amenazar con ir a la prensa. Chapaprieta reunió a los grupos políticos que apoyaban al Gobierno para deliberar sobre el asunto. Según José María Gil Robles (No fue posible la paz), y a pesar de que en sus memorias mantiene una actitud decididamente prolerrouxista y quiere ver en este escándalo una más de las movidas de Alcalá-Zamora contra el bienio derechista, a pesar de todo eso, digo, reconoce que los papeles tenían ciertos visos de legalidad, verosimilitud y «revestían, de ser ciertos, indudable carácter delictivo».
En principio, el Gobierno trasladó la denuncia recibida por Alcalá al fiscal de la República, pero sin publicidad. Así pretendían seguir, pero entonces tuvieron la confidencia de que, en un mitin multitudinario de las izquierdas que se iba a celebrar el 20 de octubre en la campa de Comillas, cerca del puente de Toledo, Manuel Azaña tenía previsto sacar a pasear el asunto. En la tarde del viernes anterior, 18 de octubre pues, el Gobierno redactó de prisa y corriendo una nota de prensa informando del asunto y de las actuaciones del fiscal. El escándalo político estaba servido. Eso sí, Azaña se dio el domingo uno de los mayores baños de multitudes de la historia de los mítines políticos en España (300.000 personas, según las crónicas), pero no habló del estraperlo.
El 22 de octubre de 1935, el asunto del estraperlo generó un debate parlamentario de cuatro horas, tras el cual se creó (cómo no) una comisión parlamentaria; no sin la inteligente oposición del líder de la Lliga Regionalista, Françesc Cambó, quien sostenía que el Parlamento no puede crear una comisión por cada denuncia que le llega. En dicha comisión se integraron tres diputados radicales, cinco de la CEDA, dos agrarios, un liberal demócrata, uno de la Lliga, uno de la Esquerra, uno de Izquierda Republicana, uno de Unión Republicana, un conservador, uno de Renovación Española, un tradicionalista, uno del PNV, un independiente monárquico y otro republicano. No faltaba casi nadie, pues.
La comisión tardó setenta horas en tener un dictamen, que se redactó en una reunión que duró unas 18 horas. En dicho dictamen se aseveraba que habían realizado acciones lejanas a la ética y, por lo tanto, debían cesar en sus cargos (eran otros tiempos, sí) un total de siete personas más una. La siete eran: Rafael Salazar Alonso (entonces alcalde de Madrid, había dimitido horas antes del dictamen), José Valdivia (ocupaba un cargo en el Parque de Intendencia), Eduardo Benzo (subsecretario de Gobernación), Sigfrido Blasco Ibáñez, Juan Pich y Pon (gobernador general de Cataluña), Santiago Vinardell (jefe de la oficina de turismo española en París) y Miguel Galante (comisario del Estado en MZA). El más uno, el importante, se llamaba Lerroux; Aurelio Lerroux (comisario del Estado en Telefónica).
La misma tarde de aquel 26 de octubre se votó en el Congreso el dictamen. Una vez votado, Chapaprieta dimitió. En realidad, la conjunción del escándalo del estraperlo y del affaire Nombela-Tayá (que también os podría contar otro día, si os interesa) laminó el crédito político del Partido Radical e hizo imposible a las derechas seguir gobernando con aquellas cortes, motivo por el cual convocarían las elecciones de febrero del 36 que, como sabréis, perdieron (o ganó el Frente Popular, si así se prefiere).
Dos testigos de primera mano de aquello, Gil Robles y Chapaprieta, coquetean en sus memorias con la teoría conspirativa según la cual habrían sido personas de las izquierdas las que habrían preparado todo el escándalo del estraperlo. Aunque sus versiones son distintas. Gil-Robles, después de afirmar que entre los papeles de Strauss había algunos sospechosamente muy bien redactados para excitar la curiosidad política en España, valora la hipótesis de que los hombres de Strauss hubiesen informado de la denuncia a Indalecio Prieto en Ostende, donde estaba exilado por su participación en la Revolución de Asturias. Chapaprieta se refiere, por su parte, a unos extraños viajes de Azaña (aunque no aporta pruebas) también a Holanda.
El otro extraño extranjero del que hoy voy a hablaros se llamaba Lazare Bloch. Era francés. También tenía, al parecer, origen judío y recaló en noviembre de 1931 en Barcelona. Desde su llegada, comenzó a relacionarse con la cúpula política catalana. Se entrevistó con el entonces alcalde de Barcelona, Aiguader, así como con Casimir Giralt, un político radical que ocupaba la consejería de Finanzas en lo que hoy podríamos denominar el Ente Preautonómico Catalán (el Estatuto catalán es del 32; mientras tanto, se generó un órgano heredero de las diputaciones provinciales). También se entrevistó con el diputado catalanista Lluhí, que tuvo un importante papel en no pocos gobiernos de la República. Françesc Maciá, sin embargo, se negó a recibirlo, quizá por estar mejor informado que el resto de sus colegas.
La intención de Bloch era ofrecer (hemos de entender: a cambio de alguna comisión) reservas de oro para la eventual creación de un banco emisor catalán tras la aprobación del Estatuto. Según Lluhí, se le informó de que no habría más Banco de España que el de España, aunque lo cierto es que la Generalitat sí manejó la posibilidad de crear un banco emisor, aunque la desechó.
El segundo proyecto de Bloch fue conceder un supercrédito al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Pero pinchó en hueso, porque la Generalitat, en ese momento, no tenía demasiado claros los recursos impositivos que conseguiría adjudicarse en el futuro Estatuto (también si queréis, un día podemos hablar de cómo se instrumentó la financiación autonómica de Cataluña en la República) y estaba embarcada en una espiral (muy catalana) de austeridad de tal calibre que incluso el presidente Maciá, dado que carecía de residencia oficial (se le estaba habilitando a toda leche la Casa dels Canonges) vivía en el Hotel Ritz (Gran Vía de les Corts, si no me equivoco), después de haber negociado una rebajita en la pensión que, además, pagaba de su bolsillo.
Estaba la Generalitat como para megadeudas. Le dijeron que nones.
A partir de aquí es donde el asunto empieza a oler a podrido. Como Bloch no puede colocar su numerario en un hipotético Banc de Catalunya; ni tampoco lo puede prestar a las autoridades, decide invertirlo en Bolsa, más concretamente comprando valores industriales españoles, especulando con una devaluación de la peseta (la devaluación hace automáticamente más competitivos los productos del país en el extranjero; por este motivo, tras una devaluación es normal que los valores industriales de empresas del área devaluada, si tienen actividad exportadora, se disparen).
Pues bien: el 10 de noviembre de 1931, Casimir Giralt hace unas declaraciones en la prensa de Madrid en las que se refiere a la debilidad de la moneda y la conveniencia de que sea devaluada. El 15, un diario barcelonés, La Publicitat, órgano del partido nacionalista, minoritario, Acció Catalana, publica una noticia en la que sostiene que el tal Lazare Bloch y altos representantes políticos catalanes están conspirando para conseguir una devaluación de la peseta. A tal efecto, publica una carta en francés de Bloch sobre el asunto y las mentadas declaraciones de Giralt, a todas luces inspiradas en aquélla. Pero hay más. La Publicitat publica también una nota sobre política económica publicada por La Humanitat, publicación de la Esquerra dirigida nada menos que por Lluis Companys, que es… ¡la carta de Bloch traducida al catalán!
Giralt trató de explicar las coincidencias admitiendo que Bloch le había dado la brasa con el asunto de la devaluación y le había entregado no uno, sino varios artículos, en los que se inspiró en sus argumentos. Más crudo lo tenía Companys. Según el que terminaría siendo presidente de la Generalitat, había conocido a Bloch en un café de Barcelona, pero no le había hecho ni puñetero caso. Días después, un amigo suyo (sin nombre) le habría dado una nota en catalán sobre política económica con el ruego de que la publicase. Companys reconocía no saber mucho de economía ni tener experto de ello en la publicación y decía que la nota había estado varios días sobre su mesa hasta que, por una especie de arte de birlibirloque, había ido a la imprenta junto con otros originales. Este cuento, bastante poco creíble, sería además desmentido por La Publicitat, la cual argumentó que la nota de Bloch le había sido entregada a Companys en francés. Así pues, antes de una impresión «al despiste», tuvo que haber una traducción «por casualidad».
El mismo 15 de octubre que estalló el escándalo, Bloch fue expulsado de España. El asunto no se investigó y, de hecho, murió con facilidad, estando como estaba Cataluña inmersa en un asunto mucho más importante, como era la redacción de su Estatuto de Autonomía.